domingo, 6 de febrero de 2011

Murió el represor Visuara sin escuchar alegatos ni las condenas.

El ex jefe de la SIDE, que se tapaba la cara durante las audiencias.
El ex militar argentino Rubén Visuara falleció el viernes cuando estaba a punto de arrancar la etapa final del juicio oral en el que se le juzgaba por los crímenes cometidos en la cárcel clandestina "Automotores Orletti", acusado de ser uno de los responsables del centro de detención.
El pasado jueves estaba previsto que comenzaran los alegatos del juicio, último tramo antes del veredicto, que se esperaba para marzo, pero el Tribunal Oral Federal uno de Buenos Aires resolvió aplazarlos porque Visuara se encontraba internado en terapia intensiva en una clínica de las afueras de la capital argentina.
El diario La Nación recoge una quincena de esquelas que confirman que el coronel retirado falleció el viernes, aunque por el momento no se conocen mayores detalles de las causas de la muerte. 
"Automotores Orletti" está considerada una pieza clave del "Plan Cóndor", la represión coordinada en el Cono Sur durante la década de los 70 por las dictaduras de Argentina, Brasil, Bolivia, Chile, Paraguay y Perú. Actualmente están siendo juzgados los secuestros, torturas y homicidios de 65 personas que pasaron por el centro clandestino, que funcionó entre mayo y noviembre de 1976 bajo la fachada de un taller mecánico, y que escondió en su mayoría a uruguayos, aunque también pasaron por allí argentinos, chilenos, cubanos, bolivianos y paraguayos.
Entre las 200 personas que permanecieron detenidas en el centro estuvieron Marcelo Gelman y María Claudia García Iruretagoyena, el hijo y la nuera del poeta argentino Juan Gelman, quien en 2000 recuperó a su nieta, Macarena, nacida en cautiverio en Uruguay y una de las testigos del juicio.
Visuara se desempeñó como jefe del departamento de "Operaciones Tácticas I" de la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE), "de la que habría dependido la base" donde funcionó Automotores Orletti, precisaron fuentes judiciales cuando comenzó el juicio.
El ex coronel estaba acusado de ser el "autor mediato" de cinco "homicidios calificados por alevosía", 18 casos de privación ilegal de la libertad, agravada por su comisión mediante violencia o amenazas, y otros 18 delitos de imposición de tormentos.

domingo, 23 de enero de 2011

Entra en su etapa final el juicio a Guglielminetti por delitos de lesa humanidad

El juicio al ex agente civil de inteligencia del Ejército en la dictadura, Raúl Guglielminetti, acusado por delitos de lesa humanidad cometidos en el centro clandestino de detención "Automotores Orletti", entró en su etapa final con el inicio de los alegatos, previsto para el 3 de febrero, cuando la fiscalía formule su acusación ante el Tribunal Oral Federal 1.

Los alegatos se extenderán en principio hasta el 18 de febrero y, tras las últimas palabras de los acusados, para marzo habría veredicto, según estimaron  fuentes del tribunal que lleva adelante el juicio desde el 3 de junio del año pasado.

Tras un intervalo, las audiencias se retomaron la semana última para dar lugar a planteos técnicos de las partes e incorporar testimonios por lectura, con lo que se dio por terminada la etapa de testimonios del juicio oral.

Por el juicio pasaron unos 80 testigos que declararon ante los jueces Adrián Grunberg, Oscar Amirante y Jorge Gettas, quienes deberán resolver si condenan o no al ex agente de inteligencia del Ejército Guglielminetti, al ex coronel de esa fuerza Rubén Visuara, al ex general de División Eduardo Cabanillas y los ex agentes de la SIDE Eduardo Ruffo y Honorio Martínez Ruiz.

Todos fueron procesados con prisión preventiva por el juez federal Daniel Rafecas acusados de privación ilegal de la libertad, imposición de tormentos y homicidio calificado.

