CCD Automotores Orletti

Pruebas sobre el Cóndor

2012-05-13T13:06:00.002-07:00

Un documento de la Policía Federal da cuenta del trabajo conjunto con fuerzas represivas de Chile y Uruguay

Los papeles firmados por el jefe del Departamento de Asuntos Extranjeros dan cuenta con nombre y apellido de secuestros y de la coordinación entre los tres países. El comisario pedía una recompensa para 44 hombres de su tropa por el trabajo realizado.

Por Alejandra Dandan

Si no se hubiese destruido la mayor parte de los archivos de la dictadura, probablemente aparecerían más documentos como estos. Es un informe “secreto” firmado por el entonces jefe del Departamento de Asuntos Extranjeros de la Policía Federal, comisario inspector Alberto Baldomero Obregón, en el que sin ahorrar elogios pide una “recompensa” para 44 hombres de su tropa por haber “neutralizado” satisfactoriamente las acciones de “organizaciones delictivas del tipo subversivo nacionales e internacionales” que estaban en el país. Página/12 accedió al documento presentado por un grupo de sobrevivientes uruguayos en el juzgado de Norberto Oyarbide. En él se observan por primera vez comunicaciones en tiempo real entre las fuerzas represivas argentinas, chilenas y uruguayas como si estuviesen del otro lado de una línea. Quedaron plasmadas las caídas de dirigentes y militantes del Movimiento de Izquierda Revolucionaria chileno y de 76 uruguayos de la Organización Popular Revolucionaria 33 Orientales. El documento arroja, a la vez –para la querella–, una nueva prueba sobre la fecha en la que empieza a funcionar el Plan Cóndor. Uno de los párrafos indica que Argentina y Chile trabajaban juntos desde noviembre de 1974, es decir en el momento en que Isabel Martínez de Perón decreta el estado de sitio.

El 15 de septiembre de 1976, el comisario Obregón, de Asuntos Extranjeros, describió el trabajo de varios meses en un informe dirigido a la Dirección General de Operaciones e Informaciones: “El trabajo de inteligencia y operacional del personal de este departamento –escribió– ha permitido neutralizar en forma altamente satisfactoria la actividad desplegada en nuestro país por distintas organizaciones delictivas de tipo subversivo, con proyecciones nacionales e internacionales”, dice. “Ello es fruto del trabajo constante en el que la dedicación plena de los hombres requirió de un esfuerzo que va más allá de los límites convencionales de un horario rutinario, y en el que los riesgos físicos han sido ciertos y reales, dada la alta peligrosidad de los elementos con que ha debido enfrentarse el personal policial.” Los procedimientos, de los que desiste detallar, “hecho por hecho y caso por caso” porque “no sólo sería extenso” sino que “obviamente” iría en contra “de lo que en un primer momento se trató de evitar: dar trascendencia a la actuación individual” de la tropa, permitieron “ir anulando la actividad de dichas organizaciones, secuestrándose en muchos casos armas, municiones, en otro caso quedaron al descubierto fincas que eran utilizadas como refugios y cárceles del pueblo”.
El documento

Bajo el subtítulo “Partido Radical Revolucionario chileno”, el comisario Obregón señala entre los logros que consiguió con la “detención” de Javier Huenchllan Sagrista, un chileno secuestrado en Argentina, a quien presentan como “responsable del partido”, también “de la Coordinadora Chilena (ex Resistencia)” y del “Movimiento de Solidaridad con las organizaciones subversivas trasandinas con asiento en diversos países europeos y americanos con sede actual en Cuba”. Su “detención”, dicen, “logra desbaratar a la cúpula de la nueva estructura formada a posteriori”. Informan que “detuvieron a 10 (diez)” personas y explican que así se dejó “desmembrado el Movimiento, (la) ayuda económica, prensa y propaganda y comunicaciones entre integrantes subversivos en el exilio”.

El dato es que siguieron avanzando a partir de lo que declaran fueron los “interrogatorios”: después de los “interrogatorios” a los que fueron sometidos los “detenidos” entendieron que la Coordinadora iba a abrir un “centro de documentación” en Argentina para “invadir la plaza bibliográfica del país con literatura marxista”. Un tema que, dicen, anularon “eficazmente” porque detuvieron a los cinco encargados.

El documento es rico en el nivel de prueba porque abundan descripciones como éstas con esa y otras organizaciones, uno de los valores más importantes para las querellas es aquello que revela sobre el Cóndor. El correr de las páginas permite ver al menos en dos casos la velocidad con la que circulaba la comunicación de uno a otro país y cómo se coordinaron las acciones.

Un ejemplo es la intervención en el caso del Movimiento de Izquierda Revolucionario chileno (MIR). En un párrafo, el comisario Obregón explica que se procedió a la “detención” del “periodista chileno Ernesto Carmona Ulloa (a) Mateo Fernández”, a quien ubica como “actualmente responsable del MIR en Venezuela”. Detrás de la “caída”, “se logra detectar la primera célula del MIR en Argentina”. A raíz de lo cual “y continuando con investigaciones, se logra detectar la forma de comunicación entre responsables del MIR exterior e interior, poniendo sobre aviso de esta circunstancia al gobierno chileno. De común acuerdo con las autoridades chilenas e intercambiando opiniones –dice– se establece no entorpecer sucesivas relaciones, a fin de reunir mayor información y llegar a detectar a los integrantes de la cúpula de dicha organización subversiva”. Allí es cuando agregan los datos que hablan del tiempo de trabajo con los chilenos: “Tras un año y medio de investigación, por fin, en abril del corriente año se comienzan a realizar procedimientos simultáneos en ambos países, dando como resultado en Argentina la caída del hombre más importante del MIR, luego de la muerte de Miguel Enríquez en Chile, cayendo además sus principales colaboradores”.

Eso quiere decir que si en abril de 1976 llevaban “un año y medio de investigación”, el comienzo se remonta a noviembre de 1974.

Páginas más adelante, el informe habla de los uruguayos y ahí cuentan cómo coordinaron acciones de secuestro, al mismo tiempo, entre los dos países. Para entonces estaban cayendo en el país otros uruguayos del Frente para la Victoria del Pueblo, muchos de los cuales fueron secuestrados en Orletti. En este documento se habla de otro grupo.

Debajo del subtítulo de “Los 33 Orientales”, Obregón hizo lo mismo que con el resto de las organizaciones espiadas: puso todo lo que sabía sobre los supuestos orígenes políticos del partido, desmembramientos, los ubicó como “brazo armado” en cuyos orígenes ubicó a la Federación Anarquista uruguaya y al Movimiento de Resistencia Obrero Estudiantil. Escribió que cobraron “notoriedad” porque “sustrajeron la bandera de los 33 Orientales, reliquia histórica del pueblo oriental, depositado en el Museo Nacional y que representa lo que la bandera de los Andes para nuestro país”.

Lo importante es el fragmento que señala cómo, a partir de junio de 1976, coordinaron el trabajo con los uruguayos para detenerlos: “En junio del corriente año, luego de pacientes investigaciones se logra la detención de dos integrantes de la conducción central y el desbaratamiento total de los sectores Obrero y Popular y Agitación y Propaganda a la vez que parte del Frente Interno y Político”, dice el informe. “A raíz de este golpe cae en Uruguay toda la organización que se mantenía en ese país, lográndose la detención de 76 integrantes del mencionado movimiento de los cuales 34 fueron detenidos por personal de la DAE”, es decir el Departamento de Asuntos Extranjeros de Buenos Aires.
La burocracia

El informe apareció a raíz de dos condenas del juicio de Automotores Orletti. Dos de los condenados eran parte de los 44 policías que integran la lista de Asuntos Extranjeros: los inspectores Rolando Oscar Nerone y Oscar Roberto Gutiérrez. En sus legajos había una felicitación que remitía a su vez a un expediente secreto. El juez Daniel Rafecas pidió el expediente secreto y encontró este nuevo documento que ahora está en manos de Oyarbide y del fiscal Luis Osorio. Para los querellantes uruguayos del Cóndor tiene un enorme valor. Juan Castillo, en este momento candidato a la presidencia del Frente Amplio, Sergio López Burgos y Lille Haydée Carusso Larrainci venían denunciando a militares, policías y diplomáticos uruguayos que actuaron en Argentina, pero ahora pidieron indagatorias para los argentinos. Según sus datos, excepto dos de Orletti y una persona fallecida, el resto de los 44 “están vivitos y coleando” y acaban de ser denunciados por primera vez.

“La burocracia dejó en algunos legajos huellas de la participación de los miembros de las fuerzas en distintos operativos, pero son datos indirectos: en general se entiende que intervinieron porque en los legajos aparece un pedido de licencia por tal acción, un traslado o piden un reconocimiento por el deber cumplido”, explica Elizabeth Gómez Alcorta con Mariana Neves, representante legal de la querella. “Lo que sin embargo no hay son documentos como el que acabamos de presentar, porque la burocracia hizo desaparecer toda esa información.”

Avances en la causa por el pacto genocida entre las dictaduras de América del Sur

2012-05-01T23:44:00.005-07:00

La justicia suma 160 crímenes a la investigación sobre el Plan Cóndor
El fiscal federal Miguel Ángel Osorio solicitó la ampliación. La mayoría son casos de uruguayos secuestrados en la Argentina durante la dictadura. El listado incluye 20 hechos ocurridos con anterioridad al golpe de Estado de 1976.

Yolanda Iris Casco y su esposo, Julio César D’Elía, ambos uruguayos y militantes de izquierda, fueron secuestrados el 22 de diciembre de 1977 en su casa de San Fernando, provincia de Buenos Aires. Estaban exiliados, pero un grupo de tareas de la Marina uruguaya cruzó el Río de La Plata y los detuvo, actuando bajo el mando de un enlace argentino. Julio César estuvo en el COT-1 Martínez, y Yolanda pasó por tres centros clandestinos. El 26 de enero del ’78, en el Pozo de Banfield, dio a luz a Carlos D’Elía Casco, apropiado ese mismo día por un marino retirado.

El hijo de Yolanda y Julio César recuperó su identidad en 1998, pero sus padres siguen desaparecidos. Son dos de los 160 casos que la justicia argentina comenzará a investigar en el marco de los crímenes imprescriptibles cometidos en el Plan Cóndor, el pacto genocida con que las dictaduras de América del Sur avanzaron, durante la década del ’70, en la eliminación conjunta y sistemática de sus opositores políticos.
Días atrás, el fiscal federal Miguel Ángel Osorio firmó un requerimiento de instrucción –al que Tiempo Argentino accedió en exclusiva– para empezar a indagar en esta larga serie de hechos, en los que personas de distintas nacionalidades –en su gran mayoría, uruguayos secuestrados y desaparecidos en suelo argentino– fueron víctimas de un aparato represivo coordinado como nunca antes se había visto en la región. Además del importante número de casos que el fiscal incluyó en su escrito, el otro dato a destacar es que una veintena de ellos ocurrieron antes del golpe de Estado del 24 de marzo de 1976.

Osorio, titular de la Fiscalía Nº10, elevó su requerimiento al Juzgado Federal Nº 7 en lo Criminal y Correccional, subrogado por Norberto Oyarbide, y donde se tramitan las causas vinculadas al Plan Cóndor. En esta oportunidad, los hechos se substanciaron en el expediente Nº 10.961 con la denuncia que en octubre de 2011 realizaron los uruguayos Sergio López Burgos, ex detenido de Automotores Orletti, y Lille Haydee Caruso Larrainci, integrante de la Comisión de Familiares de Asesinados Políticos. Aquella presentación –que fue reflejada por las páginas de este diario– estuvo acompañada por tres cajas repletas de documentación, de donde surgieron los 160 nombres individualizados por Osorio y su equipo. Los denunciantes también señalaron a 121 posibles imputados, entre civiles, militares y miembros de distintas fuerzas de seguridad. Resultaron claves dos de las fuentes aportadas por Burgos y Caruso Larrainci: el libro A todos ellos, de la Asociación Madres y Familiares de Uruguayos Detenidos Desaparecidos, y los seis tomos de la investigación Detenidos y Desaparecidos, publicada en 2007 por el gobierno de Tabaré Vázquez.
De los casos contemplados, 16 corresponden a ciudadanos argentinos; también hay un español, dos ítalo-uruguayos, una argentina-uruguaya y una hispano-uruguaya. Los restantes 139 son personas nacidas en Uruguay. Entre los argentinos figura Raimundo Aníbal Villaflor, militante de las Fuerzas Armadas Peronistas (FAP), secuestrado en Avellaneda el 4 de agosto del ’79 junto a su pareja, María Elsa Garreiro Martínez, de nacionalidad española y uruguaya. Sus hijas Elsa Eva y Laura fueron luego entregadas a sus abuelos paternos. Raimundo y María Elsa pasaron por ese infierno en la tierra que fue la ESMA, y ya no se los volvió a ver.
En el listado también aparecen Juan Alejandro Barry y Susana Beatriz Mata, los padres de Alejandrina Barry, quien a fines de los ’70, con apenas dos años, fue presentada por la prensa como la niña que había sido “abandonada” por una pareja de “subversivos”. En realidad, a Alejandro Barry, un alto mando de Montoneros, lo acribillaron agentes de civil en Montevideo el 14 de diciembre de 1977. En cuanto a Susana Mata, murió un día después, en el departamento de Canelones. “Por la ingesta de una pastilla de cianuro de potasio, con la finalidad de no ser capturada por personal militar”, indicó la fiscalía.
Entre los hechos a esclarecer, 88 tratan de personas secuestradas que aún permanecen desaparecidas, otras 31 fueron liberadas por sus captores, 33 murieron y sus cuerpos fueron hallados, hay ocho menores que pudieron ser recuperados por sus familias y dos cuyo paradero se desconoce.

Osorio recordó que el Plan Cóndor fue “una asociación ilícita” de tipo “supranacional”, que involucró a los gobiernos de la Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Uruguay y Paraguay. Su finalidad era “coordinar y complementar proyectos criminales, obteniendo, ordenando e intercambiando información para perseguir ilegalmente a opositores políticos.” Ese mecanismo se aplicó a la perfección con el periodista y político uruguayo Zelmar Michelini, quien en 1973 se había exiliado en la Argentina, desde donde denunciaba a la dictadura que en su país encabezaba Juan María Bordaberry. A Michelini lo secuestraron el 18 de mayo del ’76, lo llevaron a Automotores Orletti y apareció sin vida tres días después, con varios balazos en el cuerpo. Estaba adentro de un Torino, junto con tres compatriotas suyos, también asesinados por la acción conjunta de las dictaduras a ambos lados del Río de La Plata.
Sobre la decisión de incluir crímenes ejecutados antes del golpe, Osorio remarcó que, con el sello del Operativo Cóndor, “los distintos estados ejecutaron acciones delictivas en otras jurisdicciones nacionales, incluso en aquellas donde aún imperaba, aunque de manera endeble, el paradigma democrático”. Por esta razón, se decidió tomar como fecha de inicio para indagar en los delitos cometidos en la Argentina al 6 de noviembre de 1974, día en que el gobierno de Isabel Martínez dispuso el estado de sitio. Para la fiscalía, desde entonces estuvieron dadas “las condiciones de posibilidad de las acciones terroristas llevadas a cabo en el territorio argentino por alguna de las dictaduras latinoamericanas” ya existentes.
Esto se aplica para 20 de los episodios abarcados por el requerimiento que ya tiene en sus manos el juez Oyarbide. Uno de ellos ocurrió el 8 de noviembre de 1974, en el barrio porteño de Once, en el domicilio de Héctor Daniel Brum –miembro de Tupamaros– y de su esposa, María de los Ángeles Corbo, embarazada de seis meses. También se encontraban allí Mirta Yolanda Hernández y su hijo de tres años, Amaral García. Se los llevaron a todos, incluidos Floreal García Larrosa y Julio Abreu, secuestrados a pocos metros. Amaral fue apropiado por un agente de la SIDE y su familia lo recuperó en 1985. El resto del grupo había sido trasladado en un vuelo clandestino al Uruguay y alojado en las catacumbas del “300 Carlos R”. De todos ellos, el único que salió con vida del Plan Cóndor fue Abreu. El 20 de diciembre del ’74, Brum, Corbo, Hernández y García Larrosa aparecieron muertos en Soca, Canelones.
Sin duda, los 160 casos que comenzará a investigar la justicia argentina muestran que los gobiernos militares de América del Sur vistieron distintos uniformes, pero compartieron una misma política represiva: el terrorismo de Estado.

Las claves

Del total de casos, 88 personas están desaparecidas, 31 fueron liberadas, 33 fueron asesinadas, hay ocho menores recuperados por sus familias y dos cuyo paradero se desconoce.
En cuanto a nacionalidades, 139 son uruguayos, 16 son argentinos, hay un español, dos ítalo-uruguayos, una argentina-uruguaya y una hispano-uruguaya.
Veinte de los episodios ocurrieron antes del 24 de marzo de 1976. La fiscalía comenzó a indagar hechos desde el 6 de noviembre de 1974, cuando se dictó el estado de sitio en la Argentina.
El expediente Nº 10.961 está en manos del juez Norberto Oyarbide y el fiscal Miguel Ángel Osorio.

Desde la caída de Allende hasta el golpe en la Argentina

El comienzo del Plan Cóndor puede rastrearse hasta septiembre de 1973, durante el golpe militar que en Chile derrocó al gobierno constitucional del presidente Salvador Allende. Desde ese momento, la dictadura encabezada por Augusto Pinochet mantendría un lugar central en este operativo supranacional de represión. De hecho, la sede ejecutiva del Operativo Cóndor estaba ubicada en Santiago de Chile.
Una vez sellado el pacto, los regímenes preexistentes de Paraguay y Brasil se integrarían a la estructura genocida. En el ’73 se sumó la dictadura de Uruguay, y en el ’76, la Bolivia del dictador Hugo Banzer. Ese mismo año, a partir del golpe orquestado por Jorge Rafael Videla y sus socios civiles, la Argentina hizo su ingreso definitivo a esta “asociación ilícita” entre militares sudamericanos.

Un caso paradigmático de esta articulación entre terrorismos de Estado es el de Victoria Lucía Grisonas, uno de los nombres incluidos en el requerimiento del fiscal Miguel Ángel Osorio. De nacionalidad argentina-uruguaya, el 26 de septiembre de 1976 Grisonas fue secuestrada en su casa de Mitre al 1300, en el partido bonaerense de San Martín. Ese día, por la madrugada, un grupo de tareas integrado por efectivos de los ejércitos argentino y uruguayo, la Policía Federal y la SIDE, se la llevaron junto a sus dos hijos. Durante el operativo, fue asesinado su esposo, Mario Roger Julien. Ambos eran militantes del Partido por la Victoria del Pueblo y de la Organización Popular Revolucionaria 33 Orientales (OPR 33). Grisonas y sus hijos fueron recluidos en “Automotores Orletti”, uno de los centros clandestinos donde solían alojar a los uruguayos. Varios meses después, los niños fueron llevados a Montevideo y estuvieron en el Servicio de Inteligencia de Defensa. Más tarde, los trasladarían en avión a Chile, donde los mismos militares que asesinaron a sus padres los dejaron abandonados en una plaza de Valparaíso, en noviembre del ’76. Su madre sigue desaparecida.

Por: Carlos Romero - cromero@tiempoargentino.com

Sara Méndez, la dignidad oriental

2012-04-23T23:01:00.002-07:00

Víctima del Plan Cóndor, se reencontró con su hijo ya adulto y espera que se haga justicia

El caso de Sara Méndez estuvo incluido en la Ley de Caducidad o amnistía, una ley que quedó sin efecto recién en octubre. “Espero que sea el comienzo de una nueva etapa donde el Estado uruguayo se comprometa a investigar.”
Por Mercedes López San Miguel
Desde Montevideo

Las habitaciones de la casona hoy están vacías, bien iluminadas y sus pisos revestidos de alfombras. Hace 36 años había bancos enfrentados entre sí, de un lado hombres, del otro mujeres con los ojos vendados. Habían sido secuestrados y casi no podían distinguir el día de la noche. Sara Méndez, que estuvo presa en una de esas habitaciones ubicada en Bulevar Artigas, en Montevideo, recuerda el sonido de la calle y las sirenas de ambulancias de un hospital cercano. Pasó tres meses allí, en lo que era el Servicio de Inteligencia de Defensa (SID), esposada, tirada en el piso. Soportó la tortura. Lo que la mantenía viva era la ilusión de volver a tocar a su bebé Simón.

Después de sobrevivir a la dictadura, la vida de Sara Méndez se orientó a la búsqueda de su hijo. Lo encontró cuando ya era un adulto de 26 años. Su caso estuvo incluido en la Ley de Caducidad, que impedía llevar a la Justicia a militares acusados de violaciones a los derechos humanos. Por eso aún no hay condenados. En Uruguay la Ley de Caducidad quedó sin efecto recién en octubre del año pasado. A partir de esa fecha se sumaron denuncias: ya son 500 los casos, que incluyen desapariciones, torturas y robos de bebés.

