miércoles, 21 de agosto de 2013

El testimonio de Ivonne Trías en el juicio por la coordinación represiva de las dictaduras

Una familia devastada por el Plan Cóndor

La periodista uruguaya habló del secuestro y la desaparición en Buenos Aires de su esposo, Carlos Rodríguez Mercader; de su hermana Cecilia y su compañero Washington Cram González. “Lo que pasó fue como acuchillar el vínculo entre las generaciones”, dijo.

 Por Alejandra Dandan

Ivonne Trías es periodista uruguaya y fue directora de Brecha. Ayer declaró en el juicio oral que, en Buenos Aires, juzga a parte de los responsables del Plan Cóndor. “Vengo a decir lo que sé y lo que no sé y quiero saber acerca del secuestro y desaparición de mi hermana Cecilia, de 22 años; de su compañero, Washington Cram González, de 27, y de mi esposo, Carlos Alfredo Rodríguez Mercader, de 26 años, los tres secuestrados y desaparecidos aquí. También quisiera hablar de lo que sé y no sé de otros compañeros y amigos muy queridos que desaparecieron en circunstancias similares. Y en tercer lugar, hablar de algunos de los imputados en esta causa. A uno lo conozco hace más de cuarenta años, siempre en circunstancias de torturas y apremios físicos, tratos degradantes. Y contar por qué estaba mi familia aquí.”

Ivonne y Carlos militaron en la Federación Anarquista Uruguaya (FAU), que generó más tarde al movimiento de Resistencia Obrera Estudiantil (ROE). Cecilia se sumó al sector estudiantil del ROE con una militancia periférica. En 1972, Ivonne quedó detenida en Uruguay, situación en la que permaneció hasta 1985. A fines de 1972, su familia viajó para refugiarse en Buenos Aires, mientras se acentuaban la represión y las persecuciones en Uruguay. Primero salió su esposo. En 1973, salieron Cecilia y Washington, que aquí tuvieron un hijo, estaban legalizados y con trabajo en blanco. Entre septiembre y octubre de 1976, Carlos, Cecilia y Washington fueron secuestrados por la coordinación represiva de los dos países en el marco del Plan Cóndor. Se cree que pasaron por el centro clandestino de Automotores Orletti y partieron a Uruguay entre los prisioneros del llamado “segundo vuelo” que permanecen desaparecidos. El hijo de Cecilia y Washington se salvó porque su abuela María Irma Hernández estaba en esos días de visita en Buenos Aires.

“Todos ellos vinieron de Uruguay porque estaban perseguidos, porque eran militantes políticos o estudiantiles, como mi hermana y su compañero.” “¿Por qué éramos todos militantes?”, preguntó Ivonne en la sala. “Porque en Uruguay ya en los años ’65 o ’66 empezó un ajuste que puedo describir como conservador, que puso por primera vez a los representantes directos de los grupos financieros en los puestos del gobierno para llevar adelante las medidas de carácter antipopular, la represión más fuerte que se había conocido. Y eso chocó con unas organizaciones populares muy fuertes también: había una organización de los trabajadores unificada; partidos de izquierda fuertes, como el Partido Comunista o el Movimiento de izquierda de Liberación nacional (Tupamaros).” Un escenario que no permitía imponer esas “medidas antipopulares sin chocar con una resistencia muy fuerte”.

Ivonne relató el avance del proceso año a año hasta llegar al golpe de junio de 1973. Las primeras militarizaciones y el contexto de conflictividad en el que “la mayor parte de los jóvenes de mi generación decidimos militar”. “No tuvimos que pensar si íbamos a intervenir en política o no –dijo–, ya en nuestra formación todos tempranamente sabíamos que la realidad había que cambiarla, participar era natural.” Ante las “ofertas” vigentes, el PC o el MLN, su grupo optó por otra “salida”: la FAU, una organización “con raíces históricas profundas” que “estaba acercándose a los movimientos de liberación de toda América, a la rebelión de las orillas, como la llamábamos”. En el relato, la FAU apareció así como punto de origen del movimiento que continuó en el MOR y, ya en 1975, entre los refugiados en Buenos Aires, con la organización del Partido para la Victoria del Pueblo (PVP), del que formaban parte la mayoría de los uruguayos secuestrados y desaparecidos aquí.
En Buenos Aires

Con el golpe de Estado uruguayo “se declara una huelga general” y empieza el “revanchismo de despidos, persecuciones, y es cuando mucha gente que ya estaba requerida y era perseguida empieza a ver que Argentina era el refugio (...) Se vienen muchos de mis compañeros y se instalan con intenciones de seguir lo iniciado en Uruguay en un proceso de discusión interna, recuperar fuerzas para volver y luchar contra la dictadura”.

Carlos viajó antes del golpe, a fines de 1972. Cecilia y Washington, en 1973. “Yo me comunicaba con mi hermana. Ella no tenía impedimento legal, nos escribíamos habitualmente. Sabía que estaba muy contenta y que estaban tratando de tener su primer hijo. Con mi marido, clandestino, nos enviábamos cartas ocultas en las que se podía decir muy poca cosa más que frases o ‘estamos bien’. O ‘te amo’ o ‘te espero’.”

Durante su estadía en la cárcel supo de los secuestros. Luego de un período de castigo empezaron a recibir visitas. “Vienen todos los familiares, pero no viene mi madre, cosa muy extraña porque no había faltado jamás. Faltó a la segunda visita, lo cual me alarmó, y a la tercera la noté demudada. Me dijo que mi hermana había salido a encontrarse con su compañero, ella estaba ahí porque había ido a cuidar a su niño. Me contó que no habían vuelto. Me contó que mi marido tampoco estaba y me decía entre lágrimas y medias frases cosas que no podía entender muy bien –dijo–. En parte por un bloqueo emocional, en parte porque no eran conceptos ni experiencias que teníamos como uruguayos.” Su madre le decía: “Todo fue un desastre, se llevaron a todos, están todos muertos”. Ivonne todavía pensaba que podían estar clandestinos.

De acuerdo con la reconstrucción que hizo después, supo que Cecilia, Washington y su hijo vivían en la calle Vicente López 2273, en Morón. El 28 de septiembre de 1976 dejaron al niño con la abuela. Primero salió uno, después el otro. Tenían como destino un bar en Juramento y Ciudad de la Paz. “Pasaron las horas. Mi hermana estaba amamantando a su bebé, por lo cual tenía horarios muy rígidos. Cuando no volvió, mi madre se puso muy nerviosa y más nerviosa hasta que llega mi marido y le dice: ‘Vieja, hay que salir de acá, ya, ya, ya. Llevamos al niño porque cayeron los chiquilines.” Carlos Rodríguez Mercader, a esa altura, estaba a cargo de la dirección de emergencia del PVP. Lo secuestraron el 1º de octubre.

