Imputados

Rubén Víctor Visuara (coronel -R.- del Ejército Argentino y jefe del Departamento Operaciones Tácticas I de la ex SIDE, de la que habría dependido la base OT 18 donde habría funcionado el centro de detención “Automotores Orletti”): se le imputan los delitos de homicidio calificado por alevosía reiterado en cinco casos, de privación ilegal de la libertad agravada por su comisión mediante violencia o amenazas, reiterado en 18 oportunidades -cuatro de ellas calificadas además por su duración superior a un mes- y de imposición de tormentos, reiterado en 18 ocasiones, previstos y reprimidos por los artículos 80, inciso 2º; 144 bis, inc. 1º y último párrafo -versión según ley 14.616- en función del 142, incs. 1º y 5º y 144 ter, primer párrafo -texto de la citada ley-, todos ellos del Código Penal, en calidad de autor mediato y en concurso real entre sí.

Eduardo Rodolfo Cabanillas (general de División –R.- del Ejército Argentino, capitán al momento de los hechos, presunto subjefe de la base OT 18 donde habría funcionado el centro de detención “Automotores Orletti”): se le imputan los delitos de homicidio calificado por alevosía reiterado en cinco casos, de privación ilegal de la libertad agravada por su comisión mediante violencia o amenazas, reiterado en 29 oportunidades -cuatro de ellas calificadas además por su duración superior a un mes- y de imposición de tormentos, reiterado en 29 ocasiones, previstos y reprimidos por los artículos 80, inciso 2º; 144 bis, inc. 1º y último párrafo -versión según ley 14.616- en función del 142, incs. 1º y 5º y 144 ter, primer párrafo -texto de la citada ley-, todos ellos del Código Penal, en calidad de autor mediato y en concurso real entre sí.

Honorio Carlos Martínez Ruiz (ex agente de la ex SIDE al momento de los hechos, que se habría desempeñado en el centro de detención “Automotores Orletti”): se le imputa el delito de privación ilegal de la libertad agravada por su comisión mediante violencia o amenazas, reiterado en 65 oportunidades -siete de ellas calificadas además por su duración superior a un mes- en concurso real con el de imposición de tormentos, reiterado en 65 ocasiones, previstos y reprimidos por los artículos 144 bis, inciso 1º y último párrafo -versión según ley 14.616- en función del 142, incs. 1º y 5º y 144 ter, primer párrafo -texto de la citada ley-, todos ellos del Código Penal, en calidad de partícipe necesario.

Raúl Antonio Guglielminetti (personal civil de inteligencia del Ejército Argentino al momento de los hechos, que se habría desempeñado en el centro de detención “Automotores Orletti”): se le imputa el delito de privación ilegal de la libertad agravada por su comisión mediante violencia o amenazas, reiterado en 25 oportunidades -dos de ellas calificadas además por su duración superior a un mes- en concurso real con el de imposición de tormentos, reiterado en 25 ocasiones, previstos y reprimidos por los artículos 144 bis, inciso 1º y último párrafo -versión según ley 14.616- en función del 142, incs. 1º y 5º y 144 ter, primer párrafo -texto de la citada ley-, todos ellos del Código Penal, en calidad de autor material.

Eduardo Alfredo Ruffo (agente de la ex SIDE al momento de los hechos, que se habría desempeñado en el centro de detención “Automotores Orletti”): se le imputa el delito de privación ilegal de la libertad agravada por su comisión mediante violencia o amenazas, reiterado en 65 oportunidades -siete de ellas calificadas además por su duración superior a un mes- en concurso real con el de imposición de tormentos, reiterado en 65 ocasiones, previstos y reprimidos por los artículos 144 bis, inciso 1º y último párrafo -versión según ley 14.616- en función del 142, incs. 1º y 5º y 144 ter, primer párrafo -texto de la citada ley-, todos ellos del Código Penal, en calidad de autor material.

Los crímenes en la base del Plan Cóndor

El general retirado Eduardo Cabanillas, el coronel retirado Rubén Visuara y los ex agentes de la SIDE Raúl Guglielminetti, Eduardo Ruffo y Honorio Martínez Ruiz están acusados de imposición de tormentos y homicidios en 65 casos.

Por Nicolás Lantos  

Los acusados por la represión ilegal en Automotores Orletti tendrán que presenciar todas las audiencias.

Rubén Visuara llegó a la Sala de Audiencias de los tribunales de Comodoro Py con una bufanda que le cubría la cara, como si de esa forma pudiese evitar los flashes que lo retrataban sentado en el banquillo de los acusados. Visuara es uno de los cinco represores que comenzaron a ser juzgados ayer por crímenes de lesa humanidad perpetrados en el centro clandestino de detención Automotores Orletti, el destino de los detenidos-desaparecidos del Plan Cóndor. Junto a él estaban su antecesor como titular de la División de Operaciones Tácticas de la SIDE, Eduardo Cabanillas; y los agentes civiles Raúl Guglielminetti, Eduardo Ruffo y Honorio Martínez Ruiz. Todos ellos están acusados por los delitos de privación ilegítima de la libertad, imposición de tormentos y homicidio calificado contra 65 víctimas de la coordinación represiva entre las dictaduras del Cono Sur. Se leyó el requerimiento de elevación a juicio elaborado por el fiscal Federico Delgado, en el que sostiene que Orletti no estaba conducido por “una horda desbocada”, sino que se trató de un “enclave del terror” donde todo estaba “calculado y planificado”. Rodolfo Yanzón, abogado querellante, en diálogo con Página/12, dijo tener “buenas expectativas” de que los imputados reciban “penas ejemplares” y aseguró que “para antes de fin de año” debería haber un veredicto.

