martes, 11 de septiembre de 2012

El represor José Néstor Ferrer detenido en Aeroparque

El prófugo cayó en Aeroparque por orden de Rafecas

El subcomisario retirado Ferrer tenía pedido de captura desde fines del año pasado por su participación en asesinatos, secuestros y traslados de víctimas al centro clandestino de Automotores Orletti. Está detenido en la cárcel de Marcos Paz.

 Por Ailín Bullentini

El 14 de septiembre de 1976 Ana María del Carmen Pérez se encontraba con su cuñado, Gustavo Gayá, su esposa, Estela María Moya, y el hijo de ambos –Ernesto, de dos años– en el departamento que la familia habitaba en la ciudad de Buenos Aires. El bebé quedó a cargo de su abuela materna horas antes de que, ese día, su mamá fuera asesinada y su papá y su tía secuestrados, en el marco de un operativo genocida dirigido por el subcomisario retirado José Néstor Ferrer. Luego de permanecer prófugo más de medio año, Ferrer fue detenido el domingo en el Aeroparque porteño Jorge Newbery, cuando regresaba de Mendoza, por orden del juez federal Daniel Rafecas, y fue trasladado a la cárcel de Marcos Paz. Su participación en el asesinato de Moya, el secuestro de Pérez, que estaba embarazada de ocho meses, y Gayá, así como en sus traslados al centro clandestino de detención conocido como Automotores Orletti, había sido probada por la investigación a cargo de Rafecas a fines del año pasado, cuando se libró su orden de captura.

En los tiempos del terrorismo de Estado, Ferrer era subcomisario y respondía a la Superintendencia Federal de la policía. Su participación en el operativo del 14 de septiembre del ’76 en el departamento de la avenida Forest al 1000, en el barrio de Chacarita, quedó registrada en un expediente del Consejo de Guerra Especial Estable del Primer Cuerpo de Ejército. Según fuentes judiciales, la documentación exhibe la constancia de “un operativo fraguado con el fin de justificar el homicidio de Estela María Moya y en el que se consignó, fraudulentamente, que los otros moradores de la casa habían logrado huir, ocultando con ello su detención ilegal”.

En el marco de la segunda parte de la investigación sobre la acción del Primer Cuerpo del Ejército en Automotores Orletti –un grupo de represores ya recibió una condena por la comisión de delitos de lesa humanidad en ese sitio en marzo de 2011–, el magistrado a cargo del Juzgado Federal Nº 3 determinó a fines de ese año la relación directa entre Ferrer y las violaciones a los derechos humanos sufridas por estas tres víctimas.

Pérez militaba en el PRT-ERP junto a su compañero, Ricardo Gayá. Ambos se reencontraron en Orletti –a él lo secuestraron el 30 de julio de 1976–. Allí, los hermanos Gayá –ambos oficiales de la policía– y Pérez fueron brutalmente torturados y luego asesinados. El tiro que recibió la joven, entonces de 25 años, también mató al bebé que llevaba en su vientre y que estaba a pocos días de nacer. Los cadáveres fueron introducidos en tanques de 200 litros, cementados, sellados y arrojados al canal de San Fernando, una práctica de eliminación que caracterizó el proceder de los represores que actuaron en Orletti.

Fuentes de la causa informaron a este diario que la detención de Ferrer se llevó a cabo con la participación de la Policía Aeroportuaria, luego de que se tuviera el dato de que el hombre, establecido en Mendoza, viajaría a Buenos Aires. Tras su detención fue trasladado al penal de Marcos Paz. Allí también permanecen detenidos los oficiales retirados Rolando Oscar Nerone y Oscar Roberto Gutiérrez. Ambos respondían, al igual que Ferrer, a la Superintendencia, con lo cual son tres los eslabones relacionados con la causa Orletti que probarían la vinculación de la Superintendencia con ese centro clandestino de detención. Nerone y Gutiérrez fueron procesados por Rafecas debido a su participación en el secuestro de Victoria Grisonas y el homicidio de Mario Roger Julien Cáceres.

Según informaron desde la Justicia, la inclusión de Ferrer y el homicidio de Moya permitieron, en esta segunda etapa de la investigación por los crímenes de Orletti, acreditar lo sucedido con sesenta y ocho víctimas e involucrar a diez represores argentinos (de la SIDE, la Policía Federal, el Ejército, la Fuerza Aérea y civiles de la Triple A) y nueve represores uruguayos, cuyo pedido de extradición fue enviado al país vecino hace algunos meses.

Los secuestros, torturas y asesinatos de Pérez, Ricardo y Gustavo Gayá fueron elementos de análisis y juicio durante la primera etapa de la causa que lleva Rafecas, que ya concluyó con condenas a Eduardo Rodolfo Cabanillas, Eduardo Alfredo Ruffo, Honorio Carlos Martínez Ruiz y Raúl Antonio Guglielminetti.

domingo, 13 de mayo de 2012

Pruebas sobre el Cóndor

Un documento de la Policía Federal da cuenta del trabajo conjunto con fuerzas represivas de Chile y Uruguay

Los papeles firmados por el jefe del Departamento de Asuntos Extranjeros dan cuenta con nombre y apellido de secuestros y de la coordinación entre los tres países. El comisario pedía una recompensa para 44 hombres de su tropa por el trabajo realizado.

 Por Alejandra Dandan

Si no se hubiese destruido la mayor parte de los archivos de la dictadura, probablemente aparecerían más documentos como estos. Es un informe “secreto” firmado por el entonces jefe del Departamento de Asuntos Extranjeros de la Policía Federal, comisario inspector Alberto Baldomero Obregón, en el que sin ahorrar elogios pide una “recompensa” para 44 hombres de su tropa por haber “neutralizado” satisfactoriamente las acciones de “organizaciones delictivas del tipo subversivo nacionales e internacionales” que estaban en el país. Página/12 accedió al documento presentado por un grupo de sobrevivientes uruguayos en el juzgado de Norberto Oyarbide. En él se observan por primera vez comunicaciones en tiempo real entre las fuerzas represivas argentinas, chilenas y uruguayas como si estuviesen del otro lado de una línea. Quedaron plasmadas las caídas de dirigentes y militantes del Movimiento de Izquierda Revolucionaria chileno y de 76 uruguayos de la Organización Popular Revolucionaria 33 Orientales. El documento arroja, a la vez –para la querella–, una nueva prueba sobre la fecha en la que empieza a funcionar el Plan Cóndor. Uno de los párrafos indica que Argentina y Chile trabajaban juntos desde noviembre de 1974, es decir en el momento en que Isabel Martínez de Perón decreta el estado de sitio.