Uno de los represores uruguayos juzgados en este juicio es Manuel Cordero. Es uno de los más mencionados por los sobrevivientes de Orletti. Estaba encargado de los enlaces de prisioneros entre Argentina y Uruguay.

Ivonne lo conoció en agosto de 1972, en el cuartel Quinto de Artillería: “Mi primer impacto fue una actitud inolvidable, porque estaban todas las presas en una habitación común y Cordero entraba y lo primero que hacía era pasar la mano por todas las bombachas que estaban en la primera cuerda y después iba y se sentaba en la cama de una detenida, una pobre muchacha de 18 años a la que le habían matado a su esposo. Manoseo y un oprobio, violaciones elementales al derecho de ella y todas las que estaban alrededor. Cuando traían al bebé de esta chica a visitarla lo tomaba en brazos y se paseaba como si fuera un trofeo. Fue tal la indignación que todo esto me produjo que cuando el comandante del cuartel me preguntó si tenía un problema particular con Cordero, le relaté los hechos.”

En 1974, Cordero intervino en el asesinato de Iván Morales Generali, un militante que llegó a Uruguay con volantes y documentos. En 1975, encabezó una suerte de negociación para intercambiar presos por una reliquia. Y fue quien le dijo a Ivonne los detalles de dónde y qué hacía su familia en Buenos Aires, situación que reflejaba la persecución. En 1976, aparece en la “lista infinita” de todos los detenidos de Orletti, dijo Ivonne. Y en particular en el testimonio de Sergio López Burgos, quien relató “escenas escalofriantes, en que dirigía no sólo los interrogatorios sino la tortura”. Señaló que Cordero violó a Ana C. en medio de la tortura, “que en el momento en el que termina de cometer ese acto de tortura sigue con su aparato, el disyuntor, y sigue con la tortura a López Burgos: ésa es la pintura de uno de los imputados según mi propia experiencia y la experiencia de muchas personas que entrevisté para realizar una investigación que culminó en un libro. Ninguno de los que declaran se ha retractado”.

En la sala, una de las querellas le preguntó a Ivonne si podía decir algo de los efectos de la dictadura en su familia. “En un momento de 1972, la familia era una familia que prometía –dijo ella–. Eramos mi padre, mi madre y mi marido y yo; mi hermana con su pareja y una idea del mundo y de nietos. Cuando yo salí de la cárcel quedaba mi madre y el hijo de mi hermana, nada más. Yo pienso que todos necesitamos formar parte de una historia, no digo de la Historia con mayúscula, de una historia chiquita, de familia. Ser hijos de algo, como dice Marcelo Viñals, de alguien, abuelo de alguien, nieto de alguien. Y lo que pasó fue como acuchillar el vínculo entre las generaciones y dejar un poco como que todo empieza de nuevo cada vez. Esto es para mí un sentimiento de lealtad con mi historia, con mi familia. Me parece que tiene algo de terrible esto de venir a contar historias espantosas, pero tiene algo de recomponer ese vínculo cortado, esa genealogía que quedó trunca y eso me parece que es algo positivo."

jueves, 15 de agosto de 2013

Detienen a militar uruguayo requerido por cuatro desapariciones

Vivía en el buceo y se aprestaba a abandonar el país

Se trata del ex integrante del OCOA, mayor (r ) Antranig Ohannessian, requerido por la Causa Cóndor abierta en la península itálica. En este expediente se involucra a otros 30 uruguayos, civiles y militares.

Ohannessian fue acusado por el fiscal italiano Capaldo de participar en la desaparición de los uruguayos Gerardo Gatti, Bernardo Arnone, Juan Pablo Recagno y María Emilia Gatti de Islas, todos ellos secuestrados en Buenos Aires en setiembre y octubre de 1976 y recluidos en el centro clandestino de detención “Automotores Orletti”. El fiscal comenzó esta investigación hace más de 15 años a raíz de las denuncias presentadas por los familiares de italianos desaparecidos.

La detención de Ohannessian se produjo el domingo cuando el militar se disponía a viajar fuera del país.

La solicitud de captura fue cursada al Uruguay hace pocas semanas y derivada al personal del Buró de Interpol perteneciente a la Dirección General contra el Crimen Organizado. Las investigaciones realizadas permitieron determinar que el requerido estuvo un tiempo desempeñándose en un establecimiento agropecuario del Interior.

En posteriores diligencias los funcionarios obtuvieron información de que el militar se domiciliaba en un lujoso edificio de la rambla del Buceo de Montevideo.

Allí finalmente fue detenido. Lo trasladaron a declarar ante la Justicia que dispuso su prisión administrativa en la Cárcel Central con miras a extradición. El caso quedó en manos de la jueza Penal de 6º Turno doctora Fanny Canessa y de la fiscal Ana María Tellechea. La detención de Ohannessian ya fue comunicada a las autoridades italianas y ahora se aguarda el envío de la documentación correspondiente. Se presumía que el militar se encontraba en Argentina. En marzo de 2008, la Justicia de ese país ordenó su detención con vistas a la extradición a Italia. No obstante, el proceso de extradición se dilató y finalmente la Justicia del vecino país rechazó el pedido por cuestiones formales.

Tiempo después, Ohannessian fue liberado. En la causa Cóndor, la Justicia italiana pretende esclarecer el secuestro y asesinato de 25 ciudadanos de origen italiano durante los años en que los países del Cono Sur estuvieron bajo dictaduras militares: 13 ítalo-uruguayos, 7 ítalo-argentinos y 5 chilenos, todos con nacionalidad italiana.

Con ese fin, se libró el pedido de extradición de 140 militares y civiles implicados en el Plan Cóndor, el esquema represivo que coordinó las dictaduras de Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay en los años ‘70 y ‘80.

“El Turco”
Ohannessian, alias “Oscar”, “el Turco” o “el Armenio”, fue integrante del Organismo Coordinador de Operaciones Antisubversivas (OCOA). Testimonios de presos políticos lo ubican en operativos represivos en Buenos Aires junto al mayor (r) José “Nino” Gavazzo Pereira, hoy preso en Montevideo en la cárcel especial Nº 8, y al coronel Manuel Cordero, detenido en Argentina.