A Simón Riquelo, de 20 días, se lo habían arrancado de sus brazos en Buenos Aires el 13 de julio de 1976, cuando un comando irrumpió a las patadas en su casa de Belgrano. “Unas quince personas entraron rompiendo puertas”, recuerda Sara Méndez. Yo estaba con mi bebé y una compañera que militaba en la izquierda como yo. Tomaron posesión de las dos plantas y ahí mismo empezó el interrogatorio y la tortura para obtener y decir direcciones y nombres de otros uruguayos que estaban viviendo en Buenos Aires.”

José Nino Gavazzo y Rodríguez Buratti comandaron el operativo. Se quedaron con su hijo. “No se preocupe señora. No le va a pasar nada porque no es una guerra contra los niños”, le dijeron y se la llevaron al centro clandestino Automotores Orletti, en donde estuvo diez días, para luego ser trasladada a Montevideo en un vuelo clandestino. Era una acción conjunta de las dictaduras argentina y uruguaya del denominado Plan Cóndor. “Ese día se realizó un operativo masivo de secuestro, fuimos secuestrados alrededor de 24 uruguayos que estábamos militando contra la dictadura de nuestro país desde la Argentina.” Sara pertenecía al Partido de la Victoria del Pueblo.

Un mes después, Gavazzo y Buratti participaron en el secuestro en Buenos Aires y posterior traslado a Uruguay de María Claudia García Iruretagoyena, nuera del poeta Juan Gelman y de la abuela de Plaza de Mayo Berta Schubaroff. Gavazzo llevó en un avión clandestino a María Claudia, que estaba embarazada, según arrojaron las investigaciones periodísticas del diario La República. Acá, en la casona de Bulevar Artigas recientemente se descubrió la placa que recuerda que María Claudia y su recién nacida Macarena estuvieron privadas de su libertad.

Sara Méndez supo de la presencia de la nuera de Gelman. “Un médico venía periódicamente a ver a una mujer que estaba en el piso superior. Por las indicaciones que daba a los guardias, nos dimos cuenta de que estaba embarazada. Tiempo después escuchamos que tenía dolores de parto. Inclusive en una de las veces que salimos al patio una de las compañeras alcanzó a ver a una mujer en una ventana con un bebé en brazos.”

Sara se acuerda de que los sacaban a tomar sol para que parecieran recién detenidos. Los militares querían tapar que había habido un vuelo clandestino. “Simularon que habíamos entrado al país por nuestros propios medios. Ahí empezó el montaje. Y luego nos ‘van a detener’ como si estuviéramos parando en esos lugares. Fue una falsa detención en octubre de 1976. Nos llevaron a la Justicia militar, con las actas fraguadas, y nos procesaron. Hoy sabemos que entre nuestro secuestro y la detención falsa hubo un segundo vuelo con otros uruguayos.” Alicia Cadenas, Elba Rama Molla, Sergio López Burgos y Gastón Zina estaban entre muchos otros.

Sara Méndez fue procesada por la Justicia militar y trasladada al penal, Punta Rieles en diciembre del ‘76. Allí estuvo presa cuatro años y medio. Cuando salió, emprendió la búsqueda de su hijo Simón. Y también aportó su testimonio en la causa de la mujer embarazada del piso superior. “Siempre supe que el caso de María Claudia iba a cambiar nuestra historia tan silenciada. Era familiar de un poeta de renombre internacional.”

Esta mujer bajita y de voz delicada lleva consigo años de luchar contra la corriente. “Durante diez años seguimos un caso que creíamos era Simón. Era el año ’86 u ’87 cuando pedimos el ADN. Lo negaron porque no se contaba con la voluntad del chico que era menor. En 2000, cuando asumió Jorge Batlle, la presidencia recibió la información de las Fuerzas Armadas de que el chico no era Simón, habló con él y la familia y los convenció de que se hiciera el ADN.”

Otra vez, las historias se cruzaron. “Tuvimos la noticia en marzo de ese año de que Macarena era hija de María Claudia y a los meses que ese chico no era Simón.” Sara empezó la búsqueda de nuevo. “Si no lograba una gran movilización que pusiera al gobierno de cara a la sociedad internacional, que mostrara a una madre que vio a los secuestradores de su hijo y que en ese momento vivían libremente en el país sin que se hiciera nada. Por eso emprendí una gira que me llevó por Europa, llegué al Parlamento Europeo, donde conté el caso de Simón.”

A través de una investigación del periodista Roger Rodríguez surgió un dato clave: un ex policía había adoptado al verdadero Simón. “Supe que mi hijo había sido dejado en el Sanatorio Norte. Un caso que estuvo totalmente invisibilizado, dejado de lado, en quince días se resolvió en el 2002. “El 18 de marzo tuvimos el resultado del ADN: positivo.”

A partir del descubrimiento de la placa en el ex centro clandestino de Bulevar Artigas y del reconocimiento por parte del Estado uruguayo de su responsabilidad en los crímenes de la dictadura, Sara Méndez se muestra esperanzada. “Espero que sea el comienzo de una nueva etapa, donde el Estado se comprometa realmente a que las investigaciones no queden en manos de los datos que sólo aportan las víctimas. Es el Estado el que tiene que hacerse cargo.” Como Sara Méndez, sobrevivientes y familiares de desaparecidos esperan llevar ante el banquillo a los responsables de estos delitos que perduran en el tiempo mientras las heridas no terminan de cicatrizar.

mercelopez@pagina12.com.ar

Operación Cóndor: secuestros de argentinos en Uruguay

2012-04-16T07:38:00.003-07:00

Comisión de Derechos Humanos y Políticas Sociales del PIT/CNT

Nota entregada al Sr. Ministro Vázquez.
Montevideo, 12 de abril de 2012.
Sr. Embajador de la República Argentina en el Uruguay Dante Dovena

PRESENTE:
En los próximos días, el PIT/CNT con el patrocinio del Dr. Pablo Chargoñia formulará ante los tribunales uruguayos una denuncia sobre violaciones a los derechos humanos cometidas en el Uruguay contra ciudadanos argentinos durante la pasada dictadura. En la misma algunas de las personas que fueron objeto de actos ilegales por parte de la coordinación represiva entre ambas dictaduras del Río de la Plata, realizaran una detallada narración de los hechos vividos. Hemos considerado pertinente presentar al Sr. Embajador de la República Argentina en nuestro país, esta breve cronología de los acontecimientos, que evidencian de forma contundente la eficacia con que funcionó la coordinación represiva establecida por las dictaduras que asolaron a los países del Cono Sur de América Latina. Y a partir de ello, lograr – como ha sido una práctica constante por parte de las últimas administraciones de vuestro país, el apoyo necesario para que este esfuerzo por Verdad y Justicia, se materialice en forma efectiva.

LOS HECHOS QUE SE DENUNCIARAN.
1.1.- En el marco de la “Operación Cóndor”, desde al menos el año 1976, la Dirección Nacional de Información e Inteligencia y el Servicio de Información de Defensa (SID) del Uruguay, difundieron nóminas de ciudadanos argentinos vinculados al Movimiento Peronista Montoneros buscados por las Fuerzas de Seguridad de la República Argentina.
1.2.- Desde que usurparon ilegítimamente el poder, tanto la dictadura uruguaya como la argentina veían con preocupación las visitas de misiones internacionales interesadas en las denuncias de violaciones de derechos humanos que acontecían en ambas márgenes del Río de la Plata.
La Misión Internacional que visitaba el Uruguay en momentos en que sucedieron los hechos detallados en la presente denuncia –últimos meses de 1977– estaba integrada por el Dr, Joaquim Martínez Bjorkman –en representación de la Federación Internacional de los Derechos del Hombre–, el Dr. Robert Goldman –integrante de la Sociedad Americana de Derecho Internacional y Pax Romana–, y Jean Lous Wil, del Ministerio Internacional de Juristas Católicos.

1.3.- Al igual que lo habían hecho en 1976 con el secuestro y traslado clandestino de personas capturadas en Argentina para presentarlas como invadiendo Uruguay, ambas dictaduras coordinaron una operación que tenía como objetivo demostrar que la llamada “subversión” estaba actuando, que se estaba en plena “guerra contra el comunismo”, y que quienes realizaban campañas de denuncia por desapariciones, asesinatos y torturas estaban a sueldo del comunismo internacional que buscaba desprestigiar, a través de mentiras, a quienes habían rescatado a varios países de América del Sur del anarquismo y el terrorismo.

1.4- Rosario Evangelina Quiroga y su esposo José Luis Herrero, ambos argentinos, militaban en su país en el peronismo montonero en la provincia de San Juan (Herrero integró la Junta Departamental de Concepción y Quiroga fue representante por la Juventud al Congreso Provincial del Partido por el Departamento de Rivadavia). Tuvieron tres hijas: María Paula, María Elvira y María Virginia. A raíz de la persecución de la que fueron objeto por parte de las fuerzas represivas estatales, y dado que habían sido cesanteados por la Ley de Seguridad del Estado (Quiroga trabajaba como técnica en el Departamento de Procesos Técnicos de las Bibliotecas de la Universidad Nacional de San Juan), se mudaron a la provincia de Mendoza, radicándose en la capital de la misma. El 9 de marzo de 1976 Herrero fue secuestrado. Aún permanece desaparecido. Rosario Quiroga debió abandonar su vivienda, y después de un año de vivir en pensiones y hoteles, apartada de sus hijas decidió abandonar su país y radicarse en el Uruguay con las niñas en el intento de proteger su vida. Dado que como resultado de la acción coordinada de las dictaduras de ambos países, ciudadanos argentinos radicados en Uruguay como Claudio y Lila Epelbaum Slotopolsky, habían sido secuestrados el 4 de noviembre de 1976 en Punta del Este y trasladados clandestinamente a Argentina –desde entonces permanecen desaparecidos-, Rosario Quiroga se instaló con documentación falsa a nombre de Leda de los Reyes Lombarda.

1.5.- El 16 de noviembre de 1977, Rosario Quiroga concurrió al puerto de Colonia a esperar la llegada desde Argentina de quien era entonces su pareja, Oscar Degregorio Marconi, miembro de la conducción nacional del peronismo montonero. Degregorio arribó al puerto de Colonia en el aliscafo de las 13.30 hs. y fue apresado por integrantes de la Prefectura Nacional Naval cuando estaba realizando los trámites de migraciones para ingresar al país. Degregorio usaba documentación falsa y llevaba dos granadas escondidas en un paquete de yerba y un revólver disimulado en un termo.
Rosario Quiroga fue testigo presencial de esa detención, y de inmediato avisó a la madre de Degregorio quien, pese a que realizó numerosas gestiones en Uruguay para saber el paradero de su hijo, no obtuvo ninguna información oficial al respecto.

1.6.- Por orden del Comandante en Jefe de la Armada, integrantes de la Prefectura Naval trasladaron a Degregorio a Montevideo. Posteriormente fue derivado al Cuerpo de Fusileros Navales (FUSNA).

1.7.- El 17 de noviembre la Dirección Nacional de Información e Inteligencia emitió el Parte Especial de Información Nº 31/77 difundiendo una nueva lista de requeridos argentinos, entre quienes se mencionaba a María Catalina Benassi de
Franco, ciudadana argentina secuestrada nueve meses más tarde –el 29 de septiembre de 1978– en el Aeropuerto de Carrasco, y trasladada clandestinamente a la Escuela de Mecánica de la Armada, en Buenos Aires. Permanece desaparecida.

1.8.- El 17 de noviembre de 1977 llegaron a Uruguay varios oficiales de la Armada Argentina, integrantes del Grupo de Tareas que actuaba en la represión ilegal en ese país con base en Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA) para realizar la identificación de Oscar Degregorio.

1.9.- Cuando estaba siendo trasladado a otra dependencia, Oscar Degregorio trató de fugarse. Para frustrar ese intento sus captores lo balearon, y malherido fue ingresado en el Hospital Central de las Fuerzas Armadas, donde lo intervinieron quirúrgicamente.
Cuatro días después fue interrogado por oficiales argentinos en el propio Hospital Militar.
Rosario Quiroga testimonió al respecto: "Supe por él mismo [Degregorio] que luego de varios días de tortura en manos de las Fuerzas Conjuntas Uruguayas, que consistió en golpes, submarino y picana aplicados sin piedad y en forma constante, trató de fugarse. Al intentarlo, fue gravemente herido en el abdomen por un oficial uruguayo y que a pedido del entonces teniente de navío Antonio Pernías alias ‘Trueno’, miembro del G.T 3.3.2.2 de la Armada Argentina fue sometido a una delicada operación para salvarle la vida y de esa forma tratar de arrancarle la información que querían. En la operación se le hizo un ano contra natura,ya que los intestinos habían sido perforados varias veces. Se debatió varios días entre la vida y la muerte en un hospital uruguayo que según él me dijo tenía celdas. Luego de haberse recuperado un poco fue trasladado en avión a Buenos Aires, al interior del Casino de Oficiales de la ESMA”.

1.10.- El 5 de diciembre de 1977, según consta en el parte de Información Nº 31/77 ya mencionado, fue allanada la vivienda que ocupaba Oscar Degregorio en Montevideo.

1.11.- Rosario Quiroga permaneció en Uruguay y buscó conectarse con otros exiliados argentinos. Concurrió a la casa del pianista tucumano Miguel Ángel Estrella –quien en esos momentos no se encontraba en el país-; posteriormente logró vincularse con Alejandro Barry y Susana Mata, matrimonio que vivía en Uruguay junto con su hija Alejandrina, de 4 años y a través de ellos con Rolando Pisarello, su mujer María del Huerto Milesi y su hija María Laura (de 4 meses). También tomó contacto con Jorge Salvador Gullo y Carlos Augusto Valladares.
1.12.- Cuando estos exiliados argentinos se percataron de que eran objeto de vigilancia y seguimiento concluyeron que algunos debían mudarse, y otros abandonar Uruguay. Rolando Pisarello y María del Huerto Milesi junto con su hija fueron a vivir con Rosario Quiroga y sus hijas, a la casa que esta última había alquilado en el Balneario Lagomar de la Ciudad de la Costa, Departamento de Canelones. Jorge Gullo regresó a Argentina, donde fue secuestrado el 26 de abril de 1979 y llevado al centro clandestino de detención que funcionaba en la Esma. Permanece desaparecido. El 17 de diciembre de 1977 Carlos Valladares murió en el Aeropuerto de Carrasco tras ingerir una pastilla de cianuro para evitar ser secuestrado.

1.13- El 15 de diciembre a las 8.30 horas Rosario Quiroga y Rolando Pisarello salieron de su casa hacia la avenida Gianatassio con el propósito de trasladarse a Montevideo en autobús. Al llegar a la ruta un grupo de hombres de civil que estaban a sus espaldas les dio la voz de alto. Ambos cruzaron la ruta intentando escapar, pero fueron interceptados por otro grupo de hombres armados apostado tras la caseta de la parada de autobuses que dispararon contra ellos. Fueron capturados e introducidos a los golpes en un furgón, luego de ser atados y amordazados. A Quiroga le abrieron la cabeza de un culatazo.
Ambos fueron llevados aun centro clandestino de detención ubicado en una casa vieja, con apariencia de castillo medieval, ubicado en las cercanías del aeropuerto de Carrasco, conocido como “el Castillito de Carrasco”. Allí fueron alojados en el sótano, sometidos a torturas e interrogados por oficiales del SID y oficiales argentinos integrantes del Grupo de Tareas que actuaba en la Esma.

1.14.- El operativo de las Fuerzas Conjuntas de Uruguay ejecutado en la mañana del 15 de diciembre dio inicio a una serie de acciones de caza de ciudadanos argentinos refugiados en Uruguay. En las primeras horas de la tarde, cuando se dirigían en auto hacia el balneario de Lagomar, a la altura del km 18,500 de la Avenida Gianattasio fueron interceptados dos militantes montoneros: el ex diputado peronista Jaime Feliciano Dri y Juan Alejandro Barry, por miembros del Departamento III del SID e integrantes de la marina de la Argentina. Ambos intentaron escapar y fueron heridos. Dri fue capturado vivo, golpeado salvajemente, esposado y con los ojos vendados y encapuchado fue conducido al ya mencionado centro clandestino ubicado en las cercanías del Aeropuerto de Carrasco, donde fue torturado por personal militar uruguayo y argentino y posteriormente trasladado en avión a la República Argentina. Juan Alejandro Barry fue baleado y habría muerto en esos momentos a consecuencia de las heridas recibidas.

1.15.- En la madrugada del 16 de diciembre las fuerzas represivas realizaron un operativo en la casa de Lagomar. En ese momento se encontraban allí María del Huerto Milesi de Pisarello y su hija María Laura; Susana Mata de Barry y su hija Alejandrina, y las tres hijas de Rosario Quiroga, María Paula, María Elvira y María Virginia. Algunas versiones indican que Susana Mata habría muerto en el lugar, tras haber ingerido una pastilla de cianuro. María del Huerto Milesi y las criaturas que se encontraban en la casa fueron secuestradas fueron llevadas al centro clandestino de la zona de Carrasco. Alejandrina Barry fue entregada a sus abuelos el 29 de diciembre en el puerto de Montevideo. Las otras cuatro niñas, así como Milesi y Quiroga fueron llevadas clandestinamente a Buenos Aires.

1.16.- Otro operativo realizado ese mismo día en la vivienda del pianista argentino Miguel Angel Estrella Ávila Borges, ubicada en la Rambla de Montevideo, culminó con la detención de Estrella, Raquel Odasso, Luisana Beatriz Olivera y Jaime Luis Brancony.

1.17.- El 17 de diciembre, cuando ingresaba al Uruguay con un documento falso a nombre de Roberto Armando Medina Cornejo, fue reconocido por la policía de Migraciones del Aeropuerto de Carrasco, Carlos Augusto Valladares, quien era Secretario Político de la Columna Oeste del Gran Buenos Aires de la organización Montoneros. Para evitar ser detenido con vida, Valladares ingirió una pastilla de cianuro y murió en forma instantánea.

1.18.- Oscar Degregorio fue trasladado ilegalmente a la República Argentina en un helicóptero de la Armada Argentina que partió del Área Naval del Puerto de Montevideo, previo acuerdo de ambos comandantes de las fuerzas del mar. Este traslado clandestino se realizó el 17 de diciembre de 1977, según consta en el informe del 20 de septiembre de 2005 presentado por el Comandante en Jefe de la Armada vicealmirante Tabaré Daners al Presidente de la República Tabaré Vázquez (Archivo Secretaría de Seguimiento de la Comisión para la Paz, Tomo 4, pág. 101).
Existen constancias en Argentina de que Degregorio fue recluido en el centro clandestino de detención y desaparición que funcionó en la Esma bajo el mando de la Armada de ese país, luego trasladado al centro clandestino que funcionaba en Campo de Mayo, bajo el mando del Ejército de ese país, donde fue sometido a continuas torturas, y luego de un tiempo vuelto a la Esma, donde fue asesinado el 25 de abril de 1978.

1.19.- Tras permanecer secuestrados en el “El Castillito de Carrasco”, fueron conducidos clandestinamente a la Esma Rosario Quiroga y sus tres hijas en un avión; en otro, Jaime Dri, María del Huerto Milesi, Rolando Pisarello y la hija de ambos. Las niñas fueron posteriormente entregadas a sus familiares. Quiroga, Pisarello y Milesi permanecieron en calidad de detenidos-desaparecidos en la Esma hasta principios de 1979, mientras que Jaime Dri logró fugarse el 19 de julio de 1979, en la ciudad de Asunción, Paraguay.

1.20.- El 21 de diciembre Raquel Odasso, Luisana Beatriz Olivera, Miguel Angel Estrella y Jaime Luis Brancony fueron procesados por el Juzgado Militar de Instrucción de 2º Turno. Permanecieron detenidos en el Batallón de Infantería Blindado
Nº 13. El 22 de enero de 1978 fueron trasladados al Penal de Punta de Rieles Odasso y Olivera, y al Penal de Libertad Estrella y Brancony, donde permanecieron detenidos hasta que fueron expulsados del país en febrero de 1980.

1.21.-El 22 de diciembre de 1977 el Jefe del Departamento III del Servicio de Información de Defensa, José Nino Gavazzo, dio una conferencia realizada ante integrantes de los servicios de inteligencia uruguayos en la que informó que el jefe montonero capturado en el Puerto de Colonia vivía en el Uruguay con su compañera e hijas y que “se encontraba colaborando personal de la Armada argentina en relación con el detenido Jefe montonero”.

