El Plan ideado para la represión regionalAceptan como querellante al Frente Amplio en juicio en Italia
El Frente Amplio de Uruguay se convirtió en el primer partido político extranjero en participar como querellante en una causa en Italia, luego de que la Justicia de este país admitiera a la coalición como parte acusadora en el llamado Plan Cóndor, que juzga a 35 imputados por la desaparición de 23 italianos durante las dictaduras en el Cono Sur.
La decisión, adoptada por el juez romano Alessandro Arturi, alcanza al Frente Amplio y a los estados de Italia y Uruguay para que se constituyan como parte acusadora en el juicio de 17 uruguayos, 12 chilenos, dos bolivianos y cuatro peruanos, miembros de las juntas militares y servicios de seguridad de sus respectivos países entre los años 1970 y 1980.
Los procesados están acusados de la desaparición de 23 italianos a manos de los aparatos represivos de las dictaduras del cono sur que actuaron de manera coordinada para eliminar opositores a cualquiera de estos regímenes que se encontraran en cualquiera de estos países, plan de exterminio conocido como Plan Cóndor.
En la audiencia preliminar, que comenzó hoy en el Tribunal de lo Penal de Roma y continuará el próximo 22 de noviembre, Arturi desestimó, por otra parte, como querellantes al Partido Demócrata (PD) italiano y a la región italiana de Emilia Romaña (centro-norte) por no tener "conexión inmediata con las personas involucradas", según fuentes consultadas por la agencia EFE.
En Uruguay, en tanto, dirigentes del Frente Amplio y familiares de las víctimas manifestaron su "satisfacción" por la decisión de la Justicia italiana.
Uno de los vicepresidentes del FA, el senador Rafael Michelini, expresó a Télam la "importancia" del paso que dio Arturi de aceptar por primera vez a un partido político extranjero como parte acusatoria, en este caso junto a los estados de Italia y Uruguay.
Michelini, hijo de Zelmar, diputado uruguayo secuestrado y asesinado en Buenos Aires en 1976 en el marco del Plan Cóndor, aseguró que "se trata de un gran paso para que se avance en la búsqueda de toda la verdad" y que demuestra "la lucha que se ha desarrollado desde el frente Amplio en la lucha por Justicia".
En coincidencia, se manifestó el otro vicepresidente de coalición gobernante, Juan Castillo, quien la calificó "de una gran noticia no sólo para el frente Amplio sino para Uruguay y la región".
"Hay mucho que la fuerza política puede aportar en la búsqueda permanente por la verdad y para que en algún momento se llegue a hacer Justicia", agregó.
El secretario político del Partido Socialista en Montevideo, Gonzalo Civila, expresó que la decisión de Arturi "es un verdadero avance en la lucha contra la impunidad".
"Es muy positivo que se reconozca a una fuerza política democrática para participar en un proceso de búsqueda de verdad y justicia teniendo en cuenta la cantidad de militantes de ese partido que sufrieron al Plan Cóndor durante los años setenta", apuntó Civila.
De todos modos, Castillo marcó la "paradoja" de que se haya dado un "impulso a la Justicia" desde otro país mientras "en Uruguay no se ha avanzado todo lo que hubiésemos querido".
"Hemos tenido avances pero también hay golpes en contra. No hemos avanzado todo lo necesario, porque hemos tenido reacciones en contra", criticó.
Castillo destacó, sin embargo, que "hay que celebrar esta noticia, más allá de que en nuestro país la Suprema Corte de Justicia no contribuye a esta búsqueda de la verdad con sus trabas a algunos procesos", aseveró.
Una de los familiares de las víctimas, Cristina Mihura, cuyo esposo, Armando Bernardo Arnone, desapareció en Argentina, expresó también su satisfacción por la celebración de esta audiencia preliminar.
"Este proceso se inició hace más de diez años. Ha sido muy difícil y complicado y por eso necesitamos la ayuda de todos. Todavía hoy sigo sin saber dónde están los restos de mi marido y de sus compañeros", declaró.
Dos de los 35 acusados, el militar chileno Odlanier Rafael Mena Salinas y el expresidentes uruguayo Juan María Bordaberry Arocena, ya fallecieron.
Entre los acusados uruguayos están el exdictador Gregorio "Goyo" Álvarez, encarcelado en su país desde 2007 por violaciones de los derechos humanos durante el régimen militar (1973-1985), presidente de facto de 1981 a 1985.