Recibió entrenamiento en la Escuela de las Américas, junto con Luis Maurente, entre otros, y revistó en varias unidades del Ejército dentro del arma de Ingenieros. Uno de sus últimos destinos fue el hospital militar. Al retirarse, a mediados de los años ‘80, pasó a la actividad privada, en el rubro seguridad.
Fuente: la Republica

miércoles, 12 de junio de 2013

La declaración de Amalia Mercader sobre la desaparición de su hijo Carlos

El segundo vuelo del Cóndor

A los 91 años, Mercader declaró desde Uruguay en el juicio por los crímenes cometidos en el marco del plan represivo coordinado por las dictaduras latinoamericanas. Su hijo, Carlos Rodríguez Mercader, estuvo en Automotores Orletti.

 Por Alejandra Dandan

Amalia Mercader es una mujer uruguaya, de 91 años, que hasta hace pocos años seguía yendo a la ronda de las madres uruguayas como podía, incluso en silla de ruedas. Nadie sabía en Buenos Aires si iba a lograr acercarse hasta el Consulado argentino en Montevideo para declarar por la desaparición de su hijo Carlos Rodríguez Mercader. Pero lo hizo. Durante la mañana pegó su cara a la pantalla que la trasladó a los tribunales de Comodoro Py. Habló y recordó más de lo que pensaban seguramente los abogados defensores, porque fueron muchas de sus preguntas, algunas molestas, las que activaron los recuerdos. Estaba respondiendo una de esas preguntas cuando recordó el momento en el que apareció un cuerpo en Uruguay. “Yo fui con mi bastón, convencida de que era el cuerpo de mi hijo”, dijo Amalia. “Es una cosa tan íntima, han aparecido ya varios y en esos momentos a muchas nos pasa que creemos que son nuestros hijos. Cuando veía alguien como mi hijo en la calle salía corriendo, daba vueltas, miraba y decía: ‘No es’. Pero me preguntaba, ¿cómo será mi hijo en este momento? ¿Estará calvo? ¿Tendrá bigotes? ¿Ventanas en el pelo? ¿Usará lentes? ¿Habrá tenido accidentes? Pero estaba convencida, estoy convencida, de que cuando lo vea voy a decir: ‘Ese es el cuerpo de mi hijo’, porque las madres sabemos tanto de nuestros hijos que hasta sabemos cómo son por adentro. Creo que cualquier madre reconocería a su hijo.”

El juicio por los crímenes del Plan Cóndor avanza en esta primera etapa en la reconstrucción de las historias de los uruguayos desaparecidos en Argentina. Carlos Rodríguez Mercader también atravesó lo que sucedió con gran parte de ellos. Integrantes de distintas organizaciones del Uruguay, perseguidos ahí, viajaron a refugiarse en Argentina a partir del golpe en su país. Acá se nuclearon en el Partido por la Victoria del Pueblo (PVP). Algunos fueron secuestrados, pasaron por el centro clandestino Automotores Orletti. Otros fueron llevados ilegalmente a Montevideo en un primer vuelo del que la mayoría sobrevivió. Ese fue el eje del primer juicio oral que se hizo en Argentina por las víctimas uruguayas. En el proceso que se realiza ahora, en el marco y contexto del Cóndor, también se investiga a los responsables de lo que se llama “el segundo vuelo”, en octubre de 1976. Algunos lo llaman el “vuelo de la muerte”, porque casi no hubo sobrevivientes.

Amalia cree que a su hijo lo trasladaron en ese momento. Ayer contó que un juez se lo dijo en Buenos Aires, le explicaron que aparentemente a Carlos lo secuestraron tres días antes del vuelo. Cuando en la sala, uno de los jueces del tribunal le agradeció su testimonio y se dispuso a despedirla, ella se quedó hablando como quien necesita seguir. “Les agradezco también a ustedes lo que puedan hacer por la verdad –dijo–, la memoria del pueblo uruguayo está convencida de que el vuelo de la muerte se hizo. Muchas gracias. Perdón por las preguntas que no pude responder, pero la edad me lo impide.”

Carlos había militado en la Resistencia Obrera Estudiantil (ROE). Se instaló en Argentina e integró el PVP. Estaba casado. Martín Rico, abogado querellante por la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, explicó que muchos de los uruguayos estaban viviendo en casas en la provincia de Buenos Aires, con muy pocos contactos con sus familias. “Estuvo en Argentina en distintas oportunidades”, dijo su madre. “No recuerdo la fecha precisa. Vivía en la Argentina, se quedaba a veces en casa de gente conocida, amigos suyos, se ve que con alguna misión. En aquel momento yo no pensaba que mi hijo era realmente un revolucionario, era muy maduro, pero a uno le parece siempre que sus hijos son chicos, si bien los quiere ver crecer y no quiere que se equivoquen, siempre los ve como niños.”

La fiscalía le preguntó a Amalia por la trayectoria política de Carlos en Uruguay, que es un modo de establecer dos cosas: que en su país ya eran perseguidos, que se vinieron a la Argentina por esa situación y que acá continuaron siendo perseguidos, ahora en una coordinación de las dos fuerzas represivas. ¿Tenía trayectoria gremial? “No le sabría decir, pero llevaba en el alma la política”, respondió la mujer. Las dos veces que ella viajó a verlo, “me dijo que no le dijera absolutamente nada a nadie”. Y cierta vez escuchó la voz de Carlos, que la llamó a Montevideo. “Mi hijo me dice: ‘Mamá, como la otra vez, no digas a nadie, mirá que la situación está peor que antes. Pero vení. Espero, te espero. Venite pero no digas nada a nadie’. Nos encontramos. No sé si era la una o dos de la tarde. Y lo que me va quedando es lo que me había dicho en la conversación: que no hiciera ningún gesto, que no caminara hacia él, que me quedara quieta. Si pasaba cerca mío y se iba era porque no me podía ver. Me había dicho: ‘Si me vigilan no te saludo’. Bueno, cuando me vio, cruzó la calle y me dio un beso que nunca me voy a olvidar.” No se vieron más que un momento. “Me dijo que me volviera. Me pidió por favor que me cuidara, que la cuidara a su hermana y que no fuera a actuar en política.”

