Denuncian en Argentina a dos exdictadores uruguayos por violación a DDHH

Un exdetenido uruguayo denunció este jueves penalmente ante la justicia argentina a dos expresidentes, varios diplomáticos y militares de su país por participar en el Plan Cóndor de coordinación represiva entre las dictaduras del Cono Sur en la década del 70.

"Presenté la denuncia que involucra a dos expresidentes, a dos exembajadores, cinco excónsules y nueve agregados militares además de otro medio centenar de represores que trabajaron en Buenos Aires entre las décadas del 70 y 80", dijo Sergio López Burgos a la salida de los tribunales.

Los dos exmandatarios de facto son Gregorio Álvarez (1981-1985), detenido en su país, y el fallecido Juan María Bordaberry (1973-1976), aunque en Argentina las causas penales caen en caso de muerte del acusado.

"Tengo muchas expectativas con esta denuncia, porque acá en Argentina hay una legislación clara que considera los delitos de lesa humanidad imprescriptibles", dijo López Burgos, quien vive en Montevideo.

López Burgos pidió además que se revoque la prisión domiciliaria a Manuel Cordero, único detenido uruguayo en Argentina por el Plan Cóndor, y entregó al juzgado de Norberto Oyarbide un video de la TV de su país donde se lo ve saliendo de su casa.

Según el denunciante, la embajada de Uruguay en Argentina funcionó como sitio de coordinación de secuestros, en base a maniobras de inteligencia sobre ciudadanos que se presentaban para hacer trámites como la renovación de pasaportes.

López Burgos aportó cajas de documentación sobre 123 casos de uruguayos secuestrados en Argentina y luego trasladados a su país, muchos de los cuàles están desaparecidos.

Se trata de testimonios y documentos encontrados en diferentes archivos oficiales de Uruguay "que demuestran que las órdenes para secuestrar uruguayos comenzaron en 1974", precisó López Burgos.

El denunciante estuvo detenido en Automotores Orletti, un centro clandestino de la dictadura argentina por donde pasaron víctimas del Plan Cóndor.

El juicio oral por la causa del Plan Cóndor aún no tiene fecha.

Desde la anulación en 2003 de las leyes de amnistía, en Argentina se reabrieron las causas por crímenes en la dictadura y se están llevando a cabo varios juicios simultáneos en todo el país

La historia del represor Cabanillas, condenado en la causa de Orletti

De a pedacitos apareció la verdad y llegó la justicia

La realidad completa de Cabanillas, uno de los oficiales que comandaba el campo de concentración de la Operación Cóndor, fue conociéndose por retazos que pudieron armarse después de las cartas públicas de Gelman. Los detalles.    
 Por Martín Granovsky

La condena a prisión perpetua del ex general Eduardo Cabanillas, el jueves último, es parte de una larga historia que ilustra cómo fue construyéndose socialmente la plataforma que permitió juzgar a todos los represores acusados por delitos de lesa humanidad. El inicio fueron las cartas públicas de Juan Gelman al entonces jefe del Ejército, Martín Balza, que Página/12 reprodujo en 1999.

En abril del ’99, Gelman había acusado a Cabanillas, que era general de división y jefe del Segundo Cuerpo con asiento en Rosario, como responsable mediato del robo de su nieta, la criatura de su hijo Marcelo y su nuera María Claudia, secuestrados en 1976 en el campo de concentración Automotores Orletti, en Venancio Flores y Emilio Lamarca, del que el entonces capitán era subjefe. Por sus acciones en Orletti es que fue condenado el jueves a perpetua.

Balza, que hoy es embajador en Colombia, llamó entonces por teléfono a Gelman y se puso a su disposición. Pero el camino hacia la Justicia civil debió remover muchas barreras de casta. Cabanillas intentó esquivar la Justicia gracias a la complicidad del Tribunal de Honor del Ejército, que lo investigó por dos “faltas”, definidas de este modo por el propio general de división:

n La primera, “faltar a la verdad al jefe del Estado Mayor del Ejército, a mis camaradas y a la sociedad en general, al negar mi participación en 1976 en un presunto lugar de reunión de detenidos”.

n La segunda falta, “ocultar y/o adulterar tal antecedente de mi legajo personal, para facilitar mis sucesivos ascensos”.
Contradicciones

Pero cuando aparecen papeles sostener una falacia es más complicado. Cabanillas dijo en 1999 ante el Tribunal de Honor que él nunca había ocultado la verdad, ni siquiera en la declaración que prestó en 1977 en un sumario militar. El dato clave es que el propio Gelman había aportado ese expediente. Allí Cabanillas reconoció que revistaba en un organismo llamado OT 18, dependiente de otro llamado OT 1, a cargo del teniente coronel Rubén Visuara. El general siempre negó que la OT 18 tuviera algo que ver con Orletti. Pero cuando se desató el escándalo, concedió un reportaje al diario La Mañana del Sur.

“Yo trabajé todo lo que era contrainteligencia”, dijo Cabanillas. “Se recibían en la SIDE nombres, gente que estaba trabajando en estas organizaciones defensoras de los derechos humanos. A partir de ahí, los grupos operativos, llámase Jardín o Automotores Orletti o los inorgánicos, operaban, sacaban gente y la ponían a disposición de la SIDE. Luego se les tomaba declaración y se los entregaba a la Justicia. Ese era el procedimiento que yo conocía.”
“Sin datos”

En cuanto al segundo cargo por el que Cabanillas intentó protegerse en el Tribunal de Honor, también es útil para dar cuenta de la transición democrática en la Argentina.

Tras la publicación de las cartas de Gelman, Página/12 consultó a la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos. Dos dirigentes, ya fallecidos, Alfredo Bravo y Simón Lázara, investigaron el caso y aportaron una conclusión valiosa para explicar por qué Cabanillas había podido seguir ascendiendo en democracia y sorteado todos los obstáculos en la Comisión de Acuerdos del Senado.

El truco era simple. Según la APDH, cada vez que el pliego del oficial llegaba al Congreso lo hacía con dos letras, s.d., que significa “sin datos”. Aludía al período en que Cabanillas había estado en comisión en la Secretaría de Inteligencia del Estado.