El 15 de septiembre de 1976, el comisario Obregón, de Asuntos Extranjeros, describió el trabajo de varios meses en un informe dirigido a la Dirección General de Operaciones e Informaciones: “El trabajo de inteligencia y operacional del personal de este departamento –escribió– ha permitido neutralizar en forma altamente satisfactoria la actividad desplegada en nuestro país por distintas organizaciones delictivas de tipo subversivo, con proyecciones nacionales e internacionales”, dice. “Ello es fruto del trabajo constante en el que la dedicación plena de los hombres requirió de un esfuerzo que va más allá de los límites convencionales de un horario rutinario, y en el que los riesgos físicos han sido ciertos y reales, dada la alta peligrosidad de los elementos con que ha debido enfrentarse el personal policial.” Los procedimientos, de los que desiste detallar, “hecho por hecho y caso por caso” porque “no sólo sería extenso” sino que “obviamente” iría en contra “de lo que en un primer momento se trató de evitar: dar trascendencia a la actuación individual” de la tropa, permitieron “ir anulando la actividad de dichas organizaciones, secuestrándose en muchos casos armas, municiones, en otro caso quedaron al descubierto fincas que eran utilizadas como refugios y cárceles del pueblo”.
El documento

Bajo el subtítulo “Partido Radical Revolucionario chileno”, el comisario Obregón señala entre los logros que consiguió con la “detención” de Javier Huenchllan Sagrista, un chileno secuestrado en Argentina, a quien presentan como “responsable del partido”, también “de la Coordinadora Chilena (ex Resistencia)” y del “Movimiento de Solidaridad con las organizaciones subversivas trasandinas con asiento en diversos países europeos y americanos con sede actual en Cuba”. Su “detención”, dicen, “logra desbaratar a la cúpula de la nueva estructura formada a posteriori”. Informan que “detuvieron a 10 (diez)” personas y explican que así se dejó “desmembrado el Movimiento, (la) ayuda económica, prensa y propaganda y comunicaciones entre integrantes subversivos en el exilio”.

El dato es que siguieron avanzando a partir de lo que declaran fueron los “interrogatorios”: después de los “interrogatorios” a los que fueron sometidos los “detenidos” entendieron que la Coordinadora iba a abrir un “centro de documentación” en Argentina para “invadir la plaza bibliográfica del país con literatura marxista”. Un tema que, dicen, anularon “eficazmente” porque detuvieron a los cinco encargados.

El documento es rico en el nivel de prueba porque abundan descripciones como éstas con esa y otras organizaciones, uno de los valores más importantes para las querellas es aquello que revela sobre el Cóndor. El correr de las páginas permite ver al menos en dos casos la velocidad con la que circulaba la comunicación de uno a otro país y cómo se coordinaron las acciones.

Un ejemplo es la intervención en el caso del Movimiento de Izquierda Revolucionario chileno (MIR). En un párrafo, el comisario Obregón explica que se procedió a la “detención” del “periodista chileno Ernesto Carmona Ulloa (a) Mateo Fernández”, a quien ubica como “actualmente responsable del MIR en Venezuela”. Detrás de la “caída”, “se logra detectar la primera célula del MIR en Argentina”. A raíz de lo cual “y continuando con investigaciones, se logra detectar la forma de comunicación entre responsables del MIR exterior e interior, poniendo sobre aviso de esta circunstancia al gobierno chileno. De común acuerdo con las autoridades chilenas e intercambiando opiniones –dice– se establece no entorpecer sucesivas relaciones, a fin de reunir mayor información y llegar a detectar a los integrantes de la cúpula de dicha organización subversiva”. Allí es cuando agregan los datos que hablan del tiempo de trabajo con los chilenos: “Tras un año y medio de investigación, por fin, en abril del corriente año se comienzan a realizar procedimientos simultáneos en ambos países, dando como resultado en Argentina la caída del hombre más importante del MIR, luego de la muerte de Miguel Enríquez en Chile, cayendo además sus principales colaboradores”.

Eso quiere decir que si en abril de 1976 llevaban “un año y medio de investigación”, el comienzo se remonta a noviembre de 1974.

Páginas más adelante, el informe habla de los uruguayos y ahí cuentan cómo coordinaron acciones de secuestro, al mismo tiempo, entre los dos países. Para entonces estaban cayendo en el país otros uruguayos del Frente para la Victoria del Pueblo, muchos de los cuales fueron secuestrados en Orletti. En este documento se habla de otro grupo.

Debajo del subtítulo de “Los 33 Orientales”, Obregón hizo lo mismo que con el resto de las organizaciones espiadas: puso todo lo que sabía sobre los supuestos orígenes políticos del partido, desmembramientos, los ubicó como “brazo armado” en cuyos orígenes ubicó a la Federación Anarquista uruguaya y al Movimiento de Resistencia Obrero Estudiantil. Escribió que cobraron “notoriedad” porque “sustrajeron la bandera de los 33 Orientales, reliquia histórica del pueblo oriental, depositado en el Museo Nacional y que representa lo que la bandera de los Andes para nuestro país”.

Lo importante es el fragmento que señala cómo, a partir de junio de 1976, coordinaron el trabajo con los uruguayos para detenerlos: “En junio del corriente año, luego de pacientes investigaciones se logra la detención de dos integrantes de la conducción central y el desbaratamiento total de los sectores Obrero y Popular y Agitación y Propaganda a la vez que parte del Frente Interno y Político”, dice el informe. “A raíz de este golpe cae en Uruguay toda la organización que se mantenía en ese país, lográndose la detención de 76 integrantes del mencionado movimiento de los cuales 34 fueron detenidos por personal de la DAE”, es decir el Departamento de Asuntos Extranjeros de Buenos Aires.
La burocracia

El informe apareció a raíz de dos condenas del juicio de Automotores Orletti. Dos de los condenados eran parte de los 44 policías que integran la lista de Asuntos Extranjeros: los inspectores Rolando Oscar Nerone y Oscar Roberto Gutiérrez. En sus legajos había una felicitación que remitía a su vez a un expediente secreto. El juez Daniel Rafecas pidió el expediente secreto y encontró este nuevo documento que ahora está en manos de Oyarbide y del fiscal Luis Osorio. Para los querellantes uruguayos del Cóndor tiene un enorme valor. Juan Castillo, en este momento candidato a la presidencia del Frente Amplio, Sergio López Burgos y Lille Haydée Carusso Larrainci venían denunciando a militares, policías y diplomáticos uruguayos que actuaron en Argentina, pero ahora pidieron indagatorias para los argentinos. Según sus datos, excepto dos de Orletti y una persona fallecida, el resto de los 44 “están vivitos y coleando” y acaban de ser denunciados por primera vez.

“La burocracia dejó en algunos legajos huellas de la participación de los miembros de las fuerzas en distintos operativos, pero son datos indirectos: en general se entiende que intervinieron porque en los legajos aparece un pedido de licencia por tal acción, un traslado o piden un reconocimiento por el deber cumplido”, explica Elizabeth Gómez Alcorta con Mariana Neves, representante legal de la querella. “Lo que sin embargo no hay son documentos como el que acabamos de presentar, porque la burocracia hizo desaparecer toda esa información.”

martes, 1 de mayo de 2012

Avances en la causa por el pacto genocida entre las dictaduras de América del Sur

La justicia suma 160 crímenes a la investigación sobre el Plan Cóndor
 El fiscal federal Miguel Ángel Osorio solicitó la ampliación. La mayoría son casos de uruguayos secuestrados en la Argentina durante la dictadura. El listado incluye 20 hechos ocurridos con anterioridad al golpe de Estado de 1976.