Esa fue la última vez que Amalia lo vio. Años después, entrando a un juzgado, en Buenos Aires, supo que su hijo había estado posiblemente en Orletti. “Y que con seguridad lo habían traído para Montevideo en lo que nosotros llamamos segundo vuelo. La verdad es que se me cayeron las lágrimas a pesar de que trato de ser muy fuerte”, explicó. “Y el juez que me atendía me dijo que hacía tres días que lo habían llevado a Orletti, que era casi seguro que lo habían traído porque habían vaciado Orletti y todos los que estaban fueron a Montevideo.”

martes, 11 de septiembre de 2012

El represor José Néstor Ferrer detenido en Aeroparque

El prófugo cayó en Aeroparque por orden de Rafecas

El subcomisario retirado Ferrer tenía pedido de captura desde fines del año pasado por su participación en asesinatos, secuestros y traslados de víctimas al centro clandestino de Automotores Orletti. Está detenido en la cárcel de Marcos Paz.

 Por Ailín Bullentini

El 14 de septiembre de 1976 Ana María del Carmen Pérez se encontraba con su cuñado, Gustavo Gayá, su esposa, Estela María Moya, y el hijo de ambos –Ernesto, de dos años– en el departamento que la familia habitaba en la ciudad de Buenos Aires. El bebé quedó a cargo de su abuela materna horas antes de que, ese día, su mamá fuera asesinada y su papá y su tía secuestrados, en el marco de un operativo genocida dirigido por el subcomisario retirado José Néstor Ferrer. Luego de permanecer prófugo más de medio año, Ferrer fue detenido el domingo en el Aeroparque porteño Jorge Newbery, cuando regresaba de Mendoza, por orden del juez federal Daniel Rafecas, y fue trasladado a la cárcel de Marcos Paz. Su participación en el asesinato de Moya, el secuestro de Pérez, que estaba embarazada de ocho meses, y Gayá, así como en sus traslados al centro clandestino de detención conocido como Automotores Orletti, había sido probada por la investigación a cargo de Rafecas a fines del año pasado, cuando se libró su orden de captura.

En los tiempos del terrorismo de Estado, Ferrer era subcomisario y respondía a la Superintendencia Federal de la policía. Su participación en el operativo del 14 de septiembre del ’76 en el departamento de la avenida Forest al 1000, en el barrio de Chacarita, quedó registrada en un expediente del Consejo de Guerra Especial Estable del Primer Cuerpo de Ejército. Según fuentes judiciales, la documentación exhibe la constancia de “un operativo fraguado con el fin de justificar el homicidio de Estela María Moya y en el que se consignó, fraudulentamente, que los otros moradores de la casa habían logrado huir, ocultando con ello su detención ilegal”.

En el marco de la segunda parte de la investigación sobre la acción del Primer Cuerpo del Ejército en Automotores Orletti –un grupo de represores ya recibió una condena por la comisión de delitos de lesa humanidad en ese sitio en marzo de 2011–, el magistrado a cargo del Juzgado Federal Nº 3 determinó a fines de ese año la relación directa entre Ferrer y las violaciones a los derechos humanos sufridas por estas tres víctimas.

Pérez militaba en el PRT-ERP junto a su compañero, Ricardo Gayá. Ambos se reencontraron en Orletti –a él lo secuestraron el 30 de julio de 1976–. Allí, los hermanos Gayá –ambos oficiales de la policía– y Pérez fueron brutalmente torturados y luego asesinados. El tiro que recibió la joven, entonces de 25 años, también mató al bebé que llevaba en su vientre y que estaba a pocos días de nacer. Los cadáveres fueron introducidos en tanques de 200 litros, cementados, sellados y arrojados al canal de San Fernando, una práctica de eliminación que caracterizó el proceder de los represores que actuaron en Orletti.

Fuentes de la causa informaron a este diario que la detención de Ferrer se llevó a cabo con la participación de la Policía Aeroportuaria, luego de que se tuviera el dato de que el hombre, establecido en Mendoza, viajaría a Buenos Aires. Tras su detención fue trasladado al penal de Marcos Paz. Allí también permanecen detenidos los oficiales retirados Rolando Oscar Nerone y Oscar Roberto Gutiérrez. Ambos respondían, al igual que Ferrer, a la Superintendencia, con lo cual son tres los eslabones relacionados con la causa Orletti que probarían la vinculación de la Superintendencia con ese centro clandestino de detención. Nerone y Gutiérrez fueron procesados por Rafecas debido a su participación en el secuestro de Victoria Grisonas y el homicidio de Mario Roger Julien Cáceres.

Según informaron desde la Justicia, la inclusión de Ferrer y el homicidio de Moya permitieron, en esta segunda etapa de la investigación por los crímenes de Orletti, acreditar lo sucedido con sesenta y ocho víctimas e involucrar a diez represores argentinos (de la SIDE, la Policía Federal, el Ejército, la Fuerza Aérea y civiles de la Triple A) y nueve represores uruguayos, cuyo pedido de extradición fue enviado al país vecino hace algunos meses.

Los secuestros, torturas y asesinatos de Pérez, Ricardo y Gustavo Gayá fueron elementos de análisis y juicio durante la primera etapa de la causa que lleva Rafecas, que ya concluyó con condenas a Eduardo Rodolfo Cabanillas, Eduardo Alfredo Ruffo, Honorio Carlos Martínez Ruiz y Raúl Antonio Guglielminetti.

domingo, 13 de mayo de 2012

Pruebas sobre el Cóndor

Un documento de la Policía Federal da cuenta del trabajo conjunto con fuerzas represivas de Chile y Uruguay

Los papeles firmados por el jefe del Departamento de Asuntos Extranjeros dan cuenta con nombre y apellido de secuestros y de la coordinación entre los tres países. El comisario pedía una recompensa para 44 hombres de su tropa por el trabajo realizado.

 Por Alejandra Dandan

Si no se hubiese destruido la mayor parte de los archivos de la dictadura, probablemente aparecerían más documentos como estos. Es un informe “secreto” firmado por el entonces jefe del Departamento de Asuntos Extranjeros de la Policía Federal, comisario inspector Alberto Baldomero Obregón, en el que sin ahorrar elogios pide una “recompensa” para 44 hombres de su tropa por haber “neutralizado” satisfactoriamente las acciones de “organizaciones delictivas del tipo subversivo nacionales e internacionales” que estaban en el país. Página/12 accedió al documento presentado por un grupo de sobrevivientes uruguayos en el juzgado de Norberto Oyarbide. En él se observan por primera vez comunicaciones en tiempo real entre las fuerzas represivas argentinas, chilenas y uruguayas como si estuviesen del otro lado de una línea. Quedaron plasmadas las caídas de dirigentes y militantes del Movimiento de Izquierda Revolucionaria chileno y de 76 uruguayos de la Organización Popular Revolucionaria 33 Orientales. El documento arroja, a la vez –para la querella–, una nueva prueba sobre la fecha en la que empieza a funcionar el Plan Cóndor. Uno de los párrafos indica que Argentina y Chile trabajaban juntos desde noviembre de 1974, es decir en el momento en que Isabel Martínez de Perón decreta el estado de sitio.

