A 38 años del crimen de Michelini y Gutiérrez Ruiz la justicia apenas avanzó.

“Zelmar llegó tu hora”. Esas las últimas palabras grabadas a fuego en el recuerdo de Zelmar Chicho Michelini, hijo mayor del ex legislador uruguayo Zelmar Michelini en la noche del 18 de mayo de 1976 cuando su padre fue secuestrado por una patota integrada por militares argentinos y uruguayos. Estaban en la habitación del Hotel Liberty, sobre la avenida Corrientes casi esquina Florida, en pleno centro de Buenos Aires, donde los Michelini guardaban su exilio desde el golpe militar que el 23 de junio de 1973 cerró el parlamento uruguayo. Minutos después a menos veinte cuadras de allí quizá la misma patota se llevó al ex presidente de la Cámara de Diputados del Uruguay, Héctor Gutiérrez Ruiz de su casa sobre la calle Arroyo en pleno barrio de Recoleta.

Zelamar Michelini y Héctor Gutiérrez Ruiz, de izquierda a derecha.

Dos días después aparecieron acribillados a balazos junto a los cuerpos del matrimonio uruguayo integrado por Rosario Barredo y William Whitelaw, dos ex militantes tupamaros en un automóvil Chevy bajo la autopista Dellepiane. Los cuatro asesinados de alguna manera integraban un grupo de exiliados en busca de una salida democrática a la dictadura uruguaya. MIchelini porque había llevado sus denuncias ante el Tribunal Russell con fuertes críticas a las dictaduras sudamericanas. Gutiérrez Ruiz porque se reunía en el exilio con grupos y militantes políticos que buscaba deponer las armas de la lucha guerrillera. Dos de esos exponentes eran Barredo y Whitelaw que además tenían contactos con sectores de tupamaros que veían en la salida armada una carnicería para el país y buscaban salidas negociadas. A la dictadura encabezada por Juan María Bordaberry no le convenía la salida negociada. La muerte y la violencia eran negocio para justificar la represión junto a su colega argentino Jorge Videla.

Desde ese momento Michelini y Gutiérrez Ruiz pasaron a ser símbolos de la resistencia a la dictadura uruguaya y desde 1996 se realizan las marchas por el centro de Montevideo reclamando “Memoria, Verdad, Justicia y Nunca Más” a los gobiernos constitucionales colorados, blancos y del Frente Amplio. Este martes 20 de mayo se realizará la edición número 18 de la marcha cuando se cumplen precisamente 38 años del asesinato de los cuatro militantes uruguayos.

La justicia condenó a Bordaberry a treinta años de prisión por haber atentado contra la Constitución uruguaya pero no por los crímenes.

La coordinación represiva de las dictaduras del Cono Sur

"Nadie imaginó que la dictadura podía ser tan sangrienta"
Así lo dijo Horacio Tamburini ante el Tribunal Oral Federal 1 de Comodoro Py. Declaró por el asesinato de su hermano, Guillermo, que militó por sus ideas de izquierda en Chile y en Argentina. En el juicio oral se juzga, entre otros, los casos de unos 20 detenidos desaparecidos chilenos durante la dictadura.
Por: Natalia Biazzini

María Cecilia Magnet Ferrero de Tamburini y Guillermo "Willy" Tamburini

 Guillermo “Willy” Tamburini se había exiliado en Chile cuando la Triple A lo perseguía por sus ideas de izquierda. Del otro lado de la Cordillera apoyó al gobierno de Salvador Allende y junto a su mujer chilena, María Cecilia Magnet Ferrero, huyeron de la dictadura pinochetista. En Argentina no militaron más, pero estaban en una lista negra y en julio de 1976 fueron asesinados por la dictadura militar. Hace unos días declaró en el juicio del Plan Cóndor su hermano, Horacio Tamburini, ante el Tribunal Oral Federal 1 de Comodoro Py.

En el momento de los asesinatos Guillermo tenía 35 años y su mujer 28, la misma edad que Horacio. El testigo describió a su hermano como un gran deportista. Jugó muchos años al rugby y hacía judo. A principios de los ´70, Guillermo ingresó al profesorado de educación física de San Fernando, pero “el director de ese momento lo identificó como un elemento de izquierda y lo echó”, recordó.

Recuerdos de familia

-¿Recuerda la última vez que lo vio a su hermano?- preguntó el fiscal Pablo Ouviña.
- Perfectamente. Fue en el casamiento de mi padre- respondió Horacio.

