La realidad completa de Cabanillas, uno de los oficiales que comandaba el campo de concentración de la Operación Cóndor, fue conociéndose por retazos que pudieron armarse después de las cartas públicas de Gelman. Los detalles.
Por Martín Granovsky
La condena a prisión perpetua del ex general Eduardo Cabanillas, el jueves último, es parte de una larga historia que ilustra cómo fue construyéndose socialmente la plataforma que permitió juzgar a todos los represores acusados por delitos de lesa humanidad. El inicio fueron las cartas públicas de Juan Gelman al entonces jefe del Ejército, Martín Balza, que Página/12 reprodujo en 1999.
En abril del ’99, Gelman había acusado a Cabanillas, que era general de división y jefe del Segundo Cuerpo con asiento en Rosario, como responsable mediato del robo de su nieta, la criatura de su hijo Marcelo y su nuera María Claudia, secuestrados en 1976 en el campo de concentración Automotores Orletti, en Venancio Flores y Emilio Lamarca, del que el entonces capitán era subjefe. Por sus acciones en Orletti es que fue condenado el jueves a perpetua.
Balza, que hoy es embajador en Colombia, llamó entonces por teléfono a Gelman y se puso a su disposición. Pero el camino hacia la Justicia civil debió remover muchas barreras de casta. Cabanillas intentó esquivar la Justicia gracias a la complicidad del Tribunal de Honor del Ejército, que lo investigó por dos “faltas”, definidas de este modo por el propio general de división:
n La primera, “faltar a la verdad al jefe del Estado Mayor del Ejército, a mis camaradas y a la sociedad en general, al negar mi participación en 1976 en un presunto lugar de reunión de detenidos”.
n La segunda falta, “ocultar y/o adulterar tal antecedente de mi legajo personal, para facilitar mis sucesivos ascensos”.
Contradicciones
Pero cuando aparecen papeles sostener una falacia es más complicado. Cabanillas dijo en 1999 ante el Tribunal de Honor que él nunca había ocultado la verdad, ni siquiera en la declaración que prestó en 1977 en un sumario militar. El dato clave es que el propio Gelman había aportado ese expediente. Allí Cabanillas reconoció que revistaba en un organismo llamado OT 18, dependiente de otro llamado OT 1, a cargo del teniente coronel Rubén Visuara. El general siempre negó que la OT 18 tuviera algo que ver con Orletti. Pero cuando se desató el escándalo, concedió un reportaje al diario La Mañana del Sur.
“Yo trabajé todo lo que era contrainteligencia”, dijo Cabanillas. “Se recibían en la SIDE nombres, gente que estaba trabajando en estas organizaciones defensoras de los derechos humanos. A partir de ahí, los grupos operativos, llámase Jardín o Automotores Orletti o los inorgánicos, operaban, sacaban gente y la ponían a disposición de la SIDE. Luego se les tomaba declaración y se los entregaba a la Justicia. Ese era el procedimiento que yo conocía.”
“Sin datos”
En cuanto al segundo cargo por el que Cabanillas intentó protegerse en el Tribunal de Honor, también es útil para dar cuenta de la transición democrática en la Argentina.
Tras la publicación de las cartas de Gelman, Página/12 consultó a la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos. Dos dirigentes, ya fallecidos, Alfredo Bravo y Simón Lázara, investigaron el caso y aportaron una conclusión valiosa para explicar por qué Cabanillas había podido seguir ascendiendo en democracia y sorteado todos los obstáculos en la Comisión de Acuerdos del Senado.
El truco era simple. Según la APDH, cada vez que el pliego del oficial llegaba al Congreso lo hacía con dos letras, s.d., que significa “sin datos”. Aludía al período en que Cabanillas había estado en comisión en la Secretaría de Inteligencia del Estado.
Frente al Tribunal de Honor declaró el general de brigada retirado Enrique Lusso, compañero en el Colegio Militar de Cabanillas y su amigo.
–No tenía actividades en ningún LRD –dijo Lusso como si todo el mundo entendiera–. LRD significa “Lugar de Reunión de Detenidos”. En castellano, campo de concentración.
El Tribunal formuló a Lusso sólo cuatro preguntas. Al coronel retirado Rubén Víctor Visuara le hizo siete. Igual a Visuara se le escaparon algunas precisiones. Dijo que no debía hablarse de OT 1 sino de A III 1 e informó que de él dependían un “grupo de apoyo a jefatura”, una “división reunión”, una “división interior”, una “división apoyo” y un “grupo guardia”.
En su conclusión, el presidente del Tribunal de Honor, Miguel Angel Viviani Rossi dijo que “Silva (es decir, el represor no militar subordinado a los militares Aníbal Gordon) y su gente operaban Orletti, pero revistaron o se ampararon en la OT 18”. Y que “Calmon y Cabanillas revistaron en la OT 18 pero no operaban ni conocían Orletti. El grupo Silva era operacional y secreto. La sigla, denominación o cartel OT 18 les venía bien para encubrir sus actividades. También les venía bien manifestar que la OT 18 tenía jefe y segundo jefe. Desviaban responsabilidades”.
Viviani Rossi aclaró que presidía “un tribunal de conciencia que se basa en la palabra de honor de todos los que declaran en este Tribunal Superior de Honor”, y dictó la absolución por este motivo: “Mi conciencia me dicta que el hoy general Cabanillas no faltó a la verdad cuando declaró sus actividades en la corta comisión que cumplió en la SIDE”.