Automotores Orletti funcionó en el barrio porteño de Flores bajo la órbita de la SIDE en lo que fue un taller mecánico de dos plantas hoy convertido en sitio recuperado para la memoria, que había sido rentado por ese organismo como base operativa durante unos meses y por donde pasaron muchos secuestrados víctimas del "Plan Cóndor", diseñado por dictaduras de la región para concretar persecuciones en distintos países.

Muchas de las víctimas que pasaron por allí fueron uruguayas, como la madre de Macarena Gelman, que fue una de las testigos del juicio, al igual que Mariana Zaffaroni Islas, una nieta recuperada por Abuelas de Plaza de Mayo que también declaró en el proceso porque sus padres, los uruguayos Jorge Zaffaroni y María Islas, fueron secuestrados y llevados a Orletti.

Según se estableció en la causa judicial, Orletti estuvo bajo la órbita del fallecido ex jefe de la Triple A Aníbal Gordon y dependía funcionalmente de la Secretaria de Inteligencia del Estado, a cargo entonces de Otto Paladino, también fallecido.
En la causa actúan como querellantes organismos de derechos humanos y familiares de las víctimas. A pesar de la omisión intencionada por parte de los medios de comunicación y por los entes informativos del Poder Judicial, la ASOCIACION EX DETENIDOS DESAPARECIDOS y JUSTICIA YA, son parte querellante.

martes, 7 de diciembre de 2010

Siguen declarando testigos

Ernesto Salvo Sánchez relató que su hermana, Ana María Salvo, junto a Alicia Cadenas, fueron secuestradas de su departamento en Buenos Aires, en julio de 1976. Él no estaba allí, pero cuando se dio cuenta que Ana María no había concurrido al trabajo y que no se había comunicado con la familia, se dieron cuenta de lo que había sucedido. Refirió también que junto a sus compañeros de militancia en el Partido para la Victoria del Pueblo tenían miedo de que hubiera otra redada en el marco de la operación, por lo que nunca más volvió a su domicilio.

También recordó las circunstancias vividas posteriormente y los motivos por los que se exilió. Explicó que su madre viajó desde Uruguay a Argentina y gestionó ante el ACNUR que le otorgaran estatus de refugiado, lo que le permitió viajar a Austria en septiembre del mismo año. Su madre, además, realizó gestiones para encontrar a Ana María, incluso visitando cementerios y yendo a lugares donde se sabía de la aparición de cuerpos sin identificar.

Ernesto contó que a fines de 1976 su hermana apareció viva en Uruguay, aunque luego permaneció detenida varios años más.

Asimismo declararon Laura Anzalone y José Félix Díaz, quienes fueron secuestrados la noche del 13 de julio de 1976 y permanecieron en cautiverio en Orletti y en distintos locales de Uruguay. Al momento del secuestro estaban con su sobrino, Ernesto, de casi dos años; el grupo de militares argentinos y uruguayos que irrumpió en su domicilio se los quitó, diciéndoles que lo iban a entregar a su familia. En realidad, Ernesto fue entregado a una comisaría y luego a un hospital de la zona, y la madre de Laura tuvo que hacer numerosas gestiones para poder recuperarlo.

Camino a Orletti, tanto Laura como Félix recordaron que sus secuestradores se comunicaron por radio y que escucharon el ruido de una cortina metálica cuando arribaron. Luego Laura explicó que estuvieron tirados en el piso de una sala grande donde había otros autos y rememoró que varias veces los encendían, intentando tapar los gritos cuando torturaban a alguien. Félix dijo que con el mismo fin ponían música a volumen muy alto. Cuando llevaron a Laura al primer piso, uno de los militares uruguayos se identificó como Manuel Cordero, le dijo que “no le importaba porque no tenía información” y la golpeó. Félix también contó que cuando lo llevaron arriba para ser torturado le dijeron que lo iban a “mandar con San Pedro” y refirió que Orletti en general “era parecido al infierno de Dante, era presión permanente, amenazas continuas”. Entre los represores argentinos, Laura recordó los sobrenombres “jovato”, “pájaro” y “zapato”.

