Los vuelos del cóndor

"A los que no murieron en Orletti, los devolvimos "

El vuelo Nº 511 aterrizó en el aeropuerto internacional de Montevideo la madrugada del 5 de octubre de 1976. No era cualquier vuelo, era un C-47 de la Fuerza Aérea Uruguaya (FAU) que venía de “El Palomar”, una base militar aérea en la provincia de Buenos Aires. El avión estacionó junto al hangar de la Brigada Aérea  Nº 1. Unas catorce o dieciséis personas encapuchadas descendieron de la nave, según un testigo. Fueron trasladados con rumbo desconocido en camiones del ejército uruguayo.

El vuelo del 5 de octubre se realizó después del llamado ‘primer vuelo’ del 24 de julio de 1976 en el que veinticuatro uruguayos -integrantes del Partido por la Victoria del Pueblo (PVP)- fueron llevados en contra de su voluntad de Argentina a Uruguay. El primer vuelo clandestino dejó rastros y se ha podido reconstruir el final de esos jóvenes secuestrados que permanecieron ilegalmente detenidos por más de cuatro meses en la sede del Servicio de Información de Defensa (SID) en Montevideo.

El destino de los pasajeros del segundo vuelo clandestino es desconocido. Se cree que un pacto de silencio e impunidad lo rodea. ¿Quiénes eran los pasajeros que bajaron del avión esa madrugada? ¿Dónde estuvieron detenidos en Uruguay? ¿Por cuánto tiempo? ¿Dónde están sus cuerpos? Muchas de estas preguntas siguen sin respuesta casi 40 años después los hechos.

Museo de la Memoria, Montevideo. Foto: Francesca Lessa
Represión uruguaya en calles porteñas

El PVP se fundó en julio de 1975 en Buenos Aires por exiliados políticos uruguayos que vivían en la Argentina después de haber huido de la persecución en su país natal. El objetivo del PVP era la oposición a la dictadura uruguaya. Por esa razón, Uruguay -gracias a la coordinación represiva del Plan Cóndor- persiguió duramente a los integrantes del PVP en Buenos Aires. En pocos meses, todos sus líderes y muchos de sus integrantes fueron secuestrados, torturados y varios de ellos siguen desaparecidos hasta el día de hoy.

En una primera oleada represiva entre marzo y julio de 1976, se registraron dos asesinatos, siete desapariciones forzadas y veintisiete personas detenidas ilegalmente. Un total de treinta y seis víctimas que incluía a un bebé de apenas veinte días de vida, Simón, que recuperó su identidad en 2002. Veinticuatro de estos jóvenes militantes fueron llevados clandestinamente a Uruguay en el primer vuelo y sobrevivieron para relatar sus padecimientos.

Según una medio uruguayo, se recibió una extraña llamada a mediados de septiembre de 1976 en una oficina del Comando del Ejército [en Uruguay] . Una persona quería contactarse con quienes habían detenido a los militantes del PVP en Buenos Aires. El que llamaba era también un militante clandestino del PVP: "Carlos Goessens, alias el Karateka, quien estaba dispuesto a entregar al grupo de sus compañeros que no habían sido capturados en Argentina".

Los agentes uruguayos se trasladaron de nuevo a Buenos Aires. En una operación conjunta agentes uruguayos y argentinos secuestraron a nuevos integrantes del PVP. Entre el 23 de septiembre y el 4 de octubre, fueron detenidas treinta y cinco personas: veinte continúan desaparecidas, dos fueron asesinadas - eran líderes del PVP, de los cuales uno fue identificado por el Equipo Argentino de Antropología Forense en 2012-, trece sobrevivieron de los cuales ocho eran menores de edad. Casi todos ellos fueron detenidos e interrogados en Automotores Orletti en Buenos Aires y luego trasladados a Uruguay.

La punta del ovillo

El 2 de septiembre de 2002 el periodista Roger Rodríguez denunció por primera vez en las páginas del periódico uruguayo La República la existencia del segundo vuelo. Su artículo mencionaba al mayor José Pedro Malaquín (comandante en jefe de la Fuerzas Aéreas Uruguayas en 2002) piloto del vuelo, al mayor Walter Pintos, copiloto, y al tripulante capitán Daniel Muñoz. El periodista consiguió la información de un ex represor argentino que unos meses antes había colaborado en la recuperación de Simón Riquelo. La fuente dijo que “de Uruguay a los argentinos nos han cobrado todo y mucho ha salido a la luz. Pero que no nos adjudiquen esas desapariciones. A los que no murieron en Orletti, nosotros los devolvimos”.

En agosto de 2005, la Fuerza Aérea Uruguaya admitió públicamente la existencia de ambos vuelos. Un informe oficial presentado al entonces Presidente de la República Tabaré Vázquez decía que esas “operaciones áreas fueron ordenadas por el Comando General de la Fuerza Aérea, a solicitud del Servicio de Información de Defensa y coordinadas por ese servicio”. José Gavazzo y Manuel Cordero –este último imputado en la causa Plan Cóndor en Buenos Aires- fueron agentes claves en la represión en Buenos Aires.

Los pasajeros del segundo vuelo estuvieron detenidos en “300 Carlos” -un galpón del Servicio de Material y Armamento (SMA)  junto al Batallón de Infantería Mecanizada Nº 13 en Montevideo-, según testificó en 2006 un suboficial del ejército que cumplió funciones en ese centro clandestino.
 Interior del SID. Foto: Mirtha Guianze

Les decían “los del ómnibus" porque fueron trasladados desde la Brigada Aérea Nº 1 a 300 Carlos en el micro del SMA. La misma fuente militar dijo que estos detenidos fueron sacados del centro clandestino en grupos de cuatro o cinco, dentro de una camioneta blanca tipo “combi” (marca “Pingo” o “Pony”); luego no se supo más sobre su destino.  Los arqueólogos forenses uruguayos siguen buscando la llamada ‘tumba del ómnibus’: una fosa común en la que estarían los pasajeros de este segundo vuelo.

 Otros vuelos

Además de los vuelos clandestinos, doce secuestrados del PVP viajaron a Uruguay en vuelos comerciales -en su mayoría de Pluna, la aerolínea uruguaya.

Beatriz Castellonese con sus dos hijos y María Elena Laguna con sus tres hijos -ambas esposas de militantes del PVP- tuvieron que viajar el 27/9 con los militares uruguayos José Niño Gavazzo y Ricardo Arab, quienes con documentos falsos se hicieron pasar por sus esposos para trasladarlas a Montevideo.

Beatriz Barboza y Javier Peralta fueron traídos a Montevideo en otro vuelo el día 30/9, Álvaro Nores Montedónico viajó el 5/10, el mismo día en que se hacía el segundo vuelo clandestino. Finalmente, los niños Anatole y Victoria Julien viajaron posiblemente el 17/10. Un ex detenido de Orletti me relató el año pasado que, al momento de su liberación el 7 de octubre, ya no quedaba nadie del grupo de los uruguayos en el centro.

 Lo que falta
Poco sabemos del destino de los pasajeros del segundo vuelo. Un testigo vio entre catorce y dieciséis personas descender del avión en Montevideo.

De los veinte desaparecidos por la segunda oleada represiva, la esposa de otro líder del PVP ha declarado que éste se encontraba en muy mal estado físico por la tortura; o sea, es improbable que haya viajado a Uruguay. Quedarían así diecinueve uruguayos en Orletti que podrían haber sido los pasajeros del segundo vuelo. Los números son bastante parecidos a los “catorce o dieciséis” vistos bajar del vuelo por un testigo.

A casi 40 años de estos crímenes, el rompecabezas del segundo vuelo todavía no se puede armar. Sabemos que los uruguayos detenidos en Argentina eran rutinariamente llevados a Uruguay en aviones comerciales o clandestinos y que éste era el patrón ya desde abril de 1974.  Se ha descartado la hipótesis de que fuesen vuelos de la muerte como los de Argentina, aunque no todos están convencidos.

Entre septiembre y octubre 1976, hubo por lo menos cinco vuelos con los que se repatriaron forzadamente alrededor de treinta personas a Uruguay. Trece sobrevivieron. Faltan los pasajeros del segundo vuelo clandestino. El estado uruguayo admitió públicamente el segundo vuelo y su existencia fue confirmada también por los tribunales uruguayos. Ahora el gobierno de Uruguay tiene la obligación de brindar respuestas a los familiares de las víctimas y la sociedad entera.

Represores que tienen barrotes blandos

El Tribunal Oral de San Martín excarceló a un policía bonaerense y el Tribunal Oral Federal Nº 2 de la Capital Federal dictó el “cese de la prisión preventiva” a cuatro imputados. Los fiscales aseguran que es “un escándalo”.

 Por Alejandra Dandan

Desde hace meses los organismos de derechos humanos, querellas y fiscales observan intranquilos algunas decisiones de la Justicia. A las dificultades en el avance de las causas a los empresarios acusados por crímenes imprescriptibles, se sumaron inquietudes por ciertos cambios en los parámetros sobre las prisiones preventivas. La semana pasada, el Tribunal Oral de San Martín excarceló a un integrante de la policía bonaerense acusado del homicidio a dos militantes en 1976. Y esta semana, el Tribunal Oral Federal Nº 2 de la Capital Federal dictó el “cese de la prisión preventiva” a cuatro imputados, acusados por tormentos y secuestros de más de 200 personas. Y dos de ellos, además, por 19 homicidios con alevosía, o sea con posibilidades de perpetua. Para los fiscales las decisiones son un “escándalo”. Entre las imágenes más cercanas aparece una línea de continuidad con las libertades vergonzantes otorgadas a 47 represores de Salta y Tucumán ya condenados, sucedidas entre mediados del año pasado y comienzos de éste, otorgadas por la Cámara de Casación Penal.