Frente al Tribunal de Honor declaró el general de brigada retirado Enrique Lusso, compañero en el Colegio Militar de Cabanillas y su amigo.

–No tenía actividades en ningún LRD –dijo Lusso como si todo el mundo entendiera–. LRD significa “Lugar de Reunión de Detenidos”. En castellano, campo de concentración.

El Tribunal formuló a Lusso sólo cuatro preguntas. Al coronel retirado Rubén Víctor Visuara le hizo siete. Igual a Visuara se le escaparon algunas precisiones. Dijo que no debía hablarse de OT 1 sino de A III 1 e informó que de él dependían un “grupo de apoyo a jefatura”, una “división reunión”, una “división interior”, una “división apoyo” y un “grupo guardia”.

En su conclusión, el presidente del Tribunal de Honor, Miguel Angel Viviani Rossi dijo que “Silva (es decir, el represor no militar subordinado a los militares Aníbal Gordon) y su gente operaban Orletti, pero revistaron o se ampararon en la OT 18”. Y que “Calmon y Cabanillas revistaron en la OT 18 pero no operaban ni conocían Orletti. El grupo Silva era operacional y secreto. La sigla, denominación o cartel OT 18 les venía bien para encubrir sus actividades. También les venía bien manifestar que la OT 18 tenía jefe y segundo jefe. Desviaban responsabilidades”.

Viviani Rossi aclaró que presidía “un tribunal de conciencia que se basa en la palabra de honor de todos los que declaran en este Tribunal Superior de Honor”, y dictó la absolución por este motivo: “Mi conciencia me dicta que el hoy general Cabanillas no faltó a la verdad cuando declaró sus actividades en la corta comisión que cumplió en la SIDE”.

Los generales retirados Alejandro Soria, Héctor Lubin Arias, Isaías García Enciso y Juan Mabragaña dieron su bendición.

Pero antes de esa decisión de casta, Balza decidió pasar a Cabanillas a disponibilidad, paso previo a su retiro, y pidió a la Justicia civil que investigara el tema.
A la Justicia

La decisión de Balza no tenía precedentes en ese momento. El propio jefe del Ejército enviaba a la Justicia federal el expediente del Tribunal de Honor sobre el general Eduardo Cabanillas. Y en otra decisión sin precedentes, la última página del expediente indicaba que Balza “no comparte” y “califica cuanto menos de excesivos” “algunos de los términos” de lo actuado por el Tribunal.

El documento, obtenido entonces por Página/12 en medios judiciales y publicado, tiene un párrafo que explica por qué todo el expediente puede interesarle a la Justicia. Dijo Balza: “Es criterio del suscripto que en el desarrollo de la investigación se habrían abordado aspectos que trascienden el marco fáctico que el específico campo del honor militar impone, motivo por el cual corresponde que tales antecedentes sean puestos en conocimiento del Juzgado Criminal y Correccional federal No 7 de la Capital Federal, a cargo del doctor Adolfo Bagnasco, por considerar que los mismos podrían resultar de interés en la causa que dicho magistrado instruye en relación a la desaparición de menores”.

Balza también evitó aprobar la absolución del Tribunal de Honor. El entonces jefe del Ejército consideró que como el Tribunal de Honor había absuelto a Cabanillas, era “inoficioso”, es decir superfluo e inútil, dictar una resolución especial que santificara a los santificadores de Cabanillas.

La entonces defensora del Pueblo porteño, Alicia Oliveira, una de las abogadas más experimentadas en causas de derechos humanos desde el primer día de la dictadura, también había tomado el tema como propio. Oliveira criticó que el Tribunal de Honor tuviera facultades para deliberar en secreto, que también fuera secreto el expediente y que hasta los términos exactos de la resolución final fuesen reservados. Para la abogada, la falta de control de los actos públicos es propia de sistemas tiránicos.

Alicia Oliveira llegó a advertir al entonces presidente Carlos Menem que si el expediente no se hacía público ella presentaría una demanda contra el Estado argentino ante el sistema interamericano de derechos humanos.

La publicidad de cada paso y la presión permanente de Gelman y de abogados y organismos de derechos humanos llevó a Balza para concluir, con su decisión de ese momento, que el honor militar no está por encima de las leyes y que la conciencia de un tribunal administrativo no basta para determinar la conciencia o la culpabilidad de un oficial sobre faltas mucho más severas que mentir.
Corporaciones

El Tribunal de Honor que absolvió a Cabanillas podría formar parte de un manual sobre corporaciones al margen de la ley. Nunca sancionó a nadie violar los derechos humanos pero sí castigó a oficiales que, incluso, antes de la autocrítica pública de Balza sobre el papel del Ejército, difundida en 1995, condenaron la represión durante la dictadura.

El Tribunal ni siquiera investigó por qué el entonces general de división sometido a su veredicto regalaba siempre un libro de la Agrupación Aunar, del represor Fernando Verplaetsen, que considera al Nunca Más un libro “anestesiante”. Balza consideró que regalar ese panfleto era, en sí misma, una causa suficiente para el pase a disponibilidad de un alto oficial. Fue ese hecho el que utilizó para separar a Cabanillas del Ejército y dejarlo sin protección ante la Justicia. Lo hizo por un radiograma comunicado al propio Cabanillas. Recién después lo informó al ministro de Defensa, Jorge Domínguez, que a su vez trasladó el dato a Menem.

“La misiva pública del señor Juan Gelman fue efectivamente conocida por mí en su oportunidad”, señaló ayer Balza en un texto que envió desde Colombia ante la consulta de este diario. “Habiendo comprobado la veracidad de las afirmaciones del distinguido poeta, procedí, en mi condición de máxima instancia jerárquica de la Fuerza, a relevar del mando al general Cabanillas y a disponer su pase a situación de retiro, aun con la oposición del entonces ministro de Defensa.”
Los castigados

Los ex capitanes José Luis D’Andrea Mohr, ya fallecido, y Federico Mittelbach, conocieron en cambio la severidad del Tribunal de Honor. En los primeros años de la democracia D’Andrea tildó de “heroicas” a las Madres de Plaza de Mayo y de “cobardes” a las juntas militares. Igual que Juan Jaime Cesio, un valiente oficial que siempre condenó la masacre de civiles, D’Andrea fue descalificado por “falta gravísima al honor”. Apeló ante Miguel Angel Viviani Rossi (el mismo portador de conciencia que absolvió la conciencia de Cabanillas) y éste interpretó que D’Andrea era “un soberbio y un irrespetuoso”. Después, el Consejo de Guerra tomó el expediente del Tribunal de Honor y le quitó el grado a D’Andrea. Ya como ex capitán, se dedicó a investigar, con resultados concretos, la desaparición de conscriptos durante la dictadura.