1.22.- El mismo 22 de diciembre, las Fuerzas Conjuntas emitieron el comunicado oficial Nº 1378 en el que daban cuenta sólo de algunos de los operativos perpetrados, en algunos casos citando a las víctimas por los nombres que figuraban en los documentos falsos. Los nombres de otras fueron omitidos, precisamente el de aquellos que fueron trasladados ilegalmente a Argentina: Rosario Quiroga y sus tres hijas; María del Huerto Milesi, Rolando Pisarello y la hija de ambos; Jaime Dri; Oscar Degregorio. En el comunicado oficial se cita a quienes fueron muertos: Susana Mata y Juan Alejandro Barry –de quienes dice que se autoeliminaron con pastillas de cianuro-, y a los detenidos que fueron procesados en Uruguay: Miguel Angel Estrella, Raquel Odasso; Luisana Olivera y Jaime Luis Brancony, También se “legalizó” la situación de Alejandrina Barry Mata, posteriormente es entregada a sus abuelos.

1.23.- Se considera pertinente mencionar en esta introducción, que además de los ya mencionados Lila y Claudio Epelbaum y Oscar Degregorio, ciudadanos argentinos secuestrados en Uruguay y trasladados a Argentina que permanecen desaparecidos -y sin que esta enumeración excluya la posibilidad de que otros argentinos hayan sufrido igual destino-, María Catalina Benassi de
Franco y Manuel Eduardo García (secuestrados el 29 de septiembre de 1978), Mónica Grispon de Logares y Claudio Logares, junto con la hija de ambos, Paula, fueron secuestrados en Uruguay y llevados a Argentina. Grispon y Logares estuvieron recluidos en el centro clandestino Brigada de San Justo, hasta que desaparecieron definitivamente en el Pozo de Bánfield (en la provincia de Buenos Aires, centro clandestino en el cual también desaparecieron muchos ciudadanos uruguayos). Paula Logares fue apropiada por el subcomisario de la Policía de la Provincia de Buenos Aires Rubén Luis Lavallén, integrante del electo represivo de la Brigada de San Justo. En 1984 Paula fue ubicada por su familia y recuperó entonces su identidad.
Sin otro particular lo saluda con la más alta estima
Por la Secretaria de Derechos Humanos y Políticas Sociales del PIT/CNT

Rechazan extradicción de represor peruano de la Operación Cóndor

2012-04-06T00:39:00.001-07:00

RECHAZARON LA EXTRADICION DEL PERUANO FRANCISCO MORALES BERMUDEZ
Un dictador a salvo en Lima

El juez federal Norberto Oyarbide había reclamado la extradición del dictador peruano Francisco Morales Bermúdez por su participación en el Plan Cóndor, pero la Corte Suprema de su país se negó al pedido.

Por Carlos Noriega. Desde Lima

El ex dictador peruano Francisco Morales Bermúdez se salvó de la extradición a la Argentina para responder por el secuestro y deportación a este país, durante la dictadura militar, de trece opositores a su régimen. La extradición del general Morales Bermúdez había sido pedida por el juez federal Norberto Oyarbide, quien enmarcó la deportación de los trece peruanos dentro del Plan Cóndor. Gracias a un fallo a su favor de la Sala Penal de la Corte Suprema del Perú, el dictador no tendrá que responder a los tribunales argentinos por este caso. La Corte Suprema pasó el expediente a la fiscalía y así dejó abierta la puerta para que el general de 90 años sea juzgado por la Justicia peruana, pero esa posibilidad parece lejana. “Estoy muy agradecido a Dios y expreso mi reconocimiento a la Corte Suprema”, dijo el dictador Morales Bermúdez apenas se conoció el fallo judicial que lo salvó de la extradición.

“Los argumentos de la Corte Suprema para negar la extradición de Morales Bermúdez carecen de sustento jurídico. Es inverosímil. Es clarísimo que fuimos víctimas de un secuestro político para entregarnos a un ejército extranjero. El partido aprista (del ex presidente Alan García) y los sectores más conservadores han operado en los medios de comunicación para presionar en contra de la extradición de Morales Bermúdez. Que el Poder Judicial peruano diga que pasa el caso a la fiscalía para que investigue es una forma de congelar el tema. En el Perú no existen condiciones para que Morales Bermúdez sea juzgado. La Justicia argentina debería insistir en la extradición”, le dijo a Página/12 Javier Diez Canseco, líder del Partido Socialista y congresista de la coalición oficialista Gana Perú, quien fue uno de los trece peruanos secuestrados y enviados a una prisión militar a la Argentina durante la dictadura de Jorge Rafael Videla.

En mayo de 1978, la dictadura de Morales Bermúdez –quien en agosto de 1975 había derrocado al general reformista Juan Velasco Alvarado e iniciado un proceso para desmontar las reformas económicas y sociales del régimen velasquista– se debatía en una grave crisis producto de un amplio descontento popular. Luego de una contundente huelga general que paralizó el país, la dictadura anunció la convocatoria a elecciones para una Asamblea Constituyente y la transferencia del gobierno a los civiles en 1980. Es en ese contexto que, el 25 de mayo de 1978, cuando los peruanos se preparaban para acudir a las urnas, la dictadura de Morales Bermúdez secuestró a diez dirigentes de izquierda y líderes sindicales –varios de ellos candidatos a la Constituyente–, a dos almirantes velasquistas y a un periodista y los expulsó en un avión militar a la Argentina para entregárselos a Videla.

Los trece peruanos llegaron a Jujuy y fueron encarcelados en el Regimiento de Infantería de Montaña 20. Allí les dijeron que eran “prisioneros de guerra”. En el Perú nadie conocía su paradero. Después de varios días de estar detenidos en Jujuy, los peruanos fueron llevados a Buenos Aires y recluidos en los sótanos de la Policía Federal. “Fuimos encarcelados en una celda de dos metros por un metro y medio, con una plancha metálica como puerta, un camastro y una bomba de luz que estaba siempre prendida, para que perdamos la noción del tiempo. Recibíamos una comida al día. Estábamos incomunicados. Desde la celda se escuchaban los gritos de otros detenidos en ese centro de reclusión”, recuerda Diez Canseco.

La detención de los peruanos en Argentina se conoció porque un diario de Jujuy publicó una foto de la llegada del avión militar peruano con los detenidos. “Esa publicación que revelaba nuestra detención en Argentina fue un hecho central. No sé si eso fue lo que impidió nuestra desaparición, pero ayudó mucho”, dice Diez Canseco. Conocido el paradero de los secuestrados, comenzaron las gestiones para conseguir su liberación, la que se obtuvo cerca de un mes después. En esa tarea, la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados tuvo un papel central. Una vez en libertad, los peruanos viajaron a distintos países.

Morales Bermúdez ha justificado la deportación de los trece peruanos y niega la participación de la dictadura peruana en el Plan Cóndor. Pero hay otros hechos que también comprometen a Morales Bermúdez con la coordinación represiva de las dictaduras del Cono Sur. El 15 de abril de 1977, el argentino Carlos Maguid, refugiado en Perú, donde trabajaba como profesor de sociología en la Universidad Católica de Lima, fue secuestrado en una calle de Lima y desaparecido. Maguid, casado con Nélida Arrostito, hermana de Norma Esther Arrostito, dirigente montonera asesinada por la dictadura de Videla, había sido acusado por la dictadura de participar en el operativo de secuestro del dictador Pedro Aramburu. En junio de 1980, un mes antes que la dictadura entregue el poder a los civiles, fueron secuestrados en Lima los argentinos Noemí Gianotti de Molfino, María Inés Reverta y Julio César Ramírez. Gianotti de Molfino apareció muerta en un hotel de Madrid. De los otros dos hasta ahora no se sabe nada. Por este caso existe desde el año 2007 un pedido de extradición contra Morales Bermúdez de la Justicia de Italia –Gianotti de Molfino también tenía ciudadanía italiana– que el ex presidente Alan García rechazó. En su libro Muerte en el Pentagonito (nombre con el que se conoce a la comandancia general del ejército), publicado en 2004, el periodista Ricardo Uceda cita el testimonio del agente de la Inteligencia peruana Arnaldo Alvarado, quien revela que los tres argentinos fueron secuestrados en un operativo conjunto de los ejércitos de Perú y Argentina y torturados en instalaciones del ejército peruano. Un informe desclasificado de la CIA señala que la dictadura de Morales Bermúdez formó parte del Plan Cóndor.

Hay muchas cosas por las que el ex dictador Morales Bermúdez debe responder, pero, al menos por ahora, ha quedado libre de hacerlo gracias al fallo de la Corte Suprema del Perú y el apoyo que le ha dado la derecha peruana

“Este lugar es el pedacito de verdad que me queda”

2012-03-22T23:46:00.004-07:00

Macarena Gelman estuvo presente en el acto que se desarrolló esta mañana en el ex centro de detención clandestino del Servicio de Información de Defensa (SID). “Este lugar es la única conexión física con la historia, es el único lugar donde estuve con mi mamá”, expresó.

La primera parte del acto de reconocimiento de responsabilidad del Estado por la desaparición de María Claudia García de Gelman, nuera del poeta y madre de Macarena, tuvo lugar esta mañana el ex SID. En ese lugar, durante la dictadura funcionó el centro de detención clandestino y en el futuro se ubicará la sede de la Institución Nacional de Derechos Humanos.

Ante autoridades de gobierno y numeroso público que acompañó a Macarena Gelman y al poeta argentino, se descubrió una placa en cumplimiento de la resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que recuerda el momento en que María Claudia estuvo detenida en ese lugar y estando embarazada dio a luz a su hija Macarena. “En memoria de María Claudia García de Gelman y de todas las personas victimas del terrorismo de Estado que estuvieron privadas de su libertad en este edificio”, señala la placa.

“Este lugar es la única conexión física con la historia, es el único lugar donde estuve con mi mamá [...] verlo es demoledor, sobran las palabras”, expresó Macarena al finalizar la recorrida.

La joven destacó la importancia de que este lugar ya que puede ser visitado por todos los ciudadanos y “que se sepa qué pasó acá”.

Al ser consultada sobre su relación con Julio Barboza, ex soldado de la SID y encargado de guiar a los presentes en la recorrida, Macarena indicó que tiene comunicación con Barboza y con otras personas desde hace mucho tiempo. Esos contactos le permitieron obtener datos de primera mano acerca de su nacimiento y de su madre. “Yo les agradezco que me hayan permitido llegar acá hoy y saber efectivamente dónde estuve”. Barboza trabajaba como escribiente en este edificio donde María Claudia estuvo detenida y donde dio a luz a Macarena, presuntamente el 1 de noviembre de 1976.

“Este lugar es el pedacito de verdad que me queda”, dijo Macarena emocionada. ”Con este acto tan simbólico se concretan cosas que vienen siendo reclamadas desde hace más de cinco años”, agregó.

Denuncian en Argentina a dos exdictadores uruguayos por violación a DDHH

2011-10-13T22:18:00.000-07:00

Un exdetenido uruguayo denunció este jueves penalmente ante la justicia argentina a dos expresidentes, varios diplomáticos y militares de su país por participar en el Plan Cóndor de coordinación represiva entre las dictaduras del Cono Sur en la década del 70.

"Presenté la denuncia que involucra a dos expresidentes, a dos exembajadores, cinco excónsules y nueve agregados militares además de otro medio centenar de represores que trabajaron en Buenos Aires entre las décadas del 70 y 80", dijo Sergio López Burgos a la salida de los tribunales.

Los dos exmandatarios de facto son Gregorio Álvarez (1981-1985), detenido en su país, y el fallecido Juan María Bordaberry (1973-1976), aunque en Argentina las causas penales caen en caso de muerte del acusado.

"Tengo muchas expectativas con esta denuncia, porque acá en Argentina hay una legislación clara que considera los delitos de lesa humanidad imprescriptibles", dijo López Burgos, quien vive en Montevideo.

López Burgos pidió además que se revoque la prisión domiciliaria a Manuel Cordero, único detenido uruguayo en Argentina por el Plan Cóndor, y entregó al juzgado de Norberto Oyarbide un video de la TV de su país donde se lo ve saliendo de su casa.

Según el denunciante, la embajada de Uruguay en Argentina funcionó como sitio de coordinación de secuestros, en base a maniobras de inteligencia sobre ciudadanos que se presentaban para hacer trámites como la renovación de pasaportes.

López Burgos aportó cajas de documentación sobre 123 casos de uruguayos secuestrados en Argentina y luego trasladados a su país, muchos de los cuàles están desaparecidos.

Se trata de testimonios y documentos encontrados en diferentes archivos oficiales de Uruguay "que demuestran que las órdenes para secuestrar uruguayos comenzaron en 1974", precisó López Burgos.

El denunciante estuvo detenido en Automotores Orletti, un centro clandestino de la dictadura argentina por donde pasaron víctimas del Plan Cóndor.

El juicio oral por la causa del Plan Cóndor aún no tiene fecha.

Desde la anulación en 2003 de las leyes de amnistía, en Argentina se reabrieron las causas por crímenes en la dictadura y se están llevando a cabo varios juicios simultáneos en todo el país

La historia del represor Cabanillas, condenado en la causa de Orletti

2011-04-03T18:37:00.000-07:00

De a pedacitos apareció la verdad y llegó la justicia

La realidad completa de Cabanillas, uno de los oficiales que comandaba el campo de concentración de la Operación Cóndor, fue conociéndose por retazos que pudieron armarse después de las cartas públicas de Gelman. Los detalles.
Por Martín Granovsky

La condena a prisión perpetua del ex general Eduardo Cabanillas, el jueves último, es parte de una larga historia que ilustra cómo fue construyéndose socialmente la plataforma que permitió juzgar a todos los represores acusados por delitos de lesa humanidad. El inicio fueron las cartas públicas de Juan Gelman al entonces jefe del Ejército, Martín Balza, que Página/12 reprodujo en 1999.

En abril del ’99, Gelman había acusado a Cabanillas, que era general de división y jefe del Segundo Cuerpo con asiento en Rosario, como responsable mediato del robo de su nieta, la criatura de su hijo Marcelo y su nuera María Claudia, secuestrados en 1976 en el campo de concentración Automotores Orletti, en Venancio Flores y Emilio Lamarca, del que el entonces capitán era subjefe. Por sus acciones en Orletti es que fue condenado el jueves a perpetua.

Balza, que hoy es embajador en Colombia, llamó entonces por teléfono a Gelman y se puso a su disposición. Pero el camino hacia la Justicia civil debió remover muchas barreras de casta. Cabanillas intentó esquivar la Justicia gracias a la complicidad del Tribunal de Honor del Ejército, que lo investigó por dos “faltas”, definidas de este modo por el propio general de división:

n La primera, “faltar a la verdad al jefe del Estado Mayor del Ejército, a mis camaradas y a la sociedad en general, al negar mi participación en 1976 en un presunto lugar de reunión de detenidos”.

n La segunda falta, “ocultar y/o adulterar tal antecedente de mi legajo personal, para facilitar mis sucesivos ascensos”.
Contradicciones

Pero cuando aparecen papeles sostener una falacia es más complicado. Cabanillas dijo en 1999 ante el Tribunal de Honor que él nunca había ocultado la verdad, ni siquiera en la declaración que prestó en 1977 en un sumario militar. El dato clave es que el propio Gelman había aportado ese expediente. Allí Cabanillas reconoció que revistaba en un organismo llamado OT 18, dependiente de otro llamado OT 1, a cargo del teniente coronel Rubén Visuara. El general siempre negó que la OT 18 tuviera algo que ver con Orletti. Pero cuando se desató el escándalo, concedió un reportaje al diario La Mañana del Sur.

“Yo trabajé todo lo que era contrainteligencia”, dijo Cabanillas. “Se recibían en la SIDE nombres, gente que estaba trabajando en estas organizaciones defensoras de los derechos humanos. A partir de ahí, los grupos operativos, llámase Jardín o Automotores Orletti o los inorgánicos, operaban, sacaban gente y la ponían a disposición de la SIDE. Luego se les tomaba declaración y se los entregaba a la Justicia. Ese era el procedimiento que yo conocía.”
“Sin datos”

En cuanto al segundo cargo por el que Cabanillas intentó protegerse en el Tribunal de Honor, también es útil para dar cuenta de la transición democrática en la Argentina.

Tras la publicación de las cartas de Gelman, Página/12 consultó a la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos. Dos dirigentes, ya fallecidos, Alfredo Bravo y Simón Lázara, investigaron el caso y aportaron una conclusión valiosa para explicar por qué Cabanillas había podido seguir ascendiendo en democracia y sorteado todos los obstáculos en la Comisión de Acuerdos del Senado.

El truco era simple. Según la APDH, cada vez que el pliego del oficial llegaba al Congreso lo hacía con dos letras, s.d., que significa “sin datos”. Aludía al período en que Cabanillas había estado en comisión en la Secretaría de Inteligencia del Estado.

Frente al Tribunal de Honor declaró el general de brigada retirado Enrique Lusso, compañero en el Colegio Militar de Cabanillas y su amigo.

–No tenía actividades en ningún LRD –dijo Lusso como si todo el mundo entendiera–. LRD significa “Lugar de Reunión de Detenidos”. En castellano, campo de concentración.

El Tribunal formuló a Lusso sólo cuatro preguntas. Al coronel retirado Rubén Víctor Visuara le hizo siete. Igual a Visuara se le escaparon algunas precisiones. Dijo que no debía hablarse de OT 1 sino de A III 1 e informó que de él dependían un “grupo de apoyo a jefatura”, una “división reunión”, una “división interior”, una “división apoyo” y un “grupo guardia”.

En su conclusión, el presidente del Tribunal de Honor, Miguel Angel Viviani Rossi dijo que “Silva (es decir, el represor no militar subordinado a los militares Aníbal Gordon) y su gente operaban Orletti, pero revistaron o se ampararon en la OT 18”. Y que “Calmon y Cabanillas revistaron en la OT 18 pero no operaban ni conocían Orletti. El grupo Silva era operacional y secreto. La sigla, denominación o cartel OT 18 les venía bien para encubrir sus actividades. También les venía bien manifestar que la OT 18 tenía jefe y segundo jefe. Desviaban responsabilidades”.

Viviani Rossi aclaró que presidía “un tribunal de conciencia que se basa en la palabra de honor de todos los que declaran en este Tribunal Superior de Honor”, y dictó la absolución por este motivo: “Mi conciencia me dicta que el hoy general Cabanillas no faltó a la verdad cuando declaró sus actividades en la corta comisión que cumplió en la SIDE”.

Los generales retirados Alejandro Soria, Héctor Lubin Arias, Isaías García Enciso y Juan Mabragaña dieron su bendición.

Pero antes de esa decisión de casta, Balza decidió pasar a Cabanillas a disponibilidad, paso previo a su retiro, y pidió a la Justicia civil que investigara el tema.
A la Justicia

La decisión de Balza no tenía precedentes en ese momento. El propio jefe del Ejército enviaba a la Justicia federal el expediente del Tribunal de Honor sobre el general Eduardo Cabanillas. Y en otra decisión sin precedentes, la última página del expediente indicaba que Balza “no comparte” y “califica cuanto menos de excesivos” “algunos de los términos” de lo actuado por el Tribunal.

El documento, obtenido entonces por Página/12 en medios judiciales y publicado, tiene un párrafo que explica por qué todo el expediente puede interesarle a la Justicia. Dijo Balza: “Es criterio del suscripto que en el desarrollo de la investigación se habrían abordado aspectos que trascienden el marco fáctico que el específico campo del honor militar impone, motivo por el cual corresponde que tales antecedentes sean puestos en conocimiento del Juzgado Criminal y Correccional federal No 7 de la Capital Federal, a cargo del doctor Adolfo Bagnasco, por considerar que los mismos podrían resultar de interés en la causa que dicho magistrado instruye en relación a la desaparición de menores”.

Balza también evitó aprobar la absolución del Tribunal de Honor. El entonces jefe del Ejército consideró que como el Tribunal de Honor había absuelto a Cabanillas, era “inoficioso”, es decir superfluo e inútil, dictar una resolución especial que santificara a los santificadores de Cabanillas.

La entonces defensora del Pueblo porteño, Alicia Oliveira, una de las abogadas más experimentadas en causas de derechos humanos desde el primer día de la dictadura, también había tomado el tema como propio. Oliveira criticó que el Tribunal de Honor tuviera facultades para deliberar en secreto, que también fuera secreto el expediente y que hasta los términos exactos de la resolución final fuesen reservados. Para la abogada, la falta de control de los actos públicos es propia de sistemas tiránicos.

Alicia Oliveira llegó a advertir al entonces presidente Carlos Menem que si el expediente no se hacía público ella presentaría una demanda contra el Estado argentino ante el sistema interamericano de derechos humanos.

