Los vuelos del cóndor

"A los que no murieron en Orletti, los devolvimos "

El vuelo Nº 511 aterrizó en el aeropuerto internacional de Montevideo la madrugada del 5 de octubre de 1976. No era cualquier vuelo, era un C-47 de la Fuerza Aérea Uruguaya (FAU) que venía de “El Palomar”, una base militar aérea en la provincia de Buenos Aires. El avión estacionó junto al hangar de la Brigada Aérea  Nº 1. Unas catorce o dieciséis personas encapuchadas descendieron de la nave, según un testigo. Fueron trasladados con rumbo desconocido en camiones del ejército uruguayo.

El vuelo del 5 de octubre se realizó después del llamado ‘primer vuelo’ del 24 de julio de 1976 en el que veinticuatro uruguayos -integrantes del Partido por la Victoria del Pueblo (PVP)- fueron llevados en contra de su voluntad de Argentina a Uruguay. El primer vuelo clandestino dejó rastros y se ha podido reconstruir el final de esos jóvenes secuestrados que permanecieron ilegalmente detenidos por más de cuatro meses en la sede del Servicio de Información de Defensa (SID) en Montevideo.

El destino de los pasajeros del segundo vuelo clandestino es desconocido. Se cree que un pacto de silencio e impunidad lo rodea. ¿Quiénes eran los pasajeros que bajaron del avión esa madrugada? ¿Dónde estuvieron detenidos en Uruguay? ¿Por cuánto tiempo? ¿Dónde están sus cuerpos? Muchas de estas preguntas siguen sin respuesta casi 40 años después los hechos.

Museo de la Memoria, Montevideo. Foto: Francesca Lessa
Represión uruguaya en calles porteñas

El PVP se fundó en julio de 1975 en Buenos Aires por exiliados políticos uruguayos que vivían en la Argentina después de haber huido de la persecución en su país natal. El objetivo del PVP era la oposición a la dictadura uruguaya. Por esa razón, Uruguay -gracias a la coordinación represiva del Plan Cóndor- persiguió duramente a los integrantes del PVP en Buenos Aires. En pocos meses, todos sus líderes y muchos de sus integrantes fueron secuestrados, torturados y varios de ellos siguen desaparecidos hasta el día de hoy.

En una primera oleada represiva entre marzo y julio de 1976, se registraron dos asesinatos, siete desapariciones forzadas y veintisiete personas detenidas ilegalmente. Un total de treinta y seis víctimas que incluía a un bebé de apenas veinte días de vida, Simón, que recuperó su identidad en 2002. Veinticuatro de estos jóvenes militantes fueron llevados clandestinamente a Uruguay en el primer vuelo y sobrevivieron para relatar sus padecimientos.

Según una medio uruguayo, se recibió una extraña llamada a mediados de septiembre de 1976 en una oficina del Comando del Ejército [en Uruguay] . Una persona quería contactarse con quienes habían detenido a los militantes del PVP en Buenos Aires. El que llamaba era también un militante clandestino del PVP: "Carlos Goessens, alias el Karateka, quien estaba dispuesto a entregar al grupo de sus compañeros que no habían sido capturados en Argentina".

Los agentes uruguayos se trasladaron de nuevo a Buenos Aires. En una operación conjunta agentes uruguayos y argentinos secuestraron a nuevos integrantes del PVP. Entre el 23 de septiembre y el 4 de octubre, fueron detenidas treinta y cinco personas: veinte continúan desaparecidas, dos fueron asesinadas - eran líderes del PVP, de los cuales uno fue identificado por el Equipo Argentino de Antropología Forense en 2012-, trece sobrevivieron de los cuales ocho eran menores de edad. Casi todos ellos fueron detenidos e interrogados en Automotores Orletti en Buenos Aires y luego trasladados a Uruguay.

La punta del ovillo

El 2 de septiembre de 2002 el periodista Roger Rodríguez denunció por primera vez en las páginas del periódico uruguayo La República la existencia del segundo vuelo. Su artículo mencionaba al mayor José Pedro Malaquín (comandante en jefe de la Fuerzas Aéreas Uruguayas en 2002) piloto del vuelo, al mayor Walter Pintos, copiloto, y al tripulante capitán Daniel Muñoz. El periodista consiguió la información de un ex represor argentino que unos meses antes había colaborado en la recuperación de Simón Riquelo. La fuente dijo que “de Uruguay a los argentinos nos han cobrado todo y mucho ha salido a la luz. Pero que no nos adjudiquen esas desapariciones. A los que no murieron en Orletti, nosotros los devolvimos”.

En agosto de 2005, la Fuerza Aérea Uruguaya admitió públicamente la existencia de ambos vuelos. Un informe oficial presentado al entonces Presidente de la República Tabaré Vázquez decía que esas “operaciones áreas fueron ordenadas por el Comando General de la Fuerza Aérea, a solicitud del Servicio de Información de Defensa y coordinadas por ese servicio”. José Gavazzo y Manuel Cordero –este último imputado en la causa Plan Cóndor en Buenos Aires- fueron agentes claves en la represión en Buenos Aires.