Una vez en Uruguay, estuvieron detenidos en una casa en Punta Gorda y luego en la sede del SID, en Boulevard Artigas y Palmar, donde permanecieron hasta diciembre del mismo año. Allí, Laura vio a una mujer embarazada que luego supo que era María Claudia Irureta Goyena, quien dio a luz mientras estaba en cautiverio. También vio niños que luego reconoció como Anatole y Victoria Julien.

lunes, 22 de noviembre de 2010

Confirmado el procesamiento de ex agente de inteligencia

La Cámara Federal confirmó el procesamiento de un ex agente de inteligencia.
Se trata de Miguel Angel Furci, Está acusado de 67 casos de secuestros e imposición de tormentos, cometidos en el centro clandestino de detención “Automotores Orletti”. También ratificó un embargo por dos millones de pesos.

La Sala I de la Cámara Nacional en lo Criminal y Correccional Federal confirmó el procesamiento de Miguel Angel Furci, acusado por 67 casos de secuestros e imposición de tormentos, en el centro clandestino de detención “Automotores Orletti”.

Así, el tribunal ratificó un fallo dictado el pasado 2 de junio por el juez federal Daniel Rafecas, a cargo de la investigación por crímenes de lesa humanidad cometidos en jurisdicción del Primer Cuerpo de Ejército

sábado, 9 de octubre de 2010

De 172 uruguayos detenidos-desaparecidos, 126 lo fueron en Argentina (1-10-10, segunda parte)


El 1 de octubre declararon Álvaro Hugo Rico Fernández y Juan Roger Rodríguez Chandari. Rico es decano de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación de Uruguay y conduce el equipo que tiene a su cargo la investigación histórica sobre detenidos-desaparecidos en la última dictadura militar, ordenada por la Presidencia de la Nación uruguaya en 2005. El gobierno uruguayo ya publicó los resultados de la primera parte y, en la actualidad, se ha presentado una segunda etapa de la investigación que incorpora nueva información y focaliza en la cronología de operaciones represivas. Por su parte, Rodríguez es periodista y, desde mediados de la década del ´80 se dedica a la investigación en temas de derechos humanos, fundamentalmente con respecto la dictadura uruguaya y a la coordinación represiva, habiendo escrito decenas de artículos al respecto para diversas publicaciones.

Rico comenzó su testimonio explicando que para la primera etapa de la investigación tuvieron acceso a diez archivos estatales y que la segunda parte incluye datos provenientes de archivos recientemente abiertos del Ministerio de Defensa, del OCOA, del SID, de diversas dependencias policiales. También han recibido información de archivos de Chile y Paraguay y consultaron el archivo desclasificado del Departamento de Estado de Estados Unidos. Asimismo, destacó que siguen bajo revisión dos archivos del Ministerio de Relaciones Exteriores. Todo esto les ha permitido actualizar información sobre ciudadanos uruguayos detenidos-desaparecidos no sólo en Uruguay, sino también en Argentina, Chile, Bolivia, Colombia y Paraguay.
Entre los resultados obtenidos, el testigo relató que pudieron recabar información sobre 172 personas uruguayas detenidas-desaparecidas, de las cuales 126 fueron detenidas en Argentina. Refirió que muchos de ellos eran militantes del Partido para la Victoria del Pueblo y que, entre el 5 de abril y el 5 de octubre de 1976 se produjo “el epicentro de la represión contra esta organización en Argentina”. En este período verificaron no sólo la desaparición de muchos, sino también que un número importante fue detenido y 24 personas fueron luego trasladadas a Uruguay, siendo liberadas algunas y procesadas 14, luego de un operativo montado por el SID. 