Los generales retirados Alejandro Soria, Héctor Lubin Arias, Isaías García Enciso y Juan Mabragaña dieron su bendición.
Pero antes de esa decisión de casta, Balza decidió pasar a Cabanillas a disponibilidad, paso previo a su retiro, y pidió a la Justicia civil que investigara el tema.
A la Justicia
La decisión de Balza no tenía precedentes en ese momento. El propio jefe del Ejército enviaba a la Justicia federal el expediente del Tribunal de Honor sobre el general Eduardo Cabanillas. Y en otra decisión sin precedentes, la última página del expediente indicaba que Balza “no comparte” y “califica cuanto menos de excesivos” “algunos de los términos” de lo actuado por el Tribunal.
El documento, obtenido entonces por Página/12 en medios judiciales y publicado, tiene un párrafo que explica por qué todo el expediente puede interesarle a la Justicia. Dijo Balza: “Es criterio del suscripto que en el desarrollo de la investigación se habrían abordado aspectos que trascienden el marco fáctico que el específico campo del honor militar impone, motivo por el cual corresponde que tales antecedentes sean puestos en conocimiento del Juzgado Criminal y Correccional federal No 7 de la Capital Federal, a cargo del doctor Adolfo Bagnasco, por considerar que los mismos podrían resultar de interés en la causa que dicho magistrado instruye en relación a la desaparición de menores”.
Balza también evitó aprobar la absolución del Tribunal de Honor. El entonces jefe del Ejército consideró que como el Tribunal de Honor había absuelto a Cabanillas, era “inoficioso”, es decir superfluo e inútil, dictar una resolución especial que santificara a los santificadores de Cabanillas.
La entonces defensora del Pueblo porteño, Alicia Oliveira, una de las abogadas más experimentadas en causas de derechos humanos desde el primer día de la dictadura, también había tomado el tema como propio. Oliveira criticó que el Tribunal de Honor tuviera facultades para deliberar en secreto, que también fuera secreto el expediente y que hasta los términos exactos de la resolución final fuesen reservados. Para la abogada, la falta de control de los actos públicos es propia de sistemas tiránicos.
Alicia Oliveira llegó a advertir al entonces presidente Carlos Menem que si el expediente no se hacía público ella presentaría una demanda contra el Estado argentino ante el sistema interamericano de derechos humanos.
La publicidad de cada paso y la presión permanente de Gelman y de abogados y organismos de derechos humanos llevó a Balza para concluir, con su decisión de ese momento, que el honor militar no está por encima de las leyes y que la conciencia de un tribunal administrativo no basta para determinar la conciencia o la culpabilidad de un oficial sobre faltas mucho más severas que mentir.
Corporaciones
El Tribunal de Honor que absolvió a Cabanillas podría formar parte de un manual sobre corporaciones al margen de la ley. Nunca sancionó a nadie violar los derechos humanos pero sí castigó a oficiales que, incluso, antes de la autocrítica pública de Balza sobre el papel del Ejército, difundida en 1995, condenaron la represión durante la dictadura.
El Tribunal ni siquiera investigó por qué el entonces general de división sometido a su veredicto regalaba siempre un libro de la Agrupación Aunar, del represor Fernando Verplaetsen, que considera al Nunca Más un libro “anestesiante”. Balza consideró que regalar ese panfleto era, en sí misma, una causa suficiente para el pase a disponibilidad de un alto oficial. Fue ese hecho el que utilizó para separar a Cabanillas del Ejército y dejarlo sin protección ante la Justicia. Lo hizo por un radiograma comunicado al propio Cabanillas. Recién después lo informó al ministro de Defensa, Jorge Domínguez, que a su vez trasladó el dato a Menem.
“La misiva pública del señor Juan Gelman fue efectivamente conocida por mí en su oportunidad”, señaló ayer Balza en un texto que envió desde Colombia ante la consulta de este diario. “Habiendo comprobado la veracidad de las afirmaciones del distinguido poeta, procedí, en mi condición de máxima instancia jerárquica de la Fuerza, a relevar del mando al general Cabanillas y a disponer su pase a situación de retiro, aun con la oposición del entonces ministro de Defensa.”
Los castigados
Los ex capitanes José Luis D’Andrea Mohr, ya fallecido, y Federico Mittelbach, conocieron en cambio la severidad del Tribunal de Honor. En los primeros años de la democracia D’Andrea tildó de “heroicas” a las Madres de Plaza de Mayo y de “cobardes” a las juntas militares. Igual que Juan Jaime Cesio, un valiente oficial que siempre condenó la masacre de civiles, D’Andrea fue descalificado por “falta gravísima al honor”. Apeló ante Miguel Angel Viviani Rossi (el mismo portador de conciencia que absolvió la conciencia de Cabanillas) y éste interpretó que D’Andrea era “un soberbio y un irrespetuoso”. Después, el Consejo de Guerra tomó el expediente del Tribunal de Honor y le quitó el grado a D’Andrea. Ya como ex capitán, se dedicó a investigar, con resultados concretos, la desaparición de conscriptos durante la dictadura.
El Viviani Rossi del Tribunal de Honor era padre del Viviani Rossi que fue segundo de Cabanillas cuando el general ofendido en su honor era comandante del Segundo Cuerpo de Ejército. También es el mismo que, cuando presidía Salto Grande, bautizó las turbinas con el nombre de sus hijas.
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