Los pasajeros del segundo vuelo estuvieron detenidos en “300 Carlos” -un galpón del Servicio de Material y Armamento (SMA)  junto al Batallón de Infantería Mecanizada Nº 13 en Montevideo-, según testificó en 2006 un suboficial del ejército que cumplió funciones en ese centro clandestino.
 Interior del SID. Foto: Mirtha Guianze

Les decían “los del ómnibus" porque fueron trasladados desde la Brigada Aérea Nº 1 a 300 Carlos en el micro del SMA. La misma fuente militar dijo que estos detenidos fueron sacados del centro clandestino en grupos de cuatro o cinco, dentro de una camioneta blanca tipo “combi” (marca “Pingo” o “Pony”); luego no se supo más sobre su destino.  Los arqueólogos forenses uruguayos siguen buscando la llamada ‘tumba del ómnibus’: una fosa común en la que estarían los pasajeros de este segundo vuelo.

 Otros vuelos

Además de los vuelos clandestinos, doce secuestrados del PVP viajaron a Uruguay en vuelos comerciales -en su mayoría de Pluna, la aerolínea uruguaya.

Beatriz Castellonese con sus dos hijos y María Elena Laguna con sus tres hijos -ambas esposas de militantes del PVP- tuvieron que viajar el 27/9 con los militares uruguayos José Niño Gavazzo y Ricardo Arab, quienes con documentos falsos se hicieron pasar por sus esposos para trasladarlas a Montevideo.

Beatriz Barboza y Javier Peralta fueron traídos a Montevideo en otro vuelo el día 30/9, Álvaro Nores Montedónico viajó el 5/10, el mismo día en que se hacía el segundo vuelo clandestino. Finalmente, los niños Anatole y Victoria Julien viajaron posiblemente el 17/10. Un ex detenido de Orletti me relató el año pasado que, al momento de su liberación el 7 de octubre, ya no quedaba nadie del grupo de los uruguayos en el centro.

 Lo que falta
Poco sabemos del destino de los pasajeros del segundo vuelo. Un testigo vio entre catorce y dieciséis personas descender del avión en Montevideo.

De los veinte desaparecidos por la segunda oleada represiva, la esposa de otro líder del PVP ha declarado que éste se encontraba en muy mal estado físico por la tortura; o sea, es improbable que haya viajado a Uruguay. Quedarían así diecinueve uruguayos en Orletti que podrían haber sido los pasajeros del segundo vuelo. Los números son bastante parecidos a los “catorce o dieciséis” vistos bajar del vuelo por un testigo.

A casi 40 años de estos crímenes, el rompecabezas del segundo vuelo todavía no se puede armar. Sabemos que los uruguayos detenidos en Argentina eran rutinariamente llevados a Uruguay en aviones comerciales o clandestinos y que éste era el patrón ya desde abril de 1974.  Se ha descartado la hipótesis de que fuesen vuelos de la muerte como los de Argentina, aunque no todos están convencidos.

Entre septiembre y octubre 1976, hubo por lo menos cinco vuelos con los que se repatriaron forzadamente alrededor de treinta personas a Uruguay. Trece sobrevivieron. Faltan los pasajeros del segundo vuelo clandestino. El estado uruguayo admitió públicamente el segundo vuelo y su existencia fue confirmada también por los tribunales uruguayos. Ahora el gobierno de Uruguay tiene la obligación de brindar respuestas a los familiares de las víctimas y la sociedad entera.

Represores que tienen barrotes blandos

El Tribunal Oral de San Martín excarceló a un policía bonaerense y el Tribunal Oral Federal Nº 2 de la Capital Federal dictó el “cese de la prisión preventiva” a cuatro imputados. Los fiscales aseguran que es “un escándalo”.

 Por Alejandra Dandan

Desde hace meses los organismos de derechos humanos, querellas y fiscales observan intranquilos algunas decisiones de la Justicia. A las dificultades en el avance de las causas a los empresarios acusados por crímenes imprescriptibles, se sumaron inquietudes por ciertos cambios en los parámetros sobre las prisiones preventivas. La semana pasada, el Tribunal Oral de San Martín excarceló a un integrante de la policía bonaerense acusado del homicidio a dos militantes en 1976. Y esta semana, el Tribunal Oral Federal Nº 2 de la Capital Federal dictó el “cese de la prisión preventiva” a cuatro imputados, acusados por tormentos y secuestros de más de 200 personas. Y dos de ellos, además, por 19 homicidios con alevosía, o sea con posibilidades de perpetua. Para los fiscales las decisiones son un “escándalo”. Entre las imágenes más cercanas aparece una línea de continuidad con las libertades vergonzantes otorgadas a 47 represores de Salta y Tucumán ya condenados, sucedidas entre mediados del año pasado y comienzos de éste, otorgadas por la Cámara de Casación Penal.

Gabriela Sosti y Alejandro Alagia son los fiscales a cargo del debate por los imputados del Batallón 601 y por los crímenes del circuito clandestino de Atlético, Banco y Olimpo (ABO), en la que están los cuatro imputados que acaban de obtener el beneficio. “Creo que la línea viene siendo clara –señala Sosti–. Por un lado, tuvimos las absoluciones muy mal dictadas en la causa del Batallón 601, pero por otro lado tenemos el tema de las detenciones. Primero, muchos tribunales empezaron a dictar casi de modo automático las prisiones domiciliarias como modo de prisión habitual y ahora aparece esto del ‘cese de las prisiones preventivas’, con cauciones ridículas de 50 mil pesos, que es la caución que la Justicia pone por un homicidio común. Es un escándalo, nosotros vamos a recurrir las cuatro resoluciones, pero el tema me parece gravísimo y que debe tomar estado público.”

