Siguen declarando testigos

Ernesto Salvo Sánchez relató que su hermana, Ana María Salvo, junto a Alicia Cadenas, fueron secuestradas de su departamento en Buenos Aires, en julio de 1976. Él no estaba allí, pero cuando se dio cuenta que Ana María no había concurrido al trabajo y que no se había comunicado con la familia, se dieron cuenta de lo que había sucedido. Refirió también que junto a sus compañeros de militancia en el Partido para la Victoria del Pueblo tenían miedo de que hubiera otra redada en el marco de la operación, por lo que nunca más volvió a su domicilio.

También recordó las circunstancias vividas posteriormente y los motivos por los que se exilió. Explicó que su madre viajó desde Uruguay a Argentina y gestionó ante el ACNUR que le otorgaran estatus de refugiado, lo que le permitió viajar a Austria en septiembre del mismo año. Su madre, además, realizó gestiones para encontrar a Ana María, incluso visitando cementerios y yendo a lugares donde se sabía de la aparición de cuerpos sin identificar.

Ernesto contó que a fines de 1976 su hermana apareció viva en Uruguay, aunque luego permaneció detenida varios años más.

Asimismo declararon Laura Anzalone y José Félix Díaz, quienes fueron secuestrados la noche del 13 de julio de 1976 y permanecieron en cautiverio en Orletti y en distintos locales de Uruguay. Al momento del secuestro estaban con su sobrino, Ernesto, de casi dos años; el grupo de militares argentinos y uruguayos que irrumpió en su domicilio se los quitó, diciéndoles que lo iban a entregar a su familia. En realidad, Ernesto fue entregado a una comisaría y luego a un hospital de la zona, y la madre de Laura tuvo que hacer numerosas gestiones para poder recuperarlo.

Camino a Orletti, tanto Laura como Félix recordaron que sus secuestradores se comunicaron por radio y que escucharon el ruido de una cortina metálica cuando arribaron. Luego Laura explicó que estuvieron tirados en el piso de una sala grande donde había otros autos y rememoró que varias veces los encendían, intentando tapar los gritos cuando torturaban a alguien. Félix dijo que con el mismo fin ponían música a volumen muy alto. Cuando llevaron a Laura al primer piso, uno de los militares uruguayos se identificó como Manuel Cordero, le dijo que “no le importaba porque no tenía información” y la golpeó. Félix también contó que cuando lo llevaron arriba para ser torturado le dijeron que lo iban a “mandar con San Pedro” y refirió que Orletti en general “era parecido al infierno de Dante, era presión permanente, amenazas continuas”. Entre los represores argentinos, Laura recordó los sobrenombres “jovato”, “pájaro” y “zapato”.

Una vez en Uruguay, estuvieron detenidos en una casa en Punta Gorda y luego en la sede del SID, en Boulevard Artigas y Palmar, donde permanecieron hasta diciembre del mismo año. Allí, Laura vio a una mujer embarazada que luego supo que era María Claudia Irureta Goyena, quien dio a luz mientras estaba en cautiverio. También vio niños que luego reconoció como Anatole y Victoria Julien.

Confirmado el procesamiento de ex agente de inteligencia

La Cámara Federal confirmó el procesamiento de un ex agente de inteligencia.
Se trata de Miguel Angel Furci, Está acusado de 67 casos de secuestros e imposición de tormentos, cometidos en el centro clandestino de detención “Automotores Orletti”. También ratificó un embargo por dos millones de pesos.

La Sala I de la Cámara Nacional en lo Criminal y Correccional Federal confirmó el procesamiento de Miguel Angel Furci, acusado por 67 casos de secuestros e imposición de tormentos, en el centro clandestino de detención “Automotores Orletti”.

Así, el tribunal ratificó un fallo dictado el pasado 2 de junio por el juez federal Daniel Rafecas, a cargo de la investigación por crímenes de lesa humanidad cometidos en jurisdicción del Primer Cuerpo de Ejército

De 172 uruguayos detenidos-desaparecidos, 126 lo fueron en Argentina (1-10-10, segunda parte)

El 1 de octubre declararon Álvaro Hugo Rico Fernández y Juan Roger Rodríguez Chandari. Rico es decano de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación de Uruguay y conduce el equipo que tiene a su cargo la investigación histórica sobre detenidos-desaparecidos en la última dictadura militar, ordenada por la Presidencia de la Nación uruguaya en 2005. El gobierno uruguayo ya publicó los resultados de la primera parte y, en la actualidad, se ha presentado una segunda etapa de la investigación que incorpora nueva información y focaliza en la cronología de operaciones represivas. Por su parte, Rodríguez es periodista y, desde mediados de la década del ´80 se dedica a la investigación en temas de derechos humanos, fundamentalmente con respecto la dictadura uruguaya y a la coordinación represiva, habiendo escrito decenas de artículos al respecto para diversas publicaciones.

Rico comenzó su testimonio explicando que para la primera etapa de la investigación tuvieron acceso a diez archivos estatales y que la segunda parte incluye datos provenientes de archivos recientemente abiertos del Ministerio de Defensa, del OCOA, del SID, de diversas dependencias policiales. También han recibido información de archivos de Chile y Paraguay y consultaron el archivo desclasificado del Departamento de Estado de Estados Unidos. Asimismo, destacó que siguen bajo revisión dos archivos del Ministerio de Relaciones Exteriores. Todo esto les ha permitido actualizar información sobre ciudadanos uruguayos detenidos-desaparecidos no sólo en Uruguay, sino también en Argentina, Chile, Bolivia, Colombia y Paraguay.