El 15 de septiembre de 1976, el comisario Obregón, de Asuntos Extranjeros, describió el trabajo de varios meses en un informe dirigido a la Dirección General de Operaciones e Informaciones: “El trabajo de inteligencia y operacional del personal de este departamento –escribió– ha permitido neutralizar en forma altamente satisfactoria la actividad desplegada en nuestro país por distintas organizaciones delictivas de tipo subversivo, con proyecciones nacionales e internacionales”, dice. “Ello es fruto del trabajo constante en el que la dedicación plena de los hombres requirió de un esfuerzo que va más allá de los límites convencionales de un horario rutinario, y en el que los riesgos físicos han sido ciertos y reales, dada la alta peligrosidad de los elementos con que ha debido enfrentarse el personal policial.” Los procedimientos, de los que desiste detallar, “hecho por hecho y caso por caso” porque “no sólo sería extenso” sino que “obviamente” iría en contra “de lo que en un primer momento se trató de evitar: dar trascendencia a la actuación individual” de la tropa, permitieron “ir anulando la actividad de dichas organizaciones, secuestrándose en muchos casos armas, municiones, en otro caso quedaron al descubierto fincas que eran utilizadas como refugios y cárceles del pueblo”.
El documento

Bajo el subtítulo “Partido Radical Revolucionario chileno”, el comisario Obregón señala entre los logros que consiguió con la “detención” de Javier Huenchllan Sagrista, un chileno secuestrado en Argentina, a quien presentan como “responsable del partido”, también “de la Coordinadora Chilena (ex Resistencia)” y del “Movimiento de Solidaridad con las organizaciones subversivas trasandinas con asiento en diversos países europeos y americanos con sede actual en Cuba”. Su “detención”, dicen, “logra desbaratar a la cúpula de la nueva estructura formada a posteriori”. Informan que “detuvieron a 10 (diez)” personas y explican que así se dejó “desmembrado el Movimiento, (la) ayuda económica, prensa y propaganda y comunicaciones entre integrantes subversivos en el exilio”.

El dato es que siguieron avanzando a partir de lo que declaran fueron los “interrogatorios”: después de los “interrogatorios” a los que fueron sometidos los “detenidos” entendieron que la Coordinadora iba a abrir un “centro de documentación” en Argentina para “invadir la plaza bibliográfica del país con literatura marxista”. Un tema que, dicen, anularon “eficazmente” porque detuvieron a los cinco encargados.

El documento es rico en el nivel de prueba porque abundan descripciones como éstas con esa y otras organizaciones, uno de los valores más importantes para las querellas es aquello que revela sobre el Cóndor. El correr de las páginas permite ver al menos en dos casos la velocidad con la que circulaba la comunicación de uno a otro país y cómo se coordinaron las acciones.

Un ejemplo es la intervención en el caso del Movimiento de Izquierda Revolucionario chileno (MIR). En un párrafo, el comisario Obregón explica que se procedió a la “detención” del “periodista chileno Ernesto Carmona Ulloa (a) Mateo Fernández”, a quien ubica como “actualmente responsable del MIR en Venezuela”. Detrás de la “caída”, “se logra detectar la primera célula del MIR en Argentina”. A raíz de lo cual “y continuando con investigaciones, se logra detectar la forma de comunicación entre responsables del MIR exterior e interior, poniendo sobre aviso de esta circunstancia al gobierno chileno. De común acuerdo con las autoridades chilenas e intercambiando opiniones –dice– se establece no entorpecer sucesivas relaciones, a fin de reunir mayor información y llegar a detectar a los integrantes de la cúpula de dicha organización subversiva”. Allí es cuando agregan los datos que hablan del tiempo de trabajo con los chilenos: “Tras un año y medio de investigación, por fin, en abril del corriente año se comienzan a realizar procedimientos simultáneos en ambos países, dando como resultado en Argentina la caída del hombre más importante del MIR, luego de la muerte de Miguel Enríquez en Chile, cayendo además sus principales colaboradores”.

Eso quiere decir que si en abril de 1976 llevaban “un año y medio de investigación”, el comienzo se remonta a noviembre de 1974.

Páginas más adelante, el informe habla de los uruguayos y ahí cuentan cómo coordinaron acciones de secuestro, al mismo tiempo, entre los dos países. Para entonces estaban cayendo en el país otros uruguayos del Frente para la Victoria del Pueblo, muchos de los cuales fueron secuestrados en Orletti. En este documento se habla de otro grupo.

Debajo del subtítulo de “Los 33 Orientales”, Obregón hizo lo mismo que con el resto de las organizaciones espiadas: puso todo lo que sabía sobre los supuestos orígenes políticos del partido, desmembramientos, los ubicó como “brazo armado” en cuyos orígenes ubicó a la Federación Anarquista uruguaya y al Movimiento de Resistencia Obrero Estudiantil. Escribió que cobraron “notoriedad” porque “sustrajeron la bandera de los 33 Orientales, reliquia histórica del pueblo oriental, depositado en el Museo Nacional y que representa lo que la bandera de los Andes para nuestro país”.

