domingo, 13 de mayo de 2012

Pruebas sobre el Cóndor

Un documento de la Policía Federal da cuenta del trabajo conjunto con fuerzas represivas de Chile y Uruguay

Los papeles firmados por el jefe del Departamento de Asuntos Extranjeros dan cuenta con nombre y apellido de secuestros y de la coordinación entre los tres países. El comisario pedía una recompensa para 44 hombres de su tropa por el trabajo realizado.

 Por Alejandra Dandan

Si no se hubiese destruido la mayor parte de los archivos de la dictadura, probablemente aparecerían más documentos como estos. Es un informe “secreto” firmado por el entonces jefe del Departamento de Asuntos Extranjeros de la Policía Federal, comisario inspector Alberto Baldomero Obregón, en el que sin ahorrar elogios pide una “recompensa” para 44 hombres de su tropa por haber “neutralizado” satisfactoriamente las acciones de “organizaciones delictivas del tipo subversivo nacionales e internacionales” que estaban en el país. Página/12 accedió al documento presentado por un grupo de sobrevivientes uruguayos en el juzgado de Norberto Oyarbide. En él se observan por primera vez comunicaciones en tiempo real entre las fuerzas represivas argentinas, chilenas y uruguayas como si estuviesen del otro lado de una línea. Quedaron plasmadas las caídas de dirigentes y militantes del Movimiento de Izquierda Revolucionaria chileno y de 76 uruguayos de la Organización Popular Revolucionaria 33 Orientales. El documento arroja, a la vez –para la querella–, una nueva prueba sobre la fecha en la que empieza a funcionar el Plan Cóndor. Uno de los párrafos indica que Argentina y Chile trabajaban juntos desde noviembre de 1974, es decir en el momento en que Isabel Martínez de Perón decreta el estado de sitio.

El 15 de septiembre de 1976, el comisario Obregón, de Asuntos Extranjeros, describió el trabajo de varios meses en un informe dirigido a la Dirección General de Operaciones e Informaciones: “El trabajo de inteligencia y operacional del personal de este departamento –escribió– ha permitido neutralizar en forma altamente satisfactoria la actividad desplegada en nuestro país por distintas organizaciones delictivas de tipo subversivo, con proyecciones nacionales e internacionales”, dice. “Ello es fruto del trabajo constante en el que la dedicación plena de los hombres requirió de un esfuerzo que va más allá de los límites convencionales de un horario rutinario, y en el que los riesgos físicos han sido ciertos y reales, dada la alta peligrosidad de los elementos con que ha debido enfrentarse el personal policial.” Los procedimientos, de los que desiste detallar, “hecho por hecho y caso por caso” porque “no sólo sería extenso” sino que “obviamente” iría en contra “de lo que en un primer momento se trató de evitar: dar trascendencia a la actuación individual” de la tropa, permitieron “ir anulando la actividad de dichas organizaciones, secuestrándose en muchos casos armas, municiones, en otro caso quedaron al descubierto fincas que eran utilizadas como refugios y cárceles del pueblo”.
El documento

Bajo el subtítulo “Partido Radical Revolucionario chileno”, el comisario Obregón señala entre los logros que consiguió con la “detención” de Javier Huenchllan Sagrista, un chileno secuestrado en Argentina, a quien presentan como “responsable del partido”, también “de la Coordinadora Chilena (ex Resistencia)” y del “Movimiento de Solidaridad con las organizaciones subversivas trasandinas con asiento en diversos países europeos y americanos con sede actual en Cuba”. Su “detención”, dicen, “logra desbaratar a la cúpula de la nueva estructura formada a posteriori”. Informan que “detuvieron a 10 (diez)” personas y explican que así se dejó “desmembrado el Movimiento, (la) ayuda económica, prensa y propaganda y comunicaciones entre integrantes subversivos en el exilio”.