El 15 de junio de 1976 Tamburini padre se casó en segundas nupcias con Blanca Castelli. Y se juntó por última vez toda la familia. Guillermo le insistía a Horacio que se fuera del país. “En Viedma no pasaba nada y no éramos conscientes de la represión en Buenos Aires y no queríamos irnos y teníamos un bebé de cuatro meses con mi mujer”, dijo.

Después de los sucesivos allanamientos, el padre vendió la casa de Banfield y compró dos departamentos. Uno para Horacio sobre Balcarce, en San Telmo, y otro para Guillermo en Almagro, sobre la avenida Córdoba al 3300.

Militancia y persecución política

“Nunca fui justicialista ni peronista”, aclaró Horacio, que fue detenido en la dictadura de Juan Carlos Onganía, a principios de los ´70. Su hermano quedó prófugo y se fue a estudiar medicina a Santiago de Chile. Allá militó en el Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR) y en la militancia conoció a María Cecilia, que provenía de una familia tradicional chilena. Su padre había sido embajador chileno en Estados Unidos.

“Ni él ni yo tuvimos ninguna causa judicial, como no la tuvo ninguno de los desaparecidos”, agregó Horacio. Cada vez que se refiere al Ejército, el testigo elige adjetivos irónicos para describirlo: glorioso, maravilloso, querido. Desde 1973, Guillermo no militaba. “Estaba decepcionado de la política argentina. Sabía que se venía una nueva dictadura pero nunca tan sangrienta, tan nazi. Nadie se lo imaginó”.

Guillermo volvió a la Argentina huyendo de la dictadura pinochetista junto a su mujer María Cecilia Magnet Ferrero y cientos de chilenos. En Buenos Aires terminó sus estudios de medicina y se especializó como anestesista. El testigo recordó que estuvo detenido dos días por haber ido al funeral de Rodolfo Ortega Peña, un diputado nacional asesinado por la Triple A el 31 de julio de 1974. El Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP) mandó cartas a todos los que habían sido detenidos ese día y les advirtió que iban a ser perseguidos por el grupo paramilitar liderado por José López Rega.

Una semana después del entierro, la Triple A allanó su casa en Banfield. Uno de la patota se confundió de objetivo y disparó a Jaime Vitale, un médico chileno. Le dieron en la frente, pero sobrevivió. Los hermanos vivían con su padre y con compañeros de militancia de Horacio. Después de ese episodio, todos se fueron de la casa, salvo el padre que vivió ahí unos meses más y sufrió más allanamientos. Como era sordo no escuchaba cuando la patota tocaba el timbre y se despertaba con un fusil en la cabeza.

El día del asesinato

“Mi hermano tenía pensado salir del país pocos días después de que fue secuestrado junto con su mujer, pero la dictadura genocida se lo impidió”, le dijo al tribunal. Todo lo que sabe sobre el operativo en el departamento de la avenida Córdoba, lo sabe por trascendidos. Ningún sobreviviente vio a Guillermo ni a María Cecilia en ningún centro clandestino o lugar de detención.

La familia Tamburini se enteró del operativo porque Ulises Penayo, que vivía provisoriamente en el departamento de Guillermo, le avisó. El padre encontró el departamento destruido, los muebles rotos y con muchos objetos de valor que faltaban. “Cuando fue a la comisaría, el comisario le dijo con tono amenazante que nunca más mencione el caso de Guillermo, sino la próxima víctima sería él”.

Horacio y su mujer recorrieron en unas horas los mil kilómetros que separan Viedma de Buenos Aires. “No teníamos conciencia de que nos buscaban a nosotros también y nos quedamos a dormir en la casa de mis suegros”, agregó el testigo. Días después con la decisión de abandonar el país, Horacio quiso ir a su antiguo lugar de trabajo, el Hospital Muñiz, para obtener algún certificado de que había trabajado ahí. Antes de entrevistarse con el director, un compañero le advirtió que desde hacía meses dos personas de civil se mezclaban entre el personal y que lo estaban buscando. Esta misma persona le contó que un paciente había sido testigo del asesinato de Guillermo. Hasta ese momento Horacio creía que su hermano estaba secuestrado, no muerto.

Según Horacio, su hermano pudo deshacerse unos segundos de los custodios que lo tenían atado y gritar: “Soy Guillermo Tamburini, me dicen Willy, soy médico y me lleva el Ejército´. Inmediatamente lo ametrallaron”. Nunca más supieron de él.

El represor César Pino Enciso, procesado

En noviembre fue extraditado desde Brasil, donde se había escapado a fines de la década del ’80. Sólo podrá ser juzgado por cuatro casos de desapariciones.