Rico también explicó que encontraron registros de coordinación represiva entre los países sudamericanos desde 1973 y que, en noviembre de 1974 y marzo de 1975 hubo dos oleadas represivas en Uruguay que proporcionaron a los servicios de inteligencia sobre militantes de diferentes grupos políticos en Argentina. En sus palabras: “parecería ser que luego de (…) cierto desbaratamiento de estas organizaciones en nuestro país, los servicios de seguridad van a redireccionar su lógica represiva y sus operativos en la República Argentina, porque ya el día 5 de abril de 1976 tendremos un detenido-desaparecido, Ary Cabrera”. Agregó que algunas de las personas detenidas inicialmente en Uruguay y luego liberadas fueron secuestradas en Argentina durante 1976. Contó finalmente que el vínculo entre los servicios uruguayos y argentinos surge al analizar que el Departamento 3 del SID tenía a su cargos dos centros de detención clandestinos (conocidos como 300 Carlos, en el Batallón de Infantería Nº 13 y 300 Carlos R, en Punta Gorda), además de “La Casona”, en Boulevard Artigas y Palmar. A esos centros fueron llevados los uruguayos que estuvieron en Automotores Orletti.
Luego siguió relatando que la lógica represiva que la ola que comenzó con el secuestro de Ary Cabrera continuó con las detenciones el 17 abril de Eduardo Chizzola y Telba Juárez (que aparecieron muertos pocos días después y, en el caso de Chizzola recién identificado en 2002). Este proceso continuó con detenciones masivas en junio y julio, período en el que muchas de las personas fueron llevadas a Orletti, al que Rico se refirió en los siguientes términos: “tuvo una significación muy importante como el primer centro de coordinación represiva regional, con un intercambio de operativa total, en el plano de la logística, operaciones, transporte, información, de la organización de los procedimientos. Y, por si fuera poco, debo agregar que en nuestra investigación hay un registro de 28 ciudadanos uruguayos detenidos-desaparecidos que fueron recluidos en Orletti.” Además, considerando la OT-18 como el antecedente de Orletti, pudieron identificar 3 uruguayos más detenidos-desaparecidos allí, precisamente Ary Cabrera, Eduardo Chizzola y Manuel Peisajovich. 

Posteriormente testimonió Rodríguez, quien comenzó explicando que su acercamiento a los hechos ocurridos en Automotores Orletti se dio al entrevistar a Sara Méndez y luego comunicarse con Anatole y Victoria Julien Grisonas. Luego, al investigar acerca del homicidio de Zelmar Michelini y Gutiérrez Ruiz pudo hacer contacto con represores que actuaron en Orletti y que, con el correr del tiempo, le aportaron información “para ir entendiendo cómo eral el proceso Orletti, más allá de lo que las víctimas pudieron transmitirnos”. Además, también mantuvo entrevistas con represores uruguayos. Si bien Rodríguez no reveló la identidad de sus informantes por resguardar el secreto profesional, sí pudo exponer una gran cantidad de información a él transmitida acerca de diversos aspectos del funcionamiento de Orletti y del destino de algunas de las personas que estuvieron allí en cautiverio.
Rodríguez explicó que parte de la información recibida le permitió obtener los datos que llevaron a encontrar al hijo de Sara Méndez, Simón Riquelo. Del mismo modo, refirió que le permitió confirmar la existencia de un segundo vuelo, con uruguayos que también fueron trasladados a Montevideo. 