El dato es que siguieron avanzando a partir de lo que declaran fueron los “interrogatorios”: después de los “interrogatorios” a los que fueron sometidos los “detenidos” entendieron que la Coordinadora iba a abrir un “centro de documentación” en Argentina para “invadir la plaza bibliográfica del país con literatura marxista”. Un tema que, dicen, anularon “eficazmente” porque detuvieron a los cinco encargados.

El documento es rico en el nivel de prueba porque abundan descripciones como éstas con esa y otras organizaciones, uno de los valores más importantes para las querellas es aquello que revela sobre el Cóndor. El correr de las páginas permite ver al menos en dos casos la velocidad con la que circulaba la comunicación de uno a otro país y cómo se coordinaron las acciones.

Un ejemplo es la intervención en el caso del Movimiento de Izquierda Revolucionario chileno (MIR). En un párrafo, el comisario Obregón explica que se procedió a la “detención” del “periodista chileno Ernesto Carmona Ulloa (a) Mateo Fernández”, a quien ubica como “actualmente responsable del MIR en Venezuela”. Detrás de la “caída”, “se logra detectar la primera célula del MIR en Argentina”. A raíz de lo cual “y continuando con investigaciones, se logra detectar la forma de comunicación entre responsables del MIR exterior e interior, poniendo sobre aviso de esta circunstancia al gobierno chileno. De común acuerdo con las autoridades chilenas e intercambiando opiniones –dice– se establece no entorpecer sucesivas relaciones, a fin de reunir mayor información y llegar a detectar a los integrantes de la cúpula de dicha organización subversiva”. Allí es cuando agregan los datos que hablan del tiempo de trabajo con los chilenos: “Tras un año y medio de investigación, por fin, en abril del corriente año se comienzan a realizar procedimientos simultáneos en ambos países, dando como resultado en Argentina la caída del hombre más importante del MIR, luego de la muerte de Miguel Enríquez en Chile, cayendo además sus principales colaboradores”.

Eso quiere decir que si en abril de 1976 llevaban “un año y medio de investigación”, el comienzo se remonta a noviembre de 1974.

Páginas más adelante, el informe habla de los uruguayos y ahí cuentan cómo coordinaron acciones de secuestro, al mismo tiempo, entre los dos países. Para entonces estaban cayendo en el país otros uruguayos del Frente para la Victoria del Pueblo, muchos de los cuales fueron secuestrados en Orletti. En este documento se habla de otro grupo.

Debajo del subtítulo de “Los 33 Orientales”, Obregón hizo lo mismo que con el resto de las organizaciones espiadas: puso todo lo que sabía sobre los supuestos orígenes políticos del partido, desmembramientos, los ubicó como “brazo armado” en cuyos orígenes ubicó a la Federación Anarquista uruguaya y al Movimiento de Resistencia Obrero Estudiantil. Escribió que cobraron “notoriedad” porque “sustrajeron la bandera de los 33 Orientales, reliquia histórica del pueblo oriental, depositado en el Museo Nacional y que representa lo que la bandera de los Andes para nuestro país”.

Lo importante es el fragmento que señala cómo, a partir de junio de 1976, coordinaron el trabajo con los uruguayos para detenerlos: “En junio del corriente año, luego de pacientes investigaciones se logra la detención de dos integrantes de la conducción central y el desbaratamiento total de los sectores Obrero y Popular y Agitación y Propaganda a la vez que parte del Frente Interno y Político”, dice el informe. “A raíz de este golpe cae en Uruguay toda la organización que se mantenía en ese país, lográndose la detención de 76 integrantes del mencionado movimiento de los cuales 34 fueron detenidos por personal de la DAE”, es decir el Departamento de Asuntos Extranjeros de Buenos Aires.
La burocracia

