El Tribunal Oral Federal Nº 1 de la Ciudad de Buenos Aires reanudó las audiencias de alegatos en el juicio oral por los crímenes cometidos en el centro clandestino de detención. La defensa oficial de los acusados es la única habilitada para alegar en el último tramo del proceso. La semana pasada lo hicieron la fiscalía y la querella, que pidieron perpetua para el ex coronel Eduardo Cabanillas y 25 años para los otros imputados, entre los que está Raúl Guglielminetti Durante su alegato, el Ministerio Público Fiscal solicitó la pena de prisión perpetua para Cabanillas, y 25 años de prisión para Martínez Ruiz, Guglielminetti y Ruffo.
Por su parte, Luz Palmas Zaldua y Leonel Curutchague fueron los representantes de la querella que se encargaron durante el alegato de establecer las relaciones entre el centro de detención y el Plan Cóndor. Entre las 65 víctimas del juicio hay 18 desaparecidas: 10 son argentinas, 3 uruguayas, 2 cubanas, 2 argentinas secuestrados en Bolivia y 1 chilena. Otros 6 argentinos fueron asesinados.
Además, los representantes resaltaron que la demora en los juicios por los delitos de lesa humanidad permitieron la muerte sin condena de “cuadros de las distintas fuerzas armadas y de seguridad con altos niveles de responsabilidad en el plan de exterminio”. El caso más reciente fue el de Rubén Visuara, jefe de la patota del centro clandestino, que murió a principio de año cuando estaba siendo juzgado en la causa.
Si bien el alegato fue realizado de forma conjunta, los querellantes se diferenciaron al momento de pedir las condenas a los imputados Cabanillas, Honorio Martínez Ruiz,ex agente de la SIDE; Raúl Guglielminetti, ex agente civil de inteligencia del Ejército; y Eduardo Ruffo, ex agente civil de inteligencia de la SIDE.
Continúa la indecisión política de exigir el delito de genocidio para todos los imputados. Continúa asimismo la negación de las querellas y organismos que lo esgrimen en cada uno de los juicios que se abren y se desarrollan.
En el proceso se investiga a los cuatro acusados por los delitos de privación ilegal de la libertad, imposición de tormentos y homicidio calificado, en perjuicio de 65 víctimas.
El centro clandestino “Automotores Orletti” se ubicó en Venancio Flores 3519/21, entre calles Emilio Lamarca y San Nicolás, en el barrio porteño de Flores y estuvo bajo el ámbito de la Secretaría de Inteligencia del Estado.
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