Los acusados son Eduardo Angel Cruz, Raimundo Oscar Izzi, Juan Miguel Méndez y Héctor Horacio Marc. Cruz e Izzi, de la Policía Federal; Méndez, alférez de Gendamería Nacional; y Marc, del Servicio Penitenciario. Los cuatro están acusados en lo que se conoce como ABO III, o tercer tramo de la investigación sobre ese circuito, por más de 200 secuestros y privaciones ilegales de la libertad. Cruz y Méndez también por 19 homicidios, al igual que Marc, aunque en su caso la acusación está apelada y debe ser resuelta por Casación.

En este momento, los cuatro están procesados en un juicio que ya está elevado a la instancia oral, la última etapa. Y deben ser juzgados. El argumento de la defensa es que las prisiones deben cesar porque están detenidos sin condenas desde 2010, más que el tiempo supuestamente legal. Pero aunque eso es cierto y es lo que garantiza las condiciones del “debido proceso”, la gravedad institucional, la gravedad de los delitos y la complejidad de las investigaciones de delitos de lesa humanidad generó en estos años suficiente jurisprudencia que indica que esos plazos no son “automáticos”.

“La prisión preventiva es una medida cautelar que permite que un imputado esté privado de su libertad hasta tanto se lo juzgue –dice Sosti–. Hay convenciones y jurisprudencia de la Corte Interamericana que hablan del plazo razonable para mantener una prisión preventiva, que no debe superar los dos años (para delitos comunes). Nuestras salas de Casación y Apelaciones y la Corte dicen que en los juicios por delitos de lesa humanidad, dada la gravedad institucional y la gravedad de los delitos (algunos amenazados con perpetua), ese plazo no es automático y a partir de eso deciden prorrogar las prisiones preventivas. Por supuesto que no es lo deseable, pero es imposible acortar los plazos. Por un lado porque las mismas defensas públicas se la pasan haciendo planteos que dilatan los trámites de los juicios ya desde la instrucción y por otro lado porque no hay tribunales disponibles. Decidir el cese de la prisión es decir que los acusados tienen que esperar el juicio oral en libertad con los efectos que esto puede tener para las víctimas y la sociedad”.

Uno de los puntos que mas sorprendió a los fiscales fue justamente el argumento de los jueces. El TOF 2 tomó la decisión con la mayoría de Jorge Gorini y Rodrigo Giménez Uriburu, y la disidencia de Jorge Tassara. La mayoría señaló entre los argumentos que los libera por “la comprimida agenda del tribunal” que no les permitirá empezar el juicio antes del próximo año. La causa está radicada allí desde marzo. Los fiscales se preguntan por qué no se excusaron en ese momento y pasaron la causa a otro tribunal. Un caso semejante pero tal vez más grave es San Martín. El TOF, al que las víctimas le reclaman celeridad porque tiene 12 juicios en cola de espera, le dio directamente la excarcelación al ex comisario de la Bonaerense Angel Roberto Salguero acusado por el homicidio doblemente agravado de Oscar Arnaldo Mateo y Silvia Estela Meloni el 2 de agosto de 1976 en la estación de servicio de la avenida Santa Fe 2400 en la localidad de Martínez. Salguero llevaba poco más de un año detenido, desde el 8 de mayo de 2014. Era un personaje de peso en la Bonaerense. Premiado por Ramón Camps con la condecoración San Miguel Arcángel, en mérito a su cumplimiento del deber justo en 1976. Y ascendido varias décadas después a jefe de una regional desde la que intervino en la investigación cuestionada de la AMIA. El TOF argumentó que no existe peligro de fuga y, con la oposición de la fiscalía, lo soltó. Si el hombre paga la caución de 50 mil pesos puede salir en libertad.

“Creemos que el tema de extrema gravedad”, dice el fiscal Macelo García Berro. “No creo que haya antecedentes ni en este tribunal ni en otro. Sin perjuicio de que la Fiscalía recurrirá la resolución para que sea revisada por la Cámara de Casación Penal, la decisión constituye un peligroso antecedente que podría ser aplicado en esta y en otras causas para dejar en libertad durante el proceso a personas imputadas de delitos de lesa humanidad respecto de las cuales el tribunal considere que no tienen intenciones de evitar el juicio oral”.

Hasta ahora, una de las constantes en algunas jurisdicciones era el dictado automático de las prisiones domiciliarias. Uno de los casos paradigmáticos es Neuquén. Llevan tres juicios orales con 32 condenas, pero sólo uno de los condenados, Raúl Guglielminetti, cumple con prisión en cárcel común y en el sur no saben si esa cárcel es por las condenas de Neuquén o porque está a disposición de otros tribunales. Según Juan Cruz Goñi, de la Asamblea por los Derechos Humanos de Neuquén, esto no siempre fue así. En el primer fallo de 2008, el TOF dispuso prisiones comunes para los ocho condenados, pero las defensas apelaron, y Casación ordenó las domiciliarias. Con ese antecedente, a partir de ahí el TOF que dictó condenas ejemplares en varios aspectos comenzó a dictar automáticamente domiciliarias en 2012 y en 2014.