Yolanda Iris Casco y su esposo, Julio César D’Elía, ambos uruguayos y militantes de izquierda, fueron secuestrados el 22 de diciembre de 1977 en su casa de San Fernando, provincia de Buenos Aires. Estaban exiliados, pero un grupo de tareas de la Marina uruguaya cruzó el Río de La Plata y los detuvo, actuando bajo el mando de un enlace argentino. Julio César estuvo en el COT-1 Martínez, y Yolanda pasó por tres centros clandestinos. El 26 de enero del ’78, en el Pozo de Banfield, dio a luz a Carlos D’Elía Casco, apropiado ese mismo día por un marino retirado.

El hijo de Yolanda y Julio César recuperó su identidad en 1998, pero sus padres siguen desaparecidos. Son dos de los 160 casos que la justicia argentina comenzará a investigar en el marco de los crímenes imprescriptibles cometidos en el Plan Cóndor, el pacto genocida con que las dictaduras de América del Sur avanzaron, durante la década del ’70, en la eliminación conjunta y sistemática de sus opositores políticos.
Días atrás, el fiscal federal Miguel Ángel Osorio firmó un requerimiento de instrucción –al que Tiempo Argentino accedió en exclusiva– para empezar a indagar en esta larga serie de hechos, en los que personas de distintas nacionalidades –en su gran mayoría, uruguayos secuestrados y desaparecidos en suelo argentino– fueron víctimas de un aparato represivo coordinado como nunca antes se había visto en la región. Además del importante número de casos que el fiscal incluyó en su escrito, el otro dato a destacar es que una veintena de ellos ocurrieron antes del golpe de Estado del 24 de marzo de 1976.

Osorio, titular de la Fiscalía Nº10, elevó su requerimiento al Juzgado Federal Nº 7 en lo Criminal y Correccional, subrogado por Norberto Oyarbide, y donde se tramitan las causas vinculadas al Plan Cóndor. En esta oportunidad, los hechos se substanciaron en el expediente Nº 10.961 con la denuncia que en octubre de 2011 realizaron los uruguayos Sergio López Burgos, ex detenido de Automotores Orletti, y Lille Haydee Caruso Larrainci, integrante de la Comisión de Familiares de Asesinados Políticos. Aquella presentación –que fue reflejada por las páginas de este diario– estuvo acompañada por tres cajas repletas de documentación, de donde surgieron los 160 nombres individualizados por Osorio y su equipo. Los denunciantes también señalaron a 121 posibles imputados, entre civiles, militares y miembros de distintas fuerzas de seguridad. Resultaron claves dos de las fuentes aportadas por Burgos y Caruso Larrainci: el libro A todos ellos, de la Asociación Madres y Familiares de Uruguayos Detenidos Desaparecidos, y los seis tomos de la investigación Detenidos y Desaparecidos, publicada en 2007 por el gobierno de Tabaré Vázquez.
De los casos contemplados, 16 corresponden a ciudadanos argentinos; también hay un español, dos ítalo-uruguayos, una argentina-uruguaya y una hispano-uruguaya. Los restantes 139 son personas nacidas en Uruguay. Entre los argentinos figura Raimundo Aníbal Villaflor, militante de las Fuerzas Armadas Peronistas (FAP), secuestrado en Avellaneda el 4 de agosto del ’79 junto a su pareja, María Elsa Garreiro Martínez, de nacionalidad española y uruguaya. Sus hijas Elsa Eva y Laura fueron luego entregadas a sus abuelos paternos. Raimundo y María Elsa pasaron por ese infierno en la tierra que fue la ESMA, y ya no se los volvió a ver.
En el listado también aparecen Juan Alejandro Barry y Susana Beatriz Mata, los padres de Alejandrina Barry, quien a fines de los ’70, con apenas dos años, fue presentada por la prensa como la niña que había sido “abandonada” por una pareja de “subversivos”. En realidad, a Alejandro Barry, un alto mando de Montoneros, lo acribillaron agentes de civil en Montevideo el 14 de diciembre de 1977. En cuanto a Susana Mata, murió un día después, en el departamento de Canelones. “Por la ingesta de una pastilla de cianuro de potasio, con la finalidad de no ser capturada por personal militar”, indicó la fiscalía.
Entre los hechos a esclarecer, 88 tratan de personas secuestradas que aún permanecen desaparecidas, otras 31 fueron liberadas por sus captores, 33 murieron y sus cuerpos fueron hallados, hay ocho menores que pudieron ser recuperados por sus familias y dos cuyo paradero se desconoce.

Osorio recordó que el Plan Cóndor fue “una asociación ilícita” de tipo “supranacional”, que involucró a los gobiernos de la Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Uruguay y Paraguay. Su finalidad era “coordinar y complementar proyectos criminales, obteniendo, ordenando e intercambiando información para perseguir ilegalmente a opositores políticos.” Ese mecanismo se aplicó a la perfección con el periodista y político uruguayo Zelmar Michelini, quien en 1973 se había exiliado en la Argentina, desde donde denunciaba a la dictadura que en su país encabezaba Juan María Bordaberry. A Michelini lo secuestraron el 18 de mayo del ’76, lo llevaron a Automotores Orletti y apareció sin vida tres días después, con varios balazos en el cuerpo. Estaba adentro de un Torino, junto con tres compatriotas suyos, también asesinados por la acción conjunta de las dictaduras a ambos lados del Río de La Plata.
Sobre la decisión de incluir crímenes ejecutados antes del golpe, Osorio remarcó que, con el sello del Operativo Cóndor, “los distintos estados ejecutaron acciones delictivas en otras jurisdicciones nacionales, incluso en aquellas donde aún imperaba, aunque de manera endeble, el paradigma democrático”. Por esta razón, se decidió tomar como fecha de inicio para indagar en los delitos cometidos en la Argentina al 6 de noviembre de 1974, día en que el gobierno de Isabel Martínez dispuso el estado de sitio. Para la fiscalía, desde entonces estuvieron dadas “las condiciones de posibilidad de las acciones terroristas llevadas a cabo en el territorio argentino por alguna de las dictaduras latinoamericanas” ya existentes.
Esto se aplica para 20 de los episodios abarcados por el requerimiento que ya tiene en sus manos el juez Oyarbide. Uno de ellos ocurrió el 8 de noviembre de 1974, en el barrio porteño de Once, en el domicilio de Héctor Daniel Brum –miembro de Tupamaros– y de su esposa, María de los Ángeles Corbo, embarazada de seis meses. También se encontraban allí Mirta Yolanda Hernández y su hijo de tres años, Amaral García. Se los llevaron a todos, incluidos Floreal García Larrosa y Julio Abreu, secuestrados a pocos metros. Amaral fue apropiado por un agente de la SIDE y su familia lo recuperó en 1985. El resto del grupo había sido trasladado en un vuelo clandestino al Uruguay y alojado en las catacumbas del “300 Carlos R”. De todos ellos, el único que salió con vida del Plan Cóndor fue Abreu. El 20 de diciembre del ’74, Brum, Corbo, Hernández y García Larrosa aparecieron muertos en Soca, Canelones.
Sin duda, los 160 casos que comenzará a investigar la justicia argentina muestran que los gobiernos militares de América del Sur vistieron distintos uniformes, pero compartieron una misma política represiva: el terrorismo de Estado.
 