El Viviani Rossi del Tribunal de Honor era padre del Viviani Rossi que fue segundo de Cabanillas cuando el general ofendido en su honor era comandante del Segundo Cuerpo de Ejército. También es el mismo que, cuando presidía Salto Grande, bautizó las turbinas con el nombre de sus hijas.

En Uruguay la sentencia de Automotores Orletti choca con la ley de la caducidad

El Tribunal Oral Federal Nº 1 (TOF 1) de la Capital Federal dispuso la condena a "prisión perpetua" del general (r) Eduardo Cabanillas; 25 años de prisión de los ex agentes de la SIDE Eduardo Rufo y Honorio Martínez Ruiz, y 20 años de prisión del ex integrante del Batallón 601 de Inteligencia del Ejército, Raúl Gulielminetti.

En este sentido, las penas fueron graduadas por el nivel de participación de los cuatro integrantes del régimen dictatorial argentino, en la represión desatada en el centro clandestino de detención, según el fallo emitido por los ministros Adrián Grunberg, Oscar Amirante y Jorge Gettas.

Cabanillas, ex jefe de "Automotores Orletti", fue condenado como "participe necesario" penalmente responsable de cinco delitos de "homicidio calificado por su comisión con alevosía", 29 delitos de "privación ilegítima de libertad (...) agravadas por mediar violencia y amenazas" y de "imposición de tormentos" (torturas).

En tanto, Martínez Ruiz fue enjuiciado como "participe necesario" de 65 delitos de "privación ilegítima de libertad" y 60 casos de imposición de tormentos, mientras Ruffo fue condenado por los mismos delitos, pero en calidad de "coautor". Por su parte, Guglieminetti, alias "mayor Guastavino", fue condenado por 25 delitos de "privación ilegítima de libertad" y 21 casos de torturas. Todos los hechos fueron agravados por tratarse de ex funcionarios públicos.

El centro clandestino de detención "Automotores Orletti" estuvo bajo la órbita del fallecido ex jefe de la Triple A, Aníbal Gordon, y dependía funcionalmente de la SIDE, siendo uno de los centros de operaciones de los servicios represivos uruguayos para la persecusión de exiliados políticos en Argentina.

Por las entrañas de OT 18 desfilaron unos 200 presos políticos de diversas nacionalidades, entre ellos, decenas de uruguayos víctimas de la represión trasnacional desatada, en el marco del "Plan Cóndor". Una treintena de uruguayos declararon en el juicio oral.
 
Un poco de paz
Macarena Gelman, hija de Marcelo Gelman y María Claudia García, ambos víctimas de la represión desatada en "Orletti", aseguró que el fallo del TOF 1 "colabora a tener un poco más de paz". "Es un tramo del juicio que fue cumplido, hemos obtenido un poquito más de justicia (pero) esto sigue y uno puede estar tranquilo que estas causas puedan tener un buen desenlace".

En este sentido, Gelman afirmó que el actual desenlace se produce porque en Argentina los juicios por los crímenes de la Dictadura fueron declarados como "una política de Estado". "En Uruguay lamentablemente no existen políticas de Estado (en materia de derechos humanos), lo que no significa que no se haga nada, pero es insuficiente", señaló.

Empero, la búsqueda de verdad y justicia torna necesario impulsar una política integral en materia de investigación de los crímenes de la Dictadura. "No es que sacando la Ley de Caducidad, mágicamente, todo se va a hacer. Esto lleva trabajo", dijo. Eduardo Cabanillas estuvo directamente vinculado con el crimen de Marcelo Gelman, en tanto Honorio Martínez Ruiz visitó a Maria Claudia García, cuando ya había sido trasladada clandestinamente al Uruguay.

Otros parientes de los desaparecidos durante la Operación Cóndor aplauden al escuchar el veredicto

Eduardo Cabanillas, Honorio Martínez Ruiz, Eduardo Alfredo Ruffo y Raúl Guglielminetti fueron condenados por su participación en un centro clandestino donde fueron alojados decenas de sudamericanos víctimas del Plan Cóndor.

El ex general Eduardo Cabanillas fue condenado a prisión perpetua por ser el responsable del centro de represión “Automotores Orletti", que funcionó entre junio y noviembre de 1976 durante la dictadura (1976-1983) y por el cual pasaron víctimas del Plan Cóndor.

Además, el Tribunal argentino sentenció al ex policía del servicio de inteligencia Raúl Guglielminetti a 20 años de cárcel y a los agentes civiles de inteligencia Eduardo Ruffo y Horacio Martínez Ruiz a la pena de 25 años de cárcel cada uno, por secuestros y torturas.

El centro de exterminio funcionó entre junio y noviembre de 1976, en plena dictadura argentina (1976-1983), en un ex taller mecánico conocido como “Automotores Orletti” en el barrio de Floresta. Fue alquilado por la secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE) y los militares lo llamaban sarcásticamente "El jardín". El local, donde hoy funciona un centro para la memoria, cerró luego de que una pareja de secuestrados pudo huir en medio de un tiroteo y exiliarse en México.

La esencia del Plan Cóndor "estuvo presente a lo largo del juicio con testimonios y documentación, entre ellos, un responsable de los documentos desclasificados del Departamento de Estado, Carlos Osorio. De su testimonio surge claramente el plan criminal elaborado por las dictaduras sudamericanas", declaró Rodolfo Yanzón, uno de los abogados de la querella.

Yanzón señaló que han pedido la pena máxima de prisión perpetua, para el general retirado Eduardo Cabanillas, y de 25 años de cárcel para tres ex policías y agentes de inteligencia que actuaron en el centro clandestino.

"Por Automotores Orletti pasaron más de un centenar de opositores sudamericanos, la mayoría uruguayos, pero también chilenos, bolivianos, peruanos y dos funcionarios de la embajada de Cuba. Muchos testimonios denunciaron que militares de otros países los torturaban" en ese centro de detención, declaró el abogado.