“Para nosotros esto es dramático sobre todo porque es un pueblo chico donde las situaciones de encuentro con los acusados son mucho más habituales y posibles que en una ciudad”, dice Goñi. “Por eso nosotros planteamos esto como preocupación en cada oportunidad. Y hay que decir que ni siquiera existe un apego a la ley porque el beneficio no exige sólo una condición etaria, sino que tiene que ver con las condiciones de salud y en ninguna causa se hacen ese tipo de análisis. Pero además de eso, estamos diciendo que ni siquiera hay controles y monitoreos efectivos sobre las domiciliarias y de esta manera las condenas se trasforman en una cuestión simbólica cuyo efecto real queda licuado en estos segundos caminos”.

Sobre esta línea, hubo un nuevo cambio entre julio y diciembre del año pasado. En este caso la Sala III de Casación Penal liberó primero a 15 represores en Salta que habían sido ya condenados en juicio oral. Y en noviembre hizo lo mismo con otros 32 condenados en Tucumán. La explicación fue que todos ellos habían llegado libres al juicio y que fueron detenidos durante el juicio oral para asegurar sus presencias. Pero que una vez concluido el juicio la situación debía volver al comienzo, hasta que la sentencia increíble estuviera firme.

A 38 años del crimen de Michelini y Gutiérrez Ruiz la justicia apenas avanzó.

“Zelmar llegó tu hora”. Esas las últimas palabras grabadas a fuego en el recuerdo de Zelmar Chicho Michelini, hijo mayor del ex legislador uruguayo Zelmar Michelini en la noche del 18 de mayo de 1976 cuando su padre fue secuestrado por una patota integrada por militares argentinos y uruguayos. Estaban en la habitación del Hotel Liberty, sobre la avenida Corrientes casi esquina Florida, en pleno centro de Buenos Aires, donde los Michelini guardaban su exilio desde el golpe militar que el 23 de junio de 1973 cerró el parlamento uruguayo. Minutos después a menos veinte cuadras de allí quizá la misma patota se llevó al ex presidente de la Cámara de Diputados del Uruguay, Héctor Gutiérrez Ruiz de su casa sobre la calle Arroyo en pleno barrio de Recoleta.

Zelamar Michelini y Héctor Gutiérrez Ruiz, de izquierda a derecha.

Dos días después aparecieron acribillados a balazos junto a los cuerpos del matrimonio uruguayo integrado por Rosario Barredo y William Whitelaw, dos ex militantes tupamaros en un automóvil Chevy bajo la autopista Dellepiane. Los cuatro asesinados de alguna manera integraban un grupo de exiliados en busca de una salida democrática a la dictadura uruguaya. MIchelini porque había llevado sus denuncias ante el Tribunal Russell con fuertes críticas a las dictaduras sudamericanas. Gutiérrez Ruiz porque se reunía en el exilio con grupos y militantes políticos que buscaba deponer las armas de la lucha guerrillera. Dos de esos exponentes eran Barredo y Whitelaw que además tenían contactos con sectores de tupamaros que veían en la salida armada una carnicería para el país y buscaban salidas negociadas. A la dictadura encabezada por Juan María Bordaberry no le convenía la salida negociada. La muerte y la violencia eran negocio para justificar la represión junto a su colega argentino Jorge Videla.

Desde ese momento Michelini y Gutiérrez Ruiz pasaron a ser símbolos de la resistencia a la dictadura uruguaya y desde 1996 se realizan las marchas por el centro de Montevideo reclamando “Memoria, Verdad, Justicia y Nunca Más” a los gobiernos constitucionales colorados, blancos y del Frente Amplio. Este martes 20 de mayo se realizará la edición número 18 de la marcha cuando se cumplen precisamente 38 años del asesinato de los cuatro militantes uruguayos.

La justicia condenó a Bordaberry a treinta años de prisión por haber atentado contra la Constitución uruguaya pero no por los crímenes.

La coordinación represiva de las dictaduras del Cono Sur

"Nadie imaginó que la dictadura podía ser tan sangrienta"
Así lo dijo Horacio Tamburini ante el Tribunal Oral Federal 1 de Comodoro Py. Declaró por el asesinato de su hermano, Guillermo, que militó por sus ideas de izquierda en Chile y en Argentina. En el juicio oral se juzga, entre otros, los casos de unos 20 detenidos desaparecidos chilenos durante la dictadura.
Por: Natalia Biazzini

María Cecilia Magnet Ferrero de Tamburini y Guillermo "Willy" Tamburini

 Guillermo “Willy” Tamburini se había exiliado en Chile cuando la Triple A lo perseguía por sus ideas de izquierda. Del otro lado de la Cordillera apoyó al gobierno de Salvador Allende y junto a su mujer chilena, María Cecilia Magnet Ferrero, huyeron de la dictadura pinochetista. En Argentina no militaron más, pero estaban en una lista negra y en julio de 1976 fueron asesinados por la dictadura militar. Hace unos días declaró en el juicio del Plan Cóndor su hermano, Horacio Tamburini, ante el Tribunal Oral Federal 1 de Comodoro Py.

En el momento de los asesinatos Guillermo tenía 35 años y su mujer 28, la misma edad que Horacio. El testigo describió a su hermano como un gran deportista. Jugó muchos años al rugby y hacía judo. A principios de los ´70, Guillermo ingresó al profesorado de educación física de San Fernando, pero “el director de ese momento lo identificó como un elemento de izquierda y lo echó”, recordó.

Recuerdos de familia

-¿Recuerda la última vez que lo vio a su hermano?- preguntó el fiscal Pablo Ouviña.
- Perfectamente. Fue en el casamiento de mi padre- respondió Horacio.