El informe apareció a raíz de dos condenas del juicio de Automotores Orletti. Dos de los condenados eran parte de los 44 policías que integran la lista de Asuntos Extranjeros: los inspectores Rolando Oscar Nerone y Oscar Roberto Gutiérrez. En sus legajos había una felicitación que remitía a su vez a un expediente secreto. El juez Daniel Rafecas pidió el expediente secreto y encontró este nuevo documento que ahora está en manos de Oyarbide y del fiscal Luis Osorio. Para los querellantes uruguayos del Cóndor tiene un enorme valor. Juan Castillo, en este momento candidato a la presidencia del Frente Amplio, Sergio López Burgos y Lille Haydée Carusso Larrainci venían denunciando a militares, policías y diplomáticos uruguayos que actuaron en Argentina, pero ahora pidieron indagatorias para los argentinos. Según sus datos, excepto dos de Orletti y una persona fallecida, el resto de los 44 “están vivitos y coleando” y acaban de ser denunciados por primera vez.

“La burocracia dejó en algunos legajos huellas de la participación de los miembros de las fuerzas en distintos operativos, pero son datos indirectos: en general se entiende que intervinieron porque en los legajos aparece un pedido de licencia por tal acción, un traslado o piden un reconocimiento por el deber cumplido”, explica Elizabeth Gómez Alcorta con Mariana Neves, representante legal de la querella. “Lo que sin embargo no hay son documentos como el que acabamos de presentar, porque la burocracia hizo desaparecer toda esa información.”

martes, 1 de mayo de 2012

Avances en la causa por el pacto genocida entre las dictaduras de América del Sur

La justicia suma 160 crímenes a la investigación sobre el Plan Cóndor
 El fiscal federal Miguel Ángel Osorio solicitó la ampliación. La mayoría son casos de uruguayos secuestrados en la Argentina durante la dictadura. El listado incluye 20 hechos ocurridos con anterioridad al golpe de Estado de 1976.

Yolanda Iris Casco y su esposo, Julio César D’Elía, ambos uruguayos y militantes de izquierda, fueron secuestrados el 22 de diciembre de 1977 en su casa de San Fernando, provincia de Buenos Aires. Estaban exiliados, pero un grupo de tareas de la Marina uruguaya cruzó el Río de La Plata y los detuvo, actuando bajo el mando de un enlace argentino. Julio César estuvo en el COT-1 Martínez, y Yolanda pasó por tres centros clandestinos. El 26 de enero del ’78, en el Pozo de Banfield, dio a luz a Carlos D’Elía Casco, apropiado ese mismo día por un marino retirado.

El hijo de Yolanda y Julio César recuperó su identidad en 1998, pero sus padres siguen desaparecidos. Son dos de los 160 casos que la justicia argentina comenzará a investigar en el marco de los crímenes imprescriptibles cometidos en el Plan Cóndor, el pacto genocida con que las dictaduras de América del Sur avanzaron, durante la década del ’70, en la eliminación conjunta y sistemática de sus opositores políticos.
Días atrás, el fiscal federal Miguel Ángel Osorio firmó un requerimiento de instrucción –al que Tiempo Argentino accedió en exclusiva– para empezar a indagar en esta larga serie de hechos, en los que personas de distintas nacionalidades –en su gran mayoría, uruguayos secuestrados y desaparecidos en suelo argentino– fueron víctimas de un aparato represivo coordinado como nunca antes se había visto en la región. Además del importante número de casos que el fiscal incluyó en su escrito, el otro dato a destacar es que una veintena de ellos ocurrieron antes del golpe de Estado del 24 de marzo de 1976.