El ex agente de inteligencia César Alejandro Enciso, alias “Pino”, era yerno del general Otto Carlos Paladino, jefe de la SIDE durante el terrorismo de Estado. Trabajó con su suegro en el centro clandestino que tenía a su cargo: Automotores Orletti, donde secuestró y torturó junto con otros agentes de inteligencia, de la Triple A y del ejército uruguayo. Enciso fue extraditado en noviembre desde Brasil y ahora fue procesado por el juez federal Daniel Rafecas.

El ex agente fue requerido para juzgarlo por la privación ilegal de la libertad y tormentos a unas 40 víctimas, delitos calificados como de lesa humanidad y, por lo tanto, imprescriptibles. Pero como Brasil no reconoce este principio que rige en materia internacional, sólo permitió el juzgamiento de Enciso por los secuestros de cuatro de esas víctimas que permanecen desaparecidas y se considera que el delito se sigue cometiendo. Se trata de Gerardo Francisco Gatti, Julio César Rodríguez, Manuela Santucho y Cristina Navajas, quienes fueron vistos con vida en el centro clandestino de detención de Automotores Orletti.

Manuela Santucho y Nélida Navajas –mujer de Julio Santucho– fueron secuestradas el 13 de julio de 1976 en un departamento de la calle Warnes, en la ciudad de Buenos Aires. Navajas estaba embarazada. Ambas fueron llevadas a Orletti, donde las torturaron. Unos días después, Manuela fue obligada a leer la noticia del asesinato de su hermano Mario Roberto, líder del PRT-ERP, y escuchar cómo torturaban hasta la muerte a otro de sus hermanos, Carlos.

Gerardo Gatti era un conocido dirigente sindical uruguayo que fue secuestrado en Buenos Aires y llevado a Orletti. Julio César Rodríguez también era uruguayo.

Enciso, que actualmente está detenido en Marcos Paz, vivió desde fines de los ’80 en Brasil con una identidad falsa. Además de Rafecas, la Justicia italiana quería juzgarlo por los crímenes cometidos en Orletti, pero Brasil sólo admitió que viniera a la Argentina y redujo su acusación a cuatro casos. Pino intentó evitar su extradición pidiendo que se lo considerara “refugiado”, pero su reclamo no prosperó.

Orletti era base de operaciones del Plan Cóndor, la colaboración represiva entre dictaduras del Cono Sur, y funcionó en el barrio porteño de Floresta entre mayo y noviembre de 1976 bajo dependencia de la SIDE y el liderazgo de Aníbal Gordon.

Los sobrevivientes relataron que las víctimas generalmente estaban en la planta inferior o garaje, donde los mantenían tabicados y atados. Allí se escuchaban gritos de la planta superior, donde funcionaba el cuarto de tortura. Uno de los métodos crueles utilizados por los represores del centro regenteado por la SIDE consistía en que los secuestrados eran esposados y colgados de un gancho hasta que los pies quedaban a unos 20 o 30 centímetros del piso y en ese estado se les aplicaba electricidad en el cuerpo.

Algunas de las víctimas de Orletti fueron halladas en tambores de cemento. Al procesar a varios represores de ese centro, Rafecas señaló al respecto: “El proceso de la deshumanización, que comenzaba con la captura y continuaba en el campo de detención y tortura, tuvo en estos casos un final que difícilmente pueda ser superado desde la perspectiva de la eliminación de todo vestigio de condición humana para con los cautivos: hay que caer en la cuenta de que personas con las que compartimos una misma cultura, una misma civilización, ejecutaron de un disparo en la cabeza a hombres y mujeres que estaban a su merced; luego se procuraron tambores, arena y cemento; luego, no sin esfuerzo, y seguramente de propia mano, colocaron los cadáveres en los tambores, los rellenaron, los sellaron, llevaron con sus brazos la carga de restos humanos hasta los camiones y finalmente arrojaron los tambores al río”. Por esos hechos ya fueron condenados, entre otros, Eduardo Cabanillas, Eduardo Ruffo y Raúl Guglielminetti.

Segunda etapa del Cóndor: Concluyeron las declaraciones de las víctimas uruguayas

Después de nueve meses de audiencias en el juicio oral que investiga los crímenes de la coordinación represiva de las dictaduras del Cono Sur, comenzaron los testimonios de expertos en el tema. Luego se escuchará a las víctimas chilenas.

 Por Alejandra Dandan
En el juicio oral sobre el Plan Cóndor, que comenzó en marzo, se juzga a 22 represores.