En cuanto al funcionamiento de los centros clandestinos en el marco de la coordinación represiva, Rodríguez explicó que lo primero que había era intercambio de información, luego seguía una eventual detención o un pedido de objetivos. En el caso de detener a un “objetivo” de otro Estado, “en la mayoría de los casos ya había personal del país extranjero en el país donde se realizaba la operación”. Continuó explicando: “en ese caso, generalmente el operativo lo hacían los locales, con la presencia de uno del país extranjero, el extranjero no podía usar armas (…) la persona secuestrada era detenida y llevada a un pozo, el interrogatorio corría por cuenta del extranjero, la guardia era por parte de los locales. Obtenida la información operativa, lo que podía decidirse era el destino (…) en muchos casos desaparición”. “Este protocolo (…) sólo se rompía en una ocasión, cuando los locales también podían llegar a participar de la tortura”, también “por motivos económicos, o por motivos extorsivos (…) en el caso que la organización tenía dinero”. Explicó también que según su fuente podían hacer hasta 10 ó 12 operativos en el correr de muy poco tiempo: “llegar, destruir, llevar las cosas que podían ser de valor, llevar al detenido y en el reparto que la otra parte no los dejara afuera”.
Rodríguez refirió que también “había una decisión en torno al destino de los niños; en muchos casos está demostrado que iban a país del cual no eran originarios”, “había un vehículo aparte, que era el que trataba de colocar al niño en algún casa cuna”. Así, a Simón Riquelo lo dejaron en el Hospital Norte, y pocos días antes hicieron lo mismo con los hijos de Laura Anzalone y Félix Díaz, que fueron recuperados casi en forma inmediata. “Allí quedaba el chico a la posible disponibilidad de lo que ocurriese con él, que podía ser un destino como el que tuvo (Simón), que fue quedar en las manos de quien estaba de guardia en la seccional 33 esa noche”.
Siguió narrando el testigo que “en el caso de Gelman me cuentan que no sabían que hacer con ella (María Claudia Irureta Goyena) por su estado avanzado de embarazo y, a la vez me cuentan cómo Furci se queda con Mariana (Zaffaroni)”.
Otro de los casos específicos a los que se refirió Rodríguez fue el de los hijos de Roger Julien y Victoria Grisonas. Al respecto, su fuente le dijo que había un gallinero dentro del cual se había escondido ella con los dos chicos y le refirió que “estaba lindo para hacerla mierda ahí mismo”. También le contó que Roger murió en sus brazos luego de tragarse una pastilla de cianuro. “El tema de la pastilla de cianuro, según estos informantes, los tenía muy preocupados a los represores por lo que podía significar perder información o dinero”. Luego Anatole y Victoria (h) quedaron en Orletti junto a su madre, y el destino que corrieron luego “probablemente esté vinculado a un operador chileno dentro de Orletti, un militar chileno (…) y una suerte de sistema de distribución que los uruguayos también habían armado”.

Rodríguez explicó que con el desmantelamiento “se recuperaron 8 millones” y vinculó los secuestros de Gerardo Gatti y León Duarte a la obtención del dinero de esa organización, que habría sido el objetivo de los grupos que operaban en Orletti. Relató también cómo forzaron a Washington “perro” Pérez a obrar como intermediario. El testigo también contó que los “propios informantes me dijeron que hasta respeto les provocaba cómo Gatti había aguantado la tortura, y cómo conversaba más de un mes después”. Según su informante León duarte entregó dinero y según la información que Rodríguez obtuvo, el día que recuperaron ese dinero hicieron una fiesta en Orletti, en la cual “Ricardo Arab llegó a bailar como odalisca sobre una mesa con una botella de whisky”. Luego Gordon y Gavazzo se habrían llevado el dinero que, normalmente, se habría repartido en tres partes: “una parte para la federal (…) donde estaba el comisario Villar (…) la otra parte era la banda de Gordon, y el otro tercio para los uruguayos. Sin embargo, en esa ocasión, debido a la abultada suma su informante le dijo que ese dinero fue elevado, llevado a Videla, que les dio el 30% “para los muchachos” y con el 70% restante construyó una base. Según las investigaciones de Rodríguez, esa base es la actual sede antiterrorista argentina, en Av. Coronel Díaz

Según le refirió su fuente, en el caso de Gatti y Duarte, luego de la negociación por el dinero “quedaron para ir a negociar supuestamente a Campo de Mayo”, y mediante un sistema de traslados especial, los condujeron hasta una camioneta que supuestamente los llevaría allí.

“La gente vivía con temor” (1-10-10, primera parte)


Una primera tanda de testimonios al inicio del mes de octubre.  María Bernabella Herrera Sanguinetti, funcionaria de ACNUR en Santiago de Chile en 1976, y Daniel Gatti Casal del Rey, hijo de Gerardo Gatti.