Gabriela Sosti y Alejandro Alagia son los fiscales a cargo del debate por los imputados del Batallón 601 y por los crímenes del circuito clandestino de Atlético, Banco y Olimpo (ABO), en la que están los cuatro imputados que acaban de obtener el beneficio. “Creo que la línea viene siendo clara –señala Sosti–. Por un lado, tuvimos las absoluciones muy mal dictadas en la causa del Batallón 601, pero por otro lado tenemos el tema de las detenciones. Primero, muchos tribunales empezaron a dictar casi de modo automático las prisiones domiciliarias como modo de prisión habitual y ahora aparece esto del ‘cese de las prisiones preventivas’, con cauciones ridículas de 50 mil pesos, que es la caución que la Justicia pone por un homicidio común. Es un escándalo, nosotros vamos a recurrir las cuatro resoluciones, pero el tema me parece gravísimo y que debe tomar estado público.”

Los acusados son Eduardo Angel Cruz, Raimundo Oscar Izzi, Juan Miguel Méndez y Héctor Horacio Marc. Cruz e Izzi, de la Policía Federal; Méndez, alférez de Gendamería Nacional; y Marc, del Servicio Penitenciario. Los cuatro están acusados en lo que se conoce como ABO III, o tercer tramo de la investigación sobre ese circuito, por más de 200 secuestros y privaciones ilegales de la libertad. Cruz y Méndez también por 19 homicidios, al igual que Marc, aunque en su caso la acusación está apelada y debe ser resuelta por Casación.

En este momento, los cuatro están procesados en un juicio que ya está elevado a la instancia oral, la última etapa. Y deben ser juzgados. El argumento de la defensa es que las prisiones deben cesar porque están detenidos sin condenas desde 2010, más que el tiempo supuestamente legal. Pero aunque eso es cierto y es lo que garantiza las condiciones del “debido proceso”, la gravedad institucional, la gravedad de los delitos y la complejidad de las investigaciones de delitos de lesa humanidad generó en estos años suficiente jurisprudencia que indica que esos plazos no son “automáticos”.

“La prisión preventiva es una medida cautelar que permite que un imputado esté privado de su libertad hasta tanto se lo juzgue –dice Sosti–. Hay convenciones y jurisprudencia de la Corte Interamericana que hablan del plazo razonable para mantener una prisión preventiva, que no debe superar los dos años (para delitos comunes). Nuestras salas de Casación y Apelaciones y la Corte dicen que en los juicios por delitos de lesa humanidad, dada la gravedad institucional y la gravedad de los delitos (algunos amenazados con perpetua), ese plazo no es automático y a partir de eso deciden prorrogar las prisiones preventivas. Por supuesto que no es lo deseable, pero es imposible acortar los plazos. Por un lado porque las mismas defensas públicas se la pasan haciendo planteos que dilatan los trámites de los juicios ya desde la instrucción y por otro lado porque no hay tribunales disponibles. Decidir el cese de la prisión es decir que los acusados tienen que esperar el juicio oral en libertad con los efectos que esto puede tener para las víctimas y la sociedad”.

Uno de los puntos que mas sorprendió a los fiscales fue justamente el argumento de los jueces. El TOF 2 tomó la decisión con la mayoría de Jorge Gorini y Rodrigo Giménez Uriburu, y la disidencia de Jorge Tassara. La mayoría señaló entre los argumentos que los libera por “la comprimida agenda del tribunal” que no les permitirá empezar el juicio antes del próximo año. La causa está radicada allí desde marzo. Los fiscales se preguntan por qué no se excusaron en ese momento y pasaron la causa a otro tribunal. Un caso semejante pero tal vez más grave es San Martín. El TOF, al que las víctimas le reclaman celeridad porque tiene 12 juicios en cola de espera, le dio directamente la excarcelación al ex comisario de la Bonaerense Angel Roberto Salguero acusado por el homicidio doblemente agravado de Oscar Arnaldo Mateo y Silvia Estela Meloni el 2 de agosto de 1976 en la estación de servicio de la avenida Santa Fe 2400 en la localidad de Martínez. Salguero llevaba poco más de un año detenido, desde el 8 de mayo de 2014. Era un personaje de peso en la Bonaerense. Premiado por Ramón Camps con la condecoración San Miguel Arcángel, en mérito a su cumplimiento del deber justo en 1976. Y ascendido varias décadas después a jefe de una regional desde la que intervino en la investigación cuestionada de la AMIA. El TOF argumentó que no existe peligro de fuga y, con la oposición de la fiscalía, lo soltó. Si el hombre paga la caución de 50 mil pesos puede salir en libertad.

“Creemos que el tema de extrema gravedad”, dice el fiscal Macelo García Berro. “No creo que haya antecedentes ni en este tribunal ni en otro. Sin perjuicio de que la Fiscalía recurrirá la resolución para que sea revisada por la Cámara de Casación Penal, la decisión constituye un peligroso antecedente que podría ser aplicado en esta y en otras causas para dejar en libertad durante el proceso a personas imputadas de delitos de lesa humanidad respecto de las cuales el tribunal considere que no tienen intenciones de evitar el juicio oral”.

Hasta ahora, una de las constantes en algunas jurisdicciones era el dictado automático de las prisiones domiciliarias. Uno de los casos paradigmáticos es Neuquén. Llevan tres juicios orales con 32 condenas, pero sólo uno de los condenados, Raúl Guglielminetti, cumple con prisión en cárcel común y en el sur no saben si esa cárcel es por las condenas de Neuquén o porque está a disposición de otros tribunales. Según Juan Cruz Goñi, de la Asamblea por los Derechos Humanos de Neuquén, esto no siempre fue así. En el primer fallo de 2008, el TOF dispuso prisiones comunes para los ocho condenados, pero las defensas apelaron, y Casación ordenó las domiciliarias. Con ese antecedente, a partir de ahí el TOF que dictó condenas ejemplares en varios aspectos comenzó a dictar automáticamente domiciliarias en 2012 y en 2014.

“Para nosotros esto es dramático sobre todo porque es un pueblo chico donde las situaciones de encuentro con los acusados son mucho más habituales y posibles que en una ciudad”, dice Goñi. “Por eso nosotros planteamos esto como preocupación en cada oportunidad. Y hay que decir que ni siquiera existe un apego a la ley porque el beneficio no exige sólo una condición etaria, sino que tiene que ver con las condiciones de salud y en ninguna causa se hacen ese tipo de análisis. Pero además de eso, estamos diciendo que ni siquiera hay controles y monitoreos efectivos sobre las domiciliarias y de esta manera las condenas se trasforman en una cuestión simbólica cuyo efecto real queda licuado en estos segundos caminos”.

Sobre esta línea, hubo un nuevo cambio entre julio y diciembre del año pasado. En este caso la Sala III de Casación Penal liberó primero a 15 represores en Salta que habían sido ya condenados en juicio oral. Y en noviembre hizo lo mismo con otros 32 condenados en Tucumán. La explicación fue que todos ellos habían llegado libres al juicio y que fueron detenidos durante el juicio oral para asegurar sus presencias. Pero que una vez concluido el juicio la situación debía volver al comienzo, hasta que la sentencia increíble estuviera firme.

A 38 años del crimen de Michelini y Gutiérrez Ruiz la justicia apenas avanzó.

“Zelmar llegó tu hora”. Esas las últimas palabras grabadas a fuego en el recuerdo de Zelmar Chicho Michelini, hijo mayor del ex legislador uruguayo Zelmar Michelini en la noche del 18 de mayo de 1976 cuando su padre fue secuestrado por una patota integrada por militares argentinos y uruguayos. Estaban en la habitación del Hotel Liberty, sobre la avenida Corrientes casi esquina Florida, en pleno centro de Buenos Aires, donde los Michelini guardaban su exilio desde el golpe militar que el 23 de junio de 1973 cerró el parlamento uruguayo. Minutos después a menos veinte cuadras de allí quizá la misma patota se llevó al ex presidente de la Cámara de Diputados del Uruguay, Héctor Gutiérrez Ruiz de su casa sobre la calle Arroyo en pleno barrio de Recoleta.

Zelamar Michelini y Héctor Gutiérrez Ruiz, de izquierda a derecha.

Dos días después aparecieron acribillados a balazos junto a los cuerpos del matrimonio uruguayo integrado por Rosario Barredo y William Whitelaw, dos ex militantes tupamaros en un automóvil Chevy bajo la autopista Dellepiane. Los cuatro asesinados de alguna manera integraban un grupo de exiliados en busca de una salida democrática a la dictadura uruguaya. MIchelini porque había llevado sus denuncias ante el Tribunal Russell con fuertes críticas a las dictaduras sudamericanas. Gutiérrez Ruiz porque se reunía en el exilio con grupos y militantes políticos que buscaba deponer las armas de la lucha guerrillera. Dos de esos exponentes eran Barredo y Whitelaw que además tenían contactos con sectores de tupamaros que veían en la salida armada una carnicería para el país y buscaban salidas negociadas. A la dictadura encabezada por Juan María Bordaberry no le convenía la salida negociada. La muerte y la violencia eran negocio para justificar la represión junto a su colega argentino Jorge Videla.

Desde ese momento Michelini y Gutiérrez Ruiz pasaron a ser símbolos de la resistencia a la dictadura uruguaya y desde 1996 se realizan las marchas por el centro de Montevideo reclamando “Memoria, Verdad, Justicia y Nunca Más” a los gobiernos constitucionales colorados, blancos y del Frente Amplio. Este martes 20 de mayo se realizará la edición número 18 de la marcha cuando se cumplen precisamente 38 años del asesinato de los cuatro militantes uruguayos.