El 15 de junio de 1976 Tamburini padre se casó en segundas nupcias con Blanca Castelli. Y se juntó por última vez toda la familia. Guillermo le insistía a Horacio que se fuera del país. “En Viedma no pasaba nada y no éramos conscientes de la represión en Buenos Aires y no queríamos irnos y teníamos un bebé de cuatro meses con mi mujer”, dijo.

Después de los sucesivos allanamientos, el padre vendió la casa de Banfield y compró dos departamentos. Uno para Horacio sobre Balcarce, en San Telmo, y otro para Guillermo en Almagro, sobre la avenida Córdoba al 3300.

Militancia y persecución política

“Nunca fui justicialista ni peronista”, aclaró Horacio, que fue detenido en la dictadura de Juan Carlos Onganía, a principios de los ´70. Su hermano quedó prófugo y se fue a estudiar medicina a Santiago de Chile. Allá militó en el Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR) y en la militancia conoció a María Cecilia, que provenía de una familia tradicional chilena. Su padre había sido embajador chileno en Estados Unidos.

“Ni él ni yo tuvimos ninguna causa judicial, como no la tuvo ninguno de los desaparecidos”, agregó Horacio. Cada vez que se refiere al Ejército, el testigo elige adjetivos irónicos para describirlo: glorioso, maravilloso, querido. Desde 1973, Guillermo no militaba. “Estaba decepcionado de la política argentina. Sabía que se venía una nueva dictadura pero nunca tan sangrienta, tan nazi. Nadie se lo imaginó”.

Guillermo volvió a la Argentina huyendo de la dictadura pinochetista junto a su mujer María Cecilia Magnet Ferrero y cientos de chilenos. En Buenos Aires terminó sus estudios de medicina y se especializó como anestesista. El testigo recordó que estuvo detenido dos días por haber ido al funeral de Rodolfo Ortega Peña, un diputado nacional asesinado por la Triple A el 31 de julio de 1974. El Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP) mandó cartas a todos los que habían sido detenidos ese día y les advirtió que iban a ser perseguidos por el grupo paramilitar liderado por José López Rega.

Una semana después del entierro, la Triple A allanó su casa en Banfield. Uno de la patota se confundió de objetivo y disparó a Jaime Vitale, un médico chileno. Le dieron en la frente, pero sobrevivió. Los hermanos vivían con su padre y con compañeros de militancia de Horacio. Después de ese episodio, todos se fueron de la casa, salvo el padre que vivió ahí unos meses más y sufrió más allanamientos. Como era sordo no escuchaba cuando la patota tocaba el timbre y se despertaba con un fusil en la cabeza.

El día del asesinato

“Mi hermano tenía pensado salir del país pocos días después de que fue secuestrado junto con su mujer, pero la dictadura genocida se lo impidió”, le dijo al tribunal. Todo lo que sabe sobre el operativo en el departamento de la avenida Córdoba, lo sabe por trascendidos. Ningún sobreviviente vio a Guillermo ni a María Cecilia en ningún centro clandestino o lugar de detención.

La familia Tamburini se enteró del operativo porque Ulises Penayo, que vivía provisoriamente en el departamento de Guillermo, le avisó. El padre encontró el departamento destruido, los muebles rotos y con muchos objetos de valor que faltaban. “Cuando fue a la comisaría, el comisario le dijo con tono amenazante que nunca más mencione el caso de Guillermo, sino la próxima víctima sería él”.

Horacio y su mujer recorrieron en unas horas los mil kilómetros que separan Viedma de Buenos Aires. “No teníamos conciencia de que nos buscaban a nosotros también y nos quedamos a dormir en la casa de mis suegros”, agregó el testigo. Días después con la decisión de abandonar el país, Horacio quiso ir a su antiguo lugar de trabajo, el Hospital Muñiz, para obtener algún certificado de que había trabajado ahí. Antes de entrevistarse con el director, un compañero le advirtió que desde hacía meses dos personas de civil se mezclaban entre el personal y que lo estaban buscando. Esta misma persona le contó que un paciente había sido testigo del asesinato de Guillermo. Hasta ese momento Horacio creía que su hermano estaba secuestrado, no muerto.

Según Horacio, su hermano pudo deshacerse unos segundos de los custodios que lo tenían atado y gritar: “Soy Guillermo Tamburini, me dicen Willy, soy médico y me lleva el Ejército´. Inmediatamente lo ametrallaron”. Nunca más supieron de él.

El represor César Pino Enciso, procesado

En noviembre fue extraditado desde Brasil, donde se había escapado a fines de la década del ’80. Sólo podrá ser juzgado por cuatro casos de desapariciones.

El ex agente de inteligencia César Alejandro Enciso, alias “Pino”, era yerno del general Otto Carlos Paladino, jefe de la SIDE durante el terrorismo de Estado. Trabajó con su suegro en el centro clandestino que tenía a su cargo: Automotores Orletti, donde secuestró y torturó junto con otros agentes de inteligencia, de la Triple A y del ejército uruguayo. Enciso fue extraditado en noviembre desde Brasil y ahora fue procesado por el juez federal Daniel Rafecas.