La publicidad de cada paso y la presión permanente de Gelman y de abogados y organismos de derechos humanos llevó a Balza para concluir, con su decisión de ese momento, que el honor militar no está por encima de las leyes y que la conciencia de un tribunal administrativo no basta para determinar la conciencia o la culpabilidad de un oficial sobre faltas mucho más severas que mentir.
Corporaciones

El Tribunal de Honor que absolvió a Cabanillas podría formar parte de un manual sobre corporaciones al margen de la ley. Nunca sancionó a nadie violar los derechos humanos pero sí castigó a oficiales que, incluso, antes de la autocrítica pública de Balza sobre el papel del Ejército, difundida en 1995, condenaron la represión durante la dictadura.

El Tribunal ni siquiera investigó por qué el entonces general de división sometido a su veredicto regalaba siempre un libro de la Agrupación Aunar, del represor Fernando Verplaetsen, que considera al Nunca Más un libro “anestesiante”. Balza consideró que regalar ese panfleto era, en sí misma, una causa suficiente para el pase a disponibilidad de un alto oficial. Fue ese hecho el que utilizó para separar a Cabanillas del Ejército y dejarlo sin protección ante la Justicia. Lo hizo por un radiograma comunicado al propio Cabanillas. Recién después lo informó al ministro de Defensa, Jorge Domínguez, que a su vez trasladó el dato a Menem.

“La misiva pública del señor Juan Gelman fue efectivamente conocida por mí en su oportunidad”, señaló ayer Balza en un texto que envió desde Colombia ante la consulta de este diario. “Habiendo comprobado la veracidad de las afirmaciones del distinguido poeta, procedí, en mi condición de máxima instancia jerárquica de la Fuerza, a relevar del mando al general Cabanillas y a disponer su pase a situación de retiro, aun con la oposición del entonces ministro de Defensa.”
Los castigados

Los ex capitanes José Luis D’Andrea Mohr, ya fallecido, y Federico Mittelbach, conocieron en cambio la severidad del Tribunal de Honor. En los primeros años de la democracia D’Andrea tildó de “heroicas” a las Madres de Plaza de Mayo y de “cobardes” a las juntas militares. Igual que Juan Jaime Cesio, un valiente oficial que siempre condenó la masacre de civiles, D’Andrea fue descalificado por “falta gravísima al honor”. Apeló ante Miguel Angel Viviani Rossi (el mismo portador de conciencia que absolvió la conciencia de Cabanillas) y éste interpretó que D’Andrea era “un soberbio y un irrespetuoso”. Después, el Consejo de Guerra tomó el expediente del Tribunal de Honor y le quitó el grado a D’Andrea. Ya como ex capitán, se dedicó a investigar, con resultados concretos, la desaparición de conscriptos durante la dictadura.

El Viviani Rossi del Tribunal de Honor era padre del Viviani Rossi que fue segundo de Cabanillas cuando el general ofendido en su honor era comandante del Segundo Cuerpo de Ejército. También es el mismo que, cuando presidía Salto Grande, bautizó las turbinas con el nombre de sus hijas.

En Uruguay la sentencia de Automotores Orletti choca con la ley de la caducidad

2011-04-02T07:16:00.000-07:00

El Tribunal Oral Federal Nº 1 (TOF 1) de la Capital Federal dispuso la condena a "prisión perpetua" del general (r) Eduardo Cabanillas; 25 años de prisión de los ex agentes de la SIDE Eduardo Rufo y Honorio Martínez Ruiz, y 20 años de prisión del ex integrante del Batallón 601 de Inteligencia del Ejército, Raúl Gulielminetti.

En este sentido, las penas fueron graduadas por el nivel de participación de los cuatro integrantes del régimen dictatorial argentino, en la represión desatada en el centro clandestino de detención, según el fallo emitido por los ministros Adrián Grunberg, Oscar Amirante y Jorge Gettas.

Cabanillas, ex jefe de "Automotores Orletti", fue condenado como "participe necesario" penalmente responsable de cinco delitos de "homicidio calificado por su comisión con alevosía", 29 delitos de "privación ilegítima de libertad (...) agravadas por mediar violencia y amenazas" y de "imposición de tormentos" (torturas).

En tanto, Martínez Ruiz fue enjuiciado como "participe necesario" de 65 delitos de "privación ilegítima de libertad" y 60 casos de imposición de tormentos, mientras Ruffo fue condenado por los mismos delitos, pero en calidad de "coautor". Por su parte, Guglieminetti, alias "mayor Guastavino", fue condenado por 25 delitos de "privación ilegítima de libertad" y 21 casos de torturas. Todos los hechos fueron agravados por tratarse de ex funcionarios públicos.

El centro clandestino de detención "Automotores Orletti" estuvo bajo la órbita del fallecido ex jefe de la Triple A, Aníbal Gordon, y dependía funcionalmente de la SIDE, siendo uno de los centros de operaciones de los servicios represivos uruguayos para la persecusión de exiliados políticos en Argentina.

Por las entrañas de OT 18 desfilaron unos 200 presos políticos de diversas nacionalidades, entre ellos, decenas de uruguayos víctimas de la represión trasnacional desatada, en el marco del "Plan Cóndor". Una treintena de uruguayos declararon en el juicio oral.

Un poco de paz
Macarena Gelman, hija de Marcelo Gelman y María Claudia García, ambos víctimas de la represión desatada en "Orletti", aseguró que el fallo del TOF 1 "colabora a tener un poco más de paz". "Es un tramo del juicio que fue cumplido, hemos obtenido un poquito más de justicia (pero) esto sigue y uno puede estar tranquilo que estas causas puedan tener un buen desenlace".

En este sentido, Gelman afirmó que el actual desenlace se produce porque en Argentina los juicios por los crímenes de la Dictadura fueron declarados como "una política de Estado". "En Uruguay lamentablemente no existen políticas de Estado (en materia de derechos humanos), lo que no significa que no se haga nada, pero es insuficiente", señaló.

Empero, la búsqueda de verdad y justicia torna necesario impulsar una política integral en materia de investigación de los crímenes de la Dictadura. "No es que sacando la Ley de Caducidad, mágicamente, todo se va a hacer. Esto lleva trabajo", dijo. Eduardo Cabanillas estuvo directamente vinculado con el crimen de Marcelo Gelman, en tanto Honorio Martínez Ruiz visitó a Maria Claudia García, cuando ya había sido trasladada clandestinamente al Uruguay.

Otros parientes de los desaparecidos durante la Operación Cóndor aplauden al escuchar el veredicto

Eduardo Cabanillas, Honorio Martínez Ruiz, Eduardo Alfredo Ruffo y Raúl Guglielminetti fueron condenados por su participación en un centro clandestino donde fueron alojados decenas de sudamericanos víctimas del Plan Cóndor.

El ex general Eduardo Cabanillas fue condenado a prisión perpetua por ser el responsable del centro de represión “Automotores Orletti", que funcionó entre junio y noviembre de 1976 durante la dictadura (1976-1983) y por el cual pasaron víctimas del Plan Cóndor.

Además, el Tribunal argentino sentenció al ex policía del servicio de inteligencia Raúl Guglielminetti a 20 años de cárcel y a los agentes civiles de inteligencia Eduardo Ruffo y Horacio Martínez Ruiz a la pena de 25 años de cárcel cada uno, por secuestros y torturas.

El centro de exterminio funcionó entre junio y noviembre de 1976, en plena dictadura argentina (1976-1983), en un ex taller mecánico conocido como “Automotores Orletti” en el barrio de Floresta. Fue alquilado por la secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE) y los militares lo llamaban sarcásticamente "El jardín". El local, donde hoy funciona un centro para la memoria, cerró luego de que una pareja de secuestrados pudo huir en medio de un tiroteo y exiliarse en México.

La esencia del Plan Cóndor "estuvo presente a lo largo del juicio con testimonios y documentación, entre ellos, un responsable de los documentos desclasificados del Departamento de Estado, Carlos Osorio. De su testimonio surge claramente el plan criminal elaborado por las dictaduras sudamericanas", declaró Rodolfo Yanzón, uno de los abogados de la querella.

Yanzón señaló que han pedido la pena máxima de prisión perpetua, para el general retirado Eduardo Cabanillas, y de 25 años de cárcel para tres ex policías y agentes de inteligencia que actuaron en el centro clandestino.

"Por Automotores Orletti pasaron más de un centenar de opositores sudamericanos, la mayoría uruguayos, pero también chilenos, bolivianos, peruanos y dos funcionarios de la embajada de Cuba. Muchos testimonios denunciaron que militares de otros países los torturaban" en ese centro de detención, declaró el abogado.

En este juicio se ventila el homicidio, entre otros, del hijo del poeta y periodista argentino Juan Gelman, Marcelo, cuyos restos aparecieron en 1989 dentro de tambores hundidos en el Río Luján, ubicado a 60 km al oeste de Buenos Aires.

En cambio, no incluye el secuestro y desaparición de María Claudia García, la nuera del poeta quien tenía 19 años y estaba embarazada de siete meses cuando fue trasladada clandestinamente desde Orletti a Montevideo, donde dio a luz a Macarena, apropiada por un policía uruguayo y que recuperó su identidad en 2000.

UN SISTEMA ENTRE LAS DICTADURAS REGIONALES

El Plan Cóndor fue un sistema de coordinación en el cual las dictaduras sudamericanas intercambiaban información y, en muchos casos, realizaban operativos conjuntos para la detención o desaparición de opositores en sus respectivos territorios.

En Argentina, además del juicio por el centro Orletti, hay una causa abierta que ventila en forma directa las violaciones a los derechos humanos en el marco del Plan Cóndor que tiene como víctimas a 16 argentinos, 48 uruguayos, 13 paraguayos, 9 bolivianos, 21 chilenos, un ecuatoriano y un peruano, según la fiscalía del caso.

Un militar retirado uruguayo, Manuel Cordero, acusado de participar de actos represivos en territorio argentino en la década de 1970, fue extraditado de Brasil a Argentina a comienzos de 2010.

LA LEY DE CADUCIDAD DE URUGUAY

Luego de la dictadura de 1973 a 1985, el gobierno uruguayo sancionó la llamada Ley de Caducidad de la Pretensión Punitiva del Estado, por la cual el Estado renunciaba a investigar y condenar las violaciones a los derechos humanos. La norma obliga a los jueces a consultar al Poder Ejecutivo qué casos de violaciones de los derechos humanos pueden ser juzgados y cuáles no.

En Montevideo, más de cien personas que se congregaron en la embajada argentina para escuchar el fallo argentino -transmitido en vivo, al aire libre y a través de una pantalla gigante- recibieron la noticia con discretas reacciones y algunos abrazos.

"Este juicio tenía una carga muy importante, estaba relacionado directamente, además de con el cautiverio de mis padres, con el asesinato de mi papá y fundamentalmente con la condena de Cabanillas", declaró Macarena Gelman, nieta del poeta Juan Gelman, cuyo padre desapareció durante la dictadura argentina.

POLITICA

Sobrevivientes uruguayos reconocen a la Argentina por hacer justicia

Sobrevivientes uruguayos de "Automotores Orletti" expresaron hoy en Montevideo su reconocimiento hacia la Argentina, por hacer justicia con la condena a cuatro represores de ese centro clandestino de tormentos y exterminio de la última dictadura militar, dictada ayer.

"Viví la sentencia de buena gana, no voy a decir que disfrutando, porque no disfruto con la cárcel de nadie. Pero sí me alegró muchísimo que se haga justicia, y que se empiecen a aclarar las cosas, por lo menos en la Argentina", dijo a Télam Alicia Varela.

La ex detenida-desaparecida señaló que "este juicio en particular tiene que ver con nuestros compañeros (uruguayos) que están desaparecidos y bueno, sueño con que esto siga avanzando, que estas cosas sean puntas para seguir investigando y que se sepa la verdad, que es lo que todos estamos buscando".

Sergio López Burgos, secuestrado en Orletti en la época del denominado "primer vuelo", uno de los traslados ilegales de prisioneros políticos de Buenos Aires a Montevideo, sostuvo que estas condenas "son un capítulo que sana el dolor de las víctimas y que da un mensaje a la sociedad argentina, también".

"Y creo que otra gente también va a ser detenida a partir de esta causa, lo que permite un trabajo más fluido, sin presionar los plazos judiciales", estimó en línea con los otros sobrevivientes del terrorismo de estado entrevistados por esta agencia.

López Burgos recordó que "Orletti era un centro donde operaban unas 100 personas y entre los represores que hay detenidos en Uruguay y en Argentina suman 16 o 17. Algunos de los responsables murieron pero otros siguen estando afuera".

Camuflada como taller mecánico en una casona del barrio porteño de Floresta, Orletti fue base operativa del Plan Cóndor, la coordinación represiva de las dictaduras del Cono sur que en los `70 y `80 persiguió, secuestro, torturó y asesinó a opositores políticos como una "trasnacional" del terrorismo de estado.

Por el tenebroso centro clandestino pasaron unos 200 detenidos-desaparecidos argentinos, uruguayos, chilenos, bolivianos, peruanos y de otras nacionalidades, entre ellos también dos diplomáticos cubanos secuestrados en Buenos Aires.

López Burgos evocó la reapertura en 2005 de la causa en Buenos Aires, en la que fue parte de unos 30 testigos uruguayos, y anticipó a Télam que prepara con compatriotas otra presentación ante la Justicia argentina por el Plan Cóndor, con documentación que reunieron durante cuatro meses en la Cancillería de su país.

"Aparecen datos sorprendentes que muestran que (la coordinación represiva de las dictaduras) estaba mucho mejor armada de lo que se pensaba", y que utilizaba "tanto canales militares como diplomáticos", explicó sobre esa evidencia reunida.

"Lo importante es continuar la política de derechos humanos, que no haya impunidad y juzgar a los responsables con todas las garantías democráticas, porque faltan todavía muchos otros capítulos", apuntó.

"Realmente se está haciendo justicia en la Argentina. Y se siente un gran pesar porque nosotros cotejamos qué es lo que está pasando todavía en nuestro país", expresó a su vez Beatriz Barboza, también secuestrada en Orletti a fines de los años `70.

Testigo en causas por violaciones a los derechos humanos desde hace 25 años, también en la que culminó esta semana, en Buenos Aires, Barboza agregó que "se está llegando a algunas verdades y sobre todo se está haciendo justicia con los responsables de una masacre que nos tocó a los uruguayos pero que diezmó a tantos argentinos".

"Para nosotros es fundamental reconocer la labor del gobierno argentino en este campo, la labor de los jueces y el Estado como tal en todo lo que significó el arropar a las víctimas, en todo lo que fue la contención de los uruguayos que fuimos allá a declarar, porque son momentos muy difíciles, en los que se tocan cosas muy delicadas de los sobrevivientes", concluyó.

Penas entre 20 años y prisión perpetua para sólo 4 represores de Orletti

2011-04-01T12:12:00.000-07:00

Una condena que atraviesa fronteras

Eduardo Cabanillas, Honorio Martínez Ruiz, Eduardo Alfredo Ruffo y Raúl Guglielminetti fueron juzgados por los crímenes cometidos en el centro de exterminio en el que operaba la SIDE y fue base del Plan Cóndor en Argentina.

Por Alejandra Dandan
El fallo del Tribunal Oral Federal 1 dio por probada la privación ilegal de 65 víctimas.

Terminaban de oírse las condenas. Los cuatro acusados del centro clandestino que funcionó en Automotores Orletti se pararon después de escuchar la sentencia. En la parte de arriba de la sala, atiborrada sobre todo por las mujeres de los represores, se pusieron a cantar el Himno, como hacen en cada juicio. Abajo, en la sala, entre los pañuelos de las Madres de Plaza de Mayo, los hijos de los desaparecidos del centro de exterminio que fue base del Plan Cóndor en Argentina, entre los sobrevivientes, muchos llegados especialmente desde Uruguay, sonó el “Olé Olé” del “A dónde vayan los iremos a buscar”. Entonces, lentamente y en silencio empezaron a sonar, vivos, los nombres de los desaparecidos: ¡Gerardo Gatti! ¡Presente! ¡Dardo Zelarayán! Presente. ¡María del Carmen Pérez! ¡Presente! ¡Marcelo Gelman! ¡Presente!

El fallo del Tribunal Oral Federal 1, integrado por los jueces Jorge Gettas, Adrián Grumberg y Oscar Amirante, tuvo características históricas: entre otras cosas porque dio por probada la privación ilegal de 65 víctimas del Plan Cóndor, la coordinación represiva entre las dictaduras del Cono Sur. En términos generales, respondió además a los pedidos planteados por las querellantes de los organismos de derechos humanos que representan a las víctimas y al de la fiscalía de Guillermo Friele y Mercedes Soysa Reilly. Sólo en el caso de Raúl Guglielminetti la pena fue más leve: habían pedido 25 años de prisión y el TOF dio 20 años. Aun así, cada quien consideró que fue una de las condenas más duras: Guglielminetti, que era agente del 601 y operó en distintos centros clandestinos, estuvo en 1976 en Orletti, pero se lo juzgó por su actuación sólo durante cinco días. El TOF le imputó 20 años por 25 casos.

La lectura de la sentencia empezó minutos antes de las siete de la tarde. A esa altura se habían sentado los cuatro acusados. Eduardo Cabanillas, el único acusado con grado militar, ex general, que operó como jefe del OT18 –en la práctica el centro clandestino–, entró con traje y corbata, saludando como en un estadio, con los brazos en alto y tirando besos al aire. Lo siguieron Honorio Martínez Ruiz y Eduardo Alfredo Ruffo, los dos agentes de la SIDE, la mano de obra del centro de exterminio. Al final entró Guglielminetti, el agente del 601, ya condenado por su intervención en el circuito del Atlético Banco y Olimpo.

Arriba, entre las mujeres, Cecilia Pando le decía a una de sus colegas que se quedara en su asiento. La mujer estaba parada y a punto de armar un escándalo porque desde las pantallas veía entre el público a los pañuelos de las Madres de Plaza de Mayo. Metros atrás, murmuraba Bernardo Menéndez. Condenado a prisión perpetua en la causa de los Jefes de Area y quien sigue en libertad por cuestiones procesales, hasta hace unas semanas trabajó de abogado del ex militar Rubén Visuara, ahora muerto, pero quien fue jefe de Cabanillas en la estructura represiva que dependía orgánicamente de la SIDE de Otto Paladino.

Cuando todo el mundo ocupó su lugar, Gettas, presidente del tribunal, leyó la sentencia. Pese a que aún no se conocen los fundamentos, el TOF liberó a los represores de algunos cargos al parecer porque equiparó los tormentos sólo a la figura de la tortura física, una definición que los acusadores creen acotada porque no contempla aspectos como el encierro, la alimentación y las demás características que se les impuso a los prisioneros durante su cautiverio.
El fallo

Cabanillas fue condenado a prisión perpetua e inhabilitación absoluta y perpetua por cinco homicidios. Le imputaron además la privación ilegal de la libertad agravada, reiterada en 29 oportunidades, cuatro de las cuales se extendieron durante más de 30 días.

Fue el único de los cuatro que recibió perpetua, porque es el único condenado por homicidios. Fue acusado por los asesinatos de lo que se conoce como los cinco tambores del río Luján, un grupo de prisioneros de Orletti arrojados allí en octubre de 1976 y descubiertos por un prefecto e identificados en 1989. Entre ellos estaban muchos de los nombres que se gritaron a la noche en la sala de audiencias: los mellizos Gustavo y Ricardo Gayá, Marcelo Gelman, Dardo Albeano Zelarayán y Ana María del Carmen Pérez, arrojada con un tiro en la panza, con un embarazo de nueve meses, la única embarazada encontrada hasta aquí en ese estado, según explicaron durante el debate los integrantes del Equipo de Antropología Forense.

En ese escenario, lo que a ojos de la fiscalía, el TOF dio por probado en cuanto a Cabanillas son no sólo los hechos, sino su rol: operó como jefe del OT18, como autor intermedio o nexo de la cadena de mandos que hacia arriba tenía a Visuara y a Otto Paladino y hacia abajo a la patota operativa o autores directos, integrada por Aníbal Gordon, que ya está muerto, a Ruffo, Martínez Ruiz y a Guglielminetti.
La salida

–Señores –dijo el presidente del TOF–, el juicio ha terminado.

En la sala estaban muchos de los que habían sido testigos durante las audiencias, las víctimas, los abogados. Los HIJOS. El Tano Santucho corrió a abrazar a la uruguaya Sara Méndez, y una voz empezó a recorrerlo todo, anunciando que ayer era además el día de su cumpleaños. Sara estuvo secuestrada en Orletti y le robaron a su hijo Simón, a quien recuperó después de veinte años. “Yo siempre digo que la justicia cuando llega tarde no es justicia –dijo–, porque con la extensión de los años se alarga la impunidad, pero en este caso es un paso más, y es la lucha lo importante.” Otra de las uruguayas caminaba hacia la salida. Iba a sumarse al escenario de HIJOS que trasmitió lo que sucedía en el interior. “Creo que es importante”, decía Elba Rama. Ella viajó de Uruguay especialmente para escuchar la sentencia. Quería estar, hacerse presente, como un reconocimiento al colectivo de quienes llevaron adelante el juicio, a la fiscalía, dijo, a la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación. Elba estuvo en Orletti con Carlos y Manuela Santucho. Estuvo detenida del centro clandestino que funcionó en la SIDE uruguaya poco después con María Claudia García Irureta Goyena, la madre de Macarena Gelman.