La justicia condenó a Bordaberry a treinta años de prisión por haber atentado contra la Constitución uruguaya pero no por los crímenes.

La coordinación represiva de las dictaduras del Cono Sur

"Nadie imaginó que la dictadura podía ser tan sangrienta"
Así lo dijo Horacio Tamburini ante el Tribunal Oral Federal 1 de Comodoro Py. Declaró por el asesinato de su hermano, Guillermo, que militó por sus ideas de izquierda en Chile y en Argentina. En el juicio oral se juzga, entre otros, los casos de unos 20 detenidos desaparecidos chilenos durante la dictadura.
Por: Natalia Biazzini

María Cecilia Magnet Ferrero de Tamburini y Guillermo "Willy" Tamburini

 Guillermo “Willy” Tamburini se había exiliado en Chile cuando la Triple A lo perseguía por sus ideas de izquierda. Del otro lado de la Cordillera apoyó al gobierno de Salvador Allende y junto a su mujer chilena, María Cecilia Magnet Ferrero, huyeron de la dictadura pinochetista. En Argentina no militaron más, pero estaban en una lista negra y en julio de 1976 fueron asesinados por la dictadura militar. Hace unos días declaró en el juicio del Plan Cóndor su hermano, Horacio Tamburini, ante el Tribunal Oral Federal 1 de Comodoro Py.

En el momento de los asesinatos Guillermo tenía 35 años y su mujer 28, la misma edad que Horacio. El testigo describió a su hermano como un gran deportista. Jugó muchos años al rugby y hacía judo. A principios de los ´70, Guillermo ingresó al profesorado de educación física de San Fernando, pero “el director de ese momento lo identificó como un elemento de izquierda y lo echó”, recordó.

Recuerdos de familia

-¿Recuerda la última vez que lo vio a su hermano?- preguntó el fiscal Pablo Ouviña.
- Perfectamente. Fue en el casamiento de mi padre- respondió Horacio.

El 15 de junio de 1976 Tamburini padre se casó en segundas nupcias con Blanca Castelli. Y se juntó por última vez toda la familia. Guillermo le insistía a Horacio que se fuera del país. “En Viedma no pasaba nada y no éramos conscientes de la represión en Buenos Aires y no queríamos irnos y teníamos un bebé de cuatro meses con mi mujer”, dijo.

Después de los sucesivos allanamientos, el padre vendió la casa de Banfield y compró dos departamentos. Uno para Horacio sobre Balcarce, en San Telmo, y otro para Guillermo en Almagro, sobre la avenida Córdoba al 3300.

Militancia y persecución política

“Nunca fui justicialista ni peronista”, aclaró Horacio, que fue detenido en la dictadura de Juan Carlos Onganía, a principios de los ´70. Su hermano quedó prófugo y se fue a estudiar medicina a Santiago de Chile. Allá militó en el Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR) y en la militancia conoció a María Cecilia, que provenía de una familia tradicional chilena. Su padre había sido embajador chileno en Estados Unidos.

“Ni él ni yo tuvimos ninguna causa judicial, como no la tuvo ninguno de los desaparecidos”, agregó Horacio. Cada vez que se refiere al Ejército, el testigo elige adjetivos irónicos para describirlo: glorioso, maravilloso, querido. Desde 1973, Guillermo no militaba. “Estaba decepcionado de la política argentina. Sabía que se venía una nueva dictadura pero nunca tan sangrienta, tan nazi. Nadie se lo imaginó”.

Guillermo volvió a la Argentina huyendo de la dictadura pinochetista junto a su mujer María Cecilia Magnet Ferrero y cientos de chilenos. En Buenos Aires terminó sus estudios de medicina y se especializó como anestesista. El testigo recordó que estuvo detenido dos días por haber ido al funeral de Rodolfo Ortega Peña, un diputado nacional asesinado por la Triple A el 31 de julio de 1974. El Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP) mandó cartas a todos los que habían sido detenidos ese día y les advirtió que iban a ser perseguidos por el grupo paramilitar liderado por José López Rega.

Una semana después del entierro, la Triple A allanó su casa en Banfield. Uno de la patota se confundió de objetivo y disparó a Jaime Vitale, un médico chileno. Le dieron en la frente, pero sobrevivió. Los hermanos vivían con su padre y con compañeros de militancia de Horacio. Después de ese episodio, todos se fueron de la casa, salvo el padre que vivió ahí unos meses más y sufrió más allanamientos. Como era sordo no escuchaba cuando la patota tocaba el timbre y se despertaba con un fusil en la cabeza.

El día del asesinato

“Mi hermano tenía pensado salir del país pocos días después de que fue secuestrado junto con su mujer, pero la dictadura genocida se lo impidió”, le dijo al tribunal. Todo lo que sabe sobre el operativo en el departamento de la avenida Córdoba, lo sabe por trascendidos. Ningún sobreviviente vio a Guillermo ni a María Cecilia en ningún centro clandestino o lugar de detención.

La familia Tamburini se enteró del operativo porque Ulises Penayo, que vivía provisoriamente en el departamento de Guillermo, le avisó. El padre encontró el departamento destruido, los muebles rotos y con muchos objetos de valor que faltaban. “Cuando fue a la comisaría, el comisario le dijo con tono amenazante que nunca más mencione el caso de Guillermo, sino la próxima víctima sería él”.

Horacio y su mujer recorrieron en unas horas los mil kilómetros que separan Viedma de Buenos Aires. “No teníamos conciencia de que nos buscaban a nosotros también y nos quedamos a dormir en la casa de mis suegros”, agregó el testigo. Días después con la decisión de abandonar el país, Horacio quiso ir a su antiguo lugar de trabajo, el Hospital Muñiz, para obtener algún certificado de que había trabajado ahí. Antes de entrevistarse con el director, un compañero le advirtió que desde hacía meses dos personas de civil se mezclaban entre el personal y que lo estaban buscando. Esta misma persona le contó que un paciente había sido testigo del asesinato de Guillermo. Hasta ese momento Horacio creía que su hermano estaba secuestrado, no muerto.

Según Horacio, su hermano pudo deshacerse unos segundos de los custodios que lo tenían atado y gritar: “Soy Guillermo Tamburini, me dicen Willy, soy médico y me lleva el Ejército´. Inmediatamente lo ametrallaron”. Nunca más supieron de él.

El represor César Pino Enciso, procesado

En noviembre fue extraditado desde Brasil, donde se había escapado a fines de la década del ’80. Sólo podrá ser juzgado por cuatro casos de desapariciones.

El ex agente de inteligencia César Alejandro Enciso, alias “Pino”, era yerno del general Otto Carlos Paladino, jefe de la SIDE durante el terrorismo de Estado. Trabajó con su suegro en el centro clandestino que tenía a su cargo: Automotores Orletti, donde secuestró y torturó junto con otros agentes de inteligencia, de la Triple A y del ejército uruguayo. Enciso fue extraditado en noviembre desde Brasil y ahora fue procesado por el juez federal Daniel Rafecas.

El ex agente fue requerido para juzgarlo por la privación ilegal de la libertad y tormentos a unas 40 víctimas, delitos calificados como de lesa humanidad y, por lo tanto, imprescriptibles. Pero como Brasil no reconoce este principio que rige en materia internacional, sólo permitió el juzgamiento de Enciso por los secuestros de cuatro de esas víctimas que permanecen desaparecidas y se considera que el delito se sigue cometiendo. Se trata de Gerardo Francisco Gatti, Julio César Rodríguez, Manuela Santucho y Cristina Navajas, quienes fueron vistos con vida en el centro clandestino de detención de Automotores Orletti.

Manuela Santucho y Nélida Navajas –mujer de Julio Santucho– fueron secuestradas el 13 de julio de 1976 en un departamento de la calle Warnes, en la ciudad de Buenos Aires. Navajas estaba embarazada. Ambas fueron llevadas a Orletti, donde las torturaron. Unos días después, Manuela fue obligada a leer la noticia del asesinato de su hermano Mario Roberto, líder del PRT-ERP, y escuchar cómo torturaban hasta la muerte a otro de sus hermanos, Carlos.

Gerardo Gatti era un conocido dirigente sindical uruguayo que fue secuestrado en Buenos Aires y llevado a Orletti. Julio César Rodríguez también era uruguayo.

Enciso, que actualmente está detenido en Marcos Paz, vivió desde fines de los ’80 en Brasil con una identidad falsa. Además de Rafecas, la Justicia italiana quería juzgarlo por los crímenes cometidos en Orletti, pero Brasil sólo admitió que viniera a la Argentina y redujo su acusación a cuatro casos. Pino intentó evitar su extradición pidiendo que se lo considerara “refugiado”, pero su reclamo no prosperó.

Orletti era base de operaciones del Plan Cóndor, la colaboración represiva entre dictaduras del Cono Sur, y funcionó en el barrio porteño de Floresta entre mayo y noviembre de 1976 bajo dependencia de la SIDE y el liderazgo de Aníbal Gordon.

Los sobrevivientes relataron que las víctimas generalmente estaban en la planta inferior o garaje, donde los mantenían tabicados y atados. Allí se escuchaban gritos de la planta superior, donde funcionaba el cuarto de tortura. Uno de los métodos crueles utilizados por los represores del centro regenteado por la SIDE consistía en que los secuestrados eran esposados y colgados de un gancho hasta que los pies quedaban a unos 20 o 30 centímetros del piso y en ese estado se les aplicaba electricidad en el cuerpo.