El ex agente fue requerido para juzgarlo por la privación ilegal de la libertad y tormentos a unas 40 víctimas, delitos calificados como de lesa humanidad y, por lo tanto, imprescriptibles. Pero como Brasil no reconoce este principio que rige en materia internacional, sólo permitió el juzgamiento de Enciso por los secuestros de cuatro de esas víctimas que permanecen desaparecidas y se considera que el delito se sigue cometiendo. Se trata de Gerardo Francisco Gatti, Julio César Rodríguez, Manuela Santucho y Cristina Navajas, quienes fueron vistos con vida en el centro clandestino de detención de Automotores Orletti.

Manuela Santucho y Nélida Navajas –mujer de Julio Santucho– fueron secuestradas el 13 de julio de 1976 en un departamento de la calle Warnes, en la ciudad de Buenos Aires. Navajas estaba embarazada. Ambas fueron llevadas a Orletti, donde las torturaron. Unos días después, Manuela fue obligada a leer la noticia del asesinato de su hermano Mario Roberto, líder del PRT-ERP, y escuchar cómo torturaban hasta la muerte a otro de sus hermanos, Carlos.

Gerardo Gatti era un conocido dirigente sindical uruguayo que fue secuestrado en Buenos Aires y llevado a Orletti. Julio César Rodríguez también era uruguayo.

Enciso, que actualmente está detenido en Marcos Paz, vivió desde fines de los ’80 en Brasil con una identidad falsa. Además de Rafecas, la Justicia italiana quería juzgarlo por los crímenes cometidos en Orletti, pero Brasil sólo admitió que viniera a la Argentina y redujo su acusación a cuatro casos. Pino intentó evitar su extradición pidiendo que se lo considerara “refugiado”, pero su reclamo no prosperó.

Orletti era base de operaciones del Plan Cóndor, la colaboración represiva entre dictaduras del Cono Sur, y funcionó en el barrio porteño de Floresta entre mayo y noviembre de 1976 bajo dependencia de la SIDE y el liderazgo de Aníbal Gordon.

Los sobrevivientes relataron que las víctimas generalmente estaban en la planta inferior o garaje, donde los mantenían tabicados y atados. Allí se escuchaban gritos de la planta superior, donde funcionaba el cuarto de tortura. Uno de los métodos crueles utilizados por los represores del centro regenteado por la SIDE consistía en que los secuestrados eran esposados y colgados de un gancho hasta que los pies quedaban a unos 20 o 30 centímetros del piso y en ese estado se les aplicaba electricidad en el cuerpo.

Algunas de las víctimas de Orletti fueron halladas en tambores de cemento. Al procesar a varios represores de ese centro, Rafecas señaló al respecto: “El proceso de la deshumanización, que comenzaba con la captura y continuaba en el campo de detención y tortura, tuvo en estos casos un final que difícilmente pueda ser superado desde la perspectiva de la eliminación de todo vestigio de condición humana para con los cautivos: hay que caer en la cuenta de que personas con las que compartimos una misma cultura, una misma civilización, ejecutaron de un disparo en la cabeza a hombres y mujeres que estaban a su merced; luego se procuraron tambores, arena y cemento; luego, no sin esfuerzo, y seguramente de propia mano, colocaron los cadáveres en los tambores, los rellenaron, los sellaron, llevaron con sus brazos la carga de restos humanos hasta los camiones y finalmente arrojaron los tambores al río”. Por esos hechos ya fueron condenados, entre otros, Eduardo Cabanillas, Eduardo Ruffo y Raúl Guglielminetti.

Segunda etapa del Cóndor: Concluyeron las declaraciones de las víctimas uruguayas

Después de nueve meses de audiencias en el juicio oral que investiga los crímenes de la coordinación represiva de las dictaduras del Cono Sur, comenzaron los testimonios de expertos en el tema. Luego se escuchará a las víctimas chilenas.

 Por Alejandra Dandan
En el juicio oral sobre el Plan Cóndor, que comenzó en marzo, se juzga a 22 represores.

El juicio oral por los crímenes del Plan Cóndor concluyó su primera etapa, centrada en la reconstrucción de los casos de las víctimas uruguayas. Ayer comenzaron las declaraciones de los testigos de contexto, que son expertos e investigadores que analizaron las políticas de la coordinación represiva de las fuerzas de seguridad de la región durante las últimas dictaduras. Luego se iniciará la segunda parte, destinada a recoger pruebas sobre las víctimas chilenas y del resto de los países. Para la fiscalía, la etapa que concluye fue importante en cantidad de prueba, no sólo para reconstruir los secuestros y desapariciones de cada caso, sino también para aportar elementos a la lógica de coordinación de las dictaduras del Cono Sur que se llevó a cabo con la colaboración y el apoyo de Estados Unidos, que es uno de los elementos más significativos del juicio.

“Los 106 casos que llegaron al juicio son una muestra de lo que sucedió con el Cóndor”, dice Pablo Ouviña, fiscal del juicio oral. “Con este juicio no sólo estamos viendo si en el caso de cada una de las víctimas se verifica si hubo ‘delito’, sino que además estamos viendo otra cosa: la misma existencia del Cóndor. En esa vía buscamos pruebas sobre la existencia de la asociación ilícita (entre las fuerzas represivas), y luego ver si cada persona que está acusada en el juicio tuvo participación o contribuyó en la asociación ilícita y cómo lo hizo”.

En esa mirada anclada entre lo singular y la coordinación general, se halla una de las características de este debate. También de lo que pasó hasta ahora y de lo que se espera.