Entre los resultados obtenidos, el testigo relató que pudieron recabar información sobre 172 personas uruguayas detenidas-desaparecidas, de las cuales 126 fueron detenidas en Argentina. Refirió que muchos de ellos eran militantes del Partido para la Victoria del Pueblo y que, entre el 5 de abril y el 5 de octubre de 1976 se produjo “el epicentro de la represión contra esta organización en Argentina”. En este período verificaron no sólo la desaparición de muchos, sino también que un número importante fue detenido y 24 personas fueron luego trasladadas a Uruguay, siendo liberadas algunas y procesadas 14, luego de un operativo montado por el SID. 

Rico también explicó que encontraron registros de coordinación represiva entre los países sudamericanos desde 1973 y que, en noviembre de 1974 y marzo de 1975 hubo dos oleadas represivas en Uruguay que proporcionaron a los servicios de inteligencia sobre militantes de diferentes grupos políticos en Argentina. En sus palabras: “parecería ser que luego de (…) cierto desbaratamiento de estas organizaciones en nuestro país, los servicios de seguridad van a redireccionar su lógica represiva y sus operativos en la República Argentina, porque ya el día 5 de abril de 1976 tendremos un detenido-desaparecido, Ary Cabrera”. Agregó que algunas de las personas detenidas inicialmente en Uruguay y luego liberadas fueron secuestradas en Argentina durante 1976. Contó finalmente que el vínculo entre los servicios uruguayos y argentinos surge al analizar que el Departamento 3 del SID tenía a su cargos dos centros de detención clandestinos (conocidos como 300 Carlos, en el Batallón de Infantería Nº 13 y 300 Carlos R, en Punta Gorda), además de “La Casona”, en Boulevard Artigas y Palmar. A esos centros fueron llevados los uruguayos que estuvieron en Automotores Orletti.

Luego siguió relatando que la lógica represiva que la ola que comenzó con el secuestro de Ary Cabrera continuó con las detenciones el 17 abril de Eduardo Chizzola y Telba Juárez (que aparecieron muertos pocos días después y, en el caso de Chizzola recién identificado en 2002). Este proceso continuó con detenciones masivas en junio y julio, período en el que muchas de las personas fueron llevadas a Orletti, al que Rico se refirió en los siguientes términos: “tuvo una significación muy importante como el primer centro de coordinación represiva regional, con un intercambio de operativa total, en el plano de la logística, operaciones, transporte, información, de la organización de los procedimientos. Y, por si fuera poco, debo agregar que en nuestra investigación hay un registro de 28 ciudadanos uruguayos detenidos-desaparecidos que fueron recluidos en Orletti.” Además, considerando la OT-18 como el antecedente de Orletti, pudieron identificar 3 uruguayos más detenidos-desaparecidos allí, precisamente Ary Cabrera, Eduardo Chizzola y Manuel Peisajovich. 

Posteriormente testimonió Rodríguez, quien comenzó explicando que su acercamiento a los hechos ocurridos en Automotores Orletti se dio al entrevistar a Sara Méndez y luego comunicarse con Anatole y Victoria Julien Grisonas. Luego, al investigar acerca del homicidio de Zelmar Michelini y Gutiérrez Ruiz pudo hacer contacto con represores que actuaron en Orletti y que, con el correr del tiempo, le aportaron información “para ir entendiendo cómo eral el proceso Orletti, más allá de lo que las víctimas pudieron transmitirnos”. Además, también mantuvo entrevistas con represores uruguayos. Si bien Rodríguez no reveló la identidad de sus informantes por resguardar el secreto profesional, sí pudo exponer una gran cantidad de información a él transmitida acerca de diversos aspectos del funcionamiento de Orletti y del destino de algunas de las personas que estuvieron allí en cautiverio.

Rodríguez explicó que parte de la información recibida le permitió obtener los datos que llevaron a encontrar al hijo de Sara Méndez, Simón Riquelo. Del mismo modo, refirió que le permitió confirmar la existencia de un segundo vuelo, con uruguayos que también fueron trasladados a Montevideo. 

En cuanto al funcionamiento de los centros clandestinos en el marco de la coordinación represiva, Rodríguez explicó que lo primero que había era intercambio de información, luego seguía una eventual detención o un pedido de objetivos. En el caso de detener a un “objetivo” de otro Estado, “en la mayoría de los casos ya había personal del país extranjero en el país donde se realizaba la operación”. Continuó explicando: “en ese caso, generalmente el operativo lo hacían los locales, con la presencia de uno del país extranjero, el extranjero no podía usar armas (…) la persona secuestrada era detenida y llevada a un pozo, el interrogatorio corría por cuenta del extranjero, la guardia era por parte de los locales. Obtenida la información operativa, lo que podía decidirse era el destino (…) en muchos casos desaparición”. “Este protocolo (…) sólo se rompía en una ocasión, cuando los locales también podían llegar a participar de la tortura”, también “por motivos económicos, o por motivos extorsivos (…) en el caso que la organización tenía dinero”. Explicó también que según su fuente podían hacer hasta 10 ó 12 operativos en el correr de muy poco tiempo: “llegar, destruir, llevar las cosas que podían ser de valor, llevar al detenido y en el reparto que la otra parte no los dejara afuera”.