Las claves
 
Del total de casos, 88 personas están desaparecidas, 31 fueron liberadas, 33 fueron asesinadas, hay ocho menores recuperados por sus familias y dos cuyo paradero se desconoce.
En cuanto a nacionalidades, 139 son uruguayos, 16 son argentinos, hay un español, dos ítalo-uruguayos, una argentina-uruguaya y una hispano-uruguaya.
Veinte de los episodios ocurrieron antes del 24 de marzo de 1976. La fiscalía comenzó a indagar hechos desde el 6 de noviembre de 1974, cuando se dictó el estado de sitio en la Argentina.
El expediente Nº 10.961 está en manos del juez Norberto Oyarbide y el fiscal Miguel Ángel Osorio.
 
Desde la caída de Allende hasta el golpe en la Argentina
 
El comienzo del Plan Cóndor puede rastrearse hasta septiembre de 1973, durante el golpe militar que en Chile derrocó al gobierno constitucional del presidente Salvador Allende. Desde ese momento, la dictadura encabezada por Augusto Pinochet mantendría un lugar central en este operativo supranacional de represión. De hecho, la sede ejecutiva del Operativo Cóndor estaba ubicada en Santiago de Chile.
Una vez sellado el pacto, los regímenes preexistentes de Paraguay y Brasil se integrarían a la estructura genocida. En el ’73 se sumó la dictadura de Uruguay, y en el ’76, la Bolivia del dictador Hugo Banzer. Ese mismo año, a partir  del golpe orquestado por Jorge Rafael Videla y sus socios civiles, la Argentina hizo su ingreso definitivo a esta “asociación ilícita” entre militares sudamericanos.

Un caso paradigmático de esta articulación entre terrorismos de Estado es el de Victoria Lucía Grisonas, uno de los nombres incluidos en el requerimiento del fiscal Miguel Ángel Osorio. De nacionalidad argentina-uruguaya, el 26 de septiembre de 1976 Grisonas fue secuestrada en su casa de Mitre al 1300, en el partido bonaerense de San Martín. Ese día, por la madrugada, un grupo de tareas integrado por efectivos de los ejércitos argentino y uruguayo, la Policía Federal y la SIDE, se la llevaron junto a sus dos hijos. Durante el operativo, fue asesinado su esposo, Mario Roger Julien. Ambos eran militantes del Partido por la Victoria del Pueblo y de la Organización Popular Revolucionaria 33 Orientales (OPR 33). Grisonas y sus hijos fueron recluidos en “Automotores Orletti”, uno de los centros clandestinos donde solían alojar a los uruguayos. Varios meses después, los niños fueron llevados a Montevideo y estuvieron en el Servicio de Inteligencia de Defensa. Más tarde, los trasladarían en avión a Chile, donde los mismos militares que asesinaron a sus padres los dejaron abandonados en una plaza de Valparaíso, en noviembre del ’76. Su madre sigue desaparecida.

Por: Carlos Romero - cromero@tiempoargentino.com

lunes, 23 de abril de 2012

Sara Méndez, la dignidad oriental

Víctima del Plan Cóndor, se reencontró con su hijo ya adulto y espera que se haga justicia

El caso de Sara Méndez estuvo incluido en la Ley de Caducidad o amnistía, una ley que quedó sin efecto recién en octubre. “Espero que sea el comienzo de una nueva etapa donde el Estado uruguayo se comprometa a investigar.”
Por Mercedes López San Miguel
Desde Montevideo

Las habitaciones de la casona hoy están vacías, bien iluminadas y sus pisos revestidos de alfombras. Hace 36 años había bancos enfrentados entre sí, de un lado hombres, del otro mujeres con los ojos vendados. Habían sido secuestrados y casi no podían distinguir el día de la noche. Sara Méndez, que estuvo presa en una de esas habitaciones ubicada en Bulevar Artigas, en Montevideo, recuerda el sonido de la calle y las sirenas de ambulancias de un hospital cercano. Pasó tres meses allí, en lo que era el Servicio de Inteligencia de Defensa (SID), esposada, tirada en el piso. Soportó la tortura. Lo que la mantenía viva era la ilusión de volver a tocar a su bebé Simón.

Después de sobrevivir a la dictadura, la vida de Sara Méndez se orientó a la búsqueda de su hijo. Lo encontró cuando ya era un adulto de 26 años. Su caso estuvo incluido en la Ley de Caducidad, que impedía llevar a la Justicia a militares acusados de violaciones a los derechos humanos. Por eso aún no hay condenados. En Uruguay la Ley de Caducidad quedó sin efecto recién en octubre del año pasado. A partir de esa fecha se sumaron denuncias: ya son 500 los casos, que incluyen desapariciones, torturas y robos de bebés.

A Simón Riquelo, de 20 días, se lo habían arrancado de sus brazos en Buenos Aires el 13 de julio de 1976, cuando un comando irrumpió a las patadas en su casa de Belgrano. “Unas quince personas entraron rompiendo puertas”, recuerda Sara Méndez. Yo estaba con mi bebé y una compañera que militaba en la izquierda como yo. Tomaron posesión de las dos plantas y ahí mismo empezó el interrogatorio y la tortura para obtener y decir direcciones y nombres de otros uruguayos que estaban viviendo en Buenos Aires.”

José Nino Gavazzo y Rodríguez Buratti comandaron el operativo. Se quedaron con su hijo. “No se preocupe señora. No le va a pasar nada porque no es una guerra contra los niños”, le dijeron y se la llevaron al centro clandestino Automotores Orletti, en donde estuvo diez días, para luego ser trasladada a Montevideo en un vuelo clandestino. Era una acción conjunta de las dictaduras argentina y uruguaya del denominado Plan Cóndor. “Ese día se realizó un operativo masivo de secuestro, fuimos secuestrados alrededor de 24 uruguayos que estábamos militando contra la dictadura de nuestro país desde la Argentina.” Sara pertenecía al Partido de la Victoria del Pueblo.

Un mes después, Gavazzo y Buratti participaron en el secuestro en Buenos Aires y posterior traslado a Uruguay de María Claudia García Iruretagoyena, nuera del poeta Juan Gelman y de la abuela de Plaza de Mayo Berta Schubaroff. Gavazzo llevó en un avión clandestino a María Claudia, que estaba embarazada, según arrojaron las investigaciones periodísticas del diario La República. Acá, en la casona de Bulevar Artigas recientemente se descubrió la placa que recuerda que María Claudia y su recién nacida Macarena estuvieron privadas de su libertad.

Sara Méndez supo de la presencia de la nuera de Gelman. “Un médico venía periódicamente a ver a una mujer que estaba en el piso superior. Por las indicaciones que daba a los guardias, nos dimos cuenta de que estaba embarazada. Tiempo después escuchamos que tenía dolores de parto. Inclusive en una de las veces que salimos al patio una de las compañeras alcanzó a ver a una mujer en una ventana con un bebé en brazos.”

Sara se acuerda de que los sacaban a tomar sol para que parecieran recién detenidos. Los militares querían tapar que había habido un vuelo clandestino. “Simularon que habíamos entrado al país por nuestros propios medios. Ahí empezó el montaje. Y luego nos ‘van a detener’ como si estuviéramos parando en esos lugares. Fue una falsa detención en octubre de 1976. Nos llevaron a la Justicia militar, con las actas fraguadas, y nos procesaron. Hoy sabemos que entre nuestro secuestro y la detención falsa hubo un segundo vuelo con otros uruguayos.” Alicia Cadenas, Elba Rama Molla, Sergio López Burgos y Gastón Zina estaban entre muchos otros.