Osorio, titular de la Fiscalía Nº10, elevó su requerimiento al Juzgado Federal Nº 7 en lo Criminal y Correccional, subrogado por Norberto Oyarbide, y donde se tramitan las causas vinculadas al Plan Cóndor. En esta oportunidad, los hechos se substanciaron en el expediente Nº 10.961 con la denuncia que en octubre de 2011 realizaron los uruguayos Sergio López Burgos, ex detenido de Automotores Orletti, y Lille Haydee Caruso Larrainci, integrante de la Comisión de Familiares de Asesinados Políticos. Aquella presentación –que fue reflejada por las páginas de este diario– estuvo acompañada por tres cajas repletas de documentación, de donde surgieron los 160 nombres individualizados por Osorio y su equipo. Los denunciantes también señalaron a 121 posibles imputados, entre civiles, militares y miembros de distintas fuerzas de seguridad. Resultaron claves dos de las fuentes aportadas por Burgos y Caruso Larrainci: el libro A todos ellos, de la Asociación Madres y Familiares de Uruguayos Detenidos Desaparecidos, y los seis tomos de la investigación Detenidos y Desaparecidos, publicada en 2007 por el gobierno de Tabaré Vázquez.
De los casos contemplados, 16 corresponden a ciudadanos argentinos; también hay un español, dos ítalo-uruguayos, una argentina-uruguaya y una hispano-uruguaya. Los restantes 139 son personas nacidas en Uruguay. Entre los argentinos figura Raimundo Aníbal Villaflor, militante de las Fuerzas Armadas Peronistas (FAP), secuestrado en Avellaneda el 4 de agosto del ’79 junto a su pareja, María Elsa Garreiro Martínez, de nacionalidad española y uruguaya. Sus hijas Elsa Eva y Laura fueron luego entregadas a sus abuelos paternos. Raimundo y María Elsa pasaron por ese infierno en la tierra que fue la ESMA, y ya no se los volvió a ver.
En el listado también aparecen Juan Alejandro Barry y Susana Beatriz Mata, los padres de Alejandrina Barry, quien a fines de los ’70, con apenas dos años, fue presentada por la prensa como la niña que había sido “abandonada” por una pareja de “subversivos”. En realidad, a Alejandro Barry, un alto mando de Montoneros, lo acribillaron agentes de civil en Montevideo el 14 de diciembre de 1977. En cuanto a Susana Mata, murió un día después, en el departamento de Canelones. “Por la ingesta de una pastilla de cianuro de potasio, con la finalidad de no ser capturada por personal militar”, indicó la fiscalía.
Entre los hechos a esclarecer, 88 tratan de personas secuestradas que aún permanecen desaparecidas, otras 31 fueron liberadas por sus captores, 33 murieron y sus cuerpos fueron hallados, hay ocho menores que pudieron ser recuperados por sus familias y dos cuyo paradero se desconoce.

Osorio recordó que el Plan Cóndor fue “una asociación ilícita” de tipo “supranacional”, que involucró a los gobiernos de la Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Uruguay y Paraguay. Su finalidad era “coordinar y complementar proyectos criminales, obteniendo, ordenando e intercambiando información para perseguir ilegalmente a opositores políticos.” Ese mecanismo se aplicó a la perfección con el periodista y político uruguayo Zelmar Michelini, quien en 1973 se había exiliado en la Argentina, desde donde denunciaba a la dictadura que en su país encabezaba Juan María Bordaberry. A Michelini lo secuestraron el 18 de mayo del ’76, lo llevaron a Automotores Orletti y apareció sin vida tres días después, con varios balazos en el cuerpo. Estaba adentro de un Torino, junto con tres compatriotas suyos, también asesinados por la acción conjunta de las dictaduras a ambos lados del Río de La Plata.
Sobre la decisión de incluir crímenes ejecutados antes del golpe, Osorio remarcó que, con el sello del Operativo Cóndor, “los distintos estados ejecutaron acciones delictivas en otras jurisdicciones nacionales, incluso en aquellas donde aún imperaba, aunque de manera endeble, el paradigma democrático”. Por esta razón, se decidió tomar como fecha de inicio para indagar en los delitos cometidos en la Argentina al 6 de noviembre de 1974, día en que el gobierno de Isabel Martínez dispuso el estado de sitio. Para la fiscalía, desde entonces estuvieron dadas “las condiciones de posibilidad de las acciones terroristas llevadas a cabo en el territorio argentino por alguna de las dictaduras latinoamericanas” ya existentes.
Esto se aplica para 20 de los episodios abarcados por el requerimiento que ya tiene en sus manos el juez Oyarbide. Uno de ellos ocurrió el 8 de noviembre de 1974, en el barrio porteño de Once, en el domicilio de Héctor Daniel Brum –miembro de Tupamaros– y de su esposa, María de los Ángeles Corbo, embarazada de seis meses. También se encontraban allí Mirta Yolanda Hernández y su hijo de tres años, Amaral García. Se los llevaron a todos, incluidos Floreal García Larrosa y Julio Abreu, secuestrados a pocos metros. Amaral fue apropiado por un agente de la SIDE y su familia lo recuperó en 1985. El resto del grupo había sido trasladado en un vuelo clandestino al Uruguay y alojado en las catacumbas del “300 Carlos R”. De todos ellos, el único que salió con vida del Plan Cóndor fue Abreu. El 20 de diciembre del ’74, Brum, Corbo, Hernández y García Larrosa aparecieron muertos en Soca, Canelones.
Sin duda, los 160 casos que comenzará a investigar la justicia argentina muestran que los gobiernos militares de América del Sur vistieron distintos uniformes, pero compartieron una misma política represiva: el terrorismo de Estado.
 