Algunas de las víctimas de Orletti fueron halladas en tambores de cemento. Al procesar a varios represores de ese centro, Rafecas señaló al respecto: “El proceso de la deshumanización, que comenzaba con la captura y continuaba en el campo de detención y tortura, tuvo en estos casos un final que difícilmente pueda ser superado desde la perspectiva de la eliminación de todo vestigio de condición humana para con los cautivos: hay que caer en la cuenta de que personas con las que compartimos una misma cultura, una misma civilización, ejecutaron de un disparo en la cabeza a hombres y mujeres que estaban a su merced; luego se procuraron tambores, arena y cemento; luego, no sin esfuerzo, y seguramente de propia mano, colocaron los cadáveres en los tambores, los rellenaron, los sellaron, llevaron con sus brazos la carga de restos humanos hasta los camiones y finalmente arrojaron los tambores al río”. Por esos hechos ya fueron condenados, entre otros, Eduardo Cabanillas, Eduardo Ruffo y Raúl Guglielminetti.

Segunda etapa del Cóndor: Concluyeron las declaraciones de las víctimas uruguayas

Después de nueve meses de audiencias en el juicio oral que investiga los crímenes de la coordinación represiva de las dictaduras del Cono Sur, comenzaron los testimonios de expertos en el tema. Luego se escuchará a las víctimas chilenas.

 Por Alejandra Dandan
En el juicio oral sobre el Plan Cóndor, que comenzó en marzo, se juzga a 22 represores.

El juicio oral por los crímenes del Plan Cóndor concluyó su primera etapa, centrada en la reconstrucción de los casos de las víctimas uruguayas. Ayer comenzaron las declaraciones de los testigos de contexto, que son expertos e investigadores que analizaron las políticas de la coordinación represiva de las fuerzas de seguridad de la región durante las últimas dictaduras. Luego se iniciará la segunda parte, destinada a recoger pruebas sobre las víctimas chilenas y del resto de los países. Para la fiscalía, la etapa que concluye fue importante en cantidad de prueba, no sólo para reconstruir los secuestros y desapariciones de cada caso, sino también para aportar elementos a la lógica de coordinación de las dictaduras del Cono Sur que se llevó a cabo con la colaboración y el apoyo de Estados Unidos, que es uno de los elementos más significativos del juicio.

“Los 106 casos que llegaron al juicio son una muestra de lo que sucedió con el Cóndor”, dice Pablo Ouviña, fiscal del juicio oral. “Con este juicio no sólo estamos viendo si en el caso de cada una de las víctimas se verifica si hubo ‘delito’, sino que además estamos viendo otra cosa: la misma existencia del Cóndor. En esa vía buscamos pruebas sobre la existencia de la asociación ilícita (entre las fuerzas represivas), y luego ver si cada persona que está acusada en el juicio tuvo participación o contribuyó en la asociación ilícita y cómo lo hizo”.

En esa mirada anclada entre lo singular y la coordinación general, se halla una de las características de este debate. También de lo que pasó hasta ahora y de lo que se espera.

Jaime Nuguer es abogado por la querella originaria del juicio. “Me parece que lo específicamente relevante (del período uruguayo) es la abundante prueba testimonial que se produjo contra Manuel Cordero Plancentini por los delitos de tortura y desaparición de muchos militantes y dirigentes del Partido para la Victoria del Pueblo (PVP) y del MLN (Tupamaros)”, señala. “Cordero era el número dos de los servicios uruguayos, detrás de Nino Gavazzo, y como tal un operador importante de la Operación Cóndor. Estaba prófugo en Brasil, de donde fue extraditado a la Argentina en 2007”. El juicio oral comenzó en marzo. Se juzga a 22 represores, entre ellos los más altos responsables de la represión argentina que todavía están vivos y al uruguayo Manuel Cordero, emblemático para las víctimas y sobrevivientes de ese país, encargado del traslado de los prisioneros y enlace entre las dos fuerzas represivas. El juicio intenta reconstruir las pruebas de secuestros y desapariciones de 106 personas, entre los cuales hay una mayoría de uruguayos (48), pero también hay chilenos, paraguayos y bolivianos. Todas las víctimas del Cóndor elevadas a juicio están desaparecidas y fueron secuestradas en territorio argentino, en general cuando estaban exiliadas legalmente o escondidas por la persecución de las dictaduras en sus propios países. Entre las víctimas hay un grupo argentino secuestrado en Brasil. También hay 67 casos que están en juicio y a la vez declararon como parte de lo que se llama Orletti II, es decir, secuestrados que pasaron por el centro clandestino que fue la sede del Cóndor en Buenos Aires. Entre uno y otro listado de víctimas hay pocos nombres superpuestos. Desde el comienzo del juicio se dijo que uno de los datos más importantes del debate es que estaba destinado a probar el accionar conjunto de las dictaduras en la región y a la vez que podía ser un escenario de justicia para muchas de las víctimas de los países en donde existen dificultades para llevar adelante los juicios.

Hasta acá, la etapa uruguaya permitió reconstruir lo que sucedió con los uruguayos que estaban viviendo en la Argentina. Además de los testimonios, uno de los datos importantes que es que la suma permitió comprender las olas de la evolución represiva. “En su momento, con muy buen criterio, el Tribunal entendió que tenía que trabajar la organización del juicio por binomios”, señala el fiscal. “Si bien el Cóndor implica mirar el conjunto de los países, esto era imposible hacerlo en forma simultánea y por eso fue importante el modo de organizar las audiencias”. El binomio permitió seguir un orden por país, primero Uruguay, como luego será el caso de Chile, y más tarde los otros. Esa organización incluyó una organización cronológica de los secuestros, para entender la evolución de la ola represiva. Y pensada como binomio porque cada país incluye la relación con la Argentina. “Hasta aquí, los casos uruguayos nos permitieron ver claramente ciertas oleadas represivas. Significa que en un período muy corto de tiempo se produjeron muchos secuestros agrupados, y muchos son casos de este juicio”.

Así como esa mirada puede aportar datos para pensar la coordinación, se espera que esto quede reforzado por otros elementos del juicio. Daiana Fusca, del Cels, que es uno de los organismos de derechos humanos querellantes, señala el peso que tienen en ese sentido los archivos documentales. “Una de las líneas que se podrá profundizar con el análisis de la documental es la intervención de Estados Unidos. Esto y los testigos de concepto van a permitir visibilizar en el juicio la coordinación represiva”. El primer testigo de este tipo fue el historiador uruguayo Alvaro Rico, coordinador de la investigación histórica sobre la dictadura en ese país e integrante de la Secretaría de Seguimiento de la Comisión para la Paz. El martes debe declarar el periodista uruguayo Samuel Blixen. Y entre los expertos también está prevista la testimonial de la periodista Stella Calloni.

Los materiales serán importantes para probar además la coordinación entre el resto de los países. Pero cada tramo tendrá su singularidad. La prueba testimonial uruguaya, como se dijo, fue mucha y contundente. Los casos que llegaron a juicio son representativos de lo que sucedió con los uruguayos que estuvieron en el país. El juicio, además, contó con la declaración de sobrevivientes de Orletti. Eso permitió producir nuevos datos, dado que muchos pudieron aportar elementos sobre la coordinación represiva. “Los casos uruguayos permitieron ver lo que fue Orletti, el llamado primer vuelo, el segundo (con todos desaparecidos) y el Grupo de Acción Unificadora del 1977. Uno fue viendo a través de las testimoniales cómo iba cayendo todo, porque todo lo que están en el juicio permite hacerlo”, señala el fiscal.

Los casos chilenos que están en juicio son 22. Entre ellos hay un grupo que fue secuestrado en Mendoza, pero el resto de las víctimas fueron desaparecidas en momentos distintos.

Llega desde Italia un reclamo de justicia

CRISTINA MIHURA DECLARO EN VIDEOCONFERENCIA DESDE ROMA EN LA CAUSA ARGENTINA POR EL PLAN CONDOR
Llega desde Italia un reclamo de justicia

Después de 37 años, la viuda del desaparecido ítalo-uruguayo Armando Bernardo Arnone Hernández, desaparecido en este país, declaró ante dos fiscales argentinos y varios abogados de los acusados en la causa del Plan Cóndor.
Cristina Mihura, denunciante, y Armando Bernardo Armone Hernández, desaparecido en Argentina durante la dictadura militar.
 
Por Elena Llorente -  Desde Roma

Cristina Mihura, uruguaya residente en Italia, viuda del desaparecido ítalo-uruguayo Armando Bernardo Arnone Hernández, dijo estar “muy agradecida” a los jueces argentinos que por primera vez, en los 37 años que lleva su búsqueda, la interrogaron ayer sobre el caso de su marido. “Es como una catarsis, es impresionante la sensación que se tiene cuando alguien importante te escucha”, dijo a Página/12. Bernardo Arnone desapareció en Buenos Aires, el 1º de octubre de 1976. Ayer Mihura fue escuchada durante más de dos horas por los fiscales argentinos Pablo Ouviña y Mercedes Moguilansky, además de algunos jueces y abogados defensores de los militares acusados en el marco del Plan Cóndor, la operación internacional de aniquilación de opositores políticos, de la que participaron los servicios de varias dictaduras del Cono Sur en la década del ’70.

