sábado, 2 de abril de 2011

En Uruguay la sentencia de Automotores Orletti choca con la ley de la caducidad

El Tribunal Oral Federal Nº 1 (TOF 1) de la Capital Federal dispuso la condena a "prisión perpetua" del general (r) Eduardo Cabanillas; 25 años de prisión de los ex agentes de la SIDE Eduardo Rufo y Honorio Martínez Ruiz, y 20 años de prisión del ex integrante del Batallón 601 de Inteligencia del Ejército, Raúl Gulielminetti.

En este sentido, las penas fueron graduadas por el nivel de participación de los cuatro integrantes del régimen dictatorial argentino, en la represión desatada en el centro clandestino de detención, según el fallo emitido por los ministros Adrián Grunberg, Oscar Amirante y Jorge Gettas.

Cabanillas, ex jefe de "Automotores Orletti", fue condenado como "participe necesario" penalmente responsable de cinco delitos de "homicidio calificado por su comisión con alevosía", 29 delitos de "privación ilegítima de libertad (...) agravadas por mediar violencia y amenazas" y de "imposición de tormentos" (torturas).

En tanto, Martínez Ruiz fue enjuiciado como "participe necesario" de 65 delitos de "privación ilegítima de libertad" y 60 casos de imposición de tormentos, mientras Ruffo fue condenado por los mismos delitos, pero en calidad de "coautor". Por su parte, Guglieminetti, alias "mayor Guastavino", fue condenado por 25 delitos de "privación ilegítima de libertad" y 21 casos de torturas. Todos los hechos fueron agravados por tratarse de ex funcionarios públicos.

El centro clandestino de detención "Automotores Orletti" estuvo bajo la órbita del fallecido ex jefe de la Triple A, Aníbal Gordon, y dependía funcionalmente de la SIDE, siendo uno de los centros de operaciones de los servicios represivos uruguayos para la persecusión de exiliados políticos en Argentina.

Por las entrañas de OT 18 desfilaron unos 200 presos políticos de diversas nacionalidades, entre ellos, decenas de uruguayos víctimas de la represión trasnacional desatada, en el marco del "Plan Cóndor". Una treintena de uruguayos declararon en el juicio oral.
 
Un poco de paz
Macarena Gelman, hija de Marcelo Gelman y María Claudia García, ambos víctimas de la represión desatada en "Orletti", aseguró que el fallo del TOF 1 "colabora a tener un poco más de paz". "Es un tramo del juicio que fue cumplido, hemos obtenido un poquito más de justicia (pero) esto sigue y uno puede estar tranquilo que estas causas puedan tener un buen desenlace".

En este sentido, Gelman afirmó que el actual desenlace se produce porque en Argentina los juicios por los crímenes de la Dictadura fueron declarados como "una política de Estado". "En Uruguay lamentablemente no existen políticas de Estado (en materia de derechos humanos), lo que no significa que no se haga nada, pero es insuficiente", señaló.

Empero, la búsqueda de verdad y justicia torna necesario impulsar una política integral en materia de investigación de los crímenes de la Dictadura. "No es que sacando la Ley de Caducidad, mágicamente, todo se va a hacer. Esto lleva trabajo", dijo. Eduardo Cabanillas estuvo directamente vinculado con el crimen de Marcelo Gelman, en tanto Honorio Martínez Ruiz visitó a Maria Claudia García, cuando ya había sido trasladada clandestinamente al Uruguay.

Otros parientes de los desaparecidos durante la Operación Cóndor aplauden al escuchar el veredicto

Eduardo Cabanillas, Honorio Martínez Ruiz, Eduardo Alfredo Ruffo y Raúl Guglielminetti fueron condenados por su participación en un centro clandestino donde fueron alojados decenas de sudamericanos víctimas del Plan Cóndor.

El ex general Eduardo Cabanillas fue condenado a prisión perpetua por ser el responsable del centro de represión “Automotores Orletti", que funcionó entre junio y noviembre de 1976 durante la dictadura (1976-1983) y por el cual pasaron víctimas del Plan Cóndor.