Rodríguez refirió que también “había una decisión en torno al destino de los niños; en muchos casos está demostrado que iban a país del cual no eran originarios”, “había un vehículo aparte, que era el que trataba de colocar al niño en algún casa cuna”. Así, a Simón Riquelo lo dejaron en el Hospital Norte, y pocos días antes hicieron lo mismo con los hijos de Laura Anzalone y Félix Díaz, que fueron recuperados casi en forma inmediata. “Allí quedaba el chico a la posible disponibilidad de lo que ocurriese con él, que podía ser un destino como el que tuvo (Simón), que fue quedar en las manos de quien estaba de guardia en la seccional 33 esa noche”.

Siguió narrando el testigo que “en el caso de Gelman me cuentan que no sabían que hacer con ella (María Claudia Irureta Goyena) por su estado avanzado de embarazo y, a la vez me cuentan cómo Furci se queda con Mariana (Zaffaroni)”.

Otro de los casos específicos a los que se refirió Rodríguez fue el de los hijos de Roger Julien y Victoria Grisonas. Al respecto, su fuente le dijo que había un gallinero dentro del cual se había escondido ella con los dos chicos y le refirió que “estaba lindo para hacerla mierda ahí mismo”. También le contó que Roger murió en sus brazos luego de tragarse una pastilla de cianuro. “El tema de la pastilla de cianuro, según estos informantes, los tenía muy preocupados a los represores por lo que podía significar perder información o dinero”. Luego Anatole y Victoria (h) quedaron en Orletti junto a su madre, y el destino que corrieron luego “probablemente esté vinculado a un operador chileno dentro de Orletti, un militar chileno (…) y una suerte de sistema de distribución que los uruguayos también habían armado”.

Rodríguez explicó que con el desmantelamiento “se recuperaron 8 millones” y vinculó los secuestros de Gerardo Gatti y León Duarte a la obtención del dinero de esa organización, que habría sido el objetivo de los grupos que operaban en Orletti. Relató también cómo forzaron a Washington “perro” Pérez a obrar como intermediario. El testigo también contó que los “propios informantes me dijeron que hasta respeto les provocaba cómo Gatti había aguantado la tortura, y cómo conversaba más de un mes después”. Según su informante León duarte entregó dinero y según la información que Rodríguez obtuvo, el día que recuperaron ese dinero hicieron una fiesta en Orletti, en la cual “Ricardo Arab llegó a bailar como odalisca sobre una mesa con una botella de whisky”. Luego Gordon y Gavazzo se habrían llevado el dinero que, normalmente, se habría repartido en tres partes: “una parte para la federal (…) donde estaba el comisario Villar (…) la otra parte era la banda de Gordon, y el otro tercio para los uruguayos. Sin embargo, en esa ocasión, debido a la abultada suma su informante le dijo que ese dinero fue elevado, llevado a Videla, que les dio el 30% “para los muchachos” y con el 70% restante construyó una base. Según las investigaciones de Rodríguez, esa base es la actual sede antiterrorista argentina, en Av. Coronel Díaz

Según le refirió su fuente, en el caso de Gatti y Duarte, luego de la negociación por el dinero “quedaron para ir a negociar supuestamente a Campo de Mayo”, y mediante un sistema de traslados especial, los condujeron hasta una camioneta que supuestamente los llevaría allí.

“La gente vivía con temor” (1-10-10, primera parte)

Una primera tanda de testimonios al inicio del mes de octubre.  María Bernabella Herrera Sanguinetti, funcionaria de ACNUR en Santiago de Chile en 1976, y Daniel Gatti Casal del Rey, hijo de Gerardo Gatti.

El testimonio de Herrera se centró en la información que llegó a su conocimiento, como funcionaria de ACNUR, de la situación en general en Argentina y de algunos casos específicos relacionados a Orletti. Explicó que supo de muchos casos de refugiados que habían huido a Argentina y, luego del golpe de estado en nuestro país, desaparecieron. Mencionó que muchos refugiados en Argentina se alojaban en hoteles y pensiones que tenían convenios a tal efecto, y que a menudo había allanamientos allí, “la gente vivía con temor”. También refirió que hubo allanamientos en la Comisión Católica que colaboraba con ACNUR.

Posteriormente, la testigo se explayó con respecto al caso de Anatole y Victoria Julien Grisonas. Explicó que llegó a su conocimiento un artículo publicado en el diario “El Mercurio” de Valparaíso, que mencionaba la aparición de dos niños en una plaza y que “él decía llamarse Anatole”. Herrera contó que los chicos, después de estar en Orletti y cuatro meses en el SID, fueron dejados en la plaza mencionada, el 22 de diciembre de 1976. El artículo también narraba “que habían sido llevados por una tal tía Mónica”. Cuando fueron encontrados solos, los llevaron a un orfanato para niños de la calle y luego fueron puestos bajo el cuidado de un matrimonio que no tenía relación alguna con la represión.

