sábado, 9 de octubre de 2010

De 172 uruguayos detenidos-desaparecidos, 126 lo fueron en Argentina (1-10-10, segunda parte)


El 1 de octubre declararon Álvaro Hugo Rico Fernández y Juan Roger Rodríguez Chandari. Rico es decano de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación de Uruguay y conduce el equipo que tiene a su cargo la investigación histórica sobre detenidos-desaparecidos en la última dictadura militar, ordenada por la Presidencia de la Nación uruguaya en 2005. El gobierno uruguayo ya publicó los resultados de la primera parte y, en la actualidad, se ha presentado una segunda etapa de la investigación que incorpora nueva información y focaliza en la cronología de operaciones represivas. Por su parte, Rodríguez es periodista y, desde mediados de la década del ´80 se dedica a la investigación en temas de derechos humanos, fundamentalmente con respecto la dictadura uruguaya y a la coordinación represiva, habiendo escrito decenas de artículos al respecto para diversas publicaciones.

Rico comenzó su testimonio explicando que para la primera etapa de la investigación tuvieron acceso a diez archivos estatales y que la segunda parte incluye datos provenientes de archivos recientemente abiertos del Ministerio de Defensa, del OCOA, del SID, de diversas dependencias policiales. También han recibido información de archivos de Chile y Paraguay y consultaron el archivo desclasificado del Departamento de Estado de Estados Unidos. Asimismo, destacó que siguen bajo revisión dos archivos del Ministerio de Relaciones Exteriores. Todo esto les ha permitido actualizar información sobre ciudadanos uruguayos detenidos-desaparecidos no sólo en Uruguay, sino también en Argentina, Chile, Bolivia, Colombia y Paraguay.
Entre los resultados obtenidos, el testigo relató que pudieron recabar información sobre 172 personas uruguayas detenidas-desaparecidas, de las cuales 126 fueron detenidas en Argentina. Refirió que muchos de ellos eran militantes del Partido para la Victoria del Pueblo y que, entre el 5 de abril y el 5 de octubre de 1976 se produjo “el epicentro de la represión contra esta organización en Argentina”. En este período verificaron no sólo la desaparición de muchos, sino también que un número importante fue detenido y 24 personas fueron luego trasladadas a Uruguay, siendo liberadas algunas y procesadas 14, luego de un operativo montado por el SID. 

Rico también explicó que encontraron registros de coordinación represiva entre los países sudamericanos desde 1973 y que, en noviembre de 1974 y marzo de 1975 hubo dos oleadas represivas en Uruguay que proporcionaron a los servicios de inteligencia sobre militantes de diferentes grupos políticos en Argentina. En sus palabras: “parecería ser que luego de (…) cierto desbaratamiento de estas organizaciones en nuestro país, los servicios de seguridad van a redireccionar su lógica represiva y sus operativos en la República Argentina, porque ya el día 5 de abril de 1976 tendremos un detenido-desaparecido, Ary Cabrera”. Agregó que algunas de las personas detenidas inicialmente en Uruguay y luego liberadas fueron secuestradas en Argentina durante 1976. Contó finalmente que el vínculo entre los servicios uruguayos y argentinos surge al analizar que el Departamento 3 del SID tenía a su cargos dos centros de detención clandestinos (conocidos como 300 Carlos, en el Batallón de Infantería Nº 13 y 300 Carlos R, en Punta Gorda), además de “La Casona”, en Boulevard Artigas y Palmar. A esos centros fueron llevados los uruguayos que estuvieron en Automotores Orletti.
Luego siguió relatando que la lógica represiva que la ola que comenzó con el secuestro de Ary Cabrera continuó con las detenciones el 17 abril de Eduardo Chizzola y Telba Juárez (que aparecieron muertos pocos días después y, en el caso de Chizzola recién identificado en 2002). Este proceso continuó con detenciones masivas en junio y julio, período en el que muchas de las personas fueron llevadas a Orletti, al que Rico se refirió en los siguientes términos: “tuvo una significación muy importante como el primer centro de coordinación represiva regional, con un intercambio de operativa total, en el plano de la logística, operaciones, transporte, información, de la organización de los procedimientos. Y, por si fuera poco, debo agregar que en nuestra investigación hay un registro de 28 ciudadanos uruguayos detenidos-desaparecidos que fueron recluidos en Orletti.” Además, considerando la OT-18 como el antecedente de Orletti, pudieron identificar 3 uruguayos más detenidos-desaparecidos allí, precisamente Ary Cabrera, Eduardo Chizzola y Manuel Peisajovich. 