Sara Méndez fue procesada por la Justicia militar y trasladada al penal, Punta Rieles en diciembre del ‘76. Allí estuvo presa cuatro años y medio. Cuando salió, emprendió la búsqueda de su hijo Simón. Y también aportó su testimonio en la causa de la mujer embarazada del piso superior. “Siempre supe que el caso de María Claudia iba a cambiar nuestra historia tan silenciada. Era familiar de un poeta de renombre internacional.”

Esta mujer bajita y de voz delicada lleva consigo años de luchar contra la corriente. “Durante diez años seguimos un caso que creíamos era Simón. Era el año ’86 u ’87 cuando pedimos el ADN. Lo negaron porque no se contaba con la voluntad del chico que era menor. En 2000, cuando asumió Jorge Batlle, la presidencia recibió la información de las Fuerzas Armadas de que el chico no era Simón, habló con él y la familia y los convenció de que se hiciera el ADN.”

Otra vez, las historias se cruzaron. “Tuvimos la noticia en marzo de ese año de que Macarena era hija de María Claudia y a los meses que ese chico no era Simón.” Sara empezó la búsqueda de nuevo. “Si no lograba una gran movilización que pusiera al gobierno de cara a la sociedad internacional, que mostrara a una madre que vio a los secuestradores de su hijo y que en ese momento vivían libremente en el país sin que se hiciera nada. Por eso emprendí una gira que me llevó por Europa, llegué al Parlamento Europeo, donde conté el caso de Simón.”

A través de una investigación del periodista Roger Rodríguez surgió un dato clave: un ex policía había adoptado al verdadero Simón. “Supe que mi hijo había sido dejado en el Sanatorio Norte. Un caso que estuvo totalmente invisibilizado, dejado de lado, en quince días se resolvió en el 2002. “El 18 de marzo tuvimos el resultado del ADN: positivo.”

A partir del descubrimiento de la placa en el ex centro clandestino de Bulevar Artigas y del reconocimiento por parte del Estado uruguayo de su responsabilidad en los crímenes de la dictadura, Sara Méndez se muestra esperanzada. “Espero que sea el comienzo de una nueva etapa, donde el Estado se comprometa realmente a que las investigaciones no queden en manos de los datos que sólo aportan las víctimas. Es el Estado el que tiene que hacerse cargo.” Como Sara Méndez, sobrevivientes y familiares de desaparecidos esperan llevar ante el banquillo a los responsables de estos delitos que perduran en el tiempo mientras las heridas no terminan de cicatrizar.

mercelopez@pagina12.com.ar

lunes, 16 de abril de 2012

Operación Cóndor: secuestros de argentinos en Uruguay

Comisión de Derechos Humanos y Políticas Sociales del PIT/CNT
 
Nota entregada al Sr. Ministro Vázquez.
Montevideo, 12 de abril de 2012.
Sr. Embajador de la República Argentina en el Uruguay Dante Dovena
 
PRESENTE:
En los próximos días, el PIT/CNT con el patrocinio del Dr. Pablo Chargoñia formulará ante los tribunales uruguayos una denuncia sobre violaciones a los derechos humanos cometidas en el Uruguay contra ciudadanos argentinos durante la pasada dictadura. En la misma algunas de las personas que fueron objeto de actos ilegales por parte de la coordinación represiva entre ambas dictaduras del Río de la Plata, realizaran una detallada narración de los hechos vividos. Hemos considerado pertinente presentar al Sr. Embajador de la República Argentina en nuestro país, esta breve cronología de los acontecimientos, que evidencian de forma contundente la eficacia con que funcionó la coordinación represiva establecida por las dictaduras que asolaron a los países del Cono Sur de América Latina. Y a partir de ello, lograr – como ha sido una práctica constante por parte de las últimas administraciones de vuestro país, el apoyo necesario para que este esfuerzo por Verdad y Justicia, se materialice en forma efectiva.

LOS HECHOS QUE SE DENUNCIARAN.
1.1.- En el marco de la “Operación Cóndor”, desde al menos el año 1976, la Dirección Nacional de Información e Inteligencia y el Servicio de Información de Defensa (SID) del Uruguay, difundieron nóminas de ciudadanos argentinos vinculados al Movimiento Peronista Montoneros buscados por las Fuerzas de Seguridad de la República Argentina.
1.2.- Desde que usurparon ilegítimamente el poder, tanto la dictadura uruguaya como la argentina veían con preocupación las visitas de misiones internacionales interesadas en las denuncias de violaciones de derechos humanos que acontecían en ambas márgenes del Río de la Plata.
La Misión Internacional que visitaba el Uruguay en momentos en que sucedieron los hechos detallados en la presente denuncia –últimos meses de 1977– estaba integrada por el Dr, Joaquim Martínez Bjorkman –en representación de la Federación Internacional de los Derechos del Hombre–, el Dr. Robert Goldman –integrante de la Sociedad Americana de Derecho Internacional y Pax Romana–, y Jean Lous Wil, del Ministerio Internacional de Juristas Católicos.

1.3.- Al igual que lo habían hecho en 1976 con el secuestro y traslado clandestino de personas capturadas en Argentina para presentarlas como invadiendo Uruguay, ambas dictaduras coordinaron una operación que tenía como objetivo demostrar que la llamada “subversión” estaba actuando, que se estaba en plena “guerra contra el comunismo”, y que quienes realizaban campañas de denuncia por desapariciones, asesinatos y torturas estaban a sueldo del comunismo internacional que buscaba desprestigiar, a través de mentiras, a quienes habían rescatado a varios países de América del Sur del anarquismo y el terrorismo.

1.4- Rosario Evangelina Quiroga y su esposo José Luis Herrero, ambos argentinos, militaban en su país en el peronismo montonero en la provincia de San Juan (Herrero integró la Junta Departamental de Concepción y Quiroga fue representante por la Juventud al Congreso Provincial del Partido por el Departamento de Rivadavia). Tuvieron tres hijas: María Paula, María Elvira y María Virginia. A raíz de la persecución de la que fueron objeto por parte de las fuerzas represivas estatales, y dado que habían sido cesanteados por la Ley de Seguridad del Estado (Quiroga trabajaba como técnica en el Departamento de Procesos Técnicos de las Bibliotecas de la Universidad Nacional de San Juan), se mudaron a la provincia de Mendoza, radicándose en la capital de la misma. El 9 de marzo de 1976 Herrero fue secuestrado. Aún permanece desaparecido. Rosario Quiroga debió abandonar su vivienda, y después de un año de vivir en pensiones y hoteles, apartada de sus hijas decidió abandonar su país y radicarse en el Uruguay con las niñas en el intento de proteger su vida. Dado que como resultado de la acción coordinada de las dictaduras de ambos países, ciudadanos argentinos radicados en Uruguay como Claudio y Lila Epelbaum Slotopolsky, habían sido secuestrados el 4 de noviembre de 1976 en Punta del Este y trasladados clandestinamente a Argentina –desde entonces permanecen desaparecidos-, Rosario Quiroga se instaló con documentación falsa a nombre de Leda de los Reyes Lombarda.