Tres años más tarde, en 1979, Herrera recibió una carta del director de un organismo francés que también trabajaba con refugiados y migrantes, relatando que cabía la posibilidad de que los niños fueran uruguayos. Luego de diversas gestiones para averiguar quién era la posible abuela y obtener mayor información sobre los niños, reunieron una comitiva que viajó a Valparaíso. Al llegar, fueron al colegio donde asistía el niño y, luego de entrevistarse con el rector, lograron concertar una reunión de la abuela con el padre adoptivo: “salieron los dos con los ojos rojos, con la emoción de lo que acababa de oír este señor, padre de los niños, y la abuela que comprobaba que eran sus nietos, que los había estado buscando durante tres años, que había hecho cuanto recorrido posible había”. Esa misma tarde fueron a ver a los niños y, a partir de allí, comenzaron a frecuentarse, estableciendo un régimen de visitas, tanto en Chile como en Uruguay. Finalmente, la abuela falleció, pero Anatole y Victoria conocieron su historia y la de sus padres.

A su turno declaró Gatti, quien contó la historia de su padre, Gerardo, militante sindical, así como las circunstancias por las que transitó su familia. Explicó que su padre se mudó a Buenos Aires en 1973, tras ser requerido por las autoridades uruguayas. Entre 1974 y 1975 toda la familia se trasladó al país, pero no vivían en el mismo lugar que su padre, aunque lo veían con frecuencia, siempre en lugares públicos. El testigo relató que después del golpe de estado en Argentina, los contactos se volvieron más esporádicos y en lugares más resguardados. Recordó: “nunca fui a la casa de mi padre”. Finalmente, el 9 junio de 1976, un mes después del asesinato de Michelini y Gutiérrez Ruiz, Gerardo fue detenido. Dos días después, algunos compañeros de militancia lo confirmaron cuando fueron a la casa de Gerardo y contestó el timbre otra persona que no dijo la contraseña adecuada.

Gatti siguió contando que al poco tiempo la familia se dividió en casas distintas “por motivos de seguridad, para evitar caídas, para evitar represión sobre la familia también” y, en agosto de 1976, se exiliaron en Francia. Sin embargo, su hermana Adriana prefirió quedarse y siguió viviendo en Buenos Aires hasta que, en abril de 1977 desapareció. Por sus compañeros de militancia se enteraron que la habían matado en un operativo. Tenía 17 años y 7 meses de embarazo. Mucho tiempo después el cuerpo fue encontrado y llevado a España para su entierro.

Al llegar a París se pudieron enterar de algunos detalles de la negociación por su padre, sobre la que ya habían tomado cierto conocimiento en Argentina, a través de otros militantes del PVP. Concretamente, les dijeron “que se estaba pidiendo dos millones de dólares por la liberación”, “que había un negociador que habían secuestrado, a su vez, para hacer contacto entre el partido de mi padre y los secuestradores”. A mediados de agosto de 1976, esa persona, Washington Pérez, llegó a Suecia y entró en contacto con Gatti y su familia. Finalmente se pudieron reunir y Pérez les contó con mayor precisión cómo había sido la negociación y la situación en la que sacaron una fotografía para probar que Gerardo seguía vivo, así como el “estado bastante calamitoso” en el que estaba. Pérez también le mencionó que luego decidieron “cambiar de caso” y le presentaron a León Duarte, quien le dijo “borrate, es una banda de criminales, de asesinos”, luego de lo cual logró escapar a Europa.

Gatti también explicó que por los testimonios de sobrevivientes de Orletti, entre ellos Acilú Maceiro y Enrique Rodríguez Larreta, se sabe que su padre estuvo allí hasta fines de julio.

Por otra parte, el testigo también relató las gestiones hechas por su abuela, María Elena Antuña de Gatti. Ella presentó hábeas corpus en Argentina y en Uruguay, en junio y julio de 1976. Además, en agosto, él y su familia hicieron la denuncia ante la Comisión Derechos Humanos de la ONU, así como en instituciones españolas e italianas, sin obtener resultados.

ANA MARIA SALVO: Cara a cara con represores del Cóndor

El testimonio de la uruguaya Ana María Savo en el juicio Automotores Orletti
Fue secuestrada el 14 de julio de 1976, llevada a Automotores Orletti y después a Montevideo. Reconoció a varios represores, entre ellos a Raúl Guglielminetti, Osvaldo Forese y Honorio Martínez Ruiz.
          
 Por Alejandra Dandan

En el sala de audiencias volvieron a escucharse los nombres de varios represores. Ana María Salvo viajó desde Uruguay para declarar en la causa por los crímenes cometidos durante la dictadura en el centro clandestino de detención Automotores Orletti. Frente a ella, con la misma campera beige que suele usar en los últimos días, la escuchaba el represor Raúl Guglielminetti, el mismo que ella nombró con el alias de “Ronco”. El mismo que luego reconoció en una carpeta de imágenes viejas. El mismo que la sacó de la casa de su hermano el día de su secuestro.

Ana María es una de las víctimas uruguayas que sumaron su declaración en la causa de Orletti, desde donde operaron fuerzas conjuntas uruguayas y argentinas en el marco del Plan Cóndor. Por donde pasaron además Carlos y Manuela Santucho, hermanos de Roberto Santucho. Y en donde los militares asesinaron sumergiendo en un tacho de agua de unos 200 litros a Carlos Santucho. Ana María, como lo habían hecho otros testigos, también habló de ese episodio. Nombró entre quienes estuvieron alrededor de esa muerte a Pajarovich, alguien “escandaloso”, dijo, que se vanagloriaba y se ufanaba de lo que hacía. Pajarovich es Honorio Martínez Ruiz, que metros atrás la miraba, a muchos años de ese momento, esta vez sentado entre los acusados, con la necesidad de levantar la vista para pedir ir al baño, esperar a que un guardia se le acerque, le ponga las esposas en las manos y por un momento lo saque de la sala.