En este juicio se ventila el homicidio, entre otros, del hijo del poeta y periodista argentino Juan Gelman, Marcelo, cuyos restos aparecieron en 1989 dentro de tambores hundidos en el Río Luján, ubicado a 60 km al oeste de Buenos Aires.

En cambio, no incluye el secuestro y desaparición de María Claudia García, la nuera del poeta quien tenía 19 años y estaba embarazada de siete meses cuando fue trasladada clandestinamente desde Orletti a Montevideo, donde dio a luz a Macarena, apropiada por un policía uruguayo y que recuperó su identidad en 2000.

UN SISTEMA ENTRE LAS DICTADURAS REGIONALES

El Plan Cóndor fue un sistema de coordinación en el cual las dictaduras sudamericanas intercambiaban información y, en muchos casos, realizaban operativos conjuntos para la detención o desaparición de opositores en sus respectivos territorios.

En Argentina, además del juicio por el centro Orletti, hay una causa abierta que ventila en forma directa las violaciones a los derechos humanos en el marco del Plan Cóndor que tiene como víctimas a 16 argentinos, 48 uruguayos, 13 paraguayos, 9 bolivianos, 21 chilenos, un ecuatoriano y un peruano, según la fiscalía del caso.

Un militar retirado uruguayo, Manuel Cordero, acusado de participar de actos represivos en territorio argentino en la década de 1970, fue extraditado de Brasil a Argentina a comienzos de 2010.

LA LEY DE CADUCIDAD DE URUGUAY

Luego de la dictadura de 1973 a 1985, el gobierno uruguayo sancionó la llamada Ley de Caducidad de la Pretensión Punitiva del Estado, por la cual el Estado renunciaba a investigar y condenar las violaciones a los derechos humanos. La norma obliga a los jueces a consultar al Poder Ejecutivo qué casos de violaciones de los derechos humanos pueden ser juzgados y cuáles no.

En Montevideo, más de cien personas que se congregaron en la embajada argentina para escuchar el fallo argentino -transmitido en vivo, al aire libre y a través de una pantalla gigante- recibieron la noticia con discretas reacciones y algunos abrazos.

"Este juicio tenía una carga muy importante, estaba relacionado directamente, además de con el cautiverio de mis padres, con el asesinato de mi papá y fundamentalmente con la condena de Cabanillas", declaró Macarena Gelman, nieta del poeta Juan Gelman, cuyo padre desapareció durante la dictadura argentina.

POLITICA

Sobrevivientes uruguayos reconocen a la Argentina por hacer justicia

Sobrevivientes uruguayos de "Automotores Orletti" expresaron hoy en Montevideo su reconocimiento hacia la Argentina, por hacer justicia con la condena a cuatro represores de ese centro clandestino de tormentos y exterminio de la última dictadura militar, dictada ayer.

"Viví la sentencia de buena gana, no voy a decir que disfrutando, porque no disfruto con la cárcel de nadie. Pero sí me alegró muchísimo que se haga justicia, y que se empiecen a aclarar las cosas, por lo menos en la Argentina", dijo a Télam Alicia Varela.

La ex detenida-desaparecida señaló que "este juicio en particular tiene que ver con nuestros compañeros (uruguayos) que están desaparecidos y bueno, sueño con que esto siga avanzando, que estas cosas sean puntas para seguir investigando y que se sepa la verdad, que es lo que todos estamos buscando".

Sergio López Burgos, secuestrado en Orletti en la época del denominado "primer vuelo", uno de los traslados ilegales de prisioneros políticos de Buenos Aires a Montevideo, sostuvo que estas condenas "son un capítulo que sana el dolor de las víctimas y que da un mensaje a la sociedad argentina, también".

"Y creo que otra gente también va a ser detenida a partir de esta causa, lo que permite un trabajo más fluido, sin presionar los plazos judiciales", estimó en línea con los otros sobrevivientes del terrorismo de estado entrevistados por esta agencia.

López Burgos recordó que "Orletti era un centro donde operaban unas 100 personas y entre los represores que hay detenidos en Uruguay y en Argentina suman 16 o 17. Algunos de los responsables murieron pero otros siguen estando afuera".

Camuflada como taller mecánico en una casona del barrio porteño de Floresta, Orletti fue base operativa del Plan Cóndor, la coordinación represiva de las dictaduras del Cono sur que en los `70 y `80 persiguió, secuestro, torturó y asesinó a opositores políticos como una "trasnacional" del terrorismo de estado.

Por el tenebroso centro clandestino pasaron unos 200 detenidos-desaparecidos argentinos, uruguayos, chilenos, bolivianos, peruanos y de otras nacionalidades, entre ellos también dos diplomáticos cubanos secuestrados en Buenos Aires.

López Burgos evocó la reapertura en 2005 de la causa en Buenos Aires, en la que fue parte de unos 30 testigos uruguayos, y anticipó a Télam que prepara con compatriotas otra presentación ante la Justicia argentina por el Plan Cóndor, con documentación que reunieron durante cuatro meses en la Cancillería de su país.

"Aparecen datos sorprendentes que muestran que (la coordinación represiva de las dictaduras) estaba mucho mejor armada de lo que se pensaba", y que utilizaba "tanto canales militares como diplomáticos", explicó sobre esa evidencia reunida.

"Lo importante es continuar la política de derechos humanos, que no haya impunidad y juzgar a los responsables con todas las garantías democráticas, porque faltan todavía muchos otros capítulos", apuntó.

"Realmente se está haciendo justicia en la Argentina. Y se siente un gran pesar porque nosotros cotejamos qué es lo que está pasando todavía en nuestro país", expresó a su vez Beatriz Barboza, también secuestrada en Orletti a fines de los años `70.

Testigo en causas por violaciones a los derechos humanos desde hace 25 años, también en la que culminó esta semana, en Buenos Aires, Barboza agregó que "se está llegando a algunas verdades y sobre todo se está haciendo justicia con los responsables de una masacre que nos tocó a los uruguayos pero que diezmó a tantos argentinos".