1.5.- El 16 de noviembre de 1977, Rosario Quiroga concurrió al puerto de Colonia a esperar la llegada desde Argentina de quien era entonces su pareja, Oscar Degregorio Marconi, miembro de la conducción nacional del peronismo montonero. Degregorio arribó al puerto de Colonia en el aliscafo de las 13.30 hs. y fue apresado por integrantes de la Prefectura Nacional Naval cuando estaba realizando los trámites de migraciones para ingresar al país. Degregorio usaba documentación falsa y llevaba dos granadas escondidas en un paquete de yerba y un revólver disimulado en un termo.
Rosario Quiroga fue testigo presencial de esa detención, y de inmediato avisó a la madre de Degregorio quien, pese a que realizó numerosas gestiones en Uruguay para saber el paradero de su hijo, no obtuvo ninguna información oficial al respecto.

1.6.- Por orden del Comandante en Jefe de la Armada, integrantes de la Prefectura Naval trasladaron a Degregorio a Montevideo. Posteriormente fue derivado al Cuerpo de Fusileros Navales (FUSNA).

1.7.- El 17 de noviembre la Dirección Nacional de Información e Inteligencia emitió el Parte Especial de Información Nº 31/77 difundiendo una nueva lista de requeridos argentinos, entre quienes se mencionaba a María Catalina Benassi de
Franco, ciudadana argentina secuestrada nueve meses más tarde –el 29 de septiembre de 1978– en el Aeropuerto de Carrasco, y trasladada clandestinamente a la Escuela de Mecánica de la Armada, en Buenos Aires. Permanece desaparecida.

1.8.- El 17 de noviembre de 1977 llegaron a Uruguay varios oficiales de la Armada Argentina, integrantes del Grupo de Tareas que actuaba en la represión ilegal en ese país con base en Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA) para realizar la identificación de Oscar Degregorio.
 
1.9.- Cuando estaba siendo trasladado a otra dependencia, Oscar Degregorio trató de fugarse. Para frustrar ese intento sus captores lo balearon, y malherido fue ingresado en el Hospital Central de las Fuerzas Armadas, donde lo intervinieron quirúrgicamente.
Cuatro días después fue interrogado por oficiales argentinos en el propio Hospital Militar.
Rosario Quiroga testimonió al respecto: "Supe por él mismo [Degregorio] que luego de varios días de tortura en manos de las Fuerzas Conjuntas Uruguayas, que consistió en golpes, submarino y picana aplicados sin piedad y en forma constante, trató de fugarse. Al intentarlo, fue gravemente herido en el abdomen por un oficial uruguayo y que a pedido del entonces teniente de navío Antonio Pernías alias ‘Trueno’, miembro del G.T 3.3.2.2 de la Armada Argentina fue sometido a una delicada operación para salvarle la vida y de esa forma tratar de arrancarle la información que querían. En la operación se le hizo un ano contra natura,ya que los intestinos habían sido perforados varias veces. Se debatió varios días entre la vida y la muerte en un hospital uruguayo que según él me dijo tenía celdas. Luego de haberse recuperado un poco fue trasladado en avión a Buenos Aires, al interior del Casino de Oficiales de la ESMA”.

1.10.- El 5 de diciembre de 1977, según consta en el parte de Información Nº 31/77 ya mencionado, fue allanada la vivienda que ocupaba Oscar Degregorio en Montevideo.

1.11.- Rosario Quiroga permaneció en Uruguay y buscó conectarse con otros exiliados argentinos. Concurrió a la casa del pianista tucumano Miguel Ángel Estrella –quien en esos momentos no se encontraba en el país-; posteriormente logró vincularse con Alejandro Barry y Susana Mata, matrimonio que vivía en Uruguay junto con su hija Alejandrina, de 4 años y a través de ellos con Rolando Pisarello, su mujer María del Huerto Milesi y su hija María Laura (de 4 meses). También tomó contacto con Jorge Salvador Gullo y Carlos Augusto Valladares.
1.12.- Cuando estos exiliados argentinos se percataron de que eran objeto de vigilancia y seguimiento concluyeron que algunos debían mudarse, y otros abandonar Uruguay. Rolando Pisarello y María del Huerto Milesi junto con su hija fueron a vivir con Rosario Quiroga y sus hijas, a la casa que esta última había alquilado en el Balneario Lagomar de la Ciudad de la Costa, Departamento de Canelones. Jorge Gullo regresó a Argentina, donde fue secuestrado el 26 de abril de 1979 y llevado al centro clandestino de detención que funcionaba en la Esma. Permanece desaparecido. El 17 de diciembre de 1977 Carlos Valladares murió en el Aeropuerto de Carrasco tras ingerir una pastilla de cianuro para evitar ser secuestrado.

1.13- El 15 de diciembre a las 8.30 horas Rosario Quiroga y Rolando Pisarello salieron de su casa hacia la avenida Gianatassio con el propósito de trasladarse a Montevideo en autobús. Al llegar a la ruta un grupo de hombres de civil que estaban a sus espaldas les dio la voz de alto. Ambos cruzaron la ruta intentando escapar, pero fueron interceptados por otro grupo de hombres armados apostado tras la caseta de la parada de autobuses que dispararon contra ellos. Fueron capturados e introducidos a los golpes en un furgón, luego de ser atados y amordazados. A Quiroga le abrieron la cabeza de un culatazo.
Ambos fueron llevados aun centro clandestino de detención ubicado en una casa vieja, con apariencia de castillo medieval, ubicado en las cercanías del aeropuerto de Carrasco, conocido como “el Castillito de Carrasco”. Allí fueron alojados en el sótano, sometidos a torturas e interrogados por oficiales del SID y oficiales argentinos integrantes del Grupo de Tareas que actuaba en la Esma.
 
1.14.- El operativo de las Fuerzas Conjuntas de Uruguay ejecutado en la mañana del 15 de diciembre dio inicio a una serie de acciones de caza de ciudadanos argentinos refugiados en Uruguay. En las primeras horas de la tarde, cuando se dirigían en auto hacia el balneario de Lagomar, a la altura del km 18,500 de la Avenida Gianattasio fueron interceptados dos militantes montoneros: el ex diputado peronista Jaime Feliciano Dri y Juan Alejandro Barry, por miembros del Departamento III del SID e integrantes de la marina de la Argentina. Ambos intentaron escapar y fueron heridos. Dri fue capturado vivo, golpeado salvajemente, esposado y con los ojos vendados y encapuchado fue conducido al ya mencionado centro clandestino ubicado en las cercanías del Aeropuerto de Carrasco, donde fue torturado por personal militar uruguayo y argentino y posteriormente trasladado en avión a la República Argentina. Juan Alejandro Barry fue baleado y habría muerto en esos momentos a consecuencia de las heridas recibidas.

1.15.- En la madrugada del 16 de diciembre las fuerzas represivas realizaron un operativo en la casa de Lagomar. En ese momento se encontraban allí María del Huerto Milesi de Pisarello y su hija María Laura; Susana Mata de Barry y su hija Alejandrina, y las tres hijas de Rosario Quiroga, María Paula, María Elvira y María Virginia. Algunas versiones indican que Susana Mata habría muerto en el lugar, tras haber ingerido una pastilla de cianuro. María del Huerto Milesi y las criaturas que se encontraban en la casa fueron secuestradas fueron llevadas al centro clandestino de la zona de Carrasco. Alejandrina Barry fue entregada a sus abuelos el 29 de diciembre en el puerto de Montevideo. Las otras cuatro niñas, así como Milesi y Quiroga fueron llevadas clandestinamente a Buenos Aires.