Lo importante es el fragmento que señala cómo, a partir de junio de 1976, coordinaron el trabajo con los uruguayos para detenerlos: “En junio del corriente año, luego de pacientes investigaciones se logra la detención de dos integrantes de la conducción central y el desbaratamiento total de los sectores Obrero y Popular y Agitación y Propaganda a la vez que parte del Frente Interno y Político”, dice el informe. “A raíz de este golpe cae en Uruguay toda la organización que se mantenía en ese país, lográndose la detención de 76 integrantes del mencionado movimiento de los cuales 34 fueron detenidos por personal de la DAE”, es decir el Departamento de Asuntos Extranjeros de Buenos Aires.
La burocracia

El informe apareció a raíz de dos condenas del juicio de Automotores Orletti. Dos de los condenados eran parte de los 44 policías que integran la lista de Asuntos Extranjeros: los inspectores Rolando Oscar Nerone y Oscar Roberto Gutiérrez. En sus legajos había una felicitación que remitía a su vez a un expediente secreto. El juez Daniel Rafecas pidió el expediente secreto y encontró este nuevo documento que ahora está en manos de Oyarbide y del fiscal Luis Osorio. Para los querellantes uruguayos del Cóndor tiene un enorme valor. Juan Castillo, en este momento candidato a la presidencia del Frente Amplio, Sergio López Burgos y Lille Haydée Carusso Larrainci venían denunciando a militares, policías y diplomáticos uruguayos que actuaron en Argentina, pero ahora pidieron indagatorias para los argentinos. Según sus datos, excepto dos de Orletti y una persona fallecida, el resto de los 44 “están vivitos y coleando” y acaban de ser denunciados por primera vez.

“La burocracia dejó en algunos legajos huellas de la participación de los miembros de las fuerzas en distintos operativos, pero son datos indirectos: en general se entiende que intervinieron porque en los legajos aparece un pedido de licencia por tal acción, un traslado o piden un reconocimiento por el deber cumplido”, explica Elizabeth Gómez Alcorta con Mariana Neves, representante legal de la querella. “Lo que sin embargo no hay son documentos como el que acabamos de presentar, porque la burocracia hizo desaparecer toda esa información.”

martes, 1 de mayo de 2012

Avances en la causa por el pacto genocida entre las dictaduras de América del Sur

La justicia suma 160 crímenes a la investigación sobre el Plan Cóndor
 El fiscal federal Miguel Ángel Osorio solicitó la ampliación. La mayoría son casos de uruguayos secuestrados en la Argentina durante la dictadura. El listado incluye 20 hechos ocurridos con anterioridad al golpe de Estado de 1976.

Yolanda Iris Casco y su esposo, Julio César D’Elía, ambos uruguayos y militantes de izquierda, fueron secuestrados el 22 de diciembre de 1977 en su casa de San Fernando, provincia de Buenos Aires. Estaban exiliados, pero un grupo de tareas de la Marina uruguaya cruzó el Río de La Plata y los detuvo, actuando bajo el mando de un enlace argentino. Julio César estuvo en el COT-1 Martínez, y Yolanda pasó por tres centros clandestinos. El 26 de enero del ’78, en el Pozo de Banfield, dio a luz a Carlos D’Elía Casco, apropiado ese mismo día por un marino retirado.

El hijo de Yolanda y Julio César recuperó su identidad en 1998, pero sus padres siguen desaparecidos. Son dos de los 160 casos que la justicia argentina comenzará a investigar en el marco de los crímenes imprescriptibles cometidos en el Plan Cóndor, el pacto genocida con que las dictaduras de América del Sur avanzaron, durante la década del ’70, en la eliminación conjunta y sistemática de sus opositores políticos.
Días atrás, el fiscal federal Miguel Ángel Osorio firmó un requerimiento de instrucción –al que Tiempo Argentino accedió en exclusiva– para empezar a indagar en esta larga serie de hechos, en los que personas de distintas nacionalidades –en su gran mayoría, uruguayos secuestrados y desaparecidos en suelo argentino– fueron víctimas de un aparato represivo coordinado como nunca antes se había visto en la región. Además del importante número de casos que el fiscal incluyó en su escrito, el otro dato a destacar es que una veintena de ellos ocurrieron antes del golpe de Estado del 24 de marzo de 1976.

Osorio, titular de la Fiscalía Nº10, elevó su requerimiento al Juzgado Federal Nº 7 en lo Criminal y Correccional, subrogado por Norberto Oyarbide, y donde se tramitan las causas vinculadas al Plan Cóndor. En esta oportunidad, los hechos se substanciaron en el expediente Nº 10.961 con la denuncia que en octubre de 2011 realizaron los uruguayos Sergio López Burgos, ex detenido de Automotores Orletti, y Lille Haydee Caruso Larrainci, integrante de la Comisión de Familiares de Asesinados Políticos. Aquella presentación –que fue reflejada por las páginas de este diario– estuvo acompañada por tres cajas repletas de documentación, de donde surgieron los 160 nombres individualizados por Osorio y su equipo. Los denunciantes también señalaron a 121 posibles imputados, entre civiles, militares y miembros de distintas fuerzas de seguridad. Resultaron claves dos de las fuentes aportadas por Burgos y Caruso Larrainci: el libro A todos ellos, de la Asociación Madres y Familiares de Uruguayos Detenidos Desaparecidos, y los seis tomos de la investigación Detenidos y Desaparecidos, publicada en 2007 por el gobierno de Tabaré Vázquez.
De los casos contemplados, 16 corresponden a ciudadanos argentinos; también hay un español, dos ítalo-uruguayos, una argentina-uruguaya y una hispano-uruguaya. Los restantes 139 son personas nacidas en Uruguay. Entre los argentinos figura Raimundo Aníbal Villaflor, militante de las Fuerzas Armadas Peronistas (FAP), secuestrado en Avellaneda el 4 de agosto del ’79 junto a su pareja, María Elsa Garreiro Martínez, de nacionalidad española y uruguaya. Sus hijas Elsa Eva y Laura fueron luego entregadas a sus abuelos paternos. Raimundo y María Elsa pasaron por ese infierno en la tierra que fue la ESMA, y ya no se los volvió a ver.
En el listado también aparecen Juan Alejandro Barry y Susana Beatriz Mata, los padres de Alejandrina Barry, quien a fines de los ’70, con apenas dos años, fue presentada por la prensa como la niña que había sido “abandonada” por una pareja de “subversivos”. En realidad, a Alejandro Barry, un alto mando de Montoneros, lo acribillaron agentes de civil en Montevideo el 14 de diciembre de 1977. En cuanto a Susana Mata, murió un día después, en el departamento de Canelones. “Por la ingesta de una pastilla de cianuro de potasio, con la finalidad de no ser capturada por personal militar”, indicó la fiscalía.
Entre los hechos a esclarecer, 88 tratan de personas secuestradas que aún permanecen desaparecidas, otras 31 fueron liberadas por sus captores, 33 murieron y sus cuerpos fueron hallados, hay ocho menores que pudieron ser recuperados por sus familias y dos cuyo paradero se desconoce.