Afuera, frente al edificio de tribunales de Comodoro Py, Edy Binstock abrazaba a uno de los hijos de los Gayá. En el escenario, una de las madres de Plaza de Mayo habló de los juicios. Blanca Santucho dio vueltas entre los familiares. Alguien cantó el feliz cumpleaños para Sara.

Los condenados

- Eduardo Rodolfo Cabanillas. General de división retirado del Ejército, capitán durante la dictadura. Fue jefe de la base “Operaciones Tácticas 18” de la SIDE, de la que dependía el centro clandestino Automotores Orletti. Responsable de cinco homicidios calificados por alevosía, privaciones ilegales de la libertad y tormentos en 18 casos. Fue detenido en septiembre de 2006. Fue condenado a prisión perpetua.

- Eduardo Alfredo Ruffo. Alias “Zapato” o “Capitán”. Ex miembro de la Triple A y ex agente de inteligencia de la SIDE. En 1985 fue condenado a seis años de prisión por la apropiación de Carla Rutilo Artés, hija de Graciela Rutilo Artés, quien fue secuestrada en Bolivia, entregada a militares argentinos y vista por última vez en Orletti. Continuó en la SIDE en democracia, al servicio de Hugo Anzorreguy. Fue condenado a 25 años de prisión.

- Honorio Carlos Martínez Ruiz. Alias “Pájaro”. Ex miembro de la Triple A y ex agente de inteligencia de la SIDE. Partícipe necesario en 65 privaciones ilegales de la libertad y tormentos agravados. Estaba preso desde 2005 por el robo de cajas de seguridad del Banco Nación cuando el juez Daniel Rafecas ordenó su detención. Fue condenado a 25 años.

- Raúl Antonio Guglielminetti. Alias “Mayor Guastavino”. Personal civil de inteligencia del Ejército. Actuó en La Escuelita de Neuquén. Al servicio del Batallón de Inteligencia 601, actuó en varios centros clandestinos. En los últimos años de la dictadura y tras el retorno de la democracia se dedicó a los secuestros extorsivos. Símbolo de la mano de obra de la guerra sucia reciclada en democracia, fue custodio del ex presidente Raúl Alfonsín e integró la oficina de inteligencia paralela del gobierno radical conocida como Grupo Alem. En 1985 fue detenido en España, luego se benefició con la Ley de Obediencia Debida, pero siguió preso hasta 1989 por tenencia de armas de guerra. Tras la reapertura de las causas de lesa humanidad, fue detenido en agosto de 2006. En diciembre de 2010 fue condenado a 25 años de prisión por delitos de lesa humanidad en el circuito represivo Atlético-Banco-Olimpo. En el juicio que concluyó ayer se le imputaban 25 privaciones ilegales de la libertad seguidas de tormentos agravados. Fue condenado a veinte años de prisión.

El jueves 31: veredicto

2011-03-28T04:51:00.000-07:00

ESTE JUEVES SE CONOCERA EL VEREDICTO EN LA CAUSA POR LOS CRIMENES COMETIDOS EN ORLETTI
Una ratonera para los refugiados políticos

El Tribunal Oral Federal 1 debe evaluar las pruebas presentadas por la fiscalía, que reveló documentos de la ex Dipba, la SIDE y el Departamento de Estado norteamericano. También mostró cómo operó la dictadura argentina con militantes de otros países de la región.

Por Alejandra Dandan

Dos de los cuatro represores juzgados por los crímenes cometidos en el centro clandestino de Automotores Orletti ya pronunciaron sus últimas palabras en el proceso. Eduardo Cabanillas dijo, la semana pasada, que habían transcurrido seis meses de juicio oral y estaba sentado ahí igual que cuando había llegado: sin entender por qué se lo juzga. Raúl Guglielminetti reivindicó, a su turno, a la dictadura militar. El próximo jueves se escuchará a otros dos imputados y pocas horas más tarde, ese mismo día, el veredicto del Tribunal Oral Federal 1. Entre los pedidos, el TOF deberá evaluar la enorme producción de pruebas documentales halladas –o revaloradas– durante el juicio. El fiscal Guillermo Friele y su adjunta Mercedes Soysa Reilly ensamblaron buena parte del material durante el alegato. Los datos tienen tres orígenes: la ex Dipba, la SIDE y el Departamento de Estado norteamericano. Revelan datos como el rol de Argentina como “ratonera” para los supuestos refugiados políticos. Pero además marcan el peso de los archivos, la urgencia de su desclasificación y, sobre todo, la necesidad de ámbitos donde cruzar información.

La fiscalía pidió 25 años de prisión para tres acusados: Guglielminetti, Honorio Martínez Ruiz y Eduardo Ruffo, que actuaron en el campo de exterminio. Para el general Cabanillas pidió, en cambio, condena a perpetua, como sucedió con las otras querellas.

Así como otros alegatos plantearon algunas novedades en planos más políticos o simbólicos, el fuerte de Friele fueron los documentos. Los análisis tuvieron básicamente tres fuentes: la SIDE –aunque muy escasa, con errores entre lo informado y lo documentado, según indicaron en la fiscalía–, la ex Dirección de Inteligencia de la Policía Bonaerense (Dipba) y los archivos desclasificados del Departamento de Estado norteamericano, analizados en el juicio por Carlos Osorio, director para el Cono Sur del National Security Archive, una ONG que compila información de las agencias públicas.

Del material de la SIDE supieron que “documentos muy importantes vinculados con la represión (ejercida por Inteligencia) fue destruida”, explicó Soysa Reilly a Página/12. Pese a eso, encontraron otros documentos. Uno de ellos es un sello del OT18 (nombre de Orletti) que se refería a esa División y estaba estampado en varios legajos de los agentes de inteligencia; el dato es importante porque la SIDE siempre negó su vínculo con ese centro clandestino.

Sobre los documentos estadounidenses, uno de los aportes fue el rol de la SIDE en el terrorismo de Estado y el lugar de Otto Paladino, ex jefe de inteligencia. Un documento indica, por ejemplo, que en 1975, cuando las FFAA asumieron la dirección de lo que llamaron “lucha contra la subversión”, el SIE y dentro de él el Batallón de Inteligencia 601 jugaron un papel central en esta lucha, incluso, en la esfera exterior. Para entonces, Paladino era el jefe de la SIE, experto en extranjería. Bajo su conducción, dicen los fiscales, se inició el seguimiento a la Junta Coordinadora Revolucionaria (ERP argentino, MIR chileno, el MLN-Tupamaros de Uruguay, ELN Bolivia, y Frepalina de Paraguay). Paladino pasó después del golpe a la dirección de la SIDE, convocado como experto en extranjería. La SIDE concentró a partir de ese momento la actividad de la SIE: bajo su mando estuvieron tanto los espías de la SIDE como del Batallón 601, como el caso de Guglielminetti.

Otro aporte fue un documento del archivo del terror de Paraguay que indica que, a mediados de 1975, el Batallón 601 y sus hombres se implicaron en el interrogatorio de Isaac Fuentes Alarcón, del MIR, y de Amílcar Santucho, del ERP, capturados en mayo de ese año en Asunción. En el interrogatorio les preguntaron por Patricio Antonio Biedma y Manuela Santucho: los dos van a estar más tarde entre las víctimas de Orletti.

Los documentos dicen también que la SIDE participó de la reunión de noviembre de 1975 en Chile, lanzamiento del Cóndor. El dato es importante porque permite entender la presencia de los agentes de la DINA chilena en el centro clandestino.

Otro de los elementos apunta a los refugiados, ya mencionados por la querella de Kaos. “Los documentos prueban las violaciones del derecho de asilo y refugio político de los ciudadanos extranjeros que buscaban seguridad en Argentina antes del golpe de Estado”, indicó la fiscal. Como Argentina sufrió el golpe después que otros países de la región, a criterio de los fiscales se convirtió en una ratonera de los militantes del cono sur que buscaban asilo. “Concretamente fue hallado un documento que demuestra que información sensible de refugiados había sido robada de las oficinas de la Comisión Católica”, precisaron. Entre ellos, un parte de la CIA de julio de 1976 establece que: “En mayo, hombres armados saquearon las oficinas de la Comisión Católica de Inmigración de Argentina y robaron los registros que contienen información de miles de refugiados e inmigrantes. La policía argentina no investigó el delito y lo desestimó como un simple robo. Dos días más tarde, 24 refugiados uruguayos y chilenos, muchos de los cuales eran los sujetos de los expedientes de la comisión, fueron secuestrados y torturados durante varias horas”. El parte alude a una operación con participación de fuerzas chileno-uruguayas, y según los fiscales no podría haber sido llevada a cabo sin la cooperación y el mando de las fuerzas de seguridad argentinas.

Finalmente, el último grupo de documentos fue el aportado por la Comisión Provincial por la Memoria, acerca de la desclasificación de los archivos de la ex Dipba. “Entre los documentos pudimos probar que varias de las víctimas que fueron secuestradas y llevadas a Orletti estaban siendo seguidas por la SIDE o al menos la SIDE manejaba información sensible de ellas”, dijeron. Un caso fue el de María Elena Laguna, secuestrada con tres hijos. Los archivos revelan que el operativo fue interceptado por agentes de la Comisaría de Morón, ante quienes la patota se presentó como integrante de la SIDE.

Otro documento revela en cambio la intervención de la SIDE en la detención de dos funcionarios de la embajada de Cuba en Argentina (Cejas Arias y Galañeda Hernández). Los dos estuvieron en Automotores Orletti. Pero los peritos de la ex Dipba aportaron una comunicación secreta de la división de inteligencia de la policía de la provincia de Buenos Aires “donde se establece que el 21 de junio de 1976 la SIDE, desde su sector AIII.AIII.A, requirió un informe ambiental sobre una vivienda situada en la localidad de San Isidro, Pcia. de Bs. As., adyacente a una propiedad de la Embajada Cubana”. Uno de los testigos declaró durante el juicio oral que ese era el lugar donde vivían los dos funcionarios.

Los represores de Orletti cerca de la condena. Aunque lo omitan, se exige genocidio

2011-03-11T00:18:00.000-08:00

El Tribunal Oral Federal Nº 1 de la Ciudad de Buenos Aires reanudó las audiencias de alegatos en el juicio oral por los crímenes cometidos en el centro clandestino de detención. La defensa oficial de los acusados es la única habilitada para alegar en el último tramo del proceso. La semana pasada lo hicieron la fiscalía y la querella, que pidieron perpetua para el ex coronel Eduardo Cabanillas y 25 años para los otros imputados, entre los que está Raúl Guglielminetti

Durante su alegato, el Ministerio Público Fiscal solicitó la pena de prisión perpetua para Cabanillas, y 25 años de prisión para Martínez Ruiz, Guglielminetti y Ruffo.

Por su parte, Luz Palmas Zaldua y Leonel Curutchague fueron los representantes de la querella que se encargaron durante el alegato de establecer las relaciones entre el centro de detención y el Plan Cóndor. Entre las 65 víctimas del juicio hay 18 desaparecidas: 10 son argentinas, 3 uruguayas, 2 cubanas, 2 argentinas secuestrados en Bolivia y 1 chilena. Otros 6 argentinos fueron asesinados.

Además, los representantes resaltaron que la demora en los juicios por los delitos de lesa humanidad permitieron la muerte sin condena de “cuadros de las distintas fuerzas armadas y de seguridad con altos niveles de responsabilidad en el plan de exterminio”. El caso más reciente fue el de Rubén Visuara, jefe de la patota del centro clandestino, que murió a principio de año cuando estaba siendo juzgado en la causa.

Si bien el alegato fue realizado de forma conjunta, los querellantes se diferenciaron al momento de pedir las condenas a los imputados Cabanillas, Honorio Martínez Ruiz,ex agente de la SIDE; Raúl Guglielminetti, ex agente civil de inteligencia del Ejército; y Eduardo Ruffo, ex agente civil de inteligencia de la SIDE.

Continúa la indecisión política de exigir el delito de genocidio para todos los imputados. Continúa asimismo la negación de las querellas y organismos que lo esgrimen en cada uno de los juicios que se abren y se desarrollan.

En el proceso se investiga a los cuatro acusados por los delitos de privación ilegal de la libertad, imposición de tormentos y homicidio calificado, en perjuicio de 65 víctimas.

El centro clandestino “Automotores Orletti” se ubicó en Venancio Flores 3519/21, entre calles Emilio Lamarca y San Nicolás, en el barrio porteño de Flores y estuvo bajo el ámbito de la Secretaría de Inteligencia del Estado.

Murió el represor Visuara sin escuchar alegatos ni las condenas.

2011-02-06T22:55:00.000-08:00

El ex jefe de la SIDE, que se tapaba la cara durante las audiencias.

El ex militar argentino Rubén Visuara falleció el viernes cuando estaba a punto de arrancar la etapa final del juicio oral en el que se le juzgaba por los crímenes cometidos en la cárcel clandestina "Automotores Orletti", acusado de ser uno de los responsables del centro de detención.

El pasado jueves estaba previsto que comenzaran los alegatos del juicio, último tramo antes del veredicto, que se esperaba para marzo, pero el Tribunal Oral Federal uno de Buenos Aires resolvió aplazarlos porque Visuara se encontraba internado en terapia intensiva en una clínica de las afueras de la capital argentina.

El diario La Nación recoge una quincena de esquelas que confirman que el coronel retirado falleció el viernes, aunque por el momento no se conocen mayores detalles de las causas de la muerte.

"Automotores Orletti" está considerada una pieza clave del "Plan Cóndor", la represión coordinada en el Cono Sur durante la década de los 70 por las dictaduras de Argentina, Brasil, Bolivia, Chile, Paraguay y Perú. Actualmente están siendo juzgados los secuestros, torturas y homicidios de 65 personas que pasaron por el centro clandestino, que funcionó entre mayo y noviembre de 1976 bajo la fachada de un taller mecánico, y que escondió en su mayoría a uruguayos, aunque también pasaron por allí argentinos, chilenos, cubanos, bolivianos y paraguayos.

Entre las 200 personas que permanecieron detenidas en el centro estuvieron Marcelo Gelman y María Claudia García Iruretagoyena, el hijo y la nuera del poeta argentino Juan Gelman, quien en 2000 recuperó a su nieta, Macarena, nacida en cautiverio en Uruguay y una de las testigos del juicio.

Visuara se desempeñó como jefe del departamento de "Operaciones Tácticas I" de la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE), "de la que habría dependido la base" donde funcionó Automotores Orletti, precisaron fuentes judiciales cuando comenzó el juicio.

El ex coronel estaba acusado de ser el "autor mediato" de cinco "homicidios calificados por alevosía", 18 casos de privación ilegal de la libertad, agravada por su comisión mediante violencia o amenazas, y otros 18 delitos de imposición de tormentos.

Entra en su etapa final el juicio a Guglielminetti por delitos de lesa humanidad

2011-01-23T23:08:00.000-08:00

El juicio al ex agente civil de inteligencia del Ejército en la dictadura, Raúl Guglielminetti, acusado por delitos de lesa humanidad cometidos en el centro clandestino de detención "Automotores Orletti", entró en su etapa final con el inicio de los alegatos, previsto para el 3 de febrero, cuando la fiscalía formule su acusación ante el Tribunal Oral Federal 1.

Los alegatos se extenderán en principio hasta el 18 de febrero y, tras las últimas palabras de los acusados, para marzo habría veredicto, según estimaron fuentes del tribunal que lleva adelante el juicio desde el 3 de junio del año pasado.

Tras un intervalo, las audiencias se retomaron la semana última para dar lugar a planteos técnicos de las partes e incorporar testimonios por lectura, con lo que se dio por terminada la etapa de testimonios del juicio oral.

Por el juicio pasaron unos 80 testigos que declararon ante los jueces Adrián Grunberg, Oscar Amirante y Jorge Gettas, quienes deberán resolver si condenan o no al ex agente de inteligencia del Ejército Guglielminetti, al ex coronel de esa fuerza Rubén Visuara, al ex general de División Eduardo Cabanillas y los ex agentes de la SIDE Eduardo Ruffo y Honorio Martínez Ruiz.

Todos fueron procesados con prisión preventiva por el juez federal Daniel Rafecas acusados de privación ilegal de la libertad, imposición de tormentos y homicidio calificado.

Automotores Orletti funcionó en el barrio porteño de Flores bajo la órbita de la SIDE en lo que fue un taller mecánico de dos plantas hoy convertido en sitio recuperado para la memoria, que había sido rentado por ese organismo como base operativa durante unos meses y por donde pasaron muchos secuestrados víctimas del "Plan Cóndor", diseñado por dictaduras de la región para concretar persecuciones en distintos países.

Muchas de las víctimas que pasaron por allí fueron uruguayas, como la madre de Macarena Gelman, que fue una de las testigos del juicio, al igual que Mariana Zaffaroni Islas, una nieta recuperada por Abuelas de Plaza de Mayo que también declaró en el proceso porque sus padres, los uruguayos Jorge Zaffaroni y María Islas, fueron secuestrados y llevados a Orletti.

Según se estableció en la causa judicial, Orletti estuvo bajo la órbita del fallecido ex jefe de la Triple A Aníbal Gordon y dependía funcionalmente de la Secretaria de Inteligencia del Estado, a cargo entonces de Otto Paladino, también fallecido.
En la causa actúan como querellantes organismos de derechos humanos y familiares de las víctimas. A pesar de la omisión intencionada por parte de los medios de comunicación y por los entes informativos del Poder Judicial, la ASOCIACION EX DETENIDOS DESAPARECIDOS y JUSTICIA YA, son parte querellante.

Siguen declarando testigos

2010-12-07T00:19:00.000-08:00

Ernesto Salvo Sánchez relató que su hermana, Ana María Salvo, junto a Alicia Cadenas, fueron secuestradas de su departamento en Buenos Aires, en julio de 1976. Él no estaba allí, pero cuando se dio cuenta que Ana María no había concurrido al trabajo y que no se había comunicado con la familia, se dieron cuenta de lo que había sucedido. Refirió también que junto a sus compañeros de militancia en el Partido para la Victoria del Pueblo tenían miedo de que hubiera otra redada en el marco de la operación, por lo que nunca más volvió a su domicilio.

También recordó las circunstancias vividas posteriormente y los motivos por los que se exilió. Explicó que su madre viajó desde Uruguay a Argentina y gestionó ante el ACNUR que le otorgaran estatus de refugiado, lo que le permitió viajar a Austria en septiembre del mismo año. Su madre, además, realizó gestiones para encontrar a Ana María, incluso visitando cementerios y yendo a lugares donde se sabía de la aparición de cuerpos sin identificar.

Ernesto contó que a fines de 1976 su hermana apareció viva en Uruguay, aunque luego permaneció detenida varios años más.

Asimismo declararon Laura Anzalone y José Félix Díaz, quienes fueron secuestrados la noche del 13 de julio de 1976 y permanecieron en cautiverio en Orletti y en distintos locales de Uruguay. Al momento del secuestro estaban con su sobrino, Ernesto, de casi dos años; el grupo de militares argentinos y uruguayos que irrumpió en su domicilio se los quitó, diciéndoles que lo iban a entregar a su familia. En realidad, Ernesto fue entregado a una comisaría y luego a un hospital de la zona, y la madre de Laura tuvo que hacer numerosas gestiones para poder recuperarlo.

Camino a Orletti, tanto Laura como Félix recordaron que sus secuestradores se comunicaron por radio y que escucharon el ruido de una cortina metálica cuando arribaron. Luego Laura explicó que estuvieron tirados en el piso de una sala grande donde había otros autos y rememoró que varias veces los encendían, intentando tapar los gritos cuando torturaban a alguien. Félix dijo que con el mismo fin ponían música a volumen muy alto. Cuando llevaron a Laura al primer piso, uno de los militares uruguayos se identificó como Manuel Cordero, le dijo que “no le importaba porque no tenía información” y la golpeó. Félix también contó que cuando lo llevaron arriba para ser torturado le dijeron que lo iban a “mandar con San Pedro” y refirió que Orletti en general “era parecido al infierno de Dante, era presión permanente, amenazas continuas”. Entre los represores argentinos, Laura recordó los sobrenombres “jovato”, “pájaro” y “zapato”.

Una vez en Uruguay, estuvieron detenidos en una casa en Punta Gorda y luego en la sede del SID, en Boulevard Artigas y Palmar, donde permanecieron hasta diciembre del mismo año. Allí, Laura vio a una mujer embarazada que luego supo que era María Claudia Irureta Goyena, quien dio a luz mientras estaba en cautiverio. También vio niños que luego reconoció como Anatole y Victoria Julien.