"Para nosotros es fundamental reconocer la labor del gobierno argentino en este campo, la labor de los jueces y el Estado como tal en todo lo que significó el arropar a las víctimas, en todo lo que fue la contención de los uruguayos que fuimos allá a declarar, porque son momentos muy difíciles, en los que se tocan cosas muy delicadas de los sobrevivientes", concluyó.

Penas entre 20 años y prisión perpetua para sólo 4 represores de Orletti

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Una condena que atraviesa fronteras

Eduardo Cabanillas, Honorio Martínez Ruiz, Eduardo Alfredo Ruffo y Raúl Guglielminetti fueron juzgados por los crímenes cometidos en el centro de exterminio en el que operaba la SIDE y fue base del Plan Cóndor en Argentina.
   
 Por Alejandra Dandan
El fallo del Tribunal Oral Federal 1 dio por probada la privación ilegal de 65 víctimas.

Terminaban de oírse las condenas. Los cuatro acusados del centro clandestino que funcionó en Automotores Orletti se pararon después de escuchar la sentencia. En la parte de arriba de la sala, atiborrada sobre todo por las mujeres de los represores, se pusieron a cantar el Himno, como hacen en cada juicio. Abajo, en la sala, entre los pañuelos de las Madres de Plaza de Mayo, los hijos de los desaparecidos del centro de exterminio que fue base del Plan Cóndor en Argentina, entre los sobrevivientes, muchos llegados especialmente desde Uruguay, sonó el “Olé Olé” del “A dónde vayan los iremos a buscar”. Entonces, lentamente y en silencio empezaron a sonar, vivos, los nombres de los desaparecidos: ¡Gerardo Gatti! ¡Presente! ¡Dardo Zelarayán! Presente. ¡María del Carmen Pérez! ¡Presente! ¡Marcelo Gelman! ¡Presente!

El fallo del Tribunal Oral Federal 1, integrado por los jueces Jorge Gettas, Adrián Grumberg y Oscar Amirante, tuvo características históricas: entre otras cosas porque dio por probada la privación ilegal de 65 víctimas del Plan Cóndor, la coordinación represiva entre las dictaduras del Cono Sur. En términos generales, respondió además a los pedidos planteados por las querellantes de los organismos de derechos humanos que representan a las víctimas y al de la fiscalía de Guillermo Friele y Mercedes Soysa Reilly. Sólo en el caso de Raúl Guglielminetti la pena fue más leve: habían pedido 25 años de prisión y el TOF dio 20 años. Aun así, cada quien consideró que fue una de las condenas más duras: Guglielminetti, que era agente del 601 y operó en distintos centros clandestinos, estuvo en 1976 en Orletti, pero se lo juzgó por su actuación sólo durante cinco días. El TOF le imputó 20 años por 25 casos.

La lectura de la sentencia empezó minutos antes de las siete de la tarde. A esa altura se habían sentado los cuatro acusados. Eduardo Cabanillas, el único acusado con grado militar, ex general, que operó como jefe del OT18 –en la práctica el centro clandestino–, entró con traje y corbata, saludando como en un estadio, con los brazos en alto y tirando besos al aire. Lo siguieron Honorio Martínez Ruiz y Eduardo Alfredo Ruffo, los dos agentes de la SIDE, la mano de obra del centro de exterminio. Al final entró Guglielminetti, el agente del 601, ya condenado por su intervención en el circuito del Atlético Banco y Olimpo.

Arriba, entre las mujeres, Cecilia Pando le decía a una de sus colegas que se quedara en su asiento. La mujer estaba parada y a punto de armar un escándalo porque desde las pantallas veía entre el público a los pañuelos de las Madres de Plaza de Mayo. Metros atrás, murmuraba Bernardo Menéndez. Condenado a prisión perpetua en la causa de los Jefes de Area y quien sigue en libertad por cuestiones procesales, hasta hace unas semanas trabajó de abogado del ex militar Rubén Visuara, ahora muerto, pero quien fue jefe de Cabanillas en la estructura represiva que dependía orgánicamente de la SIDE de Otto Paladino.

Cuando todo el mundo ocupó su lugar, Gettas, presidente del tribunal, leyó la sentencia. Pese a que aún no se conocen los fundamentos, el TOF liberó a los represores de algunos cargos al parecer porque equiparó los tormentos sólo a la figura de la tortura física, una definición que los acusadores creen acotada porque no contempla aspectos como el encierro, la alimentación y las demás características que se les impuso a los prisioneros durante su cautiverio.
El fallo

Cabanillas fue condenado a prisión perpetua e inhabilitación absoluta y perpetua por cinco homicidios. Le imputaron además la privación ilegal de la libertad agravada, reiterada en 29 oportunidades, cuatro de las cuales se extendieron durante más de 30 días.

Fue el único de los cuatro que recibió perpetua, porque es el único condenado por homicidios. Fue acusado por los asesinatos de lo que se conoce como los cinco tambores del río Luján, un grupo de prisioneros de Orletti arrojados allí en octubre de 1976 y descubiertos por un prefecto e identificados en 1989. Entre ellos estaban muchos de los nombres que se gritaron a la noche en la sala de audiencias: los mellizos Gustavo y Ricardo Gayá, Marcelo Gelman, Dardo Albeano Zelarayán y Ana María del Carmen Pérez, arrojada con un tiro en la panza, con un embarazo de nueve meses, la única embarazada encontrada hasta aquí en ese estado, según explicaron durante el debate los integrantes del Equipo de Antropología Forense.

En ese escenario, lo que a ojos de la fiscalía, el TOF dio por probado en cuanto a Cabanillas son no sólo los hechos, sino su rol: operó como jefe del OT18, como autor intermedio o nexo de la cadena de mandos que hacia arriba tenía a Visuara y a Otto Paladino y hacia abajo a la patota operativa o autores directos, integrada por Aníbal Gordon, que ya está muerto, a Ruffo, Martínez Ruiz y a Guglielminetti.
La salida

–Señores –dijo el presidente del TOF–, el juicio ha terminado.