En Orletti, ubicado en el barrio de Floresta, estuvieron detenidos, entre otros, Marcelo Gelman, hijo del escritor Juan Gelman; Carlos Santucho, hermano del dirigente del Ejército Revolucionario del Pueblo Mario Santucho, y los actores Luis Brandoni y Marta Bianchi. En su requerimiento, el fiscal Delgado aseveró que se trataba de un “enclave del terror” que no era conducido por “una horda desbocada”, sino “algo calculado y planificado que convertía a todos en condenados a muerte, donde reinaba la cultura de la crueldad, la corrupción degradante de poder sin límites”. Al igual que el juez federal Daniel Rafecas en su momento, cuando condujo la investigación del caso, Delgado comparó este centro clandestino con los campos de concentración del nazismo.
Los cinco imputados llegaron a la sala del subsuelo de Comodoro Py poco después de las diez de la mañana, el horario anunciado para el comienzo del juicio, que se retrasó cerca de una hora. Con dos cuartos intermedios, la lectura del requerimiento se estiró hasta bien entrada la tarde. Además del coronel retirado Visuara y el general retirado Cabanillas y los agentes civiles de inteligencia Guglielminetti, Ruffo y Martínez Ruiz, había un sexto imputado en la causa, el vicecomodoro Néstor Guillamondegui, pero “fue declarado inhábil para afrontar el juicio”, tal como determinaron los peritos oficiales. De todas formas, la Justicia decidió que se le realicen “exámenes periódicos” para determinar cuándo será capaz de ser juzgado.
 

La bufanda no fue el único recurso que intentó Visuara para evitar los flashes molestos. Antes de la lectura del dictamen de Delgado, su defensor pidió permiso al tribunal para que el represor no esté presente en aquellas audiencias en las que no sea imprescindible. Los otros cuatro acusados adhirieron a la solicitud, que el presidente del Tribunal Oral Federal 1, Jorge Gettas, aceptó estudiar y resolver “oportunamente”. De todas formas, les recordó que es obligatorio que los acusados estén presentes en las lecturas del requerimiento, la acusación, las indagatorias, alegatos y el veredicto, por lo que el juicio continuó sin más interrupciones y con los cinco represores escuchando un repaso por su labor en Automotores Orletti, a medida que se desplegaba el requerimiento del fiscal. El TOF 1, integrado por los jueces Gettas, Adrián Grunberg y Oscar Almirante, prevé escuchar más de cien testimonios no sólo de sobrevivientes argentinos, sino también provenientes de países limítrofes, ya que por ese centro clandestino pasaron los detenidos en el marco del Plan Cóndor, de coordinación de fuerzas represivas de toda la región.

......................

Comenzó el juicio por los crímenes en Automotores Orletti

Raúl Guglielminetti, alias "mayor Guastavino", y otros cuatro acusados, deberán responder por 65 crímenes de lesa humanidad cometidos en ese centro que operaba con la máscara de ser un taller mecánico. Funcionó desde mayo a noviembre de 1976 en Venancio Flores 3519/21, entre Emilio Lamarca y San Nicolás, emplazado en el barrio porteño de Floresta.
       

El juicio por los crímenes cometidos durante la dictadura en el centro clandestino de detención conocido como "Automotores Orletti" comenzó en los Tribunales Federales de Retiro, ante una sala colmada de público, y con el ex miembro de los servicios de Inteligencia Raúl Guglielminetti sentado en el banquillo de los acusados.

Guglielminetti, alias "mayor Guastavino", y otros cuatro acusados, deberán responder por 65 crímenes de lesa humanidad cometidos en ese centro que operaba con la máscara de ser un taller mecánico.

El sexto imputado, el ex vicecomodoro Néstor Guillamondegui -con cuyo nombre fue caratulada la causa-, "fue declarado inhábil para afrontar el juicio", según lo determinaron los peritos forenses que lo revisaron antes del juicio, y en caso de comprobarse la recuperación podrá ser juzgado.

"Automotores Orletti" funcionó desde mayo a noviembre de 1976 en Venancio Flores 3519/21, entre Emilio Lamarca y San Nicolás, emplazado en el barrio porteño de Floresta.

Entre los detenidos-desaparecidos que estuvieron allí se encuentra el hijo del poeta Juan Gelman, Marcelo Gelman, quien fue asesinado y su cuerpo apareció en el interior de un tanque en las aguas del Río Luján, en Tigre.