Confirmado el procesamiento de ex agente de inteligencia

2010-11-22T23:17:00.000-08:00

La Cámara Federal confirmó el procesamiento de un ex agente de inteligencia.
Se trata de Miguel Angel Furci, Está acusado de 67 casos de secuestros e imposición de tormentos, cometidos en el centro clandestino de detención “Automotores Orletti”. También ratificó un embargo por dos millones de pesos.

La Sala I de la Cámara Nacional en lo Criminal y Correccional Federal confirmó el procesamiento de Miguel Angel Furci, acusado por 67 casos de secuestros e imposición de tormentos, en el centro clandestino de detención “Automotores Orletti”.

Así, el tribunal ratificó un fallo dictado el pasado 2 de junio por el juez federal Daniel Rafecas, a cargo de la investigación por crímenes de lesa humanidad cometidos en jurisdicción del Primer Cuerpo de Ejército

De 172 uruguayos detenidos-desaparecidos, 126 lo fueron en Argentina (1-10-10, segunda parte)

2010-10-09T00:40:00.000-07:00

El 1 de octubre declararon Álvaro Hugo Rico Fernández y Juan Roger Rodríguez Chandari. Rico es decano de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación de Uruguay y conduce el equipo que tiene a su cargo la investigación histórica sobre detenidos-desaparecidos en la última dictadura militar, ordenada por la Presidencia de la Nación uruguaya en 2005. El gobierno uruguayo ya publicó los resultados de la primera parte y, en la actualidad, se ha presentado una segunda etapa de la investigación que incorpora nueva información y focaliza en la cronología de operaciones represivas. Por su parte, Rodríguez es periodista y, desde mediados de la década del ´80 se dedica a la investigación en temas de derechos humanos, fundamentalmente con respecto la dictadura uruguaya y a la coordinación represiva, habiendo escrito decenas de artículos al respecto para diversas publicaciones.

Rico comenzó su testimonio explicando que para la primera etapa de la investigación tuvieron acceso a diez archivos estatales y que la segunda parte incluye datos provenientes de archivos recientemente abiertos del Ministerio de Defensa, del OCOA, del SID, de diversas dependencias policiales. También han recibido información de archivos de Chile y Paraguay y consultaron el archivo desclasificado del Departamento de Estado de Estados Unidos. Asimismo, destacó que siguen bajo revisión dos archivos del Ministerio de Relaciones Exteriores. Todo esto les ha permitido actualizar información sobre ciudadanos uruguayos detenidos-desaparecidos no sólo en Uruguay, sino también en Argentina, Chile, Bolivia, Colombia y Paraguay.

Entre los resultados obtenidos, el testigo relató que pudieron recabar información sobre 172 personas uruguayas detenidas-desaparecidas, de las cuales 126 fueron detenidas en Argentina. Refirió que muchos de ellos eran militantes del Partido para la Victoria del Pueblo y que, entre el 5 de abril y el 5 de octubre de 1976 se produjo “el epicentro de la represión contra esta organización en Argentina”. En este período verificaron no sólo la desaparición de muchos, sino también que un número importante fue detenido y 24 personas fueron luego trasladadas a Uruguay, siendo liberadas algunas y procesadas 14, luego de un operativo montado por el SID.

Rico también explicó que encontraron registros de coordinación represiva entre los países sudamericanos desde 1973 y que, en noviembre de 1974 y marzo de 1975 hubo dos oleadas represivas en Uruguay que proporcionaron a los servicios de inteligencia sobre militantes de diferentes grupos políticos en Argentina. En sus palabras: “parecería ser que luego de (…) cierto desbaratamiento de estas organizaciones en nuestro país, los servicios de seguridad van a redireccionar su lógica represiva y sus operativos en la República Argentina, porque ya el día 5 de abril de 1976 tendremos un detenido-desaparecido, Ary Cabrera”. Agregó que algunas de las personas detenidas inicialmente en Uruguay y luego liberadas fueron secuestradas en Argentina durante 1976. Contó finalmente que el vínculo entre los servicios uruguayos y argentinos surge al analizar que el Departamento 3 del SID tenía a su cargos dos centros de detención clandestinos (conocidos como 300 Carlos, en el Batallón de Infantería Nº 13 y 300 Carlos R, en Punta Gorda), además de “La Casona”, en Boulevard Artigas y Palmar. A esos centros fueron llevados los uruguayos que estuvieron en Automotores Orletti.

Luego siguió relatando que la lógica represiva que la ola que comenzó con el secuestro de Ary Cabrera continuó con las detenciones el 17 abril de Eduardo Chizzola y Telba Juárez (que aparecieron muertos pocos días después y, en el caso de Chizzola recién identificado en 2002). Este proceso continuó con detenciones masivas en junio y julio, período en el que muchas de las personas fueron llevadas a Orletti, al que Rico se refirió en los siguientes términos: “tuvo una significación muy importante como el primer centro de coordinación represiva regional, con un intercambio de operativa total, en el plano de la logística, operaciones, transporte, información, de la organización de los procedimientos. Y, por si fuera poco, debo agregar que en nuestra investigación hay un registro de 28 ciudadanos uruguayos detenidos-desaparecidos que fueron recluidos en Orletti.” Además, considerando la OT-18 como el antecedente de Orletti, pudieron identificar 3 uruguayos más detenidos-desaparecidos allí, precisamente Ary Cabrera, Eduardo Chizzola y Manuel Peisajovich.

Posteriormente testimonió Rodríguez, quien comenzó explicando que su acercamiento a los hechos ocurridos en Automotores Orletti se dio al entrevistar a Sara Méndez y luego comunicarse con Anatole y Victoria Julien Grisonas. Luego, al investigar acerca del homicidio de Zelmar Michelini y Gutiérrez Ruiz pudo hacer contacto con represores que actuaron en Orletti y que, con el correr del tiempo, le aportaron información “para ir entendiendo cómo eral el proceso Orletti, más allá de lo que las víctimas pudieron transmitirnos”. Además, también mantuvo entrevistas con represores uruguayos. Si bien Rodríguez no reveló la identidad de sus informantes por resguardar el secreto profesional, sí pudo exponer una gran cantidad de información a él transmitida acerca de diversos aspectos del funcionamiento de Orletti y del destino de algunas de las personas que estuvieron allí en cautiverio.

Rodríguez explicó que parte de la información recibida le permitió obtener los datos que llevaron a encontrar al hijo de Sara Méndez, Simón Riquelo. Del mismo modo, refirió que le permitió confirmar la existencia de un segundo vuelo, con uruguayos que también fueron trasladados a Montevideo.

En cuanto al funcionamiento de los centros clandestinos en el marco de la coordinación represiva, Rodríguez explicó que lo primero que había era intercambio de información, luego seguía una eventual detención o un pedido de objetivos. En el caso de detener a un “objetivo” de otro Estado, “en la mayoría de los casos ya había personal del país extranjero en el país donde se realizaba la operación”. Continuó explicando: “en ese caso, generalmente el operativo lo hacían los locales, con la presencia de uno del país extranjero, el extranjero no podía usar armas (…) la persona secuestrada era detenida y llevada a un pozo, el interrogatorio corría por cuenta del extranjero, la guardia era por parte de los locales. Obtenida la información operativa, lo que podía decidirse era el destino (…) en muchos casos desaparición”. “Este protocolo (…) sólo se rompía en una ocasión, cuando los locales también podían llegar a participar de la tortura”, también “por motivos económicos, o por motivos extorsivos (…) en el caso que la organización tenía dinero”. Explicó también que según su fuente podían hacer hasta 10 ó 12 operativos en el correr de muy poco tiempo: “llegar, destruir, llevar las cosas que podían ser de valor, llevar al detenido y en el reparto que la otra parte no los dejara afuera”.

Rodríguez refirió que también “había una decisión en torno al destino de los niños; en muchos casos está demostrado que iban a país del cual no eran originarios”, “había un vehículo aparte, que era el que trataba de colocar al niño en algún casa cuna”. Así, a Simón Riquelo lo dejaron en el Hospital Norte, y pocos días antes hicieron lo mismo con los hijos de Laura Anzalone y Félix Díaz, que fueron recuperados casi en forma inmediata. “Allí quedaba el chico a la posible disponibilidad de lo que ocurriese con él, que podía ser un destino como el que tuvo (Simón), que fue quedar en las manos de quien estaba de guardia en la seccional 33 esa noche”.

Siguió narrando el testigo que “en el caso de Gelman me cuentan que no sabían que hacer con ella (María Claudia Irureta Goyena) por su estado avanzado de embarazo y, a la vez me cuentan cómo Furci se queda con Mariana (Zaffaroni)”.

Otro de los casos específicos a los que se refirió Rodríguez fue el de los hijos de Roger Julien y Victoria Grisonas. Al respecto, su fuente le dijo que había un gallinero dentro del cual se había escondido ella con los dos chicos y le refirió que “estaba lindo para hacerla mierda ahí mismo”. También le contó que Roger murió en sus brazos luego de tragarse una pastilla de cianuro. “El tema de la pastilla de cianuro, según estos informantes, los tenía muy preocupados a los represores por lo que podía significar perder información o dinero”. Luego Anatole y Victoria (h) quedaron en Orletti junto a su madre, y el destino que corrieron luego “probablemente esté vinculado a un operador chileno dentro de Orletti, un militar chileno (…) y una suerte de sistema de distribución que los uruguayos también habían armado”.

Rodríguez explicó que con el desmantelamiento “se recuperaron 8 millones” y vinculó los secuestros de Gerardo Gatti y León Duarte a la obtención del dinero de esa organización, que habría sido el objetivo de los grupos que operaban en Orletti. Relató también cómo forzaron a Washington “perro” Pérez a obrar como intermediario. El testigo también contó que los “propios informantes me dijeron que hasta respeto les provocaba cómo Gatti había aguantado la tortura, y cómo conversaba más de un mes después”. Según su informante León duarte entregó dinero y según la información que Rodríguez obtuvo, el día que recuperaron ese dinero hicieron una fiesta en Orletti, en la cual “Ricardo Arab llegó a bailar como odalisca sobre una mesa con una botella de whisky”. Luego Gordon y Gavazzo se habrían llevado el dinero que, normalmente, se habría repartido en tres partes: “una parte para la federal (…) donde estaba el comisario Villar (…) la otra parte era la banda de Gordon, y el otro tercio para los uruguayos. Sin embargo, en esa ocasión, debido a la abultada suma su informante le dijo que ese dinero fue elevado, llevado a Videla, que les dio el 30% “para los muchachos” y con el 70% restante construyó una base. Según las investigaciones de Rodríguez, esa base es la actual sede antiterrorista argentina, en Av. Coronel Díaz

Según le refirió su fuente, en el caso de Gatti y Duarte, luego de la negociación por el dinero “quedaron para ir a negociar supuestamente a Campo de Mayo”, y mediante un sistema de traslados especial, los condujeron hasta una camioneta que supuestamente los llevaría allí.

“La gente vivía con temor” (1-10-10, primera parte)

2010-10-09T00:33:00.000-07:00

Una primera tanda de testimonios al inicio del mes de octubre. María Bernabella Herrera Sanguinetti, funcionaria de ACNUR en Santiago de Chile en 1976, y Daniel Gatti Casal del Rey, hijo de Gerardo Gatti.

El testimonio de Herrera se centró en la información que llegó a su conocimiento, como funcionaria de ACNUR, de la situación en general en Argentina y de algunos casos específicos relacionados a Orletti. Explicó que supo de muchos casos de refugiados que habían huido a Argentina y, luego del golpe de estado en nuestro país, desaparecieron. Mencionó que muchos refugiados en Argentina se alojaban en hoteles y pensiones que tenían convenios a tal efecto, y que a menudo había allanamientos allí, “la gente vivía con temor”. También refirió que hubo allanamientos en la Comisión Católica que colaboraba con ACNUR.

Posteriormente, la testigo se explayó con respecto al caso de Anatole y Victoria Julien Grisonas. Explicó que llegó a su conocimiento un artículo publicado en el diario “El Mercurio” de Valparaíso, que mencionaba la aparición de dos niños en una plaza y que “él decía llamarse Anatole”. Herrera contó que los chicos, después de estar en Orletti y cuatro meses en el SID, fueron dejados en la plaza mencionada, el 22 de diciembre de 1976. El artículo también narraba “que habían sido llevados por una tal tía Mónica”. Cuando fueron encontrados solos, los llevaron a un orfanato para niños de la calle y luego fueron puestos bajo el cuidado de un matrimonio que no tenía relación alguna con la represión.

Tres años más tarde, en 1979, Herrera recibió una carta del director de un organismo francés que también trabajaba con refugiados y migrantes, relatando que cabía la posibilidad de que los niños fueran uruguayos. Luego de diversas gestiones para averiguar quién era la posible abuela y obtener mayor información sobre los niños, reunieron una comitiva que viajó a Valparaíso. Al llegar, fueron al colegio donde asistía el niño y, luego de entrevistarse con el rector, lograron concertar una reunión de la abuela con el padre adoptivo: “salieron los dos con los ojos rojos, con la emoción de lo que acababa de oír este señor, padre de los niños, y la abuela que comprobaba que eran sus nietos, que los había estado buscando durante tres años, que había hecho cuanto recorrido posible había”. Esa misma tarde fueron a ver a los niños y, a partir de allí, comenzaron a frecuentarse, estableciendo un régimen de visitas, tanto en Chile como en Uruguay. Finalmente, la abuela falleció, pero Anatole y Victoria conocieron su historia y la de sus padres.

A su turno declaró Gatti, quien contó la historia de su padre, Gerardo, militante sindical, así como las circunstancias por las que transitó su familia. Explicó que su padre se mudó a Buenos Aires en 1973, tras ser requerido por las autoridades uruguayas. Entre 1974 y 1975 toda la familia se trasladó al país, pero no vivían en el mismo lugar que su padre, aunque lo veían con frecuencia, siempre en lugares públicos. El testigo relató que después del golpe de estado en Argentina, los contactos se volvieron más esporádicos y en lugares más resguardados. Recordó: “nunca fui a la casa de mi padre”. Finalmente, el 9 junio de 1976, un mes después del asesinato de Michelini y Gutiérrez Ruiz, Gerardo fue detenido. Dos días después, algunos compañeros de militancia lo confirmaron cuando fueron a la casa de Gerardo y contestó el timbre otra persona que no dijo la contraseña adecuada.

Gatti siguió contando que al poco tiempo la familia se dividió en casas distintas “por motivos de seguridad, para evitar caídas, para evitar represión sobre la familia también” y, en agosto de 1976, se exiliaron en Francia. Sin embargo, su hermana Adriana prefirió quedarse y siguió viviendo en Buenos Aires hasta que, en abril de 1977 desapareció. Por sus compañeros de militancia se enteraron que la habían matado en un operativo. Tenía 17 años y 7 meses de embarazo. Mucho tiempo después el cuerpo fue encontrado y llevado a España para su entierro.

Al llegar a París se pudieron enterar de algunos detalles de la negociación por su padre, sobre la que ya habían tomado cierto conocimiento en Argentina, a través de otros militantes del PVP. Concretamente, les dijeron “que se estaba pidiendo dos millones de dólares por la liberación”, “que había un negociador que habían secuestrado, a su vez, para hacer contacto entre el partido de mi padre y los secuestradores”. A mediados de agosto de 1976, esa persona, Washington Pérez, llegó a Suecia y entró en contacto con Gatti y su familia. Finalmente se pudieron reunir y Pérez les contó con mayor precisión cómo había sido la negociación y la situación en la que sacaron una fotografía para probar que Gerardo seguía vivo, así como el “estado bastante calamitoso” en el que estaba. Pérez también le mencionó que luego decidieron “cambiar de caso” y le presentaron a León Duarte, quien le dijo “borrate, es una banda de criminales, de asesinos”, luego de lo cual logró escapar a Europa.

Gatti también explicó que por los testimonios de sobrevivientes de Orletti, entre ellos Acilú Maceiro y Enrique Rodríguez Larreta, se sabe que su padre estuvo allí hasta fines de julio.

Por otra parte, el testigo también relató las gestiones hechas por su abuela, María Elena Antuña de Gatti. Ella presentó hábeas corpus en Argentina y en Uruguay, en junio y julio de 1976. Además, en agosto, él y su familia hicieron la denuncia ante la Comisión Derechos Humanos de la ONU, así como en instituciones españolas e italianas, sin obtener resultados.

ANA MARIA SALVO: Cara a cara con represores del Cóndor

2010-09-15T23:16:00.000-07:00

El testimonio de la uruguaya Ana María Savo en el juicio Automotores Orletti
Fue secuestrada el 14 de julio de 1976, llevada a Automotores Orletti y después a Montevideo. Reconoció a varios represores, entre ellos a Raúl Guglielminetti, Osvaldo Forese y Honorio Martínez Ruiz.

Por Alejandra Dandan

En el sala de audiencias volvieron a escucharse los nombres de varios represores. Ana María Salvo viajó desde Uruguay para declarar en la causa por los crímenes cometidos durante la dictadura en el centro clandestino de detención Automotores Orletti. Frente a ella, con la misma campera beige que suele usar en los últimos días, la escuchaba el represor Raúl Guglielminetti, el mismo que ella nombró con el alias de “Ronco”. El mismo que luego reconoció en una carpeta de imágenes viejas. El mismo que la sacó de la casa de su hermano el día de su secuestro.

Ana María es una de las víctimas uruguayas que sumaron su declaración en la causa de Orletti, desde donde operaron fuerzas conjuntas uruguayas y argentinas en el marco del Plan Cóndor. Por donde pasaron además Carlos y Manuela Santucho, hermanos de Roberto Santucho. Y en donde los militares asesinaron sumergiendo en un tacho de agua de unos 200 litros a Carlos Santucho. Ana María, como lo habían hecho otros testigos, también habló de ese episodio. Nombró entre quienes estuvieron alrededor de esa muerte a Pajarovich, alguien “escandaloso”, dijo, que se vanagloriaba y se ufanaba de lo que hacía. Pajarovich es Honorio Martínez Ruiz, que metros atrás la miraba, a muchos años de ese momento, esta vez sentado entre los acusados, con la necesidad de levantar la vista para pedir ir al baño, esperar a que un guardia se le acerque, le ponga las esposas en las manos y por un momento lo saque de la sala.

Al lado de Guglielminetti suele sentarse su abogado Pablo Labora, encargado de hacer las preguntas y escudriñar densamente a los testigos cuando hablan. Ana María intentó no mirarlo, percibía los ojos del abogado frente a su cara.

Ana María Salvo llegó a Buenos Aires en abril de 1974. Hasta ese momento, era militante estudiantil, participaba de las actividades contra la dictadura uruguaya y había sido detenida en su país por las Fuerzas Armadas. Su pareja ya se había trasladado a Buenos Aires, él era militante sindical y estaba requerido en Uruguay. En Argentina, Ana María tuvo a su segundo hijo y dejó la militancia para criar a los chicos. Estudiaba enfermería y empezó a trabajar en un geriátrico. El 14 de julio de 1976 fue a visitar a su hermano, que vivía en un departamento de la calle Venezuela. Cuando tocó timbre la recibió una patota de civil que se presentó como “fuerzas conjuntas uruguayas y argentinas”. Le preguntaron quién era. Ana María vio la casa vacía. No estaban su hermano ni la familia, y tampoco estaban el televisor ni los equipos de música. En un vehículo particular la trasladaron a lo que muchos años después supo que era Orletti. La cortina metálica que se abría, muchos de sus compañeros tirados en el piso de ese taller manchado de aceite y de grasa. A poco de llegar, la subieron a una de las habitaciones de la planta alta, la sentaron ante un escritorio y le sacaron la venda.

“Se aproxima un militar uruguayo –dijo–. Reconocí la voz porque me había interrogado en Uruguay, era Manuel Cordero.” Y Cordero le dijo: “Somos viejos amigos”. Con él estaba José “Nino” Gava-zzo. Cordero le aseguró que sabían que ella ya no estaba militando, que buscaban a su hermano, que ella era una “gila”, pero, recordó ella, “que igual me la iba a tener que comer, que ahí iba a encontrar a alguno de mis conocidos: ‘Los estamos haciendo pelota`”.

Habló de los gritos de personas, “no me cabe ninguna duda de que eran torturados”, del ruido del tren, y del “escándalo”.

–¿Puede explicarme qué quiere decir cuando dice escándalo? –preguntó el fiscal Guillermo Friele.

–Es que estaban los presos ahí tirados, los gritos, alguna vez hubo una fiesta ahí con mucho escándalo, como si estuvieran todos borrachos, todo el tiempo eran escenas de mucha agresividad.

Ana María está convencida de que un día después de esa fiesta comió la única comida. Normalmente les daban un pedazo de pan, si se los daban, pero ese día hicieron un guiso, creo, dijo, “con las sobras del día anterior, porque en la comida había escarbadientes, chapitas, por lo menos a mí me tocó un escarbadientes”. Poco más tarde, habló de la persona que habría preparado ese guiso, lo nombró como el “Jovato”, el alias de Aníbal Gordon.