El juicio oral por los crímenes del Plan Cóndor concluyó su primera etapa, centrada en la reconstrucción de los casos de las víctimas uruguayas. Ayer comenzaron las declaraciones de los testigos de contexto, que son expertos e investigadores que analizaron las políticas de la coordinación represiva de las fuerzas de seguridad de la región durante las últimas dictaduras. Luego se iniciará la segunda parte, destinada a recoger pruebas sobre las víctimas chilenas y del resto de los países. Para la fiscalía, la etapa que concluye fue importante en cantidad de prueba, no sólo para reconstruir los secuestros y desapariciones de cada caso, sino también para aportar elementos a la lógica de coordinación de las dictaduras del Cono Sur que se llevó a cabo con la colaboración y el apoyo de Estados Unidos, que es uno de los elementos más significativos del juicio.

“Los 106 casos que llegaron al juicio son una muestra de lo que sucedió con el Cóndor”, dice Pablo Ouviña, fiscal del juicio oral. “Con este juicio no sólo estamos viendo si en el caso de cada una de las víctimas se verifica si hubo ‘delito’, sino que además estamos viendo otra cosa: la misma existencia del Cóndor. En esa vía buscamos pruebas sobre la existencia de la asociación ilícita (entre las fuerzas represivas), y luego ver si cada persona que está acusada en el juicio tuvo participación o contribuyó en la asociación ilícita y cómo lo hizo”.

En esa mirada anclada entre lo singular y la coordinación general, se halla una de las características de este debate. También de lo que pasó hasta ahora y de lo que se espera.

Jaime Nuguer es abogado por la querella originaria del juicio. “Me parece que lo específicamente relevante (del período uruguayo) es la abundante prueba testimonial que se produjo contra Manuel Cordero Plancentini por los delitos de tortura y desaparición de muchos militantes y dirigentes del Partido para la Victoria del Pueblo (PVP) y del MLN (Tupamaros)”, señala. “Cordero era el número dos de los servicios uruguayos, detrás de Nino Gavazzo, y como tal un operador importante de la Operación Cóndor. Estaba prófugo en Brasil, de donde fue extraditado a la Argentina en 2007”. El juicio oral comenzó en marzo. Se juzga a 22 represores, entre ellos los más altos responsables de la represión argentina que todavía están vivos y al uruguayo Manuel Cordero, emblemático para las víctimas y sobrevivientes de ese país, encargado del traslado de los prisioneros y enlace entre las dos fuerzas represivas. El juicio intenta reconstruir las pruebas de secuestros y desapariciones de 106 personas, entre los cuales hay una mayoría de uruguayos (48), pero también hay chilenos, paraguayos y bolivianos. Todas las víctimas del Cóndor elevadas a juicio están desaparecidas y fueron secuestradas en territorio argentino, en general cuando estaban exiliadas legalmente o escondidas por la persecución de las dictaduras en sus propios países. Entre las víctimas hay un grupo argentino secuestrado en Brasil. También hay 67 casos que están en juicio y a la vez declararon como parte de lo que se llama Orletti II, es decir, secuestrados que pasaron por el centro clandestino que fue la sede del Cóndor en Buenos Aires. Entre uno y otro listado de víctimas hay pocos nombres superpuestos. Desde el comienzo del juicio se dijo que uno de los datos más importantes del debate es que estaba destinado a probar el accionar conjunto de las dictaduras en la región y a la vez que podía ser un escenario de justicia para muchas de las víctimas de los países en donde existen dificultades para llevar adelante los juicios.

Hasta acá, la etapa uruguaya permitió reconstruir lo que sucedió con los uruguayos que estaban viviendo en la Argentina. Además de los testimonios, uno de los datos importantes que es que la suma permitió comprender las olas de la evolución represiva. “En su momento, con muy buen criterio, el Tribunal entendió que tenía que trabajar la organización del juicio por binomios”, señala el fiscal. “Si bien el Cóndor implica mirar el conjunto de los países, esto era imposible hacerlo en forma simultánea y por eso fue importante el modo de organizar las audiencias”. El binomio permitió seguir un orden por país, primero Uruguay, como luego será el caso de Chile, y más tarde los otros. Esa organización incluyó una organización cronológica de los secuestros, para entender la evolución de la ola represiva. Y pensada como binomio porque cada país incluye la relación con la Argentina. “Hasta aquí, los casos uruguayos nos permitieron ver claramente ciertas oleadas represivas. Significa que en un período muy corto de tiempo se produjeron muchos secuestros agrupados, y muchos son casos de este juicio”.