Jaime Nuguer es abogado por la querella originaria del juicio. “Me parece que lo específicamente relevante (del período uruguayo) es la abundante prueba testimonial que se produjo contra Manuel Cordero Plancentini por los delitos de tortura y desaparición de muchos militantes y dirigentes del Partido para la Victoria del Pueblo (PVP) y del MLN (Tupamaros)”, señala. “Cordero era el número dos de los servicios uruguayos, detrás de Nino Gavazzo, y como tal un operador importante de la Operación Cóndor. Estaba prófugo en Brasil, de donde fue extraditado a la Argentina en 2007”. El juicio oral comenzó en marzo. Se juzga a 22 represores, entre ellos los más altos responsables de la represión argentina que todavía están vivos y al uruguayo Manuel Cordero, emblemático para las víctimas y sobrevivientes de ese país, encargado del traslado de los prisioneros y enlace entre las dos fuerzas represivas. El juicio intenta reconstruir las pruebas de secuestros y desapariciones de 106 personas, entre los cuales hay una mayoría de uruguayos (48), pero también hay chilenos, paraguayos y bolivianos. Todas las víctimas del Cóndor elevadas a juicio están desaparecidas y fueron secuestradas en territorio argentino, en general cuando estaban exiliadas legalmente o escondidas por la persecución de las dictaduras en sus propios países. Entre las víctimas hay un grupo argentino secuestrado en Brasil. También hay 67 casos que están en juicio y a la vez declararon como parte de lo que se llama Orletti II, es decir, secuestrados que pasaron por el centro clandestino que fue la sede del Cóndor en Buenos Aires. Entre uno y otro listado de víctimas hay pocos nombres superpuestos. Desde el comienzo del juicio se dijo que uno de los datos más importantes del debate es que estaba destinado a probar el accionar conjunto de las dictaduras en la región y a la vez que podía ser un escenario de justicia para muchas de las víctimas de los países en donde existen dificultades para llevar adelante los juicios.

Hasta acá, la etapa uruguaya permitió reconstruir lo que sucedió con los uruguayos que estaban viviendo en la Argentina. Además de los testimonios, uno de los datos importantes que es que la suma permitió comprender las olas de la evolución represiva. “En su momento, con muy buen criterio, el Tribunal entendió que tenía que trabajar la organización del juicio por binomios”, señala el fiscal. “Si bien el Cóndor implica mirar el conjunto de los países, esto era imposible hacerlo en forma simultánea y por eso fue importante el modo de organizar las audiencias”. El binomio permitió seguir un orden por país, primero Uruguay, como luego será el caso de Chile, y más tarde los otros. Esa organización incluyó una organización cronológica de los secuestros, para entender la evolución de la ola represiva. Y pensada como binomio porque cada país incluye la relación con la Argentina. “Hasta aquí, los casos uruguayos nos permitieron ver claramente ciertas oleadas represivas. Significa que en un período muy corto de tiempo se produjeron muchos secuestros agrupados, y muchos son casos de este juicio”.

Así como esa mirada puede aportar datos para pensar la coordinación, se espera que esto quede reforzado por otros elementos del juicio. Daiana Fusca, del Cels, que es uno de los organismos de derechos humanos querellantes, señala el peso que tienen en ese sentido los archivos documentales. “Una de las líneas que se podrá profundizar con el análisis de la documental es la intervención de Estados Unidos. Esto y los testigos de concepto van a permitir visibilizar en el juicio la coordinación represiva”. El primer testigo de este tipo fue el historiador uruguayo Alvaro Rico, coordinador de la investigación histórica sobre la dictadura en ese país e integrante de la Secretaría de Seguimiento de la Comisión para la Paz. El martes debe declarar el periodista uruguayo Samuel Blixen. Y entre los expertos también está prevista la testimonial de la periodista Stella Calloni.

Los materiales serán importantes para probar además la coordinación entre el resto de los países. Pero cada tramo tendrá su singularidad. La prueba testimonial uruguaya, como se dijo, fue mucha y contundente. Los casos que llegaron a juicio son representativos de lo que sucedió con los uruguayos que estuvieron en el país. El juicio, además, contó con la declaración de sobrevivientes de Orletti. Eso permitió producir nuevos datos, dado que muchos pudieron aportar elementos sobre la coordinación represiva. “Los casos uruguayos permitieron ver lo que fue Orletti, el llamado primer vuelo, el segundo (con todos desaparecidos) y el Grupo de Acción Unificadora del 1977. Uno fue viendo a través de las testimoniales cómo iba cayendo todo, porque todo lo que están en el juicio permite hacerlo”, señala el fiscal.

Los casos chilenos que están en juicio son 22. Entre ellos hay un grupo que fue secuestrado en Mendoza, pero el resto de las víctimas fueron desaparecidas en momentos distintos.

Llega desde Italia un reclamo de justicia

CRISTINA MIHURA DECLARO EN VIDEOCONFERENCIA DESDE ROMA EN LA CAUSA ARGENTINA POR EL PLAN CONDOR
Llega desde Italia un reclamo de justicia

Después de 37 años, la viuda del desaparecido ítalo-uruguayo Armando Bernardo Arnone Hernández, desaparecido en este país, declaró ante dos fiscales argentinos y varios abogados de los acusados en la causa del Plan Cóndor.
Cristina Mihura, denunciante, y Armando Bernardo Armone Hernández, desaparecido en Argentina durante la dictadura militar.
 