1.16.- Otro operativo realizado ese mismo día en la vivienda del pianista argentino Miguel Angel Estrella Ávila Borges, ubicada en la Rambla de Montevideo, culminó con la detención de Estrella, Raquel Odasso, Luisana Beatriz Olivera y Jaime Luis Brancony.

1.17.- El 17 de diciembre, cuando ingresaba al Uruguay con un documento falso a nombre de Roberto Armando Medina Cornejo, fue reconocido por la policía de Migraciones del Aeropuerto de Carrasco, Carlos Augusto Valladares, quien era Secretario Político de la Columna Oeste del Gran Buenos Aires de la organización Montoneros. Para evitar ser detenido con vida, Valladares ingirió una pastilla de cianuro y murió en forma instantánea.

1.18.- Oscar Degregorio fue trasladado ilegalmente a la República Argentina en un helicóptero de la Armada Argentina que partió del Área Naval del Puerto de Montevideo, previo acuerdo de ambos comandantes de las fuerzas del mar. Este traslado clandestino se realizó el 17 de diciembre de 1977, según consta en el informe del 20 de septiembre de 2005 presentado por el Comandante en Jefe de la Armada vicealmirante Tabaré Daners al Presidente de la República Tabaré Vázquez (Archivo Secretaría de Seguimiento de la Comisión para la Paz, Tomo 4, pág. 101).
Existen constancias en Argentina de que Degregorio fue recluido en el centro clandestino de detención y desaparición que funcionó en la Esma bajo el mando de la Armada de ese país, luego trasladado al centro clandestino que funcionaba en Campo de Mayo, bajo el mando del Ejército de ese país, donde fue sometido a continuas torturas, y luego de un tiempo vuelto a la Esma, donde fue asesinado el 25 de abril de 1978.

1.19.- Tras permanecer secuestrados en el “El Castillito de Carrasco”, fueron conducidos clandestinamente a la Esma Rosario Quiroga y sus tres hijas en un avión; en otro, Jaime Dri, María del Huerto Milesi, Rolando Pisarello y la hija de ambos. Las niñas fueron posteriormente entregadas a sus familiares. Quiroga, Pisarello y Milesi permanecieron en calidad de detenidos-desaparecidos en la Esma hasta principios de 1979, mientras que Jaime Dri logró fugarse el 19 de julio de 1979, en la ciudad de Asunción, Paraguay.

1.20.- El 21 de diciembre Raquel Odasso, Luisana Beatriz Olivera, Miguel Angel Estrella y Jaime Luis Brancony fueron procesados por el Juzgado Militar de Instrucción de 2º Turno. Permanecieron detenidos en el Batallón de Infantería Blindado
Nº 13. El 22 de enero de 1978 fueron trasladados al Penal de Punta de Rieles Odasso y Olivera, y al Penal de Libertad Estrella y Brancony, donde permanecieron detenidos hasta que fueron expulsados del país en febrero de 1980.

1.21.-El 22 de diciembre de 1977 el Jefe del Departamento III del Servicio de Información de Defensa, José Nino Gavazzo, dio una conferencia realizada ante integrantes de los servicios de inteligencia uruguayos en la que informó que el jefe montonero capturado en el Puerto de Colonia vivía en el Uruguay con su compañera e hijas y que “se encontraba colaborando personal de la Armada argentina en relación con el detenido Jefe montonero”.

1.22.- El mismo 22 de diciembre, las Fuerzas Conjuntas emitieron el comunicado oficial Nº 1378 en el que daban cuenta sólo de algunos de los operativos perpetrados, en algunos casos citando a las víctimas por los nombres que figuraban en los documentos falsos. Los nombres de otras fueron omitidos, precisamente el de aquellos que fueron trasladados ilegalmente a Argentina: Rosario Quiroga y sus tres hijas; María del Huerto Milesi, Rolando Pisarello y la hija de ambos; Jaime Dri; Oscar Degregorio. En el comunicado oficial se cita a quienes fueron muertos: Susana Mata y Juan Alejandro Barry –de quienes dice que se autoeliminaron con pastillas de cianuro-, y a los detenidos que fueron procesados en Uruguay: Miguel Angel Estrella, Raquel Odasso; Luisana Olivera y Jaime Luis Brancony, También se “legalizó” la situación de Alejandrina Barry Mata, posteriormente es entregada a sus abuelos.

1.23.- Se considera pertinente mencionar en esta introducción, que además de los ya mencionados Lila y Claudio Epelbaum y Oscar Degregorio, ciudadanos argentinos secuestrados en Uruguay y trasladados a Argentina que permanecen desaparecidos -y sin que esta enumeración excluya la posibilidad de que otros argentinos hayan sufrido igual destino-, María Catalina Benassi de
Franco y Manuel Eduardo García (secuestrados el 29 de septiembre de 1978), Mónica Grispon de Logares y Claudio Logares, junto con la hija de ambos, Paula, fueron secuestrados en Uruguay y llevados a Argentina. Grispon y Logares estuvieron recluidos en el centro clandestino Brigada de San Justo, hasta que desaparecieron definitivamente en el Pozo de Bánfield (en la provincia de Buenos Aires, centro clandestino en el cual también desaparecieron muchos ciudadanos uruguayos). Paula Logares fue apropiada por el subcomisario de la Policía de la Provincia de Buenos Aires Rubén Luis Lavallén, integrante del electo represivo de la Brigada de San Justo. En 1984 Paula fue ubicada por su familia y recuperó entonces su identidad.
Sin otro particular lo saluda con la más alta estima
Por la Secretaria de Derechos Humanos y Políticas Sociales del PIT/CNT

viernes, 6 de abril de 2012

Rechazan extradicción de represor peruano de la Operación Cóndor

RECHAZARON LA EXTRADICION DEL PERUANO FRANCISCO MORALES BERMUDEZ
Un dictador a salvo en Lima

El juez federal Norberto Oyarbide había reclamado la extradición del dictador peruano Francisco Morales Bermúdez por su participación en el Plan Cóndor, pero la Corte Suprema de su país se negó al pedido.

 Por Carlos Noriega. Desde Lima

El ex dictador peruano Francisco Morales Bermúdez se salvó de la extradición a la Argentina para responder por el secuestro y deportación a este país, durante la dictadura militar, de trece opositores a su régimen. La extradición del general Morales Bermúdez había sido pedida por el juez federal Norberto Oyarbide, quien enmarcó la deportación de los trece peruanos dentro del Plan Cóndor. Gracias a un fallo a su favor de la Sala Penal de la Corte Suprema del Perú, el dictador no tendrá que responder a los tribunales argentinos por este caso. La Corte Suprema pasó el expediente a la fiscalía y así dejó abierta la puerta para que el general de 90 años sea juzgado por la Justicia peruana, pero esa posibilidad parece lejana. “Estoy muy agradecido a Dios y expreso mi reconocimiento a la Corte Suprema”, dijo el dictador Morales Bermúdez apenas se conoció el fallo judicial que lo salvó de la extradición.