Así como esa mirada puede aportar datos para pensar la coordinación, se espera que esto quede reforzado por otros elementos del juicio. Daiana Fusca, del Cels, que es uno de los organismos de derechos humanos querellantes, señala el peso que tienen en ese sentido los archivos documentales. “Una de las líneas que se podrá profundizar con el análisis de la documental es la intervención de Estados Unidos. Esto y los testigos de concepto van a permitir visibilizar en el juicio la coordinación represiva”. El primer testigo de este tipo fue el historiador uruguayo Alvaro Rico, coordinador de la investigación histórica sobre la dictadura en ese país e integrante de la Secretaría de Seguimiento de la Comisión para la Paz. El martes debe declarar el periodista uruguayo Samuel Blixen. Y entre los expertos también está prevista la testimonial de la periodista Stella Calloni.

Los materiales serán importantes para probar además la coordinación entre el resto de los países. Pero cada tramo tendrá su singularidad. La prueba testimonial uruguaya, como se dijo, fue mucha y contundente. Los casos que llegaron a juicio son representativos de lo que sucedió con los uruguayos que estuvieron en el país. El juicio, además, contó con la declaración de sobrevivientes de Orletti. Eso permitió producir nuevos datos, dado que muchos pudieron aportar elementos sobre la coordinación represiva. “Los casos uruguayos permitieron ver lo que fue Orletti, el llamado primer vuelo, el segundo (con todos desaparecidos) y el Grupo de Acción Unificadora del 1977. Uno fue viendo a través de las testimoniales cómo iba cayendo todo, porque todo lo que están en el juicio permite hacerlo”, señala el fiscal.

Los casos chilenos que están en juicio son 22. Entre ellos hay un grupo que fue secuestrado en Mendoza, pero el resto de las víctimas fueron desaparecidas en momentos distintos.

Llega desde Italia un reclamo de justicia

CRISTINA MIHURA DECLARO EN VIDEOCONFERENCIA DESDE ROMA EN LA CAUSA ARGENTINA POR EL PLAN CONDOR
Llega desde Italia un reclamo de justicia

Después de 37 años, la viuda del desaparecido ítalo-uruguayo Armando Bernardo Arnone Hernández, desaparecido en este país, declaró ante dos fiscales argentinos y varios abogados de los acusados en la causa del Plan Cóndor.
Cristina Mihura, denunciante, y Armando Bernardo Armone Hernández, desaparecido en Argentina durante la dictadura militar.
 
Por Elena Llorente -  Desde Roma

Cristina Mihura, uruguaya residente en Italia, viuda del desaparecido ítalo-uruguayo Armando Bernardo Arnone Hernández, dijo estar “muy agradecida” a los jueces argentinos que por primera vez, en los 37 años que lleva su búsqueda, la interrogaron ayer sobre el caso de su marido. “Es como una catarsis, es impresionante la sensación que se tiene cuando alguien importante te escucha”, dijo a Página/12. Bernardo Arnone desapareció en Buenos Aires, el 1º de octubre de 1976. Ayer Mihura fue escuchada durante más de dos horas por los fiscales argentinos Pablo Ouviña y Mercedes Moguilansky, además de algunos jueces y abogados defensores de los militares acusados en el marco del Plan Cóndor, la operación internacional de aniquilación de opositores políticos, de la que participaron los servicios de varias dictaduras del Cono Sur en la década del ’70.

El interrogatorio tuvo lugar en el Consulado argentino de Roma por medio de una videoconferencia. “Fueron muy detallistas en sus preguntas. Querían conocer todo, todo, desde cómo había conocido yo a Bernardo, con quien me casé en 1974, hasta con quiénes trabajaba o quién había allanado la casa de la madre de Bernardo, hoy fallecida, que estaba en Buenos Aires cuando él fue secuestrado y que, al volver a Montevideo, se encontró con que los militares estaban haciendo un allanamiento en su casa y escarbando en el patio en busca de algo que no encontraron. También me preguntaron sobre mis denuncias, de la carta que envié al Acnur (Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados), la historia del PVP, el Partido por la Victoria del Pueblo en el que militábamos”, contó Mihura que ha sido una de las principales promotoras de otro proceso Cóndor, el que está intentando llevar a cabo la fiscalía italiana contra militares y civiles de Uruguay, Chile, Bolivia y Perú, y que está en su etapa preliminar.

Mihura también informó a los jueces de una ficha y una serie de documentos que aparecen desde hace algunos meses en el portal de Internet de la presidencia de la República de Uruguay sobre su marido y otros desaparecidos uruguayos, al que ella no ha tenido acceso directamente. “En el portal no se dice cuál es la referencia de esos documentos, pero evidentemente se dan informaciones pertenecientes a fuentes de la represión”, indicó.