Además, el Tribunal argentino sentenció al ex policía del servicio de inteligencia Raúl Guglielminetti a 20 años de cárcel y a los agentes civiles de inteligencia Eduardo Ruffo y Horacio Martínez Ruiz a la pena de 25 años de cárcel cada uno, por secuestros y torturas.

El centro de exterminio funcionó entre junio y noviembre de 1976, en plena dictadura argentina (1976-1983), en un ex taller mecánico conocido como “Automotores Orletti” en el barrio de Floresta. Fue alquilado por la secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE) y los militares lo llamaban sarcásticamente "El jardín". El local, donde hoy funciona un centro para la memoria, cerró luego de que una pareja de secuestrados pudo huir en medio de un tiroteo y exiliarse en México.

La esencia del Plan Cóndor "estuvo presente a lo largo del juicio con testimonios y documentación, entre ellos, un responsable de los documentos desclasificados del Departamento de Estado, Carlos Osorio. De su testimonio surge claramente el plan criminal elaborado por las dictaduras sudamericanas", declaró Rodolfo Yanzón, uno de los abogados de la querella.

Yanzón señaló que han pedido la pena máxima de prisión perpetua, para el general retirado Eduardo Cabanillas, y de 25 años de cárcel para tres ex policías y agentes de inteligencia que actuaron en el centro clandestino.

"Por Automotores Orletti pasaron más de un centenar de opositores sudamericanos, la mayoría uruguayos, pero también chilenos, bolivianos, peruanos y dos funcionarios de la embajada de Cuba. Muchos testimonios denunciaron que militares de otros países los torturaban" en ese centro de detención, declaró el abogado.

En este juicio se ventila el homicidio, entre otros, del hijo del poeta y periodista argentino Juan Gelman, Marcelo, cuyos restos aparecieron en 1989 dentro de tambores hundidos en el Río Luján, ubicado a 60 km al oeste de Buenos Aires.

En cambio, no incluye el secuestro y desaparición de María Claudia García, la nuera del poeta quien tenía 19 años y estaba embarazada de siete meses cuando fue trasladada clandestinamente desde Orletti a Montevideo, donde dio a luz a Macarena, apropiada por un policía uruguayo y que recuperó su identidad en 2000.

UN SISTEMA ENTRE LAS DICTADURAS REGIONALES

El Plan Cóndor fue un sistema de coordinación en el cual las dictaduras sudamericanas intercambiaban información y, en muchos casos, realizaban operativos conjuntos para la detención o desaparición de opositores en sus respectivos territorios.

En Argentina, además del juicio por el centro Orletti, hay una causa abierta que ventila en forma directa las violaciones a los derechos humanos en el marco del Plan Cóndor que tiene como víctimas a 16 argentinos, 48 uruguayos, 13 paraguayos, 9 bolivianos, 21 chilenos, un ecuatoriano y un peruano, según la fiscalía del caso.

Un militar retirado uruguayo, Manuel Cordero, acusado de participar de actos represivos en territorio argentino en la década de 1970, fue extraditado de Brasil a Argentina a comienzos de 2010.

LA LEY DE CADUCIDAD DE URUGUAY

Luego de la dictadura de 1973 a 1985, el gobierno uruguayo sancionó la llamada Ley de Caducidad de la Pretensión Punitiva del Estado, por la cual el Estado renunciaba a investigar y condenar las violaciones a los derechos humanos. La norma obliga a los jueces a consultar al Poder Ejecutivo qué casos de violaciones de los derechos humanos pueden ser juzgados y cuáles no.

En Montevideo, más de cien personas que se congregaron en la embajada argentina para escuchar el fallo argentino -transmitido en vivo, al aire libre y a través de una pantalla gigante- recibieron la noticia con discretas reacciones y algunos abrazos.

"Este juicio tenía una carga muy importante, estaba relacionado directamente, además de con el cautiverio de mis padres, con el asesinato de mi papá y fundamentalmente con la condena de Cabanillas", declaró Macarena Gelman, nieta del poeta Juan Gelman, cuyo padre desapareció durante la dictadura argentina.