El interrogatorio tuvo lugar en el Consulado argentino de Roma por medio de una videoconferencia. “Fueron muy detallistas en sus preguntas. Querían conocer todo, todo, desde cómo había conocido yo a Bernardo, con quien me casé en 1974, hasta con quiénes trabajaba o quién había allanado la casa de la madre de Bernardo, hoy fallecida, que estaba en Buenos Aires cuando él fue secuestrado y que, al volver a Montevideo, se encontró con que los militares estaban haciendo un allanamiento en su casa y escarbando en el patio en busca de algo que no encontraron. También me preguntaron sobre mis denuncias, de la carta que envié al Acnur (Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados), la historia del PVP, el Partido por la Victoria del Pueblo en el que militábamos”, contó Mihura que ha sido una de las principales promotoras de otro proceso Cóndor, el que está intentando llevar a cabo la fiscalía italiana contra militares y civiles de Uruguay, Chile, Bolivia y Perú, y que está en su etapa preliminar.

Mihura también informó a los jueces de una ficha y una serie de documentos que aparecen desde hace algunos meses en el portal de Internet de la presidencia de la República de Uruguay sobre su marido y otros desaparecidos uruguayos, al que ella no ha tenido acceso directamente. “En el portal no se dice cuál es la referencia de esos documentos, pero evidentemente se dan informaciones pertenecientes a fuentes de la represión”, indicó.

Respecto de los contenidos del interrogatorio, agregó que lo único que pudo ofrecer fue “el contexto en el que ocurrió el secuestro, el contexto de una perejil, no de una militante de alto rango”. “Lamento que haya pasado tanto tiempo, porque hay muchas cosas que me he olvidado. Pero es la primera vez que me dejan decir todo lo que yo sé o he sabido. En algún momento me emocioné por eso. Especialmente cuando conté lo que me dijo un sobreviviente de la cárcel clandestina de Orletti, donde se supone que fueron a parar los uruguayos desaparecidos en Buenos Aires, entre el 23 de septiembre y el 4 de octubre de 1976, y entre los cuales probablemente estaba Bernardo. José Luis Bertazzo contó que había compartido con algunos uruguayos en Orletti una toalla para taparse la boca y la nariz cuando los militares echaron gamexane para combatir las pulgas y otros insectos que había en el lugar.”“También les transmití a los fiscales la situación de absoluto terror en la que vivíamos y cómo, por ejemplo en mi caso, que salí exiliada a Suecia, a los pocos meses tuve todos los dientes cariados. Los dentistas de la Universidad de Estocolmo me explicaron que era un típico caso de estrés por un gran susto”, agregó.

Mihura contó que tuvo la sensación de que los fiscales sabían algo más que ella no sabía, pero nada dijeron en ese sentido.

Cristina Mihura empezó a buscar a su marido pocas horas después de su desaparición, aquel 1º de octubre de 1976 en Buenos Aires. Armando fue secuestrado entre las 12 y las 20 horas de ese día en la vía pública, sostiene Cristina en base a lo que ella ha podido averiguar durante todos estos años. En abril de 1977 emprendió su campaña internacional para tener noticias de Armando, enviando una carta al Acnur explicando su caso y pidiendo ayuda. Vivía ya en esa fecha en Suecia como refugiada y allí estuvo hasta 1977. Desde entonces vive en Roma.

El secuestro de Arnone fue parte de una operación que entre el 23 de septiembre y el 4 de octubre de 1976 dio como resultado la desaparición de 26 uruguayos en Buenos Aires, 23 adultos y tres niños. Los niños aparecieron después, dos en Chile y una en Argentina. Por otra parte, aparecieron sólo los restos de tres de los 26, en Argentina. Dicen que a los demás los llevaron a Montevideo (en el llamado y famoso “segundo vuelo” de la Fuerza Aérea uruguaya), pero en Uruguay nunca aparecieron rastros de ellos, ni vivos ni muertos, contó Mihura, que todavía no logra saber ni siquiera dónde están los restos del que fuera su marido. “Después de tantas querellas judiciales todavía no sé si está en Argentina, si se lo llevaron a Uruguay o lo tiraron al río. Quiero saber lo que pasó. Los militares lo saben, pero ni siquiera anónimamente nos dicen algo. Es un revanchismo feroz. Yo quisiera que así como la Justicia argentina ha investigado brillantemente algunos casos, también lo hiciera la Justicia de Uruguay”, concluyó.

Plan Condor: Italia: Aceptan como querellantes al Frente Amplio de Uruguay + Argentina: Confirman condenas represores de la SIDE y Orletti

El Plan ideado para la represión regional
Aceptan como querellante al Frente Amplio en juicio en Italia

El Frente Amplio de Uruguay se convirtió en el primer partido político extranjero en participar como querellante en una causa en Italia, luego de que la Justicia de este país admitiera a la coalición como parte acusadora en el llamado Plan Cóndor, que juzga a 35 imputados por la desaparición de 23 italianos durante las dictaduras en el Cono Sur.

La decisión, adoptada por el juez romano Alessandro Arturi, alcanza al Frente Amplio y a los estados de Italia y Uruguay para que se constituyan como parte acusadora en el juicio de 17 uruguayos, 12 chilenos, dos bolivianos y cuatro peruanos, miembros de las juntas militares y servicios de seguridad de sus respectivos países entre los años 1970 y 1980.

Los procesados están acusados de la desaparición de 23 italianos a manos de los aparatos represivos de las dictaduras del cono sur que actuaron de manera coordinada para eliminar opositores a cualquiera de estos regímenes que se encontraran en cualquiera de estos países, plan de exterminio conocido como Plan Cóndor.

En la audiencia preliminar, que comenzó hoy en el Tribunal de lo Penal de Roma y continuará el próximo 22 de noviembre, Arturi desestimó, por otra parte, como querellantes al Partido Demócrata (PD) italiano y a la región italiana de Emilia Romaña (centro-norte) por no tener "conexión inmediata con las personas involucradas", según fuentes consultadas por la agencia EFE.

En Uruguay, en tanto, dirigentes del Frente Amplio y familiares de las víctimas manifestaron su "satisfacción" por la decisión de la Justicia italiana.

Uno de los vicepresidentes del FA, el senador Rafael Michelini, expresó a Télam la "importancia" del paso que dio Arturi de aceptar por primera vez a un partido político extranjero como parte acusatoria, en este caso junto a los estados de Italia y Uruguay.

Michelini, hijo de Zelmar, diputado uruguayo secuestrado y asesinado en Buenos Aires en 1976 en el marco del Plan Cóndor, aseguró que "se trata de un gran paso para que se avance en la búsqueda de toda la verdad" y que demuestra "la lucha que se ha desarrollado desde el frente Amplio en la lucha por Justicia".

En coincidencia, se manifestó el otro vicepresidente de coalición gobernante, Juan Castillo, quien la calificó "de una gran noticia no sólo para el frente Amplio sino para Uruguay y la región".
"Hay mucho que la fuerza política puede aportar en la búsqueda permanente por la verdad y para que en algún momento se llegue a hacer Justicia", agregó.

El secretario político del Partido Socialista en Montevideo, Gonzalo Civila, expresó que la decisión de Arturi "es un verdadero avance en la lucha contra la impunidad".
"Es muy positivo que se reconozca a una fuerza política democrática para participar en un proceso de búsqueda de verdad y justicia teniendo en cuenta la cantidad de militantes de ese partido que sufrieron al Plan Cóndor durante los años setenta", apuntó Civila.

De todos modos, Castillo marcó la "paradoja" de que se haya dado un "impulso a la Justicia" desde otro país mientras "en Uruguay no se ha avanzado todo lo que hubiésemos querido".

"Hemos tenido avances pero también hay golpes en contra. No hemos avanzado todo lo necesario, porque hemos tenido reacciones en contra", criticó.
Castillo destacó, sin embargo, que "hay que celebrar esta noticia, más allá de que en nuestro país la Suprema Corte de Justicia no contribuye a esta búsqueda de la verdad con sus trabas a algunos procesos", aseveró.

Una de los familiares de las víctimas, Cristina Mihura, cuyo esposo, Armando Bernardo Arnone, desapareció en Argentina, expresó también su satisfacción por la celebración de esta audiencia preliminar.
"Este proceso se inició hace más de diez años. Ha sido muy difícil y complicado y por eso necesitamos la ayuda de todos. Todavía hoy sigo sin saber dónde están los restos de mi marido y de sus compañeros", declaró.

Dos de los 35 acusados, el militar chileno Odlanier Rafael Mena Salinas y el expresidentes uruguayo Juan María Bordaberry Arocena, ya fallecieron.
Entre los acusados uruguayos están el exdictador Gregorio "Goyo" Álvarez, encarcelado en su país desde 2007 por violaciones de los derechos humanos durante el régimen militar (1973-1985),  presidente de facto de 1981 a 1985.
La Operación Cóndor, un plan ideado por el chileno Augusto Pinochet, coordinó la represión de la oposición política en las décadas de 1970 y 1980 por parte, sobre todo, de los regímenes dictatoriales de Chile, la Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay y Bolivia.


LA CAMARA DE CASACION CONFIRMO LAS CONDENAS DE CABANILLAS, GUGLIELMINETTI Y MARTINEZ RUIZ
Los represores de la SIDE y Orletti

El tribunal convalidó las penas de prisión perpetua, 20 años y 25 años de prisión. No debió pronunciarse sobre Eduardo Alfredo Ruffo, porque el represor desistió de su derecho de apelar.

Raúl Guglielminetti fue agente civil del Batallón de Inteligencia 601.


La Cámara Federal de Casación Penal confirmó esta semana tres condenas por delitos de lesa humanidad en el centro clandestino Automotores Orletti durante la última dictadura. La Sala IV del máximo tribunal penal rechazó los recursos interpuestos por las defensas de Eduardo Rodolfo Cabanillas, Raúl Antonio Guglielminetti y Honorio Carlos Martínez Ruiz y confirmó las penas de prisión perpetua, 20 años y 25 años de prisión, respectivamente, que les impuso el Tribunal Oral Federal 1 en marzo de 2011. Casación no debió pronunciarse sobre el cuarto condenado, el ex agente de la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE) Eduardo Alfredo Ruffo, porque el represor desistió de su derecho de apelar la condena. La confirmación de la sentencia por parte de la sala que integran los jueces Juan Carlos Gemignani, Mariano Hernán Borinsky y Gustavo Hornos es la sexta en causas por delitos de lesa humanidad en lo que va de 2013.