También está desaparecida la nuera de Gelman, en tanto que la hija y el yerno del poeta fueron secuestrados pero luego liberados.

La hija de ambos, que recuperó su identidad gracias a la lucha internacional encarada por su abuelo y las Abuelas de Plaza de Mayo declarará como testigo en el juicio.

El cautiverio y los tormentos de estos últimos figuran entre los casos sometidos a juicio, así como también los de integrantes de la familia del líder del ERP-PRT, Mario Roberto Santucho.

El tribunal Oral Federal 1 tiene a su cargo las audiencias que comenzaron hoy con la lectura del auto de elevación a juicio porparte del fiscal federal Federico Delgado.

Por Orletti pasaron unos 300 detenidos-desaparecidos en su mayoría uruguayos y de otros países latinoamericanos, en el marco del llamado Plan Cóndor, un acuerdo de los gobiernos dictatoriales del Conosur.

Las audiencias estarán a cargo del Tribunal Oral Federal 1 (TOF) integrado por los jueces Oscar Amirante, Jorge Gettas (presidente del Tribunal)y Adrian Federico Grünberg.

En la causa caratulada "Guillamondegui, Néstor Horacio y otros s/privación ilegal de la libertad agravada y otros", están acusados el comodoro (retirado) Néstor Horacio Guillamondegui (que no va a ser juzgado), el coronel (re) Rubén Víctor Visuara y el general de división (re) Eduardo Rodolfo Cabanillas.

También se sentaron en el banquillo de los acusados Raúl Antonio Guglielminetti (quien además está siendo juzgador en otro juicio paralelo, el de Atlético-Banco-Olimpo), Honorio Carlos Martínez Ruiz (alias Pájaro) y Eduardo Alfredo Ruffo (alias Zapato), este último integrante de la banda parapolicial que comandaba el fallecido miembro de la Triple A Aníbal Gordon.

Guglielminetti, Ruffo y Martínez Ruiz se desempeñaban como personal civil de Inteligencia de la SIDE.

A los acusados se los juzgará por los crímenes cometidos contra 65 de sus víctimas, entre las que se encuentran Carlos Hiber Santucho, Manuela Santucho, Cristina Silvia Navaja de Santucho, Carolina Sara Segal, Néstor Adolfo Rovegno, Marcelo Ariel Gelman Shubaroff y Nora E. Gelman Shubaroff.

En el texto leído durante la audiencia de este jueves el fiscal Delgado dio por probada la existencia, a partir del golpe de Estado del 24 de marzo de 1976 de "un plan criminal" en el cual se dio riendas sueltas "a la cultura de la crueldad".

Señaló además que existió una "feroz penetración del Estado (en poder de los militares sobre la sociedad civil), enmarcada en el "desplazamiento de la política por tecnócratas" que tenían como objetivo la "concentración del poder".

Al darse lectura de cada uno de los casos se responsabilizó a los acusados por los delitos de privación ilegitima de la libertad mediante el uso de violencia; aplicación de tormentos (entre los que incluyó de por si los delitos antes mencionados) y homicidios agravados por alevosía, respectivamente.

En cuanto a Marcelo Gelman, fue secuestrado el 24 de agosto de1976 y asesinado entre el 4 y el 9 de octubre del mismo año yestán acusados por este hecho Guillamondegui, Ruiz y Ruffo como
autores directos por el "homicidio agravado por alevosía".

La primera audiencia se lleva cabo en el auditorium del edificio de Comodoro Py 2002 (Sala AMIA), colmada de público tanto en la planta baja como en la bandeja superior, donde se destaca la masiva presencia de estudiantes.

En tanto, el resto del juicio continuará luego en el Salón de Usos Múltiples ubicado en el mismo edificio.

El centro clandestino Automotores Orletti, ubicado en un taller mecánico en Venancio Flores 3521 del barrio de Floresta, funcionó durante 1976 bajo el mando del entonces jefe de la SIDE, general Otto Paladino, en coordinación con el Ejército y fuerzas del Uruguay.

Por Orletti pasaron más de 300 personas, incluido un grupo de uruguayos a quienes se secuestró para robarles un botín de 10 millones de dólares que luego fue repartido entre la SIDE y el grupo de tareas que intervino en el operativo.

Las familias de Marcelo Gelman, hijo del escritor y poeta Juan Gelman, María Claudia Irureta Goyena y Guillermo Binstock, son patrocinados por el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), organismo que además es querellante.

La causa fue elevada a juicio por los casos que se les imputan a los ex represores argentinos, no así a los uruguayos implicados, quienes no podrán ser juzgados en Argentina hasta que no cumplan las condenas impuestas en causas en su país.

Se trata de los oficiales del Ejército José Ricardo Arab Fernández, José Nino Gavazzo Pereira, Luis Alberto Maurente Mata, Ernesto Avelino Ramas Pereira, Jorge Alberto Silveira Quesada y Gilberto Valentín Vázquez Bisio y de los oficiales de la Policía Ricardo José Medina Blanco y Ernesto Soca.