Las claves
 
Del total de casos, 88 personas están desaparecidas, 31 fueron liberadas, 33 fueron asesinadas, hay ocho menores recuperados por sus familias y dos cuyo paradero se desconoce.
En cuanto a nacionalidades, 139 son uruguayos, 16 son argentinos, hay un español, dos ítalo-uruguayos, una argentina-uruguaya y una hispano-uruguaya.
Veinte de los episodios ocurrieron antes del 24 de marzo de 1976. La fiscalía comenzó a indagar hechos desde el 6 de noviembre de 1974, cuando se dictó el estado de sitio en la Argentina.
El expediente Nº 10.961 está en manos del juez Norberto Oyarbide y el fiscal Miguel Ángel Osorio.
 
Desde la caída de Allende hasta el golpe en la Argentina
 
El comienzo del Plan Cóndor puede rastrearse hasta septiembre de 1973, durante el golpe militar que en Chile derrocó al gobierno constitucional del presidente Salvador Allende. Desde ese momento, la dictadura encabezada por Augusto Pinochet mantendría un lugar central en este operativo supranacional de represión. De hecho, la sede ejecutiva del Operativo Cóndor estaba ubicada en Santiago de Chile.
Una vez sellado el pacto, los regímenes preexistentes de Paraguay y Brasil se integrarían a la estructura genocida. En el ’73 se sumó la dictadura de Uruguay, y en el ’76, la Bolivia del dictador Hugo Banzer. Ese mismo año, a partir  del golpe orquestado por Jorge Rafael Videla y sus socios civiles, la Argentina hizo su ingreso definitivo a esta “asociación ilícita” entre militares sudamericanos.

Un caso paradigmático de esta articulación entre terrorismos de Estado es el de Victoria Lucía Grisonas, uno de los nombres incluidos en el requerimiento del fiscal Miguel Ángel Osorio. De nacionalidad argentina-uruguaya, el 26 de septiembre de 1976 Grisonas fue secuestrada en su casa de Mitre al 1300, en el partido bonaerense de San Martín. Ese día, por la madrugada, un grupo de tareas integrado por efectivos de los ejércitos argentino y uruguayo, la Policía Federal y la SIDE, se la llevaron junto a sus dos hijos. Durante el operativo, fue asesinado su esposo, Mario Roger Julien. Ambos eran militantes del Partido por la Victoria del Pueblo y de la Organización Popular Revolucionaria 33 Orientales (OPR 33). Grisonas y sus hijos fueron recluidos en “Automotores Orletti”, uno de los centros clandestinos donde solían alojar a los uruguayos. Varios meses después, los niños fueron llevados a Montevideo y estuvieron en el Servicio de Inteligencia de Defensa. Más tarde, los trasladarían en avión a Chile, donde los mismos militares que asesinaron a sus padres los dejaron abandonados en una plaza de Valparaíso, en noviembre del ’76. Su madre sigue desaparecida.

Por: Carlos Romero - cromero@tiempoargentino.com