El testimonio de Herrera se centró en la información que llegó a su conocimiento, como funcionaria de ACNUR, de la situación en general en Argentina y de algunos casos específicos relacionados a Orletti. Explicó que supo de muchos casos de refugiados que habían huido a Argentina y, luego del golpe de estado en nuestro país, desaparecieron. Mencionó que muchos refugiados en Argentina se alojaban en hoteles y pensiones que tenían convenios a tal efecto, y que a menudo había allanamientos allí, “la gente vivía con temor”. También refirió que hubo allanamientos en la Comisión Católica que colaboraba con ACNUR.
Posteriormente, la testigo se explayó con respecto al caso de Anatole y Victoria Julien Grisonas. Explicó que llegó a su conocimiento un artículo publicado en el diario “El Mercurio” de Valparaíso, que mencionaba la aparición de dos niños en una plaza y que “él decía llamarse Anatole”. Herrera contó que los chicos, después de estar en Orletti y cuatro meses en el SID, fueron dejados en la plaza mencionada, el 22 de diciembre de 1976. El artículo también narraba “que habían sido llevados por una tal tía Mónica”. Cuando fueron encontrados solos, los llevaron a un orfanato para niños de la calle y luego fueron puestos bajo el cuidado de un matrimonio que no tenía relación alguna con la represión.

Tres años más tarde, en 1979, Herrera recibió una carta del director de un organismo francés que también trabajaba con refugiados y migrantes, relatando que cabía la posibilidad de que los niños fueran uruguayos. Luego de diversas gestiones para averiguar quién era la posible abuela y obtener mayor información sobre los niños, reunieron una comitiva que viajó a Valparaíso. Al llegar, fueron al colegio donde asistía el niño y, luego de entrevistarse con el rector, lograron concertar una reunión de la abuela con el padre adoptivo: “salieron los dos con los ojos rojos, con la emoción de lo que acababa de oír este señor, padre de los niños, y la abuela que comprobaba que eran sus nietos, que los había estado buscando durante tres años, que había hecho cuanto recorrido posible había”. Esa misma tarde fueron a ver a los niños y, a partir de allí, comenzaron a frecuentarse, estableciendo un régimen de visitas, tanto en Chile como en Uruguay. Finalmente, la abuela falleció, pero Anatole y Victoria conocieron su historia y la de sus padres.

A su turno declaró Gatti, quien contó la historia de su padre, Gerardo, militante sindical, así como las circunstancias por las que transitó su familia. Explicó que su padre se mudó a Buenos Aires en 1973, tras ser requerido por las autoridades uruguayas. Entre 1974 y 1975 toda la familia se trasladó al país, pero no vivían en el mismo lugar que su padre, aunque lo veían con frecuencia, siempre en lugares públicos. El testigo relató que después del golpe de estado en Argentina, los contactos se volvieron más esporádicos y en lugares más resguardados. Recordó: “nunca fui a la casa de mi padre”. Finalmente, el 9 junio de 1976, un mes después del asesinato de Michelini y Gutiérrez Ruiz, Gerardo fue detenido. Dos días después, algunos compañeros de militancia lo confirmaron cuando fueron a la casa de Gerardo y contestó el timbre otra persona que no dijo la contraseña adecuada.
Gatti siguió contando que al poco tiempo la familia se dividió en casas distintas “por motivos de seguridad, para evitar caídas, para evitar represión sobre la familia también” y, en agosto de 1976, se exiliaron en Francia. Sin embargo, su hermana Adriana prefirió quedarse y siguió viviendo en Buenos Aires hasta que, en abril de 1977 desapareció. Por sus compañeros de militancia se enteraron que la habían matado en un operativo. Tenía 17 años y 7 meses de embarazo. Mucho tiempo después el cuerpo fue encontrado y llevado a España para su entierro.