Osorio recordó que el Plan Cóndor fue “una asociación ilícita” de tipo “supranacional”, que involucró a los gobiernos de la Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Uruguay y Paraguay. Su finalidad era “coordinar y complementar proyectos criminales, obteniendo, ordenando e intercambiando información para perseguir ilegalmente a opositores políticos.” Ese mecanismo se aplicó a la perfección con el periodista y político uruguayo Zelmar Michelini, quien en 1973 se había exiliado en la Argentina, desde donde denunciaba a la dictadura que en su país encabezaba Juan María Bordaberry. A Michelini lo secuestraron el 18 de mayo del ’76, lo llevaron a Automotores Orletti y apareció sin vida tres días después, con varios balazos en el cuerpo. Estaba adentro de un Torino, junto con tres compatriotas suyos, también asesinados por la acción conjunta de las dictaduras a ambos lados del Río de La Plata.
Sobre la decisión de incluir crímenes ejecutados antes del golpe, Osorio remarcó que, con el sello del Operativo Cóndor, “los distintos estados ejecutaron acciones delictivas en otras jurisdicciones nacionales, incluso en aquellas donde aún imperaba, aunque de manera endeble, el paradigma democrático”. Por esta razón, se decidió tomar como fecha de inicio para indagar en los delitos cometidos en la Argentina al 6 de noviembre de 1974, día en que el gobierno de Isabel Martínez dispuso el estado de sitio. Para la fiscalía, desde entonces estuvieron dadas “las condiciones de posibilidad de las acciones terroristas llevadas a cabo en el territorio argentino por alguna de las dictaduras latinoamericanas” ya existentes.
Esto se aplica para 20 de los episodios abarcados por el requerimiento que ya tiene en sus manos el juez Oyarbide. Uno de ellos ocurrió el 8 de noviembre de 1974, en el barrio porteño de Once, en el domicilio de Héctor Daniel Brum –miembro de Tupamaros– y de su esposa, María de los Ángeles Corbo, embarazada de seis meses. También se encontraban allí Mirta Yolanda Hernández y su hijo de tres años, Amaral García. Se los llevaron a todos, incluidos Floreal García Larrosa y Julio Abreu, secuestrados a pocos metros. Amaral fue apropiado por un agente de la SIDE y su familia lo recuperó en 1985. El resto del grupo había sido trasladado en un vuelo clandestino al Uruguay y alojado en las catacumbas del “300 Carlos R”. De todos ellos, el único que salió con vida del Plan Cóndor fue Abreu. El 20 de diciembre del ’74, Brum, Corbo, Hernández y García Larrosa aparecieron muertos en Soca, Canelones.
Sin duda, los 160 casos que comenzará a investigar la justicia argentina muestran que los gobiernos militares de América del Sur vistieron distintos uniformes, pero compartieron una misma política represiva: el terrorismo de Estado.
 
Las claves
 
Del total de casos, 88 personas están desaparecidas, 31 fueron liberadas, 33 fueron asesinadas, hay ocho menores recuperados por sus familias y dos cuyo paradero se desconoce.
En cuanto a nacionalidades, 139 son uruguayos, 16 son argentinos, hay un español, dos ítalo-uruguayos, una argentina-uruguaya y una hispano-uruguaya.
Veinte de los episodios ocurrieron antes del 24 de marzo de 1976. La fiscalía comenzó a indagar hechos desde el 6 de noviembre de 1974, cuando se dictó el estado de sitio en la Argentina.
El expediente Nº 10.961 está en manos del juez Norberto Oyarbide y el fiscal Miguel Ángel Osorio.
 
Desde la caída de Allende hasta el golpe en la Argentina
 
El comienzo del Plan Cóndor puede rastrearse hasta septiembre de 1973, durante el golpe militar que en Chile derrocó al gobierno constitucional del presidente Salvador Allende. Desde ese momento, la dictadura encabezada por Augusto Pinochet mantendría un lugar central en este operativo supranacional de represión. De hecho, la sede ejecutiva del Operativo Cóndor estaba ubicada en Santiago de Chile.
Una vez sellado el pacto, los regímenes preexistentes de Paraguay y Brasil se integrarían a la estructura genocida. En el ’73 se sumó la dictadura de Uruguay, y en el ’76, la Bolivia del dictador Hugo Banzer. Ese mismo año, a partir  del golpe orquestado por Jorge Rafael Videla y sus socios civiles, la Argentina hizo su ingreso definitivo a esta “asociación ilícita” entre militares sudamericanos.

Un caso paradigmático de esta articulación entre terrorismos de Estado es el de Victoria Lucía Grisonas, uno de los nombres incluidos en el requerimiento del fiscal Miguel Ángel Osorio. De nacionalidad argentina-uruguaya, el 26 de septiembre de 1976 Grisonas fue secuestrada en su casa de Mitre al 1300, en el partido bonaerense de San Martín. Ese día, por la madrugada, un grupo de tareas integrado por efectivos de los ejércitos argentino y uruguayo, la Policía Federal y la SIDE, se la llevaron junto a sus dos hijos. Durante el operativo, fue asesinado su esposo, Mario Roger Julien. Ambos eran militantes del Partido por la Victoria del Pueblo y de la Organización Popular Revolucionaria 33 Orientales (OPR 33). Grisonas y sus hijos fueron recluidos en “Automotores Orletti”, uno de los centros clandestinos donde solían alojar a los uruguayos. Varios meses después, los niños fueron llevados a Montevideo y estuvieron en el Servicio de Inteligencia de Defensa. Más tarde, los trasladarían en avión a Chile, donde los mismos militares que asesinaron a sus padres los dejaron abandonados en una plaza de Valparaíso, en noviembre del ’76. Su madre sigue desaparecida.

Por: Carlos Romero - cromero@tiempoargentino.com

lunes, 23 de abril de 2012

Sara Méndez, la dignidad oriental

Víctima del Plan Cóndor, se reencontró con su hijo ya adulto y espera que se haga justicia

El caso de Sara Méndez estuvo incluido en la Ley de Caducidad o amnistía, una ley que quedó sin efecto recién en octubre. “Espero que sea el comienzo de una nueva etapa donde el Estado uruguayo se comprometa a investigar.”
Por Mercedes López San Miguel
Desde Montevideo

Las habitaciones de la casona hoy están vacías, bien iluminadas y sus pisos revestidos de alfombras. Hace 36 años había bancos enfrentados entre sí, de un lado hombres, del otro mujeres con los ojos vendados. Habían sido secuestrados y casi no podían distinguir el día de la noche. Sara Méndez, que estuvo presa en una de esas habitaciones ubicada en Bulevar Artigas, en Montevideo, recuerda el sonido de la calle y las sirenas de ambulancias de un hospital cercano. Pasó tres meses allí, en lo que era el Servicio de Inteligencia de Defensa (SID), esposada, tirada en el piso. Soportó la tortura. Lo que la mantenía viva era la ilusión de volver a tocar a su bebé Simón.