El fallo que dictaron hace dos años y medio los jueces Jorge Gettas, Adrián Grumberg y Oscar Amirante dio por probada la privación ilegal de la libertad de 65 víctimas del Plan Cóndor, como pasó a la historia la coordinación represiva entre las dictaduras del Cono Sur en la década del 70. En el proceso se probó además la aplicación de tormentos contra sesenta víctimas y cinco homicidios agravados por alevosía. Los delitos tuvieron como epicentro el centro clandestino Automotores Orletti, que funcionó en un taller mecánico de Flores alquilado por la SIDE, de la que dependía el lugar de detención.

Guglielminetti, agente civil del Batallón de Inteligencia 601 del Ejército, es el más conocido de los represores de Orletti, sobre todo por su trayectoria posterior: el “Mayor Guastavino”, tal su alias en los ’70, se dedicó en los últimos años de la dictadura y en los primeros de la democracia a los secuestros extorsivos. También fue custodio del ex presidente Raúl Alfonsín e integró la oficina de inteligencia paralela del gobierno radical, conocida como Grupo Alem. La ley de obediencia debida no le permitió zafar de su detención por tenencia de armas de guerra, que se prolongó hasta 1989. En agosto de 2006, el juez federal Daniel Rafecas lo volvió a detener por su actuación en el circuito represivo Atlético-Banco-Olimpo, hechos por los que fue condenado en 2010 a 25 años de prisión. Luego llegaría la condena por Orletti, a la que se sumó otra en Neuquén, donde también prestó servicios como enviado del Batallón 601.

El entonces capitán Cabanillas, que a fines de los ’90 llegó a comandar el Segundo Cuerpo de Ejército y se retiró como general, fue jefe de la base Operaciones Tácticas 18 de la SIDE, de la que dependía Orletti, y había sido detenido por primera vez en septiembre de 2006, luego de treinta años de impunidad.

Martínez Ruiz, alias “Pájaro”, había sido detenido un año antes, en 2005, por el robo de cajas de seguridad del Banco Nación. Fue integrante de la Triple A de Aníbal Gordon, que murió cuando todavía reinaba la impunidad, y agente de inteligencia de la SIDE. Idénticos pergaminos tuvo Ruffo, alias “Zapato”. La marca distintiva de su prontuario es la condena por la apropiación ilegal de Carla Rutilo Artés, hija de Graciela Rutilo, quien fue secuestrada en Bolivia, entregada a militares argentinos y vista por última vez en Orletti. Ruffo también siguió en la SIDE tras el retorno de la democracia, al servicio de Hugo Anzorreguy. El gran ausente en la sentencia fue el coronel Rubén Víctor Visuara, que también estaba en el banquillo de los acusados pero murió poco antes de que comenzara la etapa de alegatos.

Italia será parte civil en juicio en Roma por Plan Cóndor

El Estado italiano se constituirá parte civil en el juicio que se abrirá en octubre en Roma contra 35 exmilitares y civiles de Bolivia, Chile, Perú y Uruguay por estar involucrados en la muerte de 23 ciudadanos italianos en el marco del "Plan Cóndor".
“Agradezco al gobierno italiano, en particular jefe de gobierno Enrico Letta por la decisión de costituirse parte civil en la primera audiencia del juicio, fijada para el 10 octubre”, anunció en un comunicado el diputado italiano Fabio Porta, presidente del Comité Italianos en el Exterior, quien había solicitado oficialmente al gobierno italiano que se presentara como parte perjudicada.

“Se trata del primer gran juicio internacional contra esa despiadada operación de policía”, añadió.

Entre los acusados figuran el ex ministro del Interior boliviano Luis Gómez Arce, el ex primer ministro peruano Pedro Richter Prada, el ex jefe de los servicios secretos chilenos Juan Manuel Contreras, y el general Francisco Morales Bermúdez, cinco años presidente de Perú.

La fiscalía romana pidió la apertura de juicio también para el exdictador uruguayo Gregorio Alvarez, y para el exministro de Relaciones Exteriores Juan Carlos Blanco.

Los inculpados, 2 bolivianos, 12 chilenos, 4 peruanos, 17 uruguayos, cuyas edades oscilan entre los 64 y 92 años, han sido acusados de secuestro de persona y homicidio múltiple agravado.

La lista original incluía también a Juan María Bordaberry, quien falleció en 2011.

La fiscalía italiana abrió las investigaciones sobre el Plan Cóndor hace más de quince años a raíz de las denuncias presentadas por los familiares de italianos desaparecidos.

Los imputados serán juzgados en ausencia.

Ajuicio tres oficiales de inteligencia de la Policía Federal que actuaron en Orletti

Tres policías bajo el ala del Cóndor

Los imputados son el ex comisario Rolando Oscar Nerone y los ex subcomisarios Oscar Roberto Gutiérrez y José Néstor Ferrer, quienes participaron en operativos de secuestros y asesinatos. El juicio oral se realizará el año próximo.
Orletti funcionó en un taller mecánico del barrio de Floresta.

Tres oficiales de Inteligencia de la Policía Federal serán juzgados por delitos de lesa humanidad en el centro clandestino Automotores Orletti durante la última dictadura. Se trata del ex comisario inspector Rolando Oscar Nerone y de los ex subcomisarios Oscar Roberto Gutiérrez y José Néstor Ferrer, que están detenidos en Marcos Paz. Los tres represores fueron procesados por el juez federal Daniel Rafecas, que ahora elevó el expediente a juicio. El proceso oral y público se realizará el año próximo ante el Tribunal Oral Federal 1 e incluiría al ex agente de la SIDE Miguel Angel Furci.

Ferrer comandó el 14 de septiembre de 1976 el operativo en el que fueron secuestrados Ana María del Carmen Pérez –embarazada de ocho meses– y Gustavo Adolfo Gayá y en el que fue asesinada su esposa, Estela María Moya de Gayá. El hijo de la pareja, Ernesto, de dos años, fue llevado esa madrugada a la casa de sus abuelos. Tras el secuestro, en el barrio de Chacarita, Ana María y Gustavo fueron trasladados a Orletti, donde compartieron cautiverio con Ricardo Gayá, hermano de Gustavo y pareja de Ana María, quien había sido secuestrado meses antes. La intervención del oficial de Inteligencia Ferrer en el operativo ilegal quedó registrada en un expediente del “Consejo de Guerra Especial Estable 1” del Primer Cuerpo del Ejército, en el que se dejó constancia de un operativo fraguado con el fin de justificar el homicidio de Estela María Moya y en el que se consignó fraudulentamente que los otros moradores de la casa habían logrado huir, ocultando con ello su detención ilegal.

Nerone y Gutiérrez participaron el 26 de septiembre de 1976 del operativo ilegal en el que asesinaron a Mario Roger Julién y secuestraron a su pareja, Victoria Lucía Grisonas, y a sus hijos, Anatole Boris, de cuatro años, y Victoria Eva, de dos años. Victoria fue trasladada a Orletti y continúa desaparecida. Sus hijos, luego de pasar junto a su madre por el centro clandestino, fueron llevados a Uruguay y luego a Chile, donde los abandonaron en una plaza de Valparaíso. Finalmente los adoptó legalmente una familia del país vecino. La partida de defunción de una persona anotada como NN el mismo día y en el mismo domicilio de San Martín, muerta por heridas de armas de fuego, terminó de confirmar el homicidio y los secuestros que habían visto los vecinos. La presencia de los policías fue corroborada por un expediente administrativo a raíz de una herida sufrida por Nerone. Allí consta que lo acompañaban Gutiérrez y Roberto Gómez Migenes, también policía, ya fallecido. Según una nota firmada por el teniente coronel Juan Ramón Nieto Moreno, a cargo del Departamento de Contrainteligencia de la SIDE y jefe del grupo de tareas del Primer Cuerpo de Ejército, Gutiérrez y Nerone fueron “felicitados” por su desempeño en el operativo.

Por los secuestros, torturas y homicidios con epicentro en Automotores Orletti, el TOF 1 ya condenó a los ex agentes de la SIDE Eduardo Alfredo Ruffo y Honorio Carlos Martínez Ruiz, al ex agente del Batallón de Inteligencia 601 Raúl Antonio Guglielminetti, al general retirado Eduardo Rodolfo Cabanillas, al coronel Rubén Víctor Visuara y al comodoro Néstor Horacio Guillamondegui. Los últimos dos murieron tras la condena. Orletti funcionó en un taller mecánico del barrio de Floresta que la SIDE alquiló en mayo de 1976. Fue la principal sede del Plan Cóndor, como se conoce a la coordinación represiva entre las dictaduras del Cono Sur. Una de las particularidades de Orletti fue el método que los represores eligieron para desaparecer a sus víctimas: el homicidio y luego la introducción de sus cuerpos en tambores de 200 litros, con cal y cemento, que arrojaron en distintos sitios. Entre las víctimas encontradas en tambores arrojados al canal San Fernando en 1976 fueron identificados Ana María del Carmen Pérez (con un embarazo a término), los hermanos Ricardo y Gustavo Gayá, Marcelo Gelman y Dardo Albeano Zelarrayán.