Al llegar a París se pudieron enterar de algunos detalles de la negociación por su padre, sobre la que ya habían tomado cierto conocimiento en Argentina, a través de otros militantes del PVP. Concretamente, les dijeron “que se estaba pidiendo dos millones de dólares por la liberación”, “que había un negociador que habían secuestrado, a su vez, para hacer contacto entre el partido de mi padre y los secuestradores”. A mediados de agosto de 1976, esa persona, Washington Pérez, llegó a Suecia y entró en contacto con Gatti y su familia. Finalmente se pudieron reunir y Pérez les contó con mayor precisión cómo había sido la negociación y la situación en la que sacaron una fotografía para probar que Gerardo seguía vivo, así como el “estado bastante calamitoso” en el que estaba. Pérez también le mencionó que luego decidieron “cambiar de caso” y le presentaron a León Duarte, quien le dijo “borrate, es una banda de criminales, de asesinos”, luego de lo cual logró escapar a Europa.
Gatti también explicó que por los testimonios de sobrevivientes de Orletti, entre ellos Acilú Maceiro y Enrique Rodríguez Larreta, se sabe que su padre estuvo allí hasta fines de julio.
Por otra parte, el testigo también relató las gestiones hechas por su abuela, María Elena Antuña de Gatti. Ella presentó hábeas corpus en Argentina y en Uruguay, en junio y julio de 1976. Además, en agosto, él y su familia hicieron la denuncia ante la Comisión Derechos Humanos de la ONU, así como en instituciones españolas e italianas, sin obtener resultados.

miércoles, 15 de septiembre de 2010

ANA MARIA SALVO: Cara a cara con represores del Cóndor

El testimonio de la uruguaya Ana María Savo en el juicio Automotores Orletti
Fue secuestrada el 14 de julio de 1976, llevada a Automotores Orletti y después a Montevideo. Reconoció a varios represores, entre ellos a Raúl Guglielminetti, Osvaldo Forese y Honorio Martínez Ruiz.
          
 Por Alejandra Dandan

En el sala de audiencias volvieron a escucharse los nombres de varios represores. Ana María Salvo viajó desde Uruguay para declarar en la causa por los crímenes cometidos durante la dictadura en el centro clandestino de detención Automotores Orletti. Frente a ella, con la misma campera beige que suele usar en los últimos días, la escuchaba el represor Raúl Guglielminetti, el mismo que ella nombró con el alias de “Ronco”. El mismo que luego reconoció en una carpeta de imágenes viejas. El mismo que la sacó de la casa de su hermano el día de su secuestro.

Ana María es una de las víctimas uruguayas que sumaron su declaración en la causa de Orletti, desde donde operaron fuerzas conjuntas uruguayas y argentinas en el marco del Plan Cóndor. Por donde pasaron además Carlos y Manuela Santucho, hermanos de Roberto Santucho. Y en donde los militares asesinaron sumergiendo en un tacho de agua de unos 200 litros a Carlos Santucho. Ana María, como lo habían hecho otros testigos, también habló de ese episodio. Nombró entre quienes estuvieron alrededor de esa muerte a Pajarovich, alguien “escandaloso”, dijo, que se vanagloriaba y se ufanaba de lo que hacía. Pajarovich es Honorio Martínez Ruiz, que metros atrás la miraba, a muchos años de ese momento, esta vez sentado entre los acusados, con la necesidad de levantar la vista para pedir ir al baño, esperar a que un guardia se le acerque, le ponga las esposas en las manos y por un momento lo saque de la sala.

Al lado de Guglielminetti suele sentarse su abogado Pablo Labora, encargado de hacer las preguntas y escudriñar densamente a los testigos cuando hablan. Ana María intentó no mirarlo, percibía los ojos del abogado frente a su cara.

Ana María Salvo llegó a Buenos Aires en abril de 1974. Hasta ese momento, era militante estudiantil, participaba de las actividades contra la dictadura uruguaya y había sido detenida en su país por las Fuerzas Armadas. Su pareja ya se había trasladado a Buenos Aires, él era militante sindical y estaba requerido en Uruguay. En Argentina, Ana María tuvo a su segundo hijo y dejó la militancia para criar a los chicos. Estudiaba enfermería y empezó a trabajar en un geriátrico. El 14 de julio de 1976 fue a visitar a su hermano, que vivía en un departamento de la calle Venezuela. Cuando tocó timbre la recibió una patota de civil que se presentó como “fuerzas conjuntas uruguayas y argentinas”. Le preguntaron quién era. Ana María vio la casa vacía. No estaban su hermano ni la familia, y tampoco estaban el televisor ni los equipos de música. En un vehículo particular la trasladaron a lo que muchos años después supo que era Orletti. La cortina metálica que se abría, muchos de sus compañeros tirados en el piso de ese taller manchado de aceite y de grasa. A poco de llegar, la subieron a una de las habitaciones de la planta alta, la sentaron ante un escritorio y le sacaron la venda.