Al lado de Guglielminetti suele sentarse su abogado Pablo Labora, encargado de hacer las preguntas y escudriñar densamente a los testigos cuando hablan. Ana María intentó no mirarlo, percibía los ojos del abogado frente a su cara.

Ana María Salvo llegó a Buenos Aires en abril de 1974. Hasta ese momento, era militante estudiantil, participaba de las actividades contra la dictadura uruguaya y había sido detenida en su país por las Fuerzas Armadas. Su pareja ya se había trasladado a Buenos Aires, él era militante sindical y estaba requerido en Uruguay. En Argentina, Ana María tuvo a su segundo hijo y dejó la militancia para criar a los chicos. Estudiaba enfermería y empezó a trabajar en un geriátrico. El 14 de julio de 1976 fue a visitar a su hermano, que vivía en un departamento de la calle Venezuela. Cuando tocó timbre la recibió una patota de civil que se presentó como “fuerzas conjuntas uruguayas y argentinas”. Le preguntaron quién era. Ana María vio la casa vacía. No estaban su hermano ni la familia, y tampoco estaban el televisor ni los equipos de música. En un vehículo particular la trasladaron a lo que muchos años después supo que era Orletti. La cortina metálica que se abría, muchos de sus compañeros tirados en el piso de ese taller manchado de aceite y de grasa. A poco de llegar, la subieron a una de las habitaciones de la planta alta, la sentaron ante un escritorio y le sacaron la venda.

“Se aproxima un militar uruguayo –dijo–. Reconocí la voz porque me había interrogado en Uruguay, era Manuel Cordero.” Y Cordero le dijo: “Somos viejos amigos”. Con él estaba José “Nino” Gava-zzo. Cordero le aseguró que sabían que ella ya no estaba militando, que buscaban a su hermano, que ella era una “gila”, pero, recordó ella, “que igual me la iba a tener que comer, que ahí iba a encontrar a alguno de mis conocidos: ‘Los estamos haciendo pelota`”.

Habló de los gritos de personas, “no me cabe ninguna duda de que eran torturados”, del ruido del tren, y del “escándalo”.

–¿Puede explicarme qué quiere decir cuando dice escándalo? –preguntó el fiscal Guillermo Friele.

–Es que estaban los presos ahí tirados, los gritos, alguna vez hubo una fiesta ahí con mucho escándalo, como si estuvieran todos borrachos, todo el tiempo eran escenas de mucha agresividad.

Ana María está convencida de que un día después de esa fiesta comió la única comida. Normalmente les daban un pedazo de pan, si se los daban, pero ese día hicieron un guiso, creo, dijo, “con las sobras del día anterior, porque en la comida había escarbadientes, chapitas, por lo menos a mí me tocó un escarbadientes”. Poco más tarde, habló de la persona que habría preparado ese guiso, lo nombró como el “Jovato”, el alias de Aníbal Gordon.

En medio de otro escándalo, esta vez discusiones entre argentinos y uruguayos por parte del botín, se montó el operativo clandestino para llevar a un grupo de uruguayos de regreso a su país.

Varios testigos ya hablaron del edificio de la SIDE uruguaya en Boulevard Artigas, en Montevideo. Explicaron que pasaron de visita los militares argentinos. Ella lo repitió. También habló de Claudia García Iruretagoyena, madre de Macarena Gelman y nuera del poeta Juan Gelman. “La guardia hablaba de una mujer embarazada, una noche hubo movimientos para que llamen a una ambulancia, decían que había que llevarla al hospital militar, que si no se apuraban el bebé iba a nacer adentro”. El bebé volvió. “Me dijeron –dijo ella– si yo sabía preparar una mamadera porque sabían que yo tenía hijos chicos y se sentían llantos de un bebé.”

Cuando a ella la secuestraron, pudo ver a sus captores porque no tenía los ojos vendados. Ayer mencionó sus alias. Habló del Flaco, de Ronco o Guglielminetti y de Paqui u Osvaldo Forese, a quien luego vio dentro del centro, al que describió como otro de los escandalosos: “Cuando estaba él, el clima en el centro clandestino era de un terror bastante grande”.

Ronco seguía ahí, en la audiencia. También Pajarovich. A pedido del fiscal, ella revisó una carpeta de fotos viejas. Señaló a Paqui, a Ronco y a Pajarovich.

–Perdón, señora –le preguntó la defensa oficial de Martínez Ruiz–, si usted dice que adentro del centro estaba vendada, ¿cómo identificó a Pajarovich?

Ella respondió: –Por debajo de las vendas se veían algunas caras, puedo tener más o menos detalles, algunas las puedo reconocer, otras no.

Pajarovich había vuelto del baño. Los mocasines negros lustrados, el traje azul. Al lado estaba Eduardo Ruffo y contra la pared Eduardo Cabanillas.

Detrás, del otro lado del vidrio, cerca de los hijos de Ana María, dos mujeres de los represores seguían la audiencia. Cabanillas se dio vuelta durante la audiencia. La más arrugada de las dos, la de saquito color mostaza, decía una de las viejas militantes de la sala, es su mujer.