La Operación Cóndor, un plan ideado por el chileno Augusto Pinochet, coordinó la represión de la oposición política en las décadas de 1970 y 1980 por parte, sobre todo, de los regímenes dictatoriales de Chile, la Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay y Bolivia.
LA CAMARA DE CASACION CONFIRMO LAS CONDENAS DE CABANILLAS, GUGLIELMINETTI Y MARTINEZ RUIZ
Los represores de la SIDE y Orletti
El tribunal convalidó las penas de prisión perpetua, 20 años y 25 años de prisión. No debió pronunciarse sobre Eduardo Alfredo Ruffo, porque el represor desistió de su derecho de apelar.
Raúl Guglielminetti fue agente civil del Batallón de Inteligencia 601.
La Cámara Federal de Casación Penal confirmó esta semana tres condenas por delitos de lesa humanidad en el centro clandestino Automotores Orletti durante la última dictadura. La Sala IV del máximo tribunal penal rechazó los recursos interpuestos por las defensas de Eduardo Rodolfo Cabanillas, Raúl Antonio Guglielminetti y Honorio Carlos Martínez Ruiz y confirmó las penas de prisión perpetua, 20 años y 25 años de prisión, respectivamente, que les impuso el Tribunal Oral Federal 1 en marzo de 2011. Casación no debió pronunciarse sobre el cuarto condenado, el ex agente de la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE) Eduardo Alfredo Ruffo, porque el represor desistió de su derecho de apelar la condena. La confirmación de la sentencia por parte de la sala que integran los jueces Juan Carlos Gemignani, Mariano Hernán Borinsky y Gustavo Hornos es la sexta en causas por delitos de lesa humanidad en lo que va de 2013.
El fallo que dictaron hace dos años y medio los jueces Jorge Gettas, Adrián Grumberg y Oscar Amirante dio por probada la privación ilegal de la libertad de 65 víctimas del Plan Cóndor, como pasó a la historia la coordinación represiva entre las dictaduras del Cono Sur en la década del 70. En el proceso se probó además la aplicación de tormentos contra sesenta víctimas y cinco homicidios agravados por alevosía. Los delitos tuvieron como epicentro el centro clandestino Automotores Orletti, que funcionó en un taller mecánico de Flores alquilado por la SIDE, de la que dependía el lugar de detención.
Guglielminetti, agente civil del Batallón de Inteligencia 601 del Ejército, es el más conocido de los represores de Orletti, sobre todo por su trayectoria posterior: el “Mayor Guastavino”, tal su alias en los ’70, se dedicó en los últimos años de la dictadura y en los primeros de la democracia a los secuestros extorsivos. También fue custodio del ex presidente Raúl Alfonsín e integró la oficina de inteligencia paralela del gobierno radical, conocida como Grupo Alem. La ley de obediencia debida no le permitió zafar de su detención por tenencia de armas de guerra, que se prolongó hasta 1989. En agosto de 2006, el juez federal Daniel Rafecas lo volvió a detener por su actuación en el circuito represivo Atlético-Banco-Olimpo, hechos por los que fue condenado en 2010 a 25 años de prisión. Luego llegaría la condena por Orletti, a la que se sumó otra en Neuquén, donde también prestó servicios como enviado del Batallón 601.
El entonces capitán Cabanillas, que a fines de los ’90 llegó a comandar el Segundo Cuerpo de Ejército y se retiró como general, fue jefe de la base Operaciones Tácticas 18 de la SIDE, de la que dependía Orletti, y había sido detenido por primera vez en septiembre de 2006, luego de treinta años de impunidad.
Martínez Ruiz, alias “Pájaro”, había sido detenido un año antes, en 2005, por el robo de cajas de seguridad del Banco Nación. Fue integrante de la Triple A de Aníbal Gordon, que murió cuando todavía reinaba la impunidad, y agente de inteligencia de la SIDE. Idénticos pergaminos tuvo Ruffo, alias “Zapato”. La marca distintiva de su prontuario es la condena por la apropiación ilegal de Carla Rutilo Artés, hija de Graciela Rutilo, quien fue secuestrada en Bolivia, entregada a militares argentinos y vista por última vez en Orletti. Ruffo también siguió en la SIDE tras el retorno de la democracia, al servicio de Hugo Anzorreguy. El gran ausente en la sentencia fue el coronel Rubén Víctor Visuara, que también estaba en el banquillo de los acusados pero murió poco antes de que comenzara la etapa de alegatos.