En la sala estaban muchos de los que habían sido testigos durante las audiencias, las víctimas, los abogados. Los HIJOS. El Tano Santucho corrió a abrazar a la uruguaya Sara Méndez, y una voz empezó a recorrerlo todo, anunciando que ayer era además el día de su cumpleaños. Sara estuvo secuestrada en Orletti y le robaron a su hijo Simón, a quien recuperó después de veinte años. “Yo siempre digo que la justicia cuando llega tarde no es justicia –dijo–, porque con la extensión de los años se alarga la impunidad, pero en este caso es un paso más, y es la lucha lo importante.” Otra de las uruguayas caminaba hacia la salida. Iba a sumarse al escenario de HIJOS que trasmitió lo que sucedía en el interior. “Creo que es importante”, decía Elba Rama. Ella viajó de Uruguay especialmente para escuchar la sentencia. Quería estar, hacerse presente, como un reconocimiento al colectivo de quienes llevaron adelante el juicio, a la fiscalía, dijo, a la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación. Elba estuvo en Orletti con Carlos y Manuela Santucho. Estuvo detenida del centro clandestino que funcionó en la SIDE uruguaya poco después con María Claudia García Irureta Goyena, la madre de Macarena Gelman.

Afuera, frente al edificio de tribunales de Comodoro Py, Edy Binstock abrazaba a uno de los hijos de los Gayá. En el escenario, una de las madres de Plaza de Mayo habló de los juicios. Blanca Santucho dio vueltas entre los familiares. Alguien cantó el feliz cumpleaños para Sara.

Los condenados
        
- Eduardo Rodolfo Cabanillas. General de división retirado del Ejército, capitán durante la dictadura. Fue jefe de la base “Operaciones Tácticas 18” de la SIDE, de la que dependía el centro clandestino Automotores Orletti. Responsable de cinco homicidios calificados por alevosía, privaciones ilegales de la libertad y tormentos en 18 casos. Fue detenido en septiembre de 2006. Fue condenado a prisión perpetua.

- Eduardo Alfredo Ruffo. Alias “Zapato” o “Capitán”. Ex miembro de la Triple A y ex agente de inteligencia de la SIDE. En 1985 fue condenado a seis años de prisión por la apropiación de Carla Rutilo Artés, hija de Graciela Rutilo Artés, quien fue secuestrada en Bolivia, entregada a militares argentinos y vista por última vez en Orletti. Continuó en la SIDE en democracia, al servicio de Hugo Anzorreguy. Fue condenado a 25 años de prisión.

- Honorio Carlos Martínez Ruiz. Alias “Pájaro”. Ex miembro de la Triple A y ex agente de inteligencia de la SIDE. Partícipe necesario en 65 privaciones ilegales de la libertad y tormentos agravados. Estaba preso desde 2005 por el robo de cajas de seguridad del Banco Nación cuando el juez Daniel Rafecas ordenó su detención. Fue condenado a 25 años.

- Raúl Antonio Guglielminetti. Alias “Mayor Guastavino”. Personal civil de inteligencia del Ejército. Actuó en La Escuelita de Neuquén. Al servicio del Batallón de Inteligencia 601, actuó en varios centros clandestinos. En los últimos años de la dictadura y tras el retorno de la democracia se dedicó a los secuestros extorsivos. Símbolo de la mano de obra de la guerra sucia reciclada en democracia, fue custodio del ex presidente Raúl Alfonsín e integró la oficina de inteligencia paralela del gobierno radical conocida como Grupo Alem. En 1985 fue detenido en España, luego se benefició con la Ley de Obediencia Debida, pero siguió preso hasta 1989 por tenencia de armas de guerra. Tras la reapertura de las causas de lesa humanidad, fue detenido en agosto de 2006. En diciembre de 2010 fue condenado a 25 años de prisión por delitos de lesa humanidad en el circuito represivo Atlético-Banco-Olimpo. En el juicio que concluyó ayer se le imputaban 25 privaciones ilegales de la libertad seguidas de tormentos agravados. Fue condenado a veinte años de prisión.

El jueves 31: veredicto

ESTE JUEVES SE CONOCERA EL VEREDICTO EN LA CAUSA POR LOS CRIMENES COMETIDOS EN ORLETTI
Una ratonera para los refugiados políticos

El Tribunal Oral Federal 1 debe evaluar las pruebas presentadas por la fiscalía, que reveló documentos de la ex Dipba, la SIDE y el Departamento de Estado norteamericano. También mostró cómo operó la dictadura argentina con militantes de otros países de la región.

Por Alejandra Dandan

Dos de los cuatro represores juzgados por los crímenes cometidos en el centro clandestino de Automotores Orletti ya pronunciaron sus últimas palabras en el proceso. Eduardo Cabanillas dijo, la semana pasada, que habían transcurrido seis meses de juicio oral y estaba sentado ahí igual que cuando había llegado: sin entender por qué se lo juzga. Raúl Guglielminetti reivindicó, a su turno, a la dictadura militar. El próximo jueves se escuchará a otros dos imputados y pocas horas más tarde, ese mismo día, el veredicto del Tribunal Oral Federal 1. Entre los pedidos, el TOF deberá evaluar la enorme producción de pruebas documentales halladas –o revaloradas– durante el juicio. El fiscal Guillermo Friele y su adjunta Mercedes Soysa Reilly ensamblaron buena parte del material durante el alegato. Los datos tienen tres orígenes: la ex Dipba, la SIDE y el Departamento de Estado norteamericano. Revelan datos como el rol de Argentina como “ratonera” para los supuestos refugiados políticos. Pero además marcan el peso de los archivos, la urgencia de su desclasificación y, sobre todo, la necesidad de ámbitos donde cruzar información.

La fiscalía pidió 25 años de prisión para tres acusados: Guglielminetti, Honorio Martínez Ruiz y Eduardo Ruffo, que actuaron en el campo de exterminio. Para el general Cabanillas pidió, en cambio, condena a perpetua, como sucedió con las otras querellas.

Así como otros alegatos plantearon algunas novedades en planos más políticos o simbólicos, el fuerte de Friele fueron los documentos. Los análisis tuvieron básicamente tres fuentes: la SIDE –aunque muy escasa, con errores entre lo informado y lo documentado, según indicaron en la fiscalía–, la ex Dirección de Inteligencia de la Policía Bonaerense (Dipba) y los archivos desclasificados del Departamento de Estado norteamericano, analizados en el juicio por Carlos Osorio, director para el Cono Sur del National Security Archive, una ONG que compila información de las agencias públicas.