Por Elena Llorente -  Desde Roma

Cristina Mihura, uruguaya residente en Italia, viuda del desaparecido ítalo-uruguayo Armando Bernardo Arnone Hernández, dijo estar “muy agradecida” a los jueces argentinos que por primera vez, en los 37 años que lleva su búsqueda, la interrogaron ayer sobre el caso de su marido. “Es como una catarsis, es impresionante la sensación que se tiene cuando alguien importante te escucha”, dijo a Página/12. Bernardo Arnone desapareció en Buenos Aires, el 1º de octubre de 1976. Ayer Mihura fue escuchada durante más de dos horas por los fiscales argentinos Pablo Ouviña y Mercedes Moguilansky, además de algunos jueces y abogados defensores de los militares acusados en el marco del Plan Cóndor, la operación internacional de aniquilación de opositores políticos, de la que participaron los servicios de varias dictaduras del Cono Sur en la década del ’70.

El interrogatorio tuvo lugar en el Consulado argentino de Roma por medio de una videoconferencia. “Fueron muy detallistas en sus preguntas. Querían conocer todo, todo, desde cómo había conocido yo a Bernardo, con quien me casé en 1974, hasta con quiénes trabajaba o quién había allanado la casa de la madre de Bernardo, hoy fallecida, que estaba en Buenos Aires cuando él fue secuestrado y que, al volver a Montevideo, se encontró con que los militares estaban haciendo un allanamiento en su casa y escarbando en el patio en busca de algo que no encontraron. También me preguntaron sobre mis denuncias, de la carta que envié al Acnur (Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados), la historia del PVP, el Partido por la Victoria del Pueblo en el que militábamos”, contó Mihura que ha sido una de las principales promotoras de otro proceso Cóndor, el que está intentando llevar a cabo la fiscalía italiana contra militares y civiles de Uruguay, Chile, Bolivia y Perú, y que está en su etapa preliminar.

Mihura también informó a los jueces de una ficha y una serie de documentos que aparecen desde hace algunos meses en el portal de Internet de la presidencia de la República de Uruguay sobre su marido y otros desaparecidos uruguayos, al que ella no ha tenido acceso directamente. “En el portal no se dice cuál es la referencia de esos documentos, pero evidentemente se dan informaciones pertenecientes a fuentes de la represión”, indicó.

Respecto de los contenidos del interrogatorio, agregó que lo único que pudo ofrecer fue “el contexto en el que ocurrió el secuestro, el contexto de una perejil, no de una militante de alto rango”. “Lamento que haya pasado tanto tiempo, porque hay muchas cosas que me he olvidado. Pero es la primera vez que me dejan decir todo lo que yo sé o he sabido. En algún momento me emocioné por eso. Especialmente cuando conté lo que me dijo un sobreviviente de la cárcel clandestina de Orletti, donde se supone que fueron a parar los uruguayos desaparecidos en Buenos Aires, entre el 23 de septiembre y el 4 de octubre de 1976, y entre los cuales probablemente estaba Bernardo. José Luis Bertazzo contó que había compartido con algunos uruguayos en Orletti una toalla para taparse la boca y la nariz cuando los militares echaron gamexane para combatir las pulgas y otros insectos que había en el lugar.”“También les transmití a los fiscales la situación de absoluto terror en la que vivíamos y cómo, por ejemplo en mi caso, que salí exiliada a Suecia, a los pocos meses tuve todos los dientes cariados. Los dentistas de la Universidad de Estocolmo me explicaron que era un típico caso de estrés por un gran susto”, agregó.

Mihura contó que tuvo la sensación de que los fiscales sabían algo más que ella no sabía, pero nada dijeron en ese sentido.

Cristina Mihura empezó a buscar a su marido pocas horas después de su desaparición, aquel 1º de octubre de 1976 en Buenos Aires. Armando fue secuestrado entre las 12 y las 20 horas de ese día en la vía pública, sostiene Cristina en base a lo que ella ha podido averiguar durante todos estos años. En abril de 1977 emprendió su campaña internacional para tener noticias de Armando, enviando una carta al Acnur explicando su caso y pidiendo ayuda. Vivía ya en esa fecha en Suecia como refugiada y allí estuvo hasta 1977. Desde entonces vive en Roma.

El secuestro de Arnone fue parte de una operación que entre el 23 de septiembre y el 4 de octubre de 1976 dio como resultado la desaparición de 26 uruguayos en Buenos Aires, 23 adultos y tres niños. Los niños aparecieron después, dos en Chile y una en Argentina. Por otra parte, aparecieron sólo los restos de tres de los 26, en Argentina. Dicen que a los demás los llevaron a Montevideo (en el llamado y famoso “segundo vuelo” de la Fuerza Aérea uruguaya), pero en Uruguay nunca aparecieron rastros de ellos, ni vivos ni muertos, contó Mihura, que todavía no logra saber ni siquiera dónde están los restos del que fuera su marido. “Después de tantas querellas judiciales todavía no sé si está en Argentina, si se lo llevaron a Uruguay o lo tiraron al río. Quiero saber lo que pasó. Los militares lo saben, pero ni siquiera anónimamente nos dicen algo. Es un revanchismo feroz. Yo quisiera que así como la Justicia argentina ha investigado brillantemente algunos casos, también lo hiciera la Justicia de Uruguay”, concluyó.