En medio de otro escándalo, esta vez discusiones entre argentinos y uruguayos por parte del botín, se montó el operativo clandestino para llevar a un grupo de uruguayos de regreso a su país.

Varios testigos ya hablaron del edificio de la SIDE uruguaya en Boulevard Artigas, en Montevideo. Explicaron que pasaron de visita los militares argentinos. Ella lo repitió. También habló de Claudia García Iruretagoyena, madre de Macarena Gelman y nuera del poeta Juan Gelman. “La guardia hablaba de una mujer embarazada, una noche hubo movimientos para que llamen a una ambulancia, decían que había que llevarla al hospital militar, que si no se apuraban el bebé iba a nacer adentro”. El bebé volvió. “Me dijeron –dijo ella– si yo sabía preparar una mamadera porque sabían que yo tenía hijos chicos y se sentían llantos de un bebé.”

Cuando a ella la secuestraron, pudo ver a sus captores porque no tenía los ojos vendados. Ayer mencionó sus alias. Habló del Flaco, de Ronco o Guglielminetti y de Paqui u Osvaldo Forese, a quien luego vio dentro del centro, al que describió como otro de los escandalosos: “Cuando estaba él, el clima en el centro clandestino era de un terror bastante grande”.

Ronco seguía ahí, en la audiencia. También Pajarovich. A pedido del fiscal, ella revisó una carpeta de fotos viejas. Señaló a Paqui, a Ronco y a Pajarovich.

–Perdón, señora –le preguntó la defensa oficial de Martínez Ruiz–, si usted dice que adentro del centro estaba vendada, ¿cómo identificó a Pajarovich?

Ella respondió: –Por debajo de las vendas se veían algunas caras, puedo tener más o menos detalles, algunas las puedo reconocer, otras no.

Pajarovich había vuelto del baño. Los mocasines negros lustrados, el traje azul. Al lado estaba Eduardo Ruffo y contra la pared Eduardo Cabanillas.

Detrás, del otro lado del vidrio, cerca de los hijos de Ana María, dos mujeres de los represores seguían la audiencia. Cabanillas se dio vuelta durante la audiencia. La más arrugada de las dos, la de saquito color mostaza, decía una de las viejas militantes de la sala, es su mujer.

Ellos habían dejado de leer el diario La Nación, que hojeaban antes de la audiencia. Todo era silencio. Ana María dejó de hablar. El publico terminó de escucharla. Y aplaudió.

Sara Méndez, sobreviviente del Cóndor

2010-09-11T23:53:00.000-07:00

Del juicio por los crímenes de Orletti al reencuentrto con su hijo tras 26 años.

Fue secuestrada en Buenos Aires durante una operación conjunta del Plan Cóndor. Luego los militares la trasladaron a su país, Uruguay, en un vuelo clandestino, donde estuvo presa con la hoy primera dama. Un caso testigo.

Por Mercedes López San Miguel

Fue durante 26 años una madre buscando a su hijo robado por las dictaduras uruguaya y argentina. A su hijo de veinte días se lo quitaron no bien irrumpieron en su casa de Belgrano en julio de 1976. Sara Méndez, que es uruguaya, fue llevada al centro clandestino Automotores Orletti durante una operación conjunta del denominado Plan Cóndor. Luego los militares la trasladaron a su país en un vuelo clandestino. Más tarde estuvo presa en el penal de Punta Rieles con Lucía Topolansky, la esposa del hoy presidente José Mujica. En 2002 pudo ver el rostro ya adulto de su hijo Simón. Sara Méndez contó su historia a Página/12 tras declarar en el juicio oral por los crímenes de Orletti. Enumeró a los implicados argentinos que ella pudo reconocer: el ex jefe de la SIDE Otto Paladino, a Aníbal Gordon y Eduardo Ruffo. Del lado uruguayo, Méndez reconoció al teniente coronel Rodríguez Buratti –quien se suicidó hace cuatro años–, al hoy procesado José Nino Gavazzo y al capitán Manuel Cordero.

La noche del 13 de julio quedó grabada en la memoria de Sara Méndez. “Unas quince personas de civil entraron a mi casa rompiendo puertas. Yo estaba con mi bebé y una compañera que militaba en la izquierda como yo. Tomaron posesión de las dos plantas y ahí mismo empezó el interrogatorio y la tortura para que digamos direcciones y nombres de otros uruguayos que estaban viviendo en Buenos Aires. Mi marido, Mauricio Gatti, no iba a llegar esa noche. Nino Gavazzo y Rodríguez Buratti comandaron el operativo.”

Los militares se quedaron con su hijo. “Cuando agarro a Simón en mis brazos me dicen que lo deje, que no lo puedo llevar conmigo. ‘No se preocupe señora’ –lo recuerdo como algo grotesco de quienes ya me habían golpeado e insultado–. Al niño no le va a pasar nada porque no es una guerra contra los niños.”

Sara Méndez militaba en el Partido de la Victoria del Pueblo que se había reorganizado en Argentina. “Se conforma un frente de lucha contra la dictadura acá, desde el exilio. Lo paradójico es que el partido se rearme en el exilio y el régimen argentino le aplica un golpe rotundo.” Ella dice que no usó armas nunca.

A Sara la trasladaron al centro clandestino Automotores Orletti, en donde estuvo –cree– diez días. “El lugar quedaba en el Bajo Flores, donde por delante pasaba el tren y detrás había una escuela. Ese pozo o chupadero, como le dicen acá, era un lugar de tortura y exterminio. En algunos casos si no lo mataban allí, lo sacaban y ya estaba la desaparición forzada como método represivo. Yo fui secuestrada, no me dieron información, no pude ver a mi familia.”

Al otro día de su secuestro su marido Mauricio tuvo indicios de que algo andaba mal. La familia Méndez, alertada por aquél, empieza a buscar a Simón y a ella. Su padre se trasladó a Argentina y junto con gente del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los refugiados –Acnur– realizaron la búsqueda. Mauricio Gatti murió en 1991.

Sara Méndez recuerda el montaje de su detención en Uruguay. “Fuimos trasladados 24 personas de Buenos Aires a Montevideo. El hermano de mi marido, Gerardo Gatti, quedó en Automotores Orletti. Nos llevaron en lo que hoy se llama el primer vuelo. Estuvimos cuatro meses como desaparecidos en sedes clandestinas. Luego alquilaron una casa en un balneario y habitaciones en hoteles céntricos de Montevideo, hicieron documentos falsos a gente que se parecía físicamente a nosotros y los mandaron a registrarse en esos lugares. Simularon que habíamos entrado al país por nuestros propios medios. Ahí empezó el montaje. Y luego nos ‘van a detener’ como si estuviéramos parando en esos lugares. Fue una falsa detención en octubre de 1976. Nos llevaron a la Justicia militar, con las actas fraguadas y nos procesaron. Hoy sabemos que entre nuestro secuestro y la detención falsa hubo un segundo vuelo con otros uruguayos.”

Luego Sara fue llevada por el mismo Nino Gavazzo al penal de Punta Rieles, en Montevideo, en donde estuvo cuatro años y medio. Allí conoció a quien hoy es primera dama de Uruguay, Lucía Topolansky.

“Eramos compañeras. Estaba también su gemela María Elia. Comíamos juntas, hacíamos actividades de estudio, aprendíamos de la especialidad de la otra. Yo era maestra, Lucía estudiante de arquitectura. María Elia sabía mucho de física. Hacíamos intercambio de conocimiento. Estaba prohibido hacer gimnasia, así que nos turnábamos para poder hacer ejercicio. Las cartas se tenían que leer en voz alta, con lo que sabías todo de la otra. Eran cárceles en donde se ponían en práctica métodos sofisticados: debilitar el ser político. No teníamos ninguna información de lo que pasaba en el mundo, vestíamos uniformes, nos llamaban por un número, era una militarización. Una despersonalización. Las visitas eran escuchadas. Había situaciones de riesgo, estados de alarma, teníamos que hacer cuerpo a tierra.”

En la primera visita que recibió Sara Méndez en la cárcel se enteró de que su familia no había logrado ubicar a Simón.

Sara salió de prisión tras cumplir su condena casi cinco años después. Eso sí, bajo libertad vigilada. Todavía Uruguay estaba bajo el régimen militar –la democracia llegaría en 1985–. “Tuve que dar mi domicilio, no podía salir de Montevideo sin autorización, me hacían visitas. Me contacté con lo que era el germen de Abuelas de Plaza de Mayo en Argentina. Chicha Mariani guardó los datos de un niño pelirrojito como Simón en un tarrito de lata y lo enterró. Después no lo pudo encontrar.”

Por ese tiempo Sara se iba a ilusionar con que ya había encontrado a su hijo. Estuvo diez años para conseguir que la familia del menor que había sido dejado en el Hospital Norte aceptara hacerle un ADN. Dio negativo. “Tuve que empezar la búsqueda de nuevo.”

A raíz de una investigación que realizaron el periodista Roger Rodríguez y el político Rafael Michelini dieron con un ex policía que era quien adoptó a Simón. “Estoy convencida de que ese señor sabía que era un bebé robado”, afirma Sara y agrega: “Michelini habló con el ex policía y éste le dijo que iba a contarle a Simón sobre su adopción y que lo buscaba su madre”. Simón, con 25 años, se hizo el ADN y se reencontró con su madre.

–¿Cómo fue ese momento?

–Mi vida era la búsqueda. Yo me encontré a un hijo que ya era un adulto. Cuando lo encontré cambió todo para mí. Viajo cada dos meses, o viaja él. El tuvo resistencia a asumir la historia.

El caso del secuestro de Simón está comprendido en la Ley de Caducidad, una norma que impide el juzgamiento de militares y policías acusados de violaciones a los derechos humanos. Hoy el oficialismo uruguayo impulsa un proyecto en el Congreso para interpretar algunos artículos de la norma. “Todavía no se avanzó en nada. El proyecto de ley no lo conoce la ciudadanía”, afirmó Sara. Y destacó el rol del centroizquierda. “Con los gobiernos blanco y colorado toda causa quedaba comprendida en la Ley de Caducidad. Desde que asumió el Frente Amplio comenzaron los procesamientos a los militares.”

Pintadas como "aquí se ajustició a asesinos zurdos", aparecen en ex centro represivo Orletti

2010-09-09T00:28:00.000-07:00

Denuncian en Argentina intimidación a testigos en juicio contra represores de la dictadura

Stella Calloni
Periódico La Jornada

Buenos Aires 7 de septiembre. Legisladores de la ciudad de Buenos Aires, junto al Instituto Espacio para la Memoria (IEM), que nuclea a organismos de derechos humanos y otras instituciones similares, repudiaron enérgicamente las inscripciones intimidatorias y pintadas en la fachada del Centro Clandestino de Detención y Torturas Automotores Orletti, una de las principales sedes de la Operación Cóndor aquí, en momentos en que avanza el juicio contra los responsables de los crímenes de lesa humanidad cometidos allí.

El 31 de agosto pasado, el frente del edificio y un muro ubicado en el terreno aledaño fue empapelado durante la noche con afiches que llevaban la firma de Radio Aramburu y expresaban en tiempo pasado : "Atención. Ayer las guerrillas terroristas con conexión internacional iniciaron una guerra contra el pueblo de la Nación Argentina para tomar el poder e instalar un sistema comunista".

Otras leyendas como "aquí se ajustició a terroristas asesinos" o "asesinos zurdos", quedaron allí como un desafío, no sólo a los sobrevivientes de Orletti y sus familiares, sino también a los vecinos del barrio.

Este centro clandestino fue calificado como "un verdadero infierno" por una de las sobrevivientes en su testimonio en el juicio que comenzó el pasado 3 de junio ante el Tribunal Oral en lo Federal Número 1.

En esta causa se juzga a seis militares, policías y agentes de seguridad acusados de secuestros, privación ilegal de la libertad, imposición de tormentos y homicidio calificado, en perjuicio de 65 víctimas, de una cantidad mucho mayor que pasó por el lugar .

Hace un tiempo este periódico dio cuenta del momento emocionante de la recuperación de este sitio del horror, con la visita de algunos de los sobrevivientes, la mayoría de ellos uruguayos. Enclavado en el barrio porteño de Floresta, Orletti es uno de los símbolos del terror, donde desaparecieron argentinos, uruguayos, chilenos, paraguayos, bolivianos y dos diplomáticos cubanos secuestrados aquí durante la pasada dictadura, entre otros.

Aunque ya hubo algunas otras acciones amenazantes ésta es considerada la más grave, por lo que significa este ataque nocturno contra un lugar que ya ha sido recuperado para la memoria. También la Secretaría de Derechos Humanos al condenar señaló en un comunicado que "todas estas acciones nos conducen a no claudicar y a continuar fortaleciendo las políticas de Estado que se vienen implementando sobre la base de los pilares de Memoria, Verdad y Justicia".

Añade que para los responsables de los delitos de lesa humanidad es "inconcebible" que se estén llevando adelante los juicios”.

También se suman otras agresiones similares en los centros clandestinos de La Perla, en Córdoba, y la ex jefatura de policía en la ciudad de Tucumán, así en La Casona, sede de la Secretaría de Derechos Humanos de Río Negro, en el sur.

Entre lo seis acusados que son juzgados algunos lo son por primera vez como el ex agente de inteligencia del ejército Raúl Guglielminetti, conocido como "mayor Gustavino",quien también intervino en Centroamérica en los años 80 contra Nicaragua.

Los otros acusados son el ex vicecomodoro de la fuerza aérea, Néstor Guillamondegui; el ex coronel del ejercito Rubén Visuara, el ex general Eduardo Cabanillas y los ex agentes de la Secretaría de Inteligencia del Estado, Honorio Martínez Ruiz y Eduardo Ruffo.

Se considera el juicio de Orletti es uno de los más importantes por el trágico simbolismo de haber sido sede de la Operación Cóndor, la coordinadora criminal de las dictaduras del cono Sur establecida entre los años 70 y 80. En las últimas semanas han pasado varios uruguayos por el tribunal entre ellos, dos jóvenes que fueron robadas a sus padres y luego recuperadas como es el caso de Macarena Gelman, cuyo padre Marcelo fue asesinado en torturas en Orletti y luego arrojado en un tonel con cemento en el fondo de un río donde luego fue encontrado.

Su madre María Claudia García fu trasladada en uno de los vuelos ilegales entre Argentina y Uruguay en el marco de la Operación Cóndor, cuando estaba embarazada de seis meses.

La mantuvieron en otro centro clandestino de Montevideo hasta que dio a luz y luego le robaron a la niña que fue encontrada en el año 2000, en una intensa búsqueda, en la que su abuelo el escritor Juan Gelman buscó y obtuvo un amplio respaldo internacional.

Asimismo Carla Artés la primera nieta recuperada por Abuelas de Plaza de Mayo, que vive en España y por primera vez se enfrentó en el tribunal con quien la había secuestrado y apropiado el ex agente, Eduardo Ruffo.

Recientemente asistimos al testimonio de Macarena Gelman y se pudo ver otra acción amenazante que también se denunció. Los familiares de los acusados se ubican en los pasillos por donde deben transitar las víctimas sobrevivientes o sus familias en el tribunal y los hostigan con palabras e insultos. Incluso se ha visto a un hombre tomando fotos de los que van al juicio.

Esto llevó a los directivos del IEM a denunciar los hechos ante los tribunales para tomar medidas urgentes.

Fue importante el testimonio de la uruguaya Sara Méndez, conocida en el mundo por la búsqueda de su hijo Simón Riquelo que tenía sólo 20 días cuando la secuestraron y se lo arrebataron y encontrado finalmente después de una dramática búsqueda en 2002 en manos de un ex comisario argentino y su familia.

Los camaristas Adrián Grunberg, Oscar Amirante y Jorge Gestas tiene previsto escuchar más de un centenar de testimonios, mientras que la acusación es presentada por la Unidad para Causas por Violaciones a los Derechos Humanos durante el Terrorismo de Estado.

Como querellantes intervienen la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, y abogados de organismos de humanitarios y familiares de víctimas.

De acuerdo a la investigación del juez federal Daniel Rafecas, Orletti estuvo bajo la órbita de Aníbal Gordon el fallecido ex jefe de la parapolicial Triple A que actuó entre 1974 y 1976, continuando luego insertada en la dictadura que llegó al poder el 24 de marzo de este último años, para quedarse hasta 1983.

Gordon dependía funcionalmente de la Secretaria de Inteligencia del Estado, a cargo entonces de Otto Paladino, que también falleció.

Esta causa es un desprendimiento de la megacausa que investiga delitos de lesa humanidad cometidos en el ámbito del Primer Cuerpo del Ejercito, reabierta tras la derogación de las leyes de Obediencia Debida y Punto Final.

En un impactante testimonio Sara Méndez advirtió sobre la posibilidad de que existan, "muchos más niños" hijos de ex detenidos argentinos en su país , así como uruguayos aquí.

Sara reconoció entre sus secuestradores a los argentinos que actuaron en Orletti, como Palsdino y Gordon, pero también al ex agente Eduardo Ruffo.

Además de Sara, declaró la uruguaya Mónica Soliño Platera, que se había refugiado en Buenos Aires en 1974 y ambas se refirieron a la presencia y asesinato en Orletti de Carlos Santucho, hermano de Mario Roberto Santucho, jefe del Ejército Revolucionario del Pueblo.

También mencionaron el calvario de Manuela Santucho, la hermana, y de Cristina Navajas, la esposa de Carlos. El tratamiento dado a Santucho fue uno de los más aterradores que se recuerden en Orletti. De hecho casi toda la familia Santucho fue desaparecida.

Los relatos en este juicio son escalofriantes. En ese espacio reducido en ese "enclave del horror" era imposible no ser testigos de los crímenes de lesa humanidad cometidos allí..

“Orletti en sí era todo un infierno”

2010-09-03T00:25:00.000-07:00

ANA QUADROS, URUGUAYA, NARRO SU PASO POR EL CENTRO CLANDESTINO AUTOMOTORES ORLETTI

Habló de las torturas y contó que el represor uruguayo Manuel Cordero la violó. Narró una discusión entre argentinos y uruguayos sobre el viaje de los detenidos a Montevideo. Mencionó a Manuela y Carlos Santucho, Sara Méndez y María Claudia Irureta Goyena.

Por Alejandra Dandan

Un día subieron a Ana Quadros a la parte más alta de Automotores Orletti, donde iba a ser su peor sesión de torturas. Manuel Cordero, un represor uruguayo, primero le preguntó si lo conocía. “¿Cómo que no sabés de mí?”, le dijo. “Si yo conozco a tantos otros.” Con un organigrama colgado en la pared le preguntó por los cuadros del Partido de la Victoria del Pueblo, una organización creada por un grupo de uruguayos en el exilio para derrotar a la dictadura de su país. Ana respondió siempre negativamente. Otros cuatro o cinco represores la colgaron entonces en la sala de al lado, con las muñecas para atrás, le enroscaron un cable en el cuerpo y pusieron agua y sal en el piso. Cuando el peso de la cuerda cedía, sus pies tocaban la sal y le daban golpes de electricidad. Cordero volvió más tarde. La cargó en andas desnuda hasta el cuarto de al lado, le puso un trapo en la cabeza y la violó. Ella declaró en la audiencia de ayer por los crímenes en el centro clandestino: “Sentí un dolor y una vergüenza tan grande –explicó– que demoré veinte años en poder testimoniarlo; al rato me agarró de nuevo y me llevó donde estaban los otros detenidos”.

Ana Inés Quadros Herrera, uruguaya, era uno de los principales cuadros del Partido de la Victoria del Pueblo, encargada de la rama de masas, responsable de los nuevos contactos. Hija de José Antonio Quadros, embajador uruguayo en Inglaterra y Alemania, cuando al empezar la audiencia el fiscal Guillermo Friele le pidió que cuente los hechos, ella se detuvo y aclaró: “Quiero empezar desde antes”. En 1973, Ana era parte de un grupo de la resistencia uruguaya que combatía la dictadura de su país; viajó a Buenos Aires por un fin de semana, pero cuando intentó volver se dio cuenta de que estaba “requerida” y tuvo que quedarse. Con los residentes uruguayos en la Argentina, que eran muchos, dijo, organizaron un comité de resistencia. La detuvieron primero en junio de 1974 durante unos quince días, en la sede de la Policía Federal, y luego en el Penal de San Miguel.

Más adelante llegaron los primeros secuestros, entre ellos Gerardo Gatti, otro de los dirigentes uruguayos. Lo llevaron a Orletti, supieron después. Los militares les hicieron saber que estaban dispuestos a darles la libertad si pagaban, dijo ella, un millón de dólares: “A mí –aseguró– me pareció un disparate”.