POLITICA

Sobrevivientes uruguayos reconocen a la Argentina por hacer justicia

Sobrevivientes uruguayos de "Automotores Orletti" expresaron hoy en Montevideo su reconocimiento hacia la Argentina, por hacer justicia con la condena a cuatro represores de ese centro clandestino de tormentos y exterminio de la última dictadura militar, dictada ayer.

"Viví la sentencia de buena gana, no voy a decir que disfrutando, porque no disfruto con la cárcel de nadie. Pero sí me alegró muchísimo que se haga justicia, y que se empiecen a aclarar las cosas, por lo menos en la Argentina", dijo a Télam Alicia Varela.

La ex detenida-desaparecida señaló que "este juicio en particular tiene que ver con nuestros compañeros (uruguayos) que están desaparecidos y bueno, sueño con que esto siga avanzando, que estas cosas sean puntas para seguir investigando y que se sepa la verdad, que es lo que todos estamos buscando".

Sergio López Burgos, secuestrado en Orletti en la época del denominado "primer vuelo", uno de los traslados ilegales de prisioneros políticos de Buenos Aires a Montevideo, sostuvo que estas condenas "son un capítulo que sana el dolor de las víctimas y que da un mensaje a la sociedad argentina, también".

"Y creo que otra gente también va a ser detenida a partir de esta causa, lo que permite un trabajo más fluido, sin presionar los plazos judiciales", estimó en línea con los otros sobrevivientes del terrorismo de estado entrevistados por esta agencia.

López Burgos recordó que "Orletti era un centro donde operaban unas 100 personas y entre los represores que hay detenidos en Uruguay y en Argentina suman 16 o 17. Algunos de los responsables murieron pero otros siguen estando afuera".

Camuflada como taller mecánico en una casona del barrio porteño de Floresta, Orletti fue base operativa del Plan Cóndor, la coordinación represiva de las dictaduras del Cono sur que en los `70 y `80 persiguió, secuestro, torturó y asesinó a opositores políticos como una "trasnacional" del terrorismo de estado.

Por el tenebroso centro clandestino pasaron unos 200 detenidos-desaparecidos argentinos, uruguayos, chilenos, bolivianos, peruanos y de otras nacionalidades, entre ellos también dos diplomáticos cubanos secuestrados en Buenos Aires.

López Burgos evocó la reapertura en 2005 de la causa en Buenos Aires, en la que fue parte de unos 30 testigos uruguayos, y anticipó a Télam que prepara con compatriotas otra presentación ante la Justicia argentina por el Plan Cóndor, con documentación que reunieron durante cuatro meses en la Cancillería de su país.

"Aparecen datos sorprendentes que muestran que (la coordinación represiva de las dictaduras) estaba mucho mejor armada de lo que se pensaba", y que utilizaba "tanto canales militares como diplomáticos", explicó sobre esa evidencia reunida.

"Lo importante es continuar la política de derechos humanos, que no haya impunidad y juzgar a los responsables con todas las garantías democráticas, porque faltan todavía muchos otros capítulos", apuntó.

"Realmente se está haciendo justicia en la Argentina. Y se siente un gran pesar porque nosotros cotejamos qué es lo que está pasando todavía en nuestro país", expresó a su vez Beatriz Barboza, también secuestrada en Orletti a fines de los años `70.

Testigo en causas por violaciones a los derechos humanos desde hace 25 años, también en la que culminó esta semana, en Buenos Aires, Barboza agregó que "se está llegando a algunas verdades y sobre todo se está haciendo justicia con los responsables de una masacre que nos tocó a los uruguayos pero que diezmó a tantos argentinos".

"Para nosotros es fundamental reconocer la labor del gobierno argentino en este campo, la labor de los jueces y el Estado como tal en todo lo que significó el arropar a las víctimas, en todo lo que fue la contención de los uruguayos que fuimos allá a declarar, porque son momentos muy difíciles, en los que se tocan cosas muy delicadas de los sobrevivientes", concluyó.

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