Posteriormente testimonió Rodríguez, quien comenzó explicando que su acercamiento a los hechos ocurridos en Automotores Orletti se dio al entrevistar a Sara Méndez y luego comunicarse con Anatole y Victoria Julien Grisonas. Luego, al investigar acerca del homicidio de Zelmar Michelini y Gutiérrez Ruiz pudo hacer contacto con represores que actuaron en Orletti y que, con el correr del tiempo, le aportaron información “para ir entendiendo cómo eral el proceso Orletti, más allá de lo que las víctimas pudieron transmitirnos”. Además, también mantuvo entrevistas con represores uruguayos. Si bien Rodríguez no reveló la identidad de sus informantes por resguardar el secreto profesional, sí pudo exponer una gran cantidad de información a él transmitida acerca de diversos aspectos del funcionamiento de Orletti y del destino de algunas de las personas que estuvieron allí en cautiverio.
Rodríguez explicó que parte de la información recibida le permitió obtener los datos que llevaron a encontrar al hijo de Sara Méndez, Simón Riquelo. Del mismo modo, refirió que le permitió confirmar la existencia de un segundo vuelo, con uruguayos que también fueron trasladados a Montevideo. 

En cuanto al funcionamiento de los centros clandestinos en el marco de la coordinación represiva, Rodríguez explicó que lo primero que había era intercambio de información, luego seguía una eventual detención o un pedido de objetivos. En el caso de detener a un “objetivo” de otro Estado, “en la mayoría de los casos ya había personal del país extranjero en el país donde se realizaba la operación”. Continuó explicando: “en ese caso, generalmente el operativo lo hacían los locales, con la presencia de uno del país extranjero, el extranjero no podía usar armas (…) la persona secuestrada era detenida y llevada a un pozo, el interrogatorio corría por cuenta del extranjero, la guardia era por parte de los locales. Obtenida la información operativa, lo que podía decidirse era el destino (…) en muchos casos desaparición”. “Este protocolo (…) sólo se rompía en una ocasión, cuando los locales también podían llegar a participar de la tortura”, también “por motivos económicos, o por motivos extorsivos (…) en el caso que la organización tenía dinero”. Explicó también que según su fuente podían hacer hasta 10 ó 12 operativos en el correr de muy poco tiempo: “llegar, destruir, llevar las cosas que podían ser de valor, llevar al detenido y en el reparto que la otra parte no los dejara afuera”.
Rodríguez refirió que también “había una decisión en torno al destino de los niños; en muchos casos está demostrado que iban a país del cual no eran originarios”, “había un vehículo aparte, que era el que trataba de colocar al niño en algún casa cuna”. Así, a Simón Riquelo lo dejaron en el Hospital Norte, y pocos días antes hicieron lo mismo con los hijos de Laura Anzalone y Félix Díaz, que fueron recuperados casi en forma inmediata. “Allí quedaba el chico a la posible disponibilidad de lo que ocurriese con él, que podía ser un destino como el que tuvo (Simón), que fue quedar en las manos de quien estaba de guardia en la seccional 33 esa noche”.
Siguió narrando el testigo que “en el caso de Gelman me cuentan que no sabían que hacer con ella (María Claudia Irureta Goyena) por su estado avanzado de embarazo y, a la vez me cuentan cómo Furci se queda con Mariana (Zaffaroni)”.
Otro de los casos específicos a los que se refirió Rodríguez fue el de los hijos de Roger Julien y Victoria Grisonas. Al respecto, su fuente le dijo que había un gallinero dentro del cual se había escondido ella con los dos chicos y le refirió que “estaba lindo para hacerla mierda ahí mismo”. También le contó que Roger murió en sus brazos luego de tragarse una pastilla de cianuro. “El tema de la pastilla de cianuro, según estos informantes, los tenía muy preocupados a los represores por lo que podía significar perder información o dinero”. Luego Anatole y Victoria (h) quedaron en Orletti junto a su madre, y el destino que corrieron luego “probablemente esté vinculado a un operador chileno dentro de Orletti, un militar chileno (…) y una suerte de sistema de distribución que los uruguayos también habían armado”.

Rodríguez explicó que con el desmantelamiento “se recuperaron 8 millones” y vinculó los secuestros de Gerardo Gatti y León Duarte a la obtención del dinero de esa organización, que habría sido el objetivo de los grupos que operaban en Orletti. Relató también cómo forzaron a Washington “perro” Pérez a obrar como intermediario. El testigo también contó que los “propios informantes me dijeron que hasta respeto les provocaba cómo Gatti había aguantado la tortura, y cómo conversaba más de un mes después”. Según su informante León duarte entregó dinero y según la información que Rodríguez obtuvo, el día que recuperaron ese dinero hicieron una fiesta en Orletti, en la cual “Ricardo Arab llegó a bailar como odalisca sobre una mesa con una botella de whisky”. Luego Gordon y Gavazzo se habrían llevado el dinero que, normalmente, se habría repartido en tres partes: “una parte para la federal (…) donde estaba el comisario Villar (…) la otra parte era la banda de Gordon, y el otro tercio para los uruguayos. Sin embargo, en esa ocasión, debido a la abultada suma su informante le dijo que ese dinero fue elevado, llevado a Videla, que les dio el 30% “para los muchachos” y con el 70% restante construyó una base. Según las investigaciones de Rodríguez, esa base es la actual sede antiterrorista argentina, en Av. Coronel Díaz

Según le refirió su fuente, en el caso de Gatti y Duarte, luego de la negociación por el dinero “quedaron para ir a negociar supuestamente a Campo de Mayo”, y mediante un sistema de traslados especial, los condujeron hasta una camioneta que supuestamente los llevaría allí.

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