Después de sobrevivir a la dictadura, la vida de Sara Méndez se orientó a la búsqueda de su hijo. Lo encontró cuando ya era un adulto de 26 años. Su caso estuvo incluido en la Ley de Caducidad, que impedía llevar a la Justicia a militares acusados de violaciones a los derechos humanos. Por eso aún no hay condenados. En Uruguay la Ley de Caducidad quedó sin efecto recién en octubre del año pasado. A partir de esa fecha se sumaron denuncias: ya son 500 los casos, que incluyen desapariciones, torturas y robos de bebés.

A Simón Riquelo, de 20 días, se lo habían arrancado de sus brazos en Buenos Aires el 13 de julio de 1976, cuando un comando irrumpió a las patadas en su casa de Belgrano. “Unas quince personas entraron rompiendo puertas”, recuerda Sara Méndez. Yo estaba con mi bebé y una compañera que militaba en la izquierda como yo. Tomaron posesión de las dos plantas y ahí mismo empezó el interrogatorio y la tortura para obtener y decir direcciones y nombres de otros uruguayos que estaban viviendo en Buenos Aires.”

José Nino Gavazzo y Rodríguez Buratti comandaron el operativo. Se quedaron con su hijo. “No se preocupe señora. No le va a pasar nada porque no es una guerra contra los niños”, le dijeron y se la llevaron al centro clandestino Automotores Orletti, en donde estuvo diez días, para luego ser trasladada a Montevideo en un vuelo clandestino. Era una acción conjunta de las dictaduras argentina y uruguaya del denominado Plan Cóndor. “Ese día se realizó un operativo masivo de secuestro, fuimos secuestrados alrededor de 24 uruguayos que estábamos militando contra la dictadura de nuestro país desde la Argentina.” Sara pertenecía al Partido de la Victoria del Pueblo.

Un mes después, Gavazzo y Buratti participaron en el secuestro en Buenos Aires y posterior traslado a Uruguay de María Claudia García Iruretagoyena, nuera del poeta Juan Gelman y de la abuela de Plaza de Mayo Berta Schubaroff. Gavazzo llevó en un avión clandestino a María Claudia, que estaba embarazada, según arrojaron las investigaciones periodísticas del diario La República. Acá, en la casona de Bulevar Artigas recientemente se descubrió la placa que recuerda que María Claudia y su recién nacida Macarena estuvieron privadas de su libertad.

Sara Méndez supo de la presencia de la nuera de Gelman. “Un médico venía periódicamente a ver a una mujer que estaba en el piso superior. Por las indicaciones que daba a los guardias, nos dimos cuenta de que estaba embarazada. Tiempo después escuchamos que tenía dolores de parto. Inclusive en una de las veces que salimos al patio una de las compañeras alcanzó a ver a una mujer en una ventana con un bebé en brazos.”

Sara se acuerda de que los sacaban a tomar sol para que parecieran recién detenidos. Los militares querían tapar que había habido un vuelo clandestino. “Simularon que habíamos entrado al país por nuestros propios medios. Ahí empezó el montaje. Y luego nos ‘van a detener’ como si estuviéramos parando en esos lugares. Fue una falsa detención en octubre de 1976. Nos llevaron a la Justicia militar, con las actas fraguadas, y nos procesaron. Hoy sabemos que entre nuestro secuestro y la detención falsa hubo un segundo vuelo con otros uruguayos.” Alicia Cadenas, Elba Rama Molla, Sergio López Burgos y Gastón Zina estaban entre muchos otros.

Sara Méndez fue procesada por la Justicia militar y trasladada al penal, Punta Rieles en diciembre del ‘76. Allí estuvo presa cuatro años y medio. Cuando salió, emprendió la búsqueda de su hijo Simón. Y también aportó su testimonio en la causa de la mujer embarazada del piso superior. “Siempre supe que el caso de María Claudia iba a cambiar nuestra historia tan silenciada. Era familiar de un poeta de renombre internacional.”

Esta mujer bajita y de voz delicada lleva consigo años de luchar contra la corriente. “Durante diez años seguimos un caso que creíamos era Simón. Era el año ’86 u ’87 cuando pedimos el ADN. Lo negaron porque no se contaba con la voluntad del chico que era menor. En 2000, cuando asumió Jorge Batlle, la presidencia recibió la información de las Fuerzas Armadas de que el chico no era Simón, habló con él y la familia y los convenció de que se hiciera el ADN.”

Otra vez, las historias se cruzaron. “Tuvimos la noticia en marzo de ese año de que Macarena era hija de María Claudia y a los meses que ese chico no era Simón.” Sara empezó la búsqueda de nuevo. “Si no lograba una gran movilización que pusiera al gobierno de cara a la sociedad internacional, que mostrara a una madre que vio a los secuestradores de su hijo y que en ese momento vivían libremente en el país sin que se hiciera nada. Por eso emprendí una gira que me llevó por Europa, llegué al Parlamento Europeo, donde conté el caso de Simón.”

A través de una investigación del periodista Roger Rodríguez surgió un dato clave: un ex policía había adoptado al verdadero Simón. “Supe que mi hijo había sido dejado en el Sanatorio Norte. Un caso que estuvo totalmente invisibilizado, dejado de lado, en quince días se resolvió en el 2002. “El 18 de marzo tuvimos el resultado del ADN: positivo.”

A partir del descubrimiento de la placa en el ex centro clandestino de Bulevar Artigas y del reconocimiento por parte del Estado uruguayo de su responsabilidad en los crímenes de la dictadura, Sara Méndez se muestra esperanzada. “Espero que sea el comienzo de una nueva etapa, donde el Estado se comprometa realmente a que las investigaciones no queden en manos de los datos que sólo aportan las víctimas. Es el Estado el que tiene que hacerse cargo.” Como Sara Méndez, sobrevivientes y familiares de desaparecidos esperan llevar ante el banquillo a los responsables de estos delitos que perduran en el tiempo mientras las heridas no terminan de cicatrizar.

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