Ellos habían dejado de leer el diario La Nación, que hojeaban antes de la audiencia. Todo era silencio. Ana María dejó de hablar. El publico terminó de escucharla. Y aplaudió.

Sara Méndez, sobreviviente del Cóndor

Del juicio por los crímenes de Orletti al reencuentrto con su hijo tras 26 años. 

Fue secuestrada en Buenos Aires durante una operación conjunta del Plan Cóndor. Luego los militares la trasladaron a su país, Uruguay, en un vuelo clandestino, donde estuvo presa con la hoy primera dama. Un caso testigo.
   
Por Mercedes López San Miguel

Fue durante 26 años una madre buscando a su hijo robado por las dictaduras uruguaya y argentina. A su hijo de veinte días se lo quitaron no bien irrumpieron en su casa de Belgrano en julio de 1976. Sara Méndez, que es uruguaya, fue llevada al centro clandestino Automotores Orletti durante una operación conjunta del denominado Plan Cóndor. Luego los militares la trasladaron a su país en un vuelo clandestino. Más tarde estuvo presa en el penal de Punta Rieles con Lucía Topolansky, la esposa del hoy presidente José Mujica. En 2002 pudo ver el rostro ya adulto de su hijo Simón. Sara Méndez contó su historia a Página/12 tras declarar en el juicio oral por los crímenes de Orletti. Enumeró a los implicados argentinos que ella pudo reconocer: el ex jefe de la SIDE Otto Paladino, a Aníbal Gordon y Eduardo Ruffo. Del lado uruguayo, Méndez reconoció al teniente coronel Rodríguez Buratti –quien se suicidó hace cuatro años–, al hoy procesado José Nino Gavazzo y al capitán Manuel Cordero.

La noche del 13 de julio quedó grabada en la memoria de Sara Méndez. “Unas quince personas de civil entraron a mi casa rompiendo puertas. Yo estaba con mi bebé y una compañera que militaba en la izquierda como yo. Tomaron posesión de las dos plantas y ahí mismo empezó el interrogatorio y la tortura para que digamos direcciones y nombres de otros uruguayos que estaban viviendo en Buenos Aires. Mi marido, Mauricio Gatti, no iba a llegar esa noche. Nino Gavazzo y Rodríguez Buratti comandaron el operativo.”

Los militares se quedaron con su hijo. “Cuando agarro a Simón en mis brazos me dicen que lo deje, que no lo puedo llevar conmigo. ‘No se preocupe señora’ –lo recuerdo como algo grotesco de quienes ya me habían golpeado e insultado–. Al niño no le va a pasar nada porque no es una guerra contra los niños.”

Sara Méndez militaba en el Partido de la Victoria del Pueblo que se había reorganizado en Argentina. “Se conforma un frente de lucha contra la dictadura acá, desde el exilio. Lo paradójico es que el partido se rearme en el exilio y el régimen argentino le aplica un golpe rotundo.” Ella dice que no usó armas nunca.

A Sara la trasladaron al centro clandestino Automotores Orletti, en donde estuvo –cree– diez días. “El lugar quedaba en el Bajo Flores, donde por delante pasaba el tren y detrás había una escuela. Ese pozo o chupadero, como le dicen acá, era un lugar de tortura y exterminio. En algunos casos si no lo mataban allí, lo sacaban y ya estaba la desaparición forzada como método represivo. Yo fui secuestrada, no me dieron información, no pude ver a mi familia.”

Al otro día de su secuestro su marido Mauricio tuvo indicios de que algo andaba mal. La familia Méndez, alertada por aquél, empieza a buscar a Simón y a ella. Su padre se trasladó a Argentina y junto con gente del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los refugiados –Acnur– realizaron la búsqueda. Mauricio Gatti murió en 1991.

Sara Méndez recuerda el montaje de su detención en Uruguay. “Fuimos trasladados 24 personas de Buenos Aires a Montevideo. El hermano de mi marido, Gerardo Gatti, quedó en Automotores Orletti. Nos llevaron en lo que hoy se llama el primer vuelo. Estuvimos cuatro meses como desaparecidos en sedes clandestinas. Luego alquilaron una casa en un balneario y habitaciones en hoteles céntricos de Montevideo, hicieron documentos falsos a gente que se parecía físicamente a nosotros y los mandaron a registrarse en esos lugares. Simularon que habíamos entrado al país por nuestros propios medios. Ahí empezó el montaje. Y luego nos ‘van a detener’ como si estuviéramos parando en esos lugares. Fue una falsa detención en octubre de 1976. Nos llevaron a la Justicia militar, con las actas fraguadas y nos procesaron. Hoy sabemos que entre nuestro secuestro y la detención falsa hubo un segundo vuelo con otros uruguayos.”

Luego Sara fue llevada por el mismo Nino Gavazzo al penal de Punta Rieles, en Montevideo, en donde estuvo cuatro años y medio. Allí conoció a quien hoy es primera dama de Uruguay, Lucía Topolansky.