Respecto de los contenidos del interrogatorio, agregó que lo único que pudo ofrecer fue “el contexto en el que ocurrió el secuestro, el contexto de una perejil, no de una militante de alto rango”. “Lamento que haya pasado tanto tiempo, porque hay muchas cosas que me he olvidado. Pero es la primera vez que me dejan decir todo lo que yo sé o he sabido. En algún momento me emocioné por eso. Especialmente cuando conté lo que me dijo un sobreviviente de la cárcel clandestina de Orletti, donde se supone que fueron a parar los uruguayos desaparecidos en Buenos Aires, entre el 23 de septiembre y el 4 de octubre de 1976, y entre los cuales probablemente estaba Bernardo. José Luis Bertazzo contó que había compartido con algunos uruguayos en Orletti una toalla para taparse la boca y la nariz cuando los militares echaron gamexane para combatir las pulgas y otros insectos que había en el lugar.”“También les transmití a los fiscales la situación de absoluto terror en la que vivíamos y cómo, por ejemplo en mi caso, que salí exiliada a Suecia, a los pocos meses tuve todos los dientes cariados. Los dentistas de la Universidad de Estocolmo me explicaron que era un típico caso de estrés por un gran susto”, agregó.

Mihura contó que tuvo la sensación de que los fiscales sabían algo más que ella no sabía, pero nada dijeron en ese sentido.

Cristina Mihura empezó a buscar a su marido pocas horas después de su desaparición, aquel 1º de octubre de 1976 en Buenos Aires. Armando fue secuestrado entre las 12 y las 20 horas de ese día en la vía pública, sostiene Cristina en base a lo que ella ha podido averiguar durante todos estos años. En abril de 1977 emprendió su campaña internacional para tener noticias de Armando, enviando una carta al Acnur explicando su caso y pidiendo ayuda. Vivía ya en esa fecha en Suecia como refugiada y allí estuvo hasta 1977. Desde entonces vive en Roma.

El secuestro de Arnone fue parte de una operación que entre el 23 de septiembre y el 4 de octubre de 1976 dio como resultado la desaparición de 26 uruguayos en Buenos Aires, 23 adultos y tres niños. Los niños aparecieron después, dos en Chile y una en Argentina. Por otra parte, aparecieron sólo los restos de tres de los 26, en Argentina. Dicen que a los demás los llevaron a Montevideo (en el llamado y famoso “segundo vuelo” de la Fuerza Aérea uruguaya), pero en Uruguay nunca aparecieron rastros de ellos, ni vivos ni muertos, contó Mihura, que todavía no logra saber ni siquiera dónde están los restos del que fuera su marido. “Después de tantas querellas judiciales todavía no sé si está en Argentina, si se lo llevaron a Uruguay o lo tiraron al río. Quiero saber lo que pasó. Los militares lo saben, pero ni siquiera anónimamente nos dicen algo. Es un revanchismo feroz. Yo quisiera que así como la Justicia argentina ha investigado brillantemente algunos casos, también lo hiciera la Justicia de Uruguay”, concluyó.

Plan Condor: Italia: Aceptan como querellantes al Frente Amplio de Uruguay + Argentina: Confirman condenas represores de la SIDE y Orletti

El Plan ideado para la represión regional
Aceptan como querellante al Frente Amplio en juicio en Italia

El Frente Amplio de Uruguay se convirtió en el primer partido político extranjero en participar como querellante en una causa en Italia, luego de que la Justicia de este país admitiera a la coalición como parte acusadora en el llamado Plan Cóndor, que juzga a 35 imputados por la desaparición de 23 italianos durante las dictaduras en el Cono Sur.

La decisión, adoptada por el juez romano Alessandro Arturi, alcanza al Frente Amplio y a los estados de Italia y Uruguay para que se constituyan como parte acusadora en el juicio de 17 uruguayos, 12 chilenos, dos bolivianos y cuatro peruanos, miembros de las juntas militares y servicios de seguridad de sus respectivos países entre los años 1970 y 1980.

Los procesados están acusados de la desaparición de 23 italianos a manos de los aparatos represivos de las dictaduras del cono sur que actuaron de manera coordinada para eliminar opositores a cualquiera de estos regímenes que se encontraran en cualquiera de estos países, plan de exterminio conocido como Plan Cóndor.

En la audiencia preliminar, que comenzó hoy en el Tribunal de lo Penal de Roma y continuará el próximo 22 de noviembre, Arturi desestimó, por otra parte, como querellantes al Partido Demócrata (PD) italiano y a la región italiana de Emilia Romaña (centro-norte) por no tener "conexión inmediata con las personas involucradas", según fuentes consultadas por la agencia EFE.