El testimonio de Ivonne Trías en el juicio por la coordinación represiva de las dictaduras

Una familia devastada por el Plan Cóndor

La periodista uruguaya habló del secuestro y la desaparición en Buenos Aires de su esposo, Carlos Rodríguez Mercader; de su hermana Cecilia y su compañero Washington Cram González. “Lo que pasó fue como acuchillar el vínculo entre las generaciones”, dijo.

 Por Alejandra Dandan

Ivonne Trías es periodista uruguaya y fue directora de Brecha. Ayer declaró en el juicio oral que, en Buenos Aires, juzga a parte de los responsables del Plan Cóndor. “Vengo a decir lo que sé y lo que no sé y quiero saber acerca del secuestro y desaparición de mi hermana Cecilia, de 22 años; de su compañero, Washington Cram González, de 27, y de mi esposo, Carlos Alfredo Rodríguez Mercader, de 26 años, los tres secuestrados y desaparecidos aquí. También quisiera hablar de lo que sé y no sé de otros compañeros y amigos muy queridos que desaparecieron en circunstancias similares. Y en tercer lugar, hablar de algunos de los imputados en esta causa. A uno lo conozco hace más de cuarenta años, siempre en circunstancias de torturas y apremios físicos, tratos degradantes. Y contar por qué estaba mi familia aquí.”

Ivonne y Carlos militaron en la Federación Anarquista Uruguaya (FAU), que generó más tarde al movimiento de Resistencia Obrera Estudiantil (ROE). Cecilia se sumó al sector estudiantil del ROE con una militancia periférica. En 1972, Ivonne quedó detenida en Uruguay, situación en la que permaneció hasta 1985. A fines de 1972, su familia viajó para refugiarse en Buenos Aires, mientras se acentuaban la represión y las persecuciones en Uruguay. Primero salió su esposo. En 1973, salieron Cecilia y Washington, que aquí tuvieron un hijo, estaban legalizados y con trabajo en blanco. Entre septiembre y octubre de 1976, Carlos, Cecilia y Washington fueron secuestrados por la coordinación represiva de los dos países en el marco del Plan Cóndor. Se cree que pasaron por el centro clandestino de Automotores Orletti y partieron a Uruguay entre los prisioneros del llamado “segundo vuelo” que permanecen desaparecidos. El hijo de Cecilia y Washington se salvó porque su abuela María Irma Hernández estaba en esos días de visita en Buenos Aires.

“Todos ellos vinieron de Uruguay porque estaban perseguidos, porque eran militantes políticos o estudiantiles, como mi hermana y su compañero.” “¿Por qué éramos todos militantes?”, preguntó Ivonne en la sala. “Porque en Uruguay ya en los años ’65 o ’66 empezó un ajuste que puedo describir como conservador, que puso por primera vez a los representantes directos de los grupos financieros en los puestos del gobierno para llevar adelante las medidas de carácter antipopular, la represión más fuerte que se había conocido. Y eso chocó con unas organizaciones populares muy fuertes también: había una organización de los trabajadores unificada; partidos de izquierda fuertes, como el Partido Comunista o el Movimiento de izquierda de Liberación nacional (Tupamaros).” Un escenario que no permitía imponer esas “medidas antipopulares sin chocar con una resistencia muy fuerte”.

Ivonne relató el avance del proceso año a año hasta llegar al golpe de junio de 1973. Las primeras militarizaciones y el contexto de conflictividad en el que “la mayor parte de los jóvenes de mi generación decidimos militar”. “No tuvimos que pensar si íbamos a intervenir en política o no –dijo–, ya en nuestra formación todos tempranamente sabíamos que la realidad había que cambiarla, participar era natural.” Ante las “ofertas” vigentes, el PC o el MLN, su grupo optó por otra “salida”: la FAU, una organización “con raíces históricas profundas” que “estaba acercándose a los movimientos de liberación de toda América, a la rebelión de las orillas, como la llamábamos”. En el relato, la FAU apareció así como punto de origen del movimiento que continuó en el MOR y, ya en 1975, entre los refugiados en Buenos Aires, con la organización del Partido para la Victoria del Pueblo (PVP), del que formaban parte la mayoría de los uruguayos secuestrados y desaparecidos aquí.
En Buenos Aires

Con el golpe de Estado uruguayo “se declara una huelga general” y empieza el “revanchismo de despidos, persecuciones, y es cuando mucha gente que ya estaba requerida y era perseguida empieza a ver que Argentina era el refugio (...) Se vienen muchos de mis compañeros y se instalan con intenciones de seguir lo iniciado en Uruguay en un proceso de discusión interna, recuperar fuerzas para volver y luchar contra la dictadura”.

Carlos viajó antes del golpe, a fines de 1972. Cecilia y Washington, en 1973. “Yo me comunicaba con mi hermana. Ella no tenía impedimento legal, nos escribíamos habitualmente. Sabía que estaba muy contenta y que estaban tratando de tener su primer hijo. Con mi marido, clandestino, nos enviábamos cartas ocultas en las que se podía decir muy poca cosa más que frases o ‘estamos bien’. O ‘te amo’ o ‘te espero’.”

Durante su estadía en la cárcel supo de los secuestros. Luego de un período de castigo empezaron a recibir visitas. “Vienen todos los familiares, pero no viene mi madre, cosa muy extraña porque no había faltado jamás. Faltó a la segunda visita, lo cual me alarmó, y a la tercera la noté demudada. Me dijo que mi hermana había salido a encontrarse con su compañero, ella estaba ahí porque había ido a cuidar a su niño. Me contó que no habían vuelto. Me contó que mi marido tampoco estaba y me decía entre lágrimas y medias frases cosas que no podía entender muy bien –dijo–. En parte por un bloqueo emocional, en parte porque no eran conceptos ni experiencias que teníamos como uruguayos.” Su madre le decía: “Todo fue un desastre, se llevaron a todos, están todos muertos”. Ivonne todavía pensaba que podían estar clandestinos.

De acuerdo con la reconstrucción que hizo después, supo que Cecilia, Washington y su hijo vivían en la calle Vicente López 2273, en Morón. El 28 de septiembre de 1976 dejaron al niño con la abuela. Primero salió uno, después el otro. Tenían como destino un bar en Juramento y Ciudad de la Paz. “Pasaron las horas. Mi hermana estaba amamantando a su bebé, por lo cual tenía horarios muy rígidos. Cuando no volvió, mi madre se puso muy nerviosa y más nerviosa hasta que llega mi marido y le dice: ‘Vieja, hay que salir de acá, ya, ya, ya. Llevamos al niño porque cayeron los chiquilines.” Carlos Rodríguez Mercader, a esa altura, estaba a cargo de la dirección de emergencia del PVP. Lo secuestraron el 1º de octubre.

Uno de los represores uruguayos juzgados en este juicio es Manuel Cordero. Es uno de los más mencionados por los sobrevivientes de Orletti. Estaba encargado de los enlaces de prisioneros entre Argentina y Uruguay.

Ivonne lo conoció en agosto de 1972, en el cuartel Quinto de Artillería: “Mi primer impacto fue una actitud inolvidable, porque estaban todas las presas en una habitación común y Cordero entraba y lo primero que hacía era pasar la mano por todas las bombachas que estaban en la primera cuerda y después iba y se sentaba en la cama de una detenida, una pobre muchacha de 18 años a la que le habían matado a su esposo. Manoseo y un oprobio, violaciones elementales al derecho de ella y todas las que estaban alrededor. Cuando traían al bebé de esta chica a visitarla lo tomaba en brazos y se paseaba como si fuera un trofeo. Fue tal la indignación que todo esto me produjo que cuando el comandante del cuartel me preguntó si tenía un problema particular con Cordero, le relaté los hechos.”

En 1974, Cordero intervino en el asesinato de Iván Morales Generali, un militante que llegó a Uruguay con volantes y documentos. En 1975, encabezó una suerte de negociación para intercambiar presos por una reliquia. Y fue quien le dijo a Ivonne los detalles de dónde y qué hacía su familia en Buenos Aires, situación que reflejaba la persecución. En 1976, aparece en la “lista infinita” de todos los detenidos de Orletti, dijo Ivonne. Y en particular en el testimonio de Sergio López Burgos, quien relató “escenas escalofriantes, en que dirigía no sólo los interrogatorios sino la tortura”. Señaló que Cordero violó a Ana C. en medio de la tortura, “que en el momento en el que termina de cometer ese acto de tortura sigue con su aparato, el disyuntor, y sigue con la tortura a López Burgos: ésa es la pintura de uno de los imputados según mi propia experiencia y la experiencia de muchas personas que entrevisté para realizar una investigación que culminó en un libro. Ninguno de los que declaran se ha retractado”.

En la sala, una de las querellas le preguntó a Ivonne si podía decir algo de los efectos de la dictadura en su familia. “En un momento de 1972, la familia era una familia que prometía –dijo ella–. Eramos mi padre, mi madre y mi marido y yo; mi hermana con su pareja y una idea del mundo y de nietos. Cuando yo salí de la cárcel quedaba mi madre y el hijo de mi hermana, nada más. Yo pienso que todos necesitamos formar parte de una historia, no digo de la Historia con mayúscula, de una historia chiquita, de familia. Ser hijos de algo, como dice Marcelo Viñals, de alguien, abuelo de alguien, nieto de alguien. Y lo que pasó fue como acuchillar el vínculo entre las generaciones y dejar un poco como que todo empieza de nuevo cada vez. Esto es para mí un sentimiento de lealtad con mi historia, con mi familia. Me parece que tiene algo de terrible esto de venir a contar historias espantosas, pero tiene algo de recomponer ese vínculo cortado, esa genealogía que quedó trunca y eso me parece que es algo positivo."