Del material de la SIDE supieron que “documentos muy importantes vinculados con la represión (ejercida por Inteligencia) fue destruida”, explicó Soysa Reilly a Página/12. Pese a eso, encontraron otros documentos. Uno de ellos es un sello del OT18 (nombre de Orletti) que se refería a esa División y estaba estampado en varios legajos de los agentes de inteligencia; el dato es importante porque la SIDE siempre negó su vínculo con ese centro clandestino.

Sobre los documentos estadounidenses, uno de los aportes fue el rol de la SIDE en el terrorismo de Estado y el lugar de Otto Paladino, ex jefe de inteligencia. Un documento indica, por ejemplo, que en 1975, cuando las FFAA asumieron la dirección de lo que llamaron “lucha contra la subversión”, el SIE y dentro de él el Batallón de Inteligencia 601 jugaron un papel central en esta lucha, incluso, en la esfera exterior. Para entonces, Paladino era el jefe de la SIE, experto en extranjería. Bajo su conducción, dicen los fiscales, se inició el seguimiento a la Junta Coordinadora Revolucionaria (ERP argentino, MIR chileno, el MLN-Tupamaros de Uruguay, ELN Bolivia, y Frepalina de Paraguay). Paladino pasó después del golpe a la dirección de la SIDE, convocado como experto en extranjería. La SIDE concentró a partir de ese momento la actividad de la SIE: bajo su mando estuvieron tanto los espías de la SIDE como del Batallón 601, como el caso de Guglielminetti.

Otro aporte fue un documento del archivo del terror de Paraguay que indica que, a mediados de 1975, el Batallón 601 y sus hombres se implicaron en el interrogatorio de Isaac Fuentes Alarcón, del MIR, y de Amílcar Santucho, del ERP, capturados en mayo de ese año en Asunción. En el interrogatorio les preguntaron por Patricio Antonio Biedma y Manuela Santucho: los dos van a estar más tarde entre las víctimas de Orletti.

Los documentos dicen también que la SIDE participó de la reunión de noviembre de 1975 en Chile, lanzamiento del Cóndor. El dato es importante porque permite entender la presencia de los agentes de la DINA chilena en el centro clandestino.

Otro de los elementos apunta a los refugiados, ya mencionados por la querella de Kaos. “Los documentos prueban las violaciones del derecho de asilo y refugio político de los ciudadanos extranjeros que buscaban seguridad en Argentina antes del golpe de Estado”, indicó la fiscal. Como Argentina sufrió el golpe después que otros países de la región, a criterio de los fiscales se convirtió en una ratonera de los militantes del cono sur que buscaban asilo. “Concretamente fue hallado un documento que demuestra que información sensible de refugiados había sido robada de las oficinas de la Comisión Católica”, precisaron. Entre ellos, un parte de la CIA de julio de 1976 establece que: “En mayo, hombres armados saquearon las oficinas de la Comisión Católica de Inmigración de Argentina y robaron los registros que contienen información de miles de refugiados e inmigrantes. La policía argentina no investigó el delito y lo desestimó como un simple robo. Dos días más tarde, 24 refugiados uruguayos y chilenos, muchos de los cuales eran los sujetos de los expedientes de la comisión, fueron secuestrados y torturados durante varias horas”. El parte alude a una operación con participación de fuerzas chileno-uruguayas, y según los fiscales no podría haber sido llevada a cabo sin la cooperación y el mando de las fuerzas de seguridad argentinas.

Finalmente, el último grupo de documentos fue el aportado por la Comisión Provincial por la Memoria, acerca de la desclasificación de los archivos de la ex Dipba. “Entre los documentos pudimos probar que varias de las víctimas que fueron secuestradas y llevadas a Orletti estaban siendo seguidas por la SIDE o al menos la SIDE manejaba información sensible de ellas”, dijeron. Un caso fue el de María Elena Laguna, secuestrada con tres hijos. Los archivos revelan que el operativo fue interceptado por agentes de la Comisaría de Morón, ante quienes la patota se presentó como integrante de la SIDE.

Otro documento revela en cambio la intervención de la SIDE en la detención de dos funcionarios de la embajada de Cuba en Argentina (Cejas Arias y Galañeda Hernández). Los dos estuvieron en Automotores Orletti. Pero los peritos de la ex Dipba aportaron una comunicación secreta de la división de inteligencia de la policía de la provincia de Buenos Aires “donde se establece que el 21 de junio de 1976 la SIDE, desde su sector AIII.AIII.A, requirió un informe ambiental sobre una vivienda situada en la localidad de San Isidro, Pcia. de Bs. As., adyacente a una propiedad de la Embajada Cubana”. Uno de los testigos declaró durante el juicio oral que ese era el lugar donde vivían los dos funcionarios.

Los represores de Orletti cerca de la condena. Aunque lo omitan, se exige genocidio

El Tribunal Oral Federal Nº 1 de la Ciudad de Buenos Aires reanudó las audiencias de alegatos en el juicio oral por los crímenes cometidos en el centro clandestino de detención. La defensa oficial de los acusados es la única habilitada para alegar en el último tramo del proceso. La semana pasada lo hicieron la fiscalía y la querella, que pidieron perpetua para el ex coronel Eduardo Cabanillas y 25 años para los otros imputados, entre los que está Raúl Guglielminetti    

Durante su alegato, el Ministerio Público Fiscal solicitó la pena de prisión perpetua para Cabanillas, y 25 años de prisión para Martínez Ruiz, Guglielminetti y Ruffo.

Por su parte, Luz Palmas Zaldua y Leonel Curutchague fueron los representantes de la querella que se encargaron durante el alegato de establecer las relaciones entre el centro de detención y el Plan Cóndor. Entre las 65 víctimas del juicio hay 18 desaparecidas: 10 son argentinas, 3 uruguayas, 2 cubanas, 2 argentinas secuestrados en Bolivia y 1 chilena. Otros 6 argentinos fueron asesinados.

Además, los representantes resaltaron que la demora en los juicios por los delitos de lesa humanidad permitieron la muerte sin condena de “cuadros de las distintas fuerzas armadas y de seguridad con altos niveles de responsabilidad en el plan de exterminio”. El caso más reciente fue el de Rubén Visuara, jefe de la patota del centro clandestino, que murió a principio de año cuando estaba siendo juzgado en la causa.