En Uruguay, en tanto, dirigentes del Frente Amplio y familiares de las víctimas manifestaron su "satisfacción" por la decisión de la Justicia italiana.

Uno de los vicepresidentes del FA, el senador Rafael Michelini, expresó a Télam la "importancia" del paso que dio Arturi de aceptar por primera vez a un partido político extranjero como parte acusatoria, en este caso junto a los estados de Italia y Uruguay.

Michelini, hijo de Zelmar, diputado uruguayo secuestrado y asesinado en Buenos Aires en 1976 en el marco del Plan Cóndor, aseguró que "se trata de un gran paso para que se avance en la búsqueda de toda la verdad" y que demuestra "la lucha que se ha desarrollado desde el frente Amplio en la lucha por Justicia".

En coincidencia, se manifestó el otro vicepresidente de coalición gobernante, Juan Castillo, quien la calificó "de una gran noticia no sólo para el frente Amplio sino para Uruguay y la región".
"Hay mucho que la fuerza política puede aportar en la búsqueda permanente por la verdad y para que en algún momento se llegue a hacer Justicia", agregó.

El secretario político del Partido Socialista en Montevideo, Gonzalo Civila, expresó que la decisión de Arturi "es un verdadero avance en la lucha contra la impunidad".
"Es muy positivo que se reconozca a una fuerza política democrática para participar en un proceso de búsqueda de verdad y justicia teniendo en cuenta la cantidad de militantes de ese partido que sufrieron al Plan Cóndor durante los años setenta", apuntó Civila.

De todos modos, Castillo marcó la "paradoja" de que se haya dado un "impulso a la Justicia" desde otro país mientras "en Uruguay no se ha avanzado todo lo que hubiésemos querido".

"Hemos tenido avances pero también hay golpes en contra. No hemos avanzado todo lo necesario, porque hemos tenido reacciones en contra", criticó.
Castillo destacó, sin embargo, que "hay que celebrar esta noticia, más allá de que en nuestro país la Suprema Corte de Justicia no contribuye a esta búsqueda de la verdad con sus trabas a algunos procesos", aseveró.

Una de los familiares de las víctimas, Cristina Mihura, cuyo esposo, Armando Bernardo Arnone, desapareció en Argentina, expresó también su satisfacción por la celebración de esta audiencia preliminar.
"Este proceso se inició hace más de diez años. Ha sido muy difícil y complicado y por eso necesitamos la ayuda de todos. Todavía hoy sigo sin saber dónde están los restos de mi marido y de sus compañeros", declaró.

Dos de los 35 acusados, el militar chileno Odlanier Rafael Mena Salinas y el expresidentes uruguayo Juan María Bordaberry Arocena, ya fallecieron.
Entre los acusados uruguayos están el exdictador Gregorio "Goyo" Álvarez, encarcelado en su país desde 2007 por violaciones de los derechos humanos durante el régimen militar (1973-1985),  presidente de facto de 1981 a 1985.
La Operación Cóndor, un plan ideado por el chileno Augusto Pinochet, coordinó la represión de la oposición política en las décadas de 1970 y 1980 por parte, sobre todo, de los regímenes dictatoriales de Chile, la Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay y Bolivia.


LA CAMARA DE CASACION CONFIRMO LAS CONDENAS DE CABANILLAS, GUGLIELMINETTI Y MARTINEZ RUIZ
Los represores de la SIDE y Orletti

El tribunal convalidó las penas de prisión perpetua, 20 años y 25 años de prisión. No debió pronunciarse sobre Eduardo Alfredo Ruffo, porque el represor desistió de su derecho de apelar.

Raúl Guglielminetti fue agente civil del Batallón de Inteligencia 601.


La Cámara Federal de Casación Penal confirmó esta semana tres condenas por delitos de lesa humanidad en el centro clandestino Automotores Orletti durante la última dictadura. La Sala IV del máximo tribunal penal rechazó los recursos interpuestos por las defensas de Eduardo Rodolfo Cabanillas, Raúl Antonio Guglielminetti y Honorio Carlos Martínez Ruiz y confirmó las penas de prisión perpetua, 20 años y 25 años de prisión, respectivamente, que les impuso el Tribunal Oral Federal 1 en marzo de 2011. Casación no debió pronunciarse sobre el cuarto condenado, el ex agente de la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE) Eduardo Alfredo Ruffo, porque el represor desistió de su derecho de apelar la condena. La confirmación de la sentencia por parte de la sala que integran los jueces Juan Carlos Gemignani, Mariano Hernán Borinsky y Gustavo Hornos es la sexta en causas por delitos de lesa humanidad en lo que va de 2013.