Detienen a militar uruguayo requerido por cuatro desapariciones

Vivía en el buceo y se aprestaba a abandonar el país

Se trata del ex integrante del OCOA, mayor (r ) Antranig Ohannessian, requerido por la Causa Cóndor abierta en la península itálica. En este expediente se involucra a otros 30 uruguayos, civiles y militares.

Ohannessian fue acusado por el fiscal italiano Capaldo de participar en la desaparición de los uruguayos Gerardo Gatti, Bernardo Arnone, Juan Pablo Recagno y María Emilia Gatti de Islas, todos ellos secuestrados en Buenos Aires en setiembre y octubre de 1976 y recluidos en el centro clandestino de detención “Automotores Orletti”. El fiscal comenzó esta investigación hace más de 15 años a raíz de las denuncias presentadas por los familiares de italianos desaparecidos.

La detención de Ohannessian se produjo el domingo cuando el militar se disponía a viajar fuera del país.

La solicitud de captura fue cursada al Uruguay hace pocas semanas y derivada al personal del Buró de Interpol perteneciente a la Dirección General contra el Crimen Organizado. Las investigaciones realizadas permitieron determinar que el requerido estuvo un tiempo desempeñándose en un establecimiento agropecuario del Interior.

En posteriores diligencias los funcionarios obtuvieron información de que el militar se domiciliaba en un lujoso edificio de la rambla del Buceo de Montevideo.

Allí finalmente fue detenido. Lo trasladaron a declarar ante la Justicia que dispuso su prisión administrativa en la Cárcel Central con miras a extradición. El caso quedó en manos de la jueza Penal de 6º Turno doctora Fanny Canessa y de la fiscal Ana María Tellechea. La detención de Ohannessian ya fue comunicada a las autoridades italianas y ahora se aguarda el envío de la documentación correspondiente. Se presumía que el militar se encontraba en Argentina. En marzo de 2008, la Justicia de ese país ordenó su detención con vistas a la extradición a Italia. No obstante, el proceso de extradición se dilató y finalmente la Justicia del vecino país rechazó el pedido por cuestiones formales.

Tiempo después, Ohannessian fue liberado. En la causa Cóndor, la Justicia italiana pretende esclarecer el secuestro y asesinato de 25 ciudadanos de origen italiano durante los años en que los países del Cono Sur estuvieron bajo dictaduras militares: 13 ítalo-uruguayos, 7 ítalo-argentinos y 5 chilenos, todos con nacionalidad italiana.

Con ese fin, se libró el pedido de extradición de 140 militares y civiles implicados en el Plan Cóndor, el esquema represivo que coordinó las dictaduras de Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay en los años ‘70 y ‘80.

“El Turco”
Ohannessian, alias “Oscar”, “el Turco” o “el Armenio”, fue integrante del Organismo Coordinador de Operaciones Antisubversivas (OCOA). Testimonios de presos políticos lo ubican en operativos represivos en Buenos Aires junto al mayor (r) José “Nino” Gavazzo Pereira, hoy preso en Montevideo en la cárcel especial Nº 8, y al coronel Manuel Cordero, detenido en Argentina.

Recibió entrenamiento en la Escuela de las Américas, junto con Luis Maurente, entre otros, y revistó en varias unidades del Ejército dentro del arma de Ingenieros. Uno de sus últimos destinos fue el hospital militar. Al retirarse, a mediados de los años ‘80, pasó a la actividad privada, en el rubro seguridad.
Fuente: la Republica

La declaración de Amalia Mercader sobre la desaparición de su hijo Carlos

El segundo vuelo del Cóndor

A los 91 años, Mercader declaró desde Uruguay en el juicio por los crímenes cometidos en el marco del plan represivo coordinado por las dictaduras latinoamericanas. Su hijo, Carlos Rodríguez Mercader, estuvo en Automotores Orletti.

 Por Alejandra Dandan

Amalia Mercader es una mujer uruguaya, de 91 años, que hasta hace pocos años seguía yendo a la ronda de las madres uruguayas como podía, incluso en silla de ruedas. Nadie sabía en Buenos Aires si iba a lograr acercarse hasta el Consulado argentino en Montevideo para declarar por la desaparición de su hijo Carlos Rodríguez Mercader. Pero lo hizo. Durante la mañana pegó su cara a la pantalla que la trasladó a los tribunales de Comodoro Py. Habló y recordó más de lo que pensaban seguramente los abogados defensores, porque fueron muchas de sus preguntas, algunas molestas, las que activaron los recuerdos. Estaba respondiendo una de esas preguntas cuando recordó el momento en el que apareció un cuerpo en Uruguay. “Yo fui con mi bastón, convencida de que era el cuerpo de mi hijo”, dijo Amalia. “Es una cosa tan íntima, han aparecido ya varios y en esos momentos a muchas nos pasa que creemos que son nuestros hijos. Cuando veía alguien como mi hijo en la calle salía corriendo, daba vueltas, miraba y decía: ‘No es’. Pero me preguntaba, ¿cómo será mi hijo en este momento? ¿Estará calvo? ¿Tendrá bigotes? ¿Ventanas en el pelo? ¿Usará lentes? ¿Habrá tenido accidentes? Pero estaba convencida, estoy convencida, de que cuando lo vea voy a decir: ‘Ese es el cuerpo de mi hijo’, porque las madres sabemos tanto de nuestros hijos que hasta sabemos cómo son por adentro. Creo que cualquier madre reconocería a su hijo.”

El juicio por los crímenes del Plan Cóndor avanza en esta primera etapa en la reconstrucción de las historias de los uruguayos desaparecidos en Argentina. Carlos Rodríguez Mercader también atravesó lo que sucedió con gran parte de ellos. Integrantes de distintas organizaciones del Uruguay, perseguidos ahí, viajaron a refugiarse en Argentina a partir del golpe en su país. Acá se nuclearon en el Partido por la Victoria del Pueblo (PVP). Algunos fueron secuestrados, pasaron por el centro clandestino Automotores Orletti. Otros fueron llevados ilegalmente a Montevideo en un primer vuelo del que la mayoría sobrevivió. Ese fue el eje del primer juicio oral que se hizo en Argentina por las víctimas uruguayas. En el proceso que se realiza ahora, en el marco y contexto del Cóndor, también se investiga a los responsables de lo que se llama “el segundo vuelo”, en octubre de 1976. Algunos lo llaman el “vuelo de la muerte”, porque casi no hubo sobrevivientes.

Amalia cree que a su hijo lo trasladaron en ese momento. Ayer contó que un juez se lo dijo en Buenos Aires, le explicaron que aparentemente a Carlos lo secuestraron tres días antes del vuelo. Cuando en la sala, uno de los jueces del tribunal le agradeció su testimonio y se dispuso a despedirla, ella se quedó hablando como quien necesita seguir. “Les agradezco también a ustedes lo que puedan hacer por la verdad –dijo–, la memoria del pueblo uruguayo está convencida de que el vuelo de la muerte se hizo. Muchas gracias. Perdón por las preguntas que no pude responder, pero la edad me lo impide.”

Carlos había militado en la Resistencia Obrera Estudiantil (ROE). Se instaló en Argentina e integró el PVP. Estaba casado. Martín Rico, abogado querellante por la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, explicó que muchos de los uruguayos estaban viviendo en casas en la provincia de Buenos Aires, con muy pocos contactos con sus familias. “Estuvo en Argentina en distintas oportunidades”, dijo su madre. “No recuerdo la fecha precisa. Vivía en la Argentina, se quedaba a veces en casa de gente conocida, amigos suyos, se ve que con alguna misión. En aquel momento yo no pensaba que mi hijo era realmente un revolucionario, era muy maduro, pero a uno le parece siempre que sus hijos son chicos, si bien los quiere ver crecer y no quiere que se equivoquen, siempre los ve como niños.”

La fiscalía le preguntó a Amalia por la trayectoria política de Carlos en Uruguay, que es un modo de establecer dos cosas: que en su país ya eran perseguidos, que se vinieron a la Argentina por esa situación y que acá continuaron siendo perseguidos, ahora en una coordinación de las dos fuerzas represivas. ¿Tenía trayectoria gremial? “No le sabría decir, pero llevaba en el alma la política”, respondió la mujer. Las dos veces que ella viajó a verlo, “me dijo que no le dijera absolutamente nada a nadie”. Y cierta vez escuchó la voz de Carlos, que la llamó a Montevideo. “Mi hijo me dice: ‘Mamá, como la otra vez, no digas a nadie, mirá que la situación está peor que antes. Pero vení. Espero, te espero. Venite pero no digas nada a nadie’. Nos encontramos. No sé si era la una o dos de la tarde. Y lo que me va quedando es lo que me había dicho en la conversación: que no hiciera ningún gesto, que no caminara hacia él, que me quedara quieta. Si pasaba cerca mío y se iba era porque no me podía ver. Me había dicho: ‘Si me vigilan no te saludo’. Bueno, cuando me vio, cruzó la calle y me dio un beso que nunca me voy a olvidar.” No se vieron más que un momento. “Me dijo que me volviera. Me pidió por favor que me cuidara, que la cuidara a su hermana y que no fuera a actuar en política.”

Esa fue la última vez que Amalia lo vio. Años después, entrando a un juzgado, en Buenos Aires, supo que su hijo había estado posiblemente en Orletti. “Y que con seguridad lo habían traído para Montevideo en lo que nosotros llamamos segundo vuelo. La verdad es que se me cayeron las lágrimas a pesar de que trato de ser muy fuerte”, explicó. “Y el juez que me atendía me dijo que hacía tres días que lo habían llevado a Orletti, que era casi seguro que lo habían traído porque habían vaciado Orletti y todos los que estaban fueron a Montevideo.”