“Los argumentos de la Corte Suprema para negar la extradición de Morales Bermúdez carecen de sustento jurídico. Es inverosímil. Es clarísimo que fuimos víctimas de un secuestro político para entregarnos a un ejército extranjero. El partido aprista (del ex presidente Alan García) y los sectores más conservadores han operado en los medios de comunicación para presionar en contra de la extradición de Morales Bermúdez. Que el Poder Judicial peruano diga que pasa el caso a la fiscalía para que investigue es una forma de congelar el tema. En el Perú no existen condiciones para que Morales Bermúdez sea juzgado. La Justicia argentina debería insistir en la extradición”, le dijo a Página/12 Javier Diez Canseco, líder del Partido Socialista y congresista de la coalición oficialista Gana Perú, quien fue uno de los trece peruanos secuestrados y enviados a una prisión militar a la Argentina durante la dictadura de Jorge Rafael Videla.

En mayo de 1978, la dictadura de Morales Bermúdez –quien en agosto de 1975 había derrocado al general reformista Juan Velasco Alvarado e iniciado un proceso para desmontar las reformas económicas y sociales del régimen velasquista– se debatía en una grave crisis producto de un amplio descontento popular. Luego de una contundente huelga general que paralizó el país, la dictadura anunció la convocatoria a elecciones para una Asamblea Constituyente y la transferencia del gobierno a los civiles en 1980. Es en ese contexto que, el 25 de mayo de 1978, cuando los peruanos se preparaban para acudir a las urnas, la dictadura de Morales Bermúdez secuestró a diez dirigentes de izquierda y líderes sindicales –varios de ellos candidatos a la Constituyente–, a dos almirantes velasquistas y a un periodista y los expulsó en un avión militar a la Argentina para entregárselos a Videla.

Los trece peruanos llegaron a Jujuy y fueron encarcelados en el Regimiento de Infantería de Montaña 20. Allí les dijeron que eran “prisioneros de guerra”. En el Perú nadie conocía su paradero. Después de varios días de estar detenidos en Jujuy, los peruanos fueron llevados a Buenos Aires y recluidos en los sótanos de la Policía Federal. “Fuimos encarcelados en una celda de dos metros por un metro y medio, con una plancha metálica como puerta, un camastro y una bomba de luz que estaba siempre prendida, para que perdamos la noción del tiempo. Recibíamos una comida al día. Estábamos incomunicados. Desde la celda se escuchaban los gritos de otros detenidos en ese centro de reclusión”, recuerda Diez Canseco.

La detención de los peruanos en Argentina se conoció porque un diario de Jujuy publicó una foto de la llegada del avión militar peruano con los detenidos. “Esa publicación que revelaba nuestra detención en Argentina fue un hecho central. No sé si eso fue lo que impidió nuestra desaparición, pero ayudó mucho”, dice Diez Canseco. Conocido el paradero de los secuestrados, comenzaron las gestiones para conseguir su liberación, la que se obtuvo cerca de un mes después. En esa tarea, la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados tuvo un papel central. Una vez en libertad, los peruanos viajaron a distintos países.

Morales Bermúdez ha justificado la deportación de los trece peruanos y niega la participación de la dictadura peruana en el Plan Cóndor. Pero hay otros hechos que también comprometen a Morales Bermúdez con la coordinación represiva de las dictaduras del Cono Sur. El 15 de abril de 1977, el argentino Carlos Maguid, refugiado en Perú, donde trabajaba como profesor de sociología en la Universidad Católica de Lima, fue secuestrado en una calle de Lima y desaparecido. Maguid, casado con Nélida Arrostito, hermana de Norma Esther Arrostito, dirigente montonera asesinada por la dictadura de Videla, había sido acusado por la dictadura de participar en el operativo de secuestro del dictador Pedro Aramburu. En junio de 1980, un mes antes que la dictadura entregue el poder a los civiles, fueron secuestrados en Lima los argentinos Noemí Gianotti de Molfino, María Inés Reverta y Julio César Ramírez. Gianotti de Molfino apareció muerta en un hotel de Madrid. De los otros dos hasta ahora no se sabe nada. Por este caso existe desde el año 2007 un pedido de extradición contra Morales Bermúdez de la Justicia de Italia –Gianotti de Molfino también tenía ciudadanía italiana– que el ex presidente Alan García rechazó. En su libro Muerte en el Pentagonito (nombre con el que se conoce a la comandancia general del ejército), publicado en 2004, el periodista Ricardo Uceda cita el testimonio del agente de la Inteligencia peruana Arnaldo Alvarado, quien revela que los tres argentinos fueron secuestrados en un operativo conjunto de los ejércitos de Perú y Argentina y torturados en instalaciones del ejército peruano. Un informe desclasificado de la CIA señala que la dictadura de Morales Bermúdez formó parte del Plan Cóndor.

Hay muchas cosas por las que el ex dictador Morales Bermúdez debe responder, pero, al menos por ahora, ha quedado libre de hacerlo gracias al fallo de la Corte Suprema del Perú y el apoyo que le ha dado la derecha peruana

jueves, 22 de marzo de 2012

“Este lugar es el pedacito de verdad que me queda”

Macarena Gelman estuvo presente en el acto que se desarrolló esta mañana en el ex centro de detención clandestino del Servicio de Información de Defensa (SID). “Este lugar es la única conexión física con la historia, es el único lugar donde estuve con mi mamá”, expresó.

La primera parte del acto de reconocimiento de responsabilidad del Estado por la desaparición de María Claudia García de Gelman, nuera del poeta y madre de Macarena, tuvo lugar esta mañana el ex SID. En ese lugar, durante la dictadura funcionó el centro de detención clandestino y en el futuro se ubicará la sede de la Institución Nacional de Derechos Humanos.

Ante autoridades de gobierno y numeroso público que acompañó a Macarena Gelman y al poeta argentino, se descubrió una placa en cumplimiento de la resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que recuerda el momento en que María Claudia estuvo detenida en ese lugar y estando embarazada dio a luz a su hija Macarena. “En memoria de María Claudia García de Gelman y de todas las personas victimas del terrorismo de Estado que estuvieron privadas de su libertad en este edificio”, señala la placa.

“Este lugar es la única conexión física con la historia, es el único lugar donde estuve con mi mamá [...] verlo es demoledor, sobran las palabras”, expresó Macarena al finalizar la recorrida.

La joven destacó la importancia de que este lugar ya que puede ser visitado por todos los ciudadanos y “que se sepa qué pasó acá”.

Al ser consultada sobre su relación con Julio Barboza, ex soldado de la SID y encargado de guiar a los presentes en la recorrida, Macarena indicó que tiene comunicación con Barboza y con otras personas desde hace mucho tiempo. Esos contactos le permitieron obtener datos de primera mano acerca de su nacimiento y de su madre. “Yo les agradezco que me hayan permitido llegar acá hoy y saber efectivamente dónde estuve”. Barboza trabajaba como escribiente en este edificio donde María Claudia estuvo detenida y donde dio a luz a Macarena, presuntamente el 1 de noviembre de 1976.

“Este lugar es el pedacito de verdad que me queda”, dijo Macarena emocionada. ”Con este acto tan simbólico se concretan cosas que vienen siendo reclamadas desde hace más de cinco años”, agregó.