El fallo que dictaron hace dos años y medio los jueces Jorge Gettas, Adrián Grumberg y Oscar Amirante dio por probada la privación ilegal de la libertad de 65 víctimas del Plan Cóndor, como pasó a la historia la coordinación represiva entre las dictaduras del Cono Sur en la década del 70. En el proceso se probó además la aplicación de tormentos contra sesenta víctimas y cinco homicidios agravados por alevosía. Los delitos tuvieron como epicentro el centro clandestino Automotores Orletti, que funcionó en un taller mecánico de Flores alquilado por la SIDE, de la que dependía el lugar de detención.

Guglielminetti, agente civil del Batallón de Inteligencia 601 del Ejército, es el más conocido de los represores de Orletti, sobre todo por su trayectoria posterior: el “Mayor Guastavino”, tal su alias en los ’70, se dedicó en los últimos años de la dictadura y en los primeros de la democracia a los secuestros extorsivos. También fue custodio del ex presidente Raúl Alfonsín e integró la oficina de inteligencia paralela del gobierno radical, conocida como Grupo Alem. La ley de obediencia debida no le permitió zafar de su detención por tenencia de armas de guerra, que se prolongó hasta 1989. En agosto de 2006, el juez federal Daniel Rafecas lo volvió a detener por su actuación en el circuito represivo Atlético-Banco-Olimpo, hechos por los que fue condenado en 2010 a 25 años de prisión. Luego llegaría la condena por Orletti, a la que se sumó otra en Neuquén, donde también prestó servicios como enviado del Batallón 601.

El entonces capitán Cabanillas, que a fines de los ’90 llegó a comandar el Segundo Cuerpo de Ejército y se retiró como general, fue jefe de la base Operaciones Tácticas 18 de la SIDE, de la que dependía Orletti, y había sido detenido por primera vez en septiembre de 2006, luego de treinta años de impunidad.

Martínez Ruiz, alias “Pájaro”, había sido detenido un año antes, en 2005, por el robo de cajas de seguridad del Banco Nación. Fue integrante de la Triple A de Aníbal Gordon, que murió cuando todavía reinaba la impunidad, y agente de inteligencia de la SIDE. Idénticos pergaminos tuvo Ruffo, alias “Zapato”. La marca distintiva de su prontuario es la condena por la apropiación ilegal de Carla Rutilo Artés, hija de Graciela Rutilo, quien fue secuestrada en Bolivia, entregada a militares argentinos y vista por última vez en Orletti. Ruffo también siguió en la SIDE tras el retorno de la democracia, al servicio de Hugo Anzorreguy. El gran ausente en la sentencia fue el coronel Rubén Víctor Visuara, que también estaba en el banquillo de los acusados pero murió poco antes de que comenzara la etapa de alegatos.

Italia será parte civil en juicio en Roma por Plan Cóndor

El Estado italiano se constituirá parte civil en el juicio que se abrirá en octubre en Roma contra 35 exmilitares y civiles de Bolivia, Chile, Perú y Uruguay por estar involucrados en la muerte de 23 ciudadanos italianos en el marco del "Plan Cóndor".
“Agradezco al gobierno italiano, en particular jefe de gobierno Enrico Letta por la decisión de costituirse parte civil en la primera audiencia del juicio, fijada para el 10 octubre”, anunció en un comunicado el diputado italiano Fabio Porta, presidente del Comité Italianos en el Exterior, quien había solicitado oficialmente al gobierno italiano que se presentara como parte perjudicada.

“Se trata del primer gran juicio internacional contra esa despiadada operación de policía”, añadió.

Entre los acusados figuran el ex ministro del Interior boliviano Luis Gómez Arce, el ex primer ministro peruano Pedro Richter Prada, el ex jefe de los servicios secretos chilenos Juan Manuel Contreras, y el general Francisco Morales Bermúdez, cinco años presidente de Perú.

La fiscalía romana pidió la apertura de juicio también para el exdictador uruguayo Gregorio Alvarez, y para el exministro de Relaciones Exteriores Juan Carlos Blanco.

Los inculpados, 2 bolivianos, 12 chilenos, 4 peruanos, 17 uruguayos, cuyas edades oscilan entre los 64 y 92 años, han sido acusados de secuestro de persona y homicidio múltiple agravado.

La lista original incluía también a Juan María Bordaberry, quien falleció en 2011.

La fiscalía italiana abrió las investigaciones sobre el Plan Cóndor hace más de quince años a raíz de las denuncias presentadas por los familiares de italianos desaparecidos.

Los imputados serán juzgados en ausencia.