Si bien el alegato fue realizado de forma conjunta, los querellantes se diferenciaron al momento de pedir las condenas a los imputados Cabanillas, Honorio Martínez Ruiz,ex agente de la SIDE; Raúl Guglielminetti, ex agente civil de inteligencia del Ejército; y Eduardo Ruffo, ex agente civil de inteligencia de la SIDE.

Continúa la indecisión política de exigir el delito de genocidio para todos los imputados. Continúa asimismo la negación de las querellas y organismos que lo esgrimen en cada uno de los juicios que se abren y se desarrollan.

En el proceso se investiga a los cuatro acusados por los delitos de privación ilegal de la libertad, imposición de tormentos y homicidio calificado, en perjuicio de 65 víctimas.

El centro clandestino “Automotores Orletti” se ubicó en Venancio Flores 3519/21, entre calles Emilio Lamarca y San Nicolás, en el barrio porteño de Flores y estuvo bajo el ámbito de la Secretaría de Inteligencia del Estado.

Murió el represor Visuara sin escuchar alegatos ni las condenas.

El ex jefe de la SIDE, que se tapaba la cara durante las audiencias.

El ex militar argentino Rubén Visuara falleció el viernes cuando estaba a punto de arrancar la etapa final del juicio oral en el que se le juzgaba por los crímenes cometidos en la cárcel clandestina "Automotores Orletti", acusado de ser uno de los responsables del centro de detención.

El pasado jueves estaba previsto que comenzaran los alegatos del juicio, último tramo antes del veredicto, que se esperaba para marzo, pero el Tribunal Oral Federal uno de Buenos Aires resolvió aplazarlos porque Visuara se encontraba internado en terapia intensiva en una clínica de las afueras de la capital argentina.

El diario La Nación recoge una quincena de esquelas que confirman que el coronel retirado falleció el viernes, aunque por el momento no se conocen mayores detalles de las causas de la muerte. 

"Automotores Orletti" está considerada una pieza clave del "Plan Cóndor", la represión coordinada en el Cono Sur durante la década de los 70 por las dictaduras de Argentina, Brasil, Bolivia, Chile, Paraguay y Perú. Actualmente están siendo juzgados los secuestros, torturas y homicidios de 65 personas que pasaron por el centro clandestino, que funcionó entre mayo y noviembre de 1976 bajo la fachada de un taller mecánico, y que escondió en su mayoría a uruguayos, aunque también pasaron por allí argentinos, chilenos, cubanos, bolivianos y paraguayos.

Entre las 200 personas que permanecieron detenidas en el centro estuvieron Marcelo Gelman y María Claudia García Iruretagoyena, el hijo y la nuera del poeta argentino Juan Gelman, quien en 2000 recuperó a su nieta, Macarena, nacida en cautiverio en Uruguay y una de las testigos del juicio.

Visuara se desempeñó como jefe del departamento de "Operaciones Tácticas I" de la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE), "de la que habría dependido la base" donde funcionó Automotores Orletti, precisaron fuentes judiciales cuando comenzó el juicio.

El ex coronel estaba acusado de ser el "autor mediato" de cinco "homicidios calificados por alevosía", 18 casos de privación ilegal de la libertad, agravada por su comisión mediante violencia o amenazas, y otros 18 delitos de imposición de tormentos.

Entra en su etapa final el juicio a Guglielminetti por delitos de lesa humanidad

El juicio al ex agente civil de inteligencia del Ejército en la dictadura, Raúl Guglielminetti, acusado por delitos de lesa humanidad cometidos en el centro clandestino de detención "Automotores Orletti", entró en su etapa final con el inicio de los alegatos, previsto para el 3 de febrero, cuando la fiscalía formule su acusación ante el Tribunal Oral Federal 1.

Los alegatos se extenderán en principio hasta el 18 de febrero y, tras las últimas palabras de los acusados, para marzo habría veredicto, según estimaron  fuentes del tribunal que lleva adelante el juicio desde el 3 de junio del año pasado.

Tras un intervalo, las audiencias se retomaron la semana última para dar lugar a planteos técnicos de las partes e incorporar testimonios por lectura, con lo que se dio por terminada la etapa de testimonios del juicio oral.

Por el juicio pasaron unos 80 testigos que declararon ante los jueces Adrián Grunberg, Oscar Amirante y Jorge Gettas, quienes deberán resolver si condenan o no al ex agente de inteligencia del Ejército Guglielminetti, al ex coronel de esa fuerza Rubén Visuara, al ex general de División Eduardo Cabanillas y los ex agentes de la SIDE Eduardo Ruffo y Honorio Martínez Ruiz.

Todos fueron procesados con prisión preventiva por el juez federal Daniel Rafecas acusados de privación ilegal de la libertad, imposición de tormentos y homicidio calificado.

Automotores Orletti funcionó en el barrio porteño de Flores bajo la órbita de la SIDE en lo que fue un taller mecánico de dos plantas hoy convertido en sitio recuperado para la memoria, que había sido rentado por ese organismo como base operativa durante unos meses y por donde pasaron muchos secuestrados víctimas del "Plan Cóndor", diseñado por dictaduras de la región para concretar persecuciones en distintos países.

Muchas de las víctimas que pasaron por allí fueron uruguayas, como la madre de Macarena Gelman, que fue una de las testigos del juicio, al igual que Mariana Zaffaroni Islas, una nieta recuperada por Abuelas de Plaza de Mayo que también declaró en el proceso porque sus padres, los uruguayos Jorge Zaffaroni y María Islas, fueron secuestrados y llevados a Orletti.

Según se estableció en la causa judicial, Orletti estuvo bajo la órbita del fallecido ex jefe de la Triple A Aníbal Gordon y dependía funcionalmente de la Secretaria de Inteligencia del Estado, a cargo entonces de Otto Paladino, también fallecido.
En la causa actúan como querellantes organismos de derechos humanos y familiares de las víctimas. A pesar de la omisión intencionada por parte de los medios de comunicación y por los entes informativos del Poder Judicial, la ASOCIACION EX DETENIDOS DESAPARECIDOS y JUSTICIA YA, son parte querellante.