“Se aproxima un militar uruguayo –dijo–. Reconocí la voz porque me había interrogado en Uruguay, era Manuel Cordero.” Y Cordero le dijo: “Somos viejos amigos”. Con él estaba José “Nino” Gava-zzo. Cordero le aseguró que sabían que ella ya no estaba militando, que buscaban a su hermano, que ella era una “gila”, pero, recordó ella, “que igual me la iba a tener que comer, que ahí iba a encontrar a alguno de mis conocidos: ‘Los estamos haciendo pelota`”.

Habló de los gritos de personas, “no me cabe ninguna duda de que eran torturados”, del ruido del tren, y del “escándalo”.

–¿Puede explicarme qué quiere decir cuando dice escándalo? –preguntó el fiscal Guillermo Friele.

–Es que estaban los presos ahí tirados, los gritos, alguna vez hubo una fiesta ahí con mucho escándalo, como si estuvieran todos borrachos, todo el tiempo eran escenas de mucha agresividad.

Ana María está convencida de que un día después de esa fiesta comió la única comida. Normalmente les daban un pedazo de pan, si se los daban, pero ese día hicieron un guiso, creo, dijo, “con las sobras del día anterior, porque en la comida había escarbadientes, chapitas, por lo menos a mí me tocó un escarbadientes”. Poco más tarde, habló de la persona que habría preparado ese guiso, lo nombró como el “Jovato”, el alias de Aníbal Gordon.

En medio de otro escándalo, esta vez discusiones entre argentinos y uruguayos por parte del botín, se montó el operativo clandestino para llevar a un grupo de uruguayos de regreso a su país.

Varios testigos ya hablaron del edificio de la SIDE uruguaya en Boulevard Artigas, en Montevideo. Explicaron que pasaron de visita los militares argentinos. Ella lo repitió. También habló de Claudia García Iruretagoyena, madre de Macarena Gelman y nuera del poeta Juan Gelman. “La guardia hablaba de una mujer embarazada, una noche hubo movimientos para que llamen a una ambulancia, decían que había que llevarla al hospital militar, que si no se apuraban el bebé iba a nacer adentro”. El bebé volvió. “Me dijeron –dijo ella– si yo sabía preparar una mamadera porque sabían que yo tenía hijos chicos y se sentían llantos de un bebé.”

Cuando a ella la secuestraron, pudo ver a sus captores porque no tenía los ojos vendados. Ayer mencionó sus alias. Habló del Flaco, de Ronco o Guglielminetti y de Paqui u Osvaldo Forese, a quien luego vio dentro del centro, al que describió como otro de los escandalosos: “Cuando estaba él, el clima en el centro clandestino era de un terror bastante grande”.

Ronco seguía ahí, en la audiencia. También Pajarovich. A pedido del fiscal, ella revisó una carpeta de fotos viejas. Señaló a Paqui, a Ronco y a Pajarovich.

–Perdón, señora –le preguntó la defensa oficial de Martínez Ruiz–, si usted dice que adentro del centro estaba vendada, ¿cómo identificó a Pajarovich?

Ella respondió: –Por debajo de las vendas se veían algunas caras, puedo tener más o menos detalles, algunas las puedo reconocer, otras no.

Pajarovich había vuelto del baño. Los mocasines negros lustrados, el traje azul. Al lado estaba Eduardo Ruffo y contra la pared Eduardo Cabanillas.

Detrás, del otro lado del vidrio, cerca de los hijos de Ana María, dos mujeres de los represores seguían la audiencia. Cabanillas se dio vuelta durante la audiencia. La más arrugada de las dos, la de saquito color mostaza, decía una de las viejas militantes de la sala, es su mujer.

Ellos habían dejado de leer el diario La Nación, que hojeaban antes de la audiencia. Todo era silencio. Ana María dejó de hablar. El publico terminó de escucharla. Y aplaudió.