A Ana la detuvieron el martes 13 de julio de 1976, a la medianoche, en una confitería de Carlos Calvo y Boedo. “Se acercaron a nuestra mesa con todo tipo de armamentos, nos sacaron a empujones, nos arrastraron por el suelo, y al final a mí me metieron en un auto.” Ella tenía una agenda con nombres y citas, pero logró tirarla por una hendija antes de que la atrapasen.

En la sala de audiencias de Comodoro Py la escuchaban a pocos metros algunos de los represores de Orletti. Raúl Guglielminetti estaba sentado al lado de su abogado Pablo Lobera, de traje gris y de anteojos, el único defensor que suele hacer preguntas, algunas incómodas, otras absurdas.

“Discúlpeme –dijo el abogado bastante después–. ¿Me puede decir, señora, por qué tiró la libreta?”

Cuando Ana llegó a Orletti, le pareció escuchar una contraseña: “Sésamo”, dijeron, luego de lo cual se abrió una cortina de metal muy pesada. “Entramos con el auto, me bajan –contó– y empiezo a escuchar voces de otros uruguayos.” Los pusieron en fila, les pidieron los nombres, les colgaron un número, así que a partir de ese momento, dijo, “yo empecé a ser la trece y no Ana Quadros, me sacaron anillos y vi esa rapacidad del botín de guerra”.

El centro clandestino era una especie de barracón muy largo, dividido a la mitad, con trapos colgados del techo: de un lado había autos; del otro, detenidos. “Orletti en sí era todo un infierno –declaró–, porque la música estaba a todo lo que da, los gritos de los torturados, el tren que pasaba permanentemente, nosotros tirados en el piso, un piso de cemento con grasa y aceite de autos.”

Entre los secuestrados estaban Carlos y Manuela Santucho, dos hermanos de Roberto Santucho. A Carlos lo mataron en una tina de 200 litros de agua. Cuando Roberto Santucho “fue abatido en un enfrentamiento –indicó la testigo–, le hicieron leer a Manuela en voz alta la noticia que salió en el periódico. Manuela la leyó con mucha entereza, mientras le preguntaban agresivamente y burlándose: ‘¿Qué sentís?’”.

Los militares uruguayos hacían los interrogatorios para los uruguayos, asistidos por los argentinos. Luego de aquella violación, otro represor le dijo que habían ido a buscar a sus hijos, que le habían dicho a su marido, que él los había contactado para que la fuesen a ver y que ahora iban a colgarlos. Ana entró en una crisis de nervios tan grande que se puso a hablar en inglés, una suerte de lengua materna. Un idioma, supuso en medio del delirio, con el que podría llegar a comunicarse con su hija de nueve años sin que los militares la entendieran. Para calmarla la llevaron a un cuarto de arriba, al cuidado de dos detenidas. “Pude reposar –dijo–. No me torturaron más, pero a medida que me fui reponiendo empecé a escuchar una discusión entre los militares argentinos y uruguayos; se peleaban porque los uruguayos querían traernos a Uruguay, los argentinos decían que no, porque se iba a saber todo, hasta que al final resolvieron que sí.”

Cuando llegó el traslado, Ana reconoció a Otto Paladino: “Vino y me preguntó cómo estaba y dije que más o menos bien”. La llevaron en auto a un aeropuerto militar, desde donde salió un vuelo con uruguayos. El aeropuerto era un alboroto: “También trasladaban el botín de guerra, había cosas, cositas, muebles, no fue un operativo silencioso”.

En Uruguay pasaron por distintos lugares. Primero, Punta Gorda: “No sé por qué –explicó–, pero yo tenía la ilusión de que la gente que iba a encontrar serían otros. Pero al día siguiente empiezo a escuchar las mismas voces y entonces me doy cuenta de que son los mismos de la guardia, los mismos oficiales”. Miró su cuerpo en la primera ducha: “No podía creer los kilos que había perdido y cómo se había trasformado mi cuerpo”.

Pasó al edificio de Inteligencia de Defensa (SID). Una o dos veces, dijo, les hicieron limpiar porque llegaba una delegación de argentinos para verlos; entre ellos viajó el jefe de la SIDE, Otto Paladino. Allí estaba la nuera del poeta Juan Gelman. Como sucedió con otros testigos, Ana habló de una mujer embarazada, de una ambulancia que fue a recogerla y la devolvió dos días más tarde con un bebé (Macarena), del que supieron porque la guardia les pedía a las detenidas que preparasen mamaderas. Habló también de los hermanos Julien, luego trasladados a Chile. Y también de Sara Méndez y de las preguntas que la misma Ana le hizo a un militar para saber dónde tenían a Simón, el hijo de Sara. “Eso –le respondieron– es cosa de los argentinos.” Ana se quebró sólo en un momento. Recordó la imagen de Sara en la tortura: se notaba que había sido madre, dijo, porque los pechos segregaban leche todavía.

Los uruguayos les propusieron una negociación: la “vida” a cambio de que firmaran un acta diciendo que eran un grupo armado que iba a invadir a Uruguay y a cometer una cantidad de crímenes. Se negaron. Los torturaron. Aceptaron un acta suavizada. Los militares llevaron a cinco a un chalet residencial, les dieron de comer, los ataron y organizaron el blanqueo del Cóndor: “Se llenó de milicos –dijo Ana–. Rodearon toda la manzana, rompieron muebles para que el barrio pensara que era una detención importante. Nos pasearon a la salida del estadio donde jugaban Nacional y Peñarol”.

El padre de Ana tenía 70 años y había estado buscándola. Cuando la vio en la tele, les aseguró a los militares que iba a ir a hacer una denuncia ante la OEA. Lo secuestraron para hacerlo entrevistar con un oficial y le preguntaron si a cambio de la vida de Ana estaba dispuesto a desistir de la denuncia. Dos o tres días después, Ana fue procesada por la Justicia militar. La condenaron a cinco años. Salió con prisión condicional, intentó irse a Alemania, pero no pudo: cada semana debía mostrarse. Lo peor llegó en 1984: la Conadep la citó a declarar en Buenos Aires. Viajó. Cuando regresó, volvieron a detenerla. Siguió controlada hasta 1985.

Uno de los integrantes del tribunal a cargo del juicio le preguntó si estaba dispuesta a reconocer a sus represores. Ella dijo que sí, pero no podía asegurar que lograra hacerlo. “Me gustaría que fuese más precisa –le insistieron–. ¿Puede reconocer o no?”

Como si hubiese pasado por Orletti ayer, y no hace más de treinta años.

Relatos del Plan Cóndor

2010-09-02T02:42:00.000-07:00

Sara Méndez y Mónica Soliño Platera fueron secuestradas en Buenos Aires y trasladadas a Montevideo. Narraron la muerte de Carlos Santucho y mencionaron a la nuera del poeta Juan Gelman.

Por Alejandra Dandan

Sara Méndez tenía un nombre falso. La secuestraron el 13 de julio de 1976 en la calle Juana Azurduy, del barrio de Belgrano, en un operativo en el que le sacaron a su hijo. Recuperó a Simón en 2002, después de la búsqueda de las Abuelas de Plaza de Mayo. Sara, que es uruguaya, fue llevada al centro clandestino Automotores Orletti, durante una operación conjunta del denominado Plan Cóndor. Volvió a Uruguay en un vuelo clandestino organizado por los militares. En la audiencia de ayer, durante el juicio oral por los crímenes de Orletti, habló de su convicción de la existencia de un segundo vuelo de “compañeros uruguayos” que no sobrevivieron y desaparecieron en ese país. También advirtió sobre la posibilidad de que existan, dijo, “muchos más niños” hijos de ex detenidos argentinos en su país “como acá –agregó– muchos más uruguayos”.

Sara reconoció entre sus secuestradores a los argentinos que actuaron en Orletti, el jefe de la Side, Otto Paladino, y el paramilitar Aníbal Gordon, ambos fallecidos. También a Eduardo Ruffo, uno de los represores acusados en el juicio en el que empezaron a declarar los sobrevivientes uruguayos. Además de Sara, declaró Mónica Soliño Platera, otra uruguaya, militante de la Resistencia Obrera Estudiantil, perseguida en su país y que se instaló en diciembre de 1974 en Buenos Aires, donde trabajó en un comercio tipo bazar de la calle Florida. A Mónica la secuestró el 7 de julio de 1976 un grupo de tareas de tres personas que golpeó la puerta del departamento de una prima.

Ambas hablaron de la presencia y del asesinato de Carlos Santucho, hermano de Mario Roberto Santucho, jefe del Ejército Revolucionario del Pueblo, en Orletti. También de Manuela Santucho, la hermana, y de Cristina Navajas de Santucho, la esposa de Carlos. “Esta persona –dijo Mónica–, Carlos Santucho, estaba muy horriblemente mal, empezó a desvariar, gritaba, decía cosas incoherentes. En un momento le dijeron a la hermana que lo tranquilizara, pero ellos lo agarraron, lo ahogaron en un tacho de agua que estaba ahí, y la verdad es que cuando estaba muerto, lo tiraron en una camioneta y no sé qué pasó después con él.” A Carlos, agregó, “le preguntaban por el hermano, incluso después de que lo mataron dijeron: ‘Este no tiene nada que ver, es un contador, siempre trabajó de lo mismo’”. Y Mónica explicó: “Yo tuve toda la sensación de que lo habían llevado para preguntar por el hermano, era una persona mayor”.

A ella le preguntaron si recordaba olores especiales. Dijo que no. Sara, en cambio, habló de esos olores. Tenía los ojos vendados, explicó, pero sentía olor a pus; que era un olor conocido, dijo, y que salía del cuerpo infectado de Santucho. Estaba muy deteriorado por la tortura, era “una llaga viva” que se “arrastraba por el piso delirando”. Los militares, agregó, aseguraron que lo iban a llevar al hospital de Campo de Mayo, pero de pronto hubo movimientos raros, “como que algo iba a pasar”. “Cuando algo malo estaba por suceder encendían dentro del garaje todos los motores de los vehículos. Lo introdujeron en un tambor de agua con la cabeza para abajo y cuando murió dijeron ‘ya está mejor’. Presenciamos el asesinato de una persona que estaba en muy mal estado.”

Mónica había llegado a Orletti a bordo de un camión. Entró por una puerta lateral, donde había una escalera de madera. “A partir de ahí –dijo– siempre estuve vendada, a partir de ahí no pude ver casi nada.” Los interrogatorios se los hacían los militares uruguayos, entre los que mencionó a Manuel Cordero. “Teníamos que estar sentados, con las manos esposadas, nos daban de comer muy esporádicamente, y si nos daban algo eran sobras que a veces hasta venían con puchos.” Alguna vez, cuando pidieron comida, los militares se les quejaron porque, como había aumentado la población del centro clandestino, ya no tenían ni las sobras para darles.

–Pero eso no era un ámbito como una cárcel, era una locura –dijo Mónica en un momento.

–¿Por qué? –preguntó el fiscal.

–Miles de veces se escuchaban gritos, fiestas... No fiestas, comilonas.

Mónica y Sara viajaron a Uruguay en lo que se conoce como el primer vuelo clandestino, un vuelo organizado por los represores para simular luego una detención en el país oriental. Salieron desde lo que les pareció un aeropuerto militar, explicó Mónica, los trasladaron primero al edificio de Inteligencia de Defensa (SID), en el bulevar Artigas, y luego pasaron quince días en una casa, divididos en dos grupos. En la casa, donde eran sometidos a interrogatorios, supo que había una parturienta y luego explicó que escuchaba el sonido de un bebé. Cuando le preguntaron de quién se trataba, Mónica dijo que creía que era la nuera del poeta de Juan Gelman. Sara lo confirmó: sabían que eran unos argentinos, explicó, que cuando habían pasado en la SID un médico asistió a una persona con síntomas de parto, que la llevaron al Hospital Militar y que con el tiempo, dijo, “supimos” que era María Claudia Irureta Goyena de Gelman.

Sara habló además de un segundo vuelo: “Tenemos la convicción –dijo– de que muchos de estos compañeros fueron llevados a Uruguay en un segundo vuelo y que desaparecieron en Uruguay y no en Argentina: que existió un secuestro masivo de uruguayos”.

Carla Rutilo se enfrenta a Eduardo Ruffo (agente de la Triple A)

2010-08-23T04:56:00.000-07:00

Después de 23 años de residencia en España, Carla Rutila Artes regresó por unos días a Buenos Aires para contar a la justicia las atrocidades que sufrió de parte de quien fue su padre adoptivo, acusado por delitos de lesa humanidad cometidos al calor del Plan Cóndor de las dictaduras suramericanas.

Se trata de la primera nieta que recuperó su identidad gracias a las Abuelas de Plaza de Mayo, en cuya sede Rutila Artes consideró hoy haber logrado una "reparación muy importante" con su testimonio en un juicio por crímenes cometidos en una cárcel clandestina de la dictadura argentina.

Dijo que no abandonó su "mirada fija" sobre el acusado Eduardo Ruffo, quien se apropió ilegalmente de ella durante la represión desatada por el régimen militar (1976-1983).

"Se me ha quitado una mochila de encima al poderme enfrentar a (el ex espía de inteligencia) Ruffo. Él era incapaz de mirarme a la cara", señaló Carla, de 35 años, quien denunció haber sido abusada sexualmente por su padre adoptivo y apropiador desde que tenía 3 años.

"Hasta los 10 años viví con ellos y un hermano. Afloran muy frecuentemente los malos tratos físicos y psicológicos, así como los abusos sexuales. Mi apropiadora era menos severa pero fue una partícipe necesaria" de la adopción ilegal, recordó en una rueda de prensa la mujer, que reside en Madrid junto a su abuela, Matilde Artes Company, y sus tres hijos.

Rutila Artes también contó que en varias ocasiones sus padres adoptivos le cambiaban el aspecto para que nadie advirtiera que en realidad era la pequeña de la foto que su abuela materna había comenzado a divulgar de la mano de una campaña de la asociación humanitaria para hallar a niños robados a sus padres desaparecidos.

"Una vez vi una publicidad de mi abuela con mi foto. Le pregunté a Ruffo que hacía esa señora con la foto y él, además de darme una paliza, me dijo que era una vieja bruja que quería sacarme la sangre", relató.

Ruffo, miembro de la organización terrorista de ultraderecha Alianza Anticomunista Argentina (AAA), más conocida como la "Triple A", es uno de los cinco acusados en el juicio por delitos de lesa humanidad cometidos en el centro clandestino de detención "Automotores Orletti" durante la dictadura argentina.

Esta cárcel clandestina funcionó en 1976 en el barrio porteño de Floresta bajo la fachada de un taller mecánico en el marco del Plan Cóndor, como se conoció a la represión coordinada que ejercieron las dictaduras del Cono Sur hace más de 30 años, y se calcula que por allí pasaron unos 200 secuestrados, en su mayoría uruguayos.

Durante su testimonio judicial, realizado el pasado viernes ante el Tribunal Oral Federal uno, Carla Rutila Artes identificó a Ruffo y al ex agente civil de inteligencia del Ejército Raúl Guglielminetti, quien también actuó en "Automotores Orletti".

Además, identificó a otros miembros de la "Triple A" que, entre 1983 y 1985, participaban de "grandes asados" mientras su apropiador permanecía prófugo de la justicia por los crímenes cometidos en la dictadura.

También relató los vejámenes a los que fue sometida hasta agosto de 1985, cuando dejó de llamarse Gina Ruffo para recuperar su verdadera identidad en un reencuentro "mágico" con su abuela en el que corrió a acurrucarse "en sus brazos".

Según Rutila Artes, el tribunal cuenta, además, con un documento sobre "la conexión represiva argentina-boliviana" en el marco del Plan Cóndor.

Es que Carla, nacida el 28 de junio de 1975, y su madre, Graciela Rutila Artes, fueron trasladadas en agosto 1976 desde Bolivia, donde vivieron durante un tiempo, a Argentina, donde fueron llevadas por las autoridades militares a "Automotores Orletti".

El padre de Carla, el uruguayo Enrique Luca López, militante de MNL-Tupamaros, fue asesinado en la ciudad boliviana de Cochabamba poco después, en septiembre de 1976.

"En la casa en la que vivía vi a varias personas como Guglielminetti. También arsenal de armas, muchísimo dinero y cosas robadas de algunos operativos", relató Carla, una de las testigos del juicio, al igual que Macarena Gelman, nieta del poeta Juan Gelman.

Pese al "temor" de su abuela por los riesgos que pudiera correr su nieta en la tierra donde asesinaron a su hija, Carla llegó a Buenos Aires bajo la protección del programa oficial de testigos.

"Espero que este barco llegue a buen puerto y haya una condena dura", se esperanza la muchacha.

Macarena Gelman, declaró como testigo en el juicio contra los represores que actuaron en el centro clandestino de detención "Automores Orletti"

2010-08-04T23:05:00.000-07:00

"A veces hay que hacer cosas embromadas (complicadas)", dijeron dos militares uruguayos al llevarse a la hoy desaparecida María Claudia García, del centro clandestino donde estaba cautiva, según el relato de su hija, Macarena.

Macarena Gelman, además, reconstruyó cómo fue su nacimiento mientras su madre permanecía secuestrada y su abandono cuando apenas era una bebé de dos meses "en una canasta" frente a la casa de una familia que la adoptó.

"El 14 de enero de 1977 fui dejada en una canasta en la puerta de una familia que pensé que eran mis padres hasta que me enteré que era hija de desaparecidos", contó la nieta del poeta ante el Tribunal Oral en lo Federal 1 de Buenos Aires, que sigue el proceso por delitos de lesa humanidad cometidos en el centro clandestino "Automotores Orletti" que funcionó en 1976 en Argentina.

La muchacha, de 33 años, contó que Marcelo Gelman, hijo del poeta, y su esposa, María Claudia García, fueron secuestrados y trasladados a ese centro, una pieza clave del Plan Cóndor, como se conoció a la represión coordinada que ejercieron las dictaduras del Cono Sur hace más de 30 años.

En esa cárcel clandestina, que funcionaba bajo la aparente fachada de un taller mecánico en el barrio porteño de Floresta y por el que se calcula que pasaron unos 200 secuestrados, permanecieron secuestrados Marcelo y María Claudia, hasta que él fue asesinado y ella fue llevada a Uruguay, donde Macarena nació.

Su madre, de quien se desconoce hasta hoy su paradero, fue trasladada a la cárcel clandestina que funcionaba en el edificio del Servicio de Información de Defensa (SID) de Montevideo.

"Cuando yo nací -el 1 de noviembre de 1976- permanecí un mes y medio con ella hasta el 22 de diciembre, cuando ella fue vista por última vez, según el relato de un soldado uruguayo", relató Macarena Gelman al tribunal.

Fue ese mismo soldado quien le contó que dos militares uruguayos se llevaron aquel día a su madre y que continúa desaparecida a diferencia de su padre, cuyos restos encontrados en 1989 habían sido colocados "en un tambor de 200 litros con cal arriba y arrojados al canal San Fernando" del Río de la Plata.

La muchacha explicó que pudo reconstruir la historia de sus padres gracias a la investigación de su abuelo, Juan Gelman, y de otras personas allegadas a Marcelo y Claudia que fueron secuestradas y luego liberadas.

De hecho, el fiscal del juicio, Federico Delgado, pidió hoy que se cite a declarar a Mirta Pryluka, residente en Barcelona, y a Judith Jacubovich, radicada en Francia, de quienes obtuvo información.

"(Mis padres) fueron torturados y soportaron permanentes amenazas de muerte. Se pensaba que significaban un peligro", sostuvo Macarena en su declaración que duró cerca de una hora.

Recordó además que un sacerdote se acercó hace diez años a su madre adoptiva para contarle de dónde procedía la muchacha, quien después de hablar con su madre, dialogó con el religioso y, más tarde, se encontró con su abuelo.

Macarena contó que fue adoptada por un policía uruguayo y su esposa.

"Mi papá (adoptivo) estaba retirado como policía cuando me dejaron en la puerta de la casa, por estar en desacuerdo con el régimen uruguayo", precisó la muchacha, que trabaja en la Secretaría argentina de Derechos Humanos.

En este proceso se juzga al ex agente civil de inteligencia del Ejército Raúl Guglielminetti, quien posteriormente dirigió la custodia del fallecido ex presidente Raúl Alfonsín (1983-1989).

Otros de los acusados son el ex coronel Rubén Visuara, el ex general Eduardo Cabanillas y los ex espías de inteligencia Honorio Martínez Ruiz y Eduardo Ruffo.

Los cinco acusados son juzgados por el secuestro, torturas y asesinato de 65 víctimas en "Automotores Orletti", al que Daniel Rafecas, el juez que instruyó la causa, comparó con los "campos de concentración del nazismo".

El centro funcionó desde mayo a noviembre de 1976, durante la dictadura argentina que se prolongó hasta 1983 y causó la desaparición de 30.000 personas.