“Eramos compañeras. Estaba también su gemela María Elia. Comíamos juntas, hacíamos actividades de estudio, aprendíamos de la especialidad de la otra. Yo era maestra, Lucía estudiante de arquitectura. María Elia sabía mucho de física. Hacíamos intercambio de conocimiento. Estaba prohibido hacer gimnasia, así que nos turnábamos para poder hacer ejercicio. Las cartas se tenían que leer en voz alta, con lo que sabías todo de la otra. Eran cárceles en donde se ponían en práctica métodos sofisticados: debilitar el ser político. No teníamos ninguna información de lo que pasaba en el mundo, vestíamos uniformes, nos llamaban por un número, era una militarización. Una despersonalización. Las visitas eran escuchadas. Había situaciones de riesgo, estados de alarma, teníamos que hacer cuerpo a tierra.”

En la primera visita que recibió Sara Méndez en la cárcel se enteró de que su familia no había logrado ubicar a Simón.

Sara salió de prisión tras cumplir su condena casi cinco años después. Eso sí, bajo libertad vigilada. Todavía Uruguay estaba bajo el régimen militar –la democracia llegaría en 1985–. “Tuve que dar mi domicilio, no podía salir de Montevideo sin autorización, me hacían visitas. Me contacté con lo que era el germen de Abuelas de Plaza de Mayo en Argentina. Chicha Mariani guardó los datos de un niño pelirrojito como Simón en un tarrito de lata y lo enterró. Después no lo pudo encontrar.”

Por ese tiempo Sara se iba a ilusionar con que ya había encontrado a su hijo. Estuvo diez años para conseguir que la familia del menor que había sido dejado en el Hospital Norte aceptara hacerle un ADN. Dio negativo. “Tuve que empezar la búsqueda de nuevo.”

A raíz de una investigación que realizaron el periodista Roger Rodríguez y el político Rafael Michelini dieron con un ex policía que era quien adoptó a Simón. “Estoy convencida de que ese señor sabía que era un bebé robado”, afirma Sara y agrega: “Michelini habló con el ex policía y éste le dijo que iba a contarle a Simón sobre su adopción y que lo buscaba su madre”. Simón, con 25 años, se hizo el ADN y se reencontró con su madre.

–¿Cómo fue ese momento?

–Mi vida era la búsqueda. Yo me encontré a un hijo que ya era un adulto. Cuando lo encontré cambió todo para mí. Viajo cada dos meses, o viaja él. El tuvo resistencia a asumir la historia.

El caso del secuestro de Simón está comprendido en la Ley de Caducidad, una norma que impide el juzgamiento de militares y policías acusados de violaciones a los derechos humanos. Hoy el oficialismo uruguayo impulsa un proyecto en el Congreso para interpretar algunos artículos de la norma. “Todavía no se avanzó en nada. El proyecto de ley no lo conoce la ciudadanía”, afirmó Sara. Y destacó el rol del centroizquierda. “Con los gobiernos blanco y colorado toda causa quedaba comprendida en la Ley de Caducidad. Desde que asumió el Frente Amplio comenzaron los procesamientos a los militares.”

Pintadas como "aquí se ajustició a asesinos zurdos", aparecen en ex centro represivo Orletti

Denuncian en Argentina intimidación a testigos en juicio contra represores de la dictadura

Stella Calloni
Periódico La Jornada

Buenos Aires 7 de septiembre. Legisladores de la ciudad de Buenos Aires, junto al Instituto Espacio para la Memoria (IEM), que nuclea a organismos de derechos humanos y otras instituciones similares, repudiaron enérgicamente las inscripciones intimidatorias y pintadas en la fachada del Centro Clandestino de Detención y Torturas Automotores Orletti, una de las principales sedes de la Operación Cóndor aquí, en momentos en que avanza el juicio contra los responsables de los crímenes de lesa humanidad cometidos allí.

El 31 de agosto pasado, el frente del edificio y un muro ubicado en el terreno aledaño fue empapelado durante la noche con afiches que llevaban la firma de Radio Aramburu y expresaban en tiempo pasado : "Atención. Ayer las guerrillas terroristas con conexión internacional iniciaron una guerra contra el pueblo de la Nación Argentina para tomar el poder e instalar un sistema comunista".

Otras leyendas como "aquí se ajustició a terroristas asesinos" o "asesinos zurdos", quedaron allí como un desafío, no sólo a los sobrevivientes de Orletti y sus familiares, sino también a los vecinos del barrio.

Este centro clandestino fue calificado como "un verdadero infierno" por una de las sobrevivientes en su testimonio en el juicio que comenzó el pasado 3 de junio ante el Tribunal Oral en lo Federal Número 1.

En esta causa se juzga a seis militares, policías y agentes de seguridad acusados de secuestros, privación ilegal de la libertad, imposición de tormentos y homicidio calificado, en perjuicio de 65 víctimas, de una cantidad mucho mayor que pasó por el lugar .

Hace un tiempo este periódico dio cuenta del momento emocionante de la recuperación de este sitio del horror, con la visita de algunos de los sobrevivientes, la mayoría de ellos uruguayos. Enclavado en el barrio porteño de Floresta, Orletti es uno de los símbolos del terror, donde desaparecieron argentinos, uruguayos, chilenos, paraguayos, bolivianos y dos diplomáticos cubanos secuestrados aquí durante la pasada dictadura, entre otros.

Aunque ya hubo algunas otras acciones amenazantes ésta es considerada la más grave, por lo que significa este ataque nocturno contra un lugar que ya ha sido recuperado para la memoria. También la Secretaría de Derechos Humanos al condenar señaló en un comunicado que "todas estas acciones nos conducen a no claudicar y a continuar fortaleciendo las políticas de Estado que se vienen implementando sobre la base de los pilares de Memoria, Verdad y Justicia".

Añade que para los responsables de los delitos de lesa humanidad es "inconcebible" que se estén llevando adelante los juicios”.

También se suman otras agresiones similares en los centros clandestinos de La Perla, en Córdoba, y la ex jefatura de policía en la ciudad de Tucumán, así en La Casona, sede de la Secretaría de Derechos Humanos de Río Negro, en el sur.

Entre lo seis acusados que son juzgados algunos lo son por primera vez como el ex agente de inteligencia del ejército Raúl Guglielminetti, conocido como "mayor Gustavino",quien también intervino en Centroamérica en los años 80 contra Nicaragua.

Los otros acusados son el ex vicecomodoro de la fuerza aérea, Néstor Guillamondegui; el ex coronel del ejercito Rubén Visuara, el ex general Eduardo Cabanillas y los ex agentes de la Secretaría de Inteligencia del Estado, Honorio Martínez Ruiz y Eduardo Ruffo.

Se considera el juicio de Orletti es uno de los más importantes por el trágico simbolismo de haber sido sede de la Operación Cóndor, la coordinadora criminal de las dictaduras del cono Sur establecida entre los años 70 y 80. En las últimas semanas han pasado varios uruguayos por el tribunal entre ellos, dos jóvenes que fueron robadas a sus padres y luego recuperadas como es el caso de Macarena Gelman, cuyo padre Marcelo fue asesinado en torturas en Orletti y luego arrojado en un tonel con cemento en el fondo de un río donde luego fue encontrado.

Su madre María Claudia García fu trasladada en uno de los vuelos ilegales entre Argentina y Uruguay en el marco de la Operación Cóndor, cuando estaba embarazada de seis meses.

La mantuvieron en otro centro clandestino de Montevideo hasta que dio a luz y luego le robaron a la niña que fue encontrada en el año 2000, en una intensa búsqueda, en la que su abuelo el escritor Juan Gelman buscó y obtuvo un amplio respaldo internacional.

Asimismo Carla Artés la primera nieta recuperada por Abuelas de Plaza de Mayo, que vive en España y por primera vez se enfrentó en el tribunal con quien la había secuestrado y apropiado el ex agente, Eduardo Ruffo.

Recientemente asistimos al testimonio de Macarena Gelman y se pudo ver otra acción amenazante que también se denunció. Los familiares de los acusados se ubican en los pasillos por donde deben transitar las víctimas sobrevivientes o sus familias en el tribunal y los hostigan con palabras e insultos. Incluso se ha visto a un hombre tomando fotos de los que van al juicio.

Esto llevó a los directivos del IEM a denunciar los hechos ante los tribunales para tomar medidas urgentes.

Fue importante el testimonio de la uruguaya Sara Méndez, conocida en el mundo por la búsqueda de su hijo Simón Riquelo que tenía sólo 20 días cuando la secuestraron y se lo arrebataron y encontrado finalmente después de una dramática búsqueda en 2002 en manos de un ex comisario argentino y su familia.

Los camaristas Adrián Grunberg, Oscar Amirante y Jorge Gestas tiene previsto escuchar más de un centenar de testimonios, mientras que la acusación es presentada por la Unidad para Causas por Violaciones a los Derechos Humanos durante el Terrorismo de Estado.

Como querellantes intervienen la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, y abogados de organismos de humanitarios y familiares de víctimas.

De acuerdo a la investigación del juez federal Daniel Rafecas, Orletti estuvo bajo la órbita de Aníbal Gordon el fallecido ex jefe de la parapolicial Triple A que actuó entre 1974 y 1976, continuando luego insertada en la dictadura que llegó al poder el 24 de marzo de este último años, para quedarse hasta 1983.

Gordon dependía funcionalmente de la Secretaria de Inteligencia del Estado, a cargo entonces de Otto Paladino, que también falleció.

Esta causa es un desprendimiento de la megacausa que investiga delitos de lesa humanidad cometidos en el ámbito del Primer Cuerpo del Ejercito, reabierta tras la derogación de las leyes de Obediencia Debida y Punto Final.

En un impactante testimonio Sara Méndez advirtió sobre la posibilidad de que existan, "muchos más niños" hijos de ex detenidos argentinos en su país , así como uruguayos aquí.

Sara reconoció entre sus secuestradores a los argentinos que actuaron en Orletti, como Palsdino y Gordon, pero también al ex agente Eduardo Ruffo.

Además de Sara, declaró la uruguaya Mónica Soliño Platera, que se había refugiado en Buenos Aires en 1974 y ambas se refirieron a la presencia y asesinato en Orletti de Carlos Santucho, hermano de Mario Roberto Santucho, jefe del Ejército Revolucionario del Pueblo.

También mencionaron el calvario de Manuela Santucho, la hermana, y de Cristina Navajas, la esposa de Carlos. El tratamiento dado a Santucho fue uno de los más aterradores que se recuerden en Orletti. De hecho casi toda la familia Santucho fue desaparecida.

Los relatos en este juicio son escalofriantes. En ese espacio reducido en ese "enclave del horror" era imposible no ser testigos de los crímenes de